Prohibir totalmente las bombas de racimo
Artículo publicado en Diari Ara
Actualmente se decide en el Congreso cómo se aplica el convenio internacional para la prohibición de las bombas de racimo en España. La propuesta del Consejo de Ministros incorpora lo básico e imprescindible del convenio, como no podía ser de otra manera.
En España ya se aplica desde poco después de que el gobierno central se comprometiera a firmarlo en la conferencia de Dublín de mayo de 2008, donde se acordó el texto definitivo. La ejecución del compromiso internacional para la prohibición de la fabricación y venta de municiones en racimo ha sido en principio correcto. Se han eliminado las bombas antipista que fabricaba Expal (del grupo Maxam) y el resto de municiones de este tipo que había en manos del Ejército español. Sólo quedan en stock oficial el mínimo necesario para procesos formativos para su desactivación. Pero no todo se ha hecho como debía. La otra empresa fabricante de bombas de racimo, Instalaza , se ha mostrado muy reticente a aceptar la legislación de obligado cumplimiento. Primero continuó publicitando su bomba de racimo MAT- 120, que debemos recordar que fue vendida a Gadafi en 2008, meses antes de su prohibición, cuando el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, era asesor de su Consejo de Administración. Esta reticencia ha llegado hasta no haber eliminado a día de hoy las 3600 unidades que mantienen en stock. Instalaza envió un requerimiento al gobierno en el que pedía una compensación de 40 millones de euros por daño emergente y lucro cesante, debido a la aplicación de la legislación internacional, que impedía que consigan un retorno a su inversión en el desarrollo y fabricación de dichas bombas.
De momento no sabemos la respuesta del ministro Morenés, ni su decisión final, ni tampoco si Instalaza ha conseguido más o menos contratos del Ministerio de Defensa desde entonces.
Pero esta propuesta de modificación legislativa presentada por el gobierno no incorpora dos de las reivindicaciones más importantes de la sociedad civil, representada en esta cuestión a través de la campaña internacional Stop Inversiones Explosivas. Una es la incorporación al cuerpo legislativo de la prohibición directa e indirecta de la financiación de cualquier empresa que fabrique bombas de racimo, por cualquier entidad financiera que opere en el estado. La otra es dejar explícito en la ley la imposibilidad de realizar operaciones militares conjuntas en las que se utilicen estas municiones. Las razones que residen detrás de estas demandas no responden a ningún capricho de las entidades que trabajan por la paz, sino que se basan en una aplicación coherente y sin fisuras del convenio internacional. Si en España estamos en contra de la existencia de bombas de racimo, tenemos que hacer lo posible -y esto sí que lo dice el tratado internacional- para evitar su proliferación. Pues es evidente que tendremos que tomar todas las medidas que estén en nuestra mano para eliminar esta arma de la faz de la tierra, y esto incluye prohibir que los bancos de España ayuden financieramente las empresas que las fabrican y venden, aunque lo hagan en Rusia, China o Estados Unidos, que son países no firmantes del tratado . Por supuesto, no podemos permitir que el Ejército español sea cómplice de otros ejércitos, por mucho que sean aliados, y participen en operaciones militares donde se utiliza un arma que principalmente afecta a la población civil.
Ahora es el momento de que esta ley se vote en el Parlamento español . Según los contactos que desde el Centro Delàs hemos tenido con la mayor parte de partidos de la oposición, es muy probable que el PP se quede solo defendiendo una aplicación insuficiente e incoherente en la legislación española del convenio internacional para la prohibición de las bombas de dispersión. Quizás, sin embargo, puede que decidan lo que sería más justo, prohibir en todos sus aspectos las bombas de racimo y dar así un paso más hacia el desarme, un camino largo pero que debe ser imparable , para conseguir un mundo mejor. Por razones humanitarias, evidentemente, pero también por razones de desarrollo económico. Son pocos los recursos para repartir en diferentes partidas presupuestarias y las armas suponen una muy elevada parte del gasto de cada país (en España serán cerca de 30.000 millones de euros en los próximos años ). Si no se utilizan suponen un desvío de recursos de las partidas sociales a las militares, si se usan además destruyen bienes materiales e infraestructuras civiles, además de la pérdida de vida humanas. Pero sobre todo, el desarme es un camino que no debemos dejar nunca, porque sabemos que cuanto menos armas haya, menos violencia, muertes y mutilaciones habrá en el mundo.