La campaña “BBVA sin armas” interviene en la junta de accionistas del BBVA
La Campaña “BBVA sin armas” ha denunciado en la Junta de Accionistas del BBVA del pasado 14 de marzo, que parte de los beneficios del BBVA provienen de inversiones y financiaciones de la industria de las armas, en especial de las que producen las mortíferas bombas de racimo, así como financiaciones e inversiones en proyectos contaminantes y que violan los derechos humanos.
14 de marzo de 2008
Los miembros del Centre Delàs de Justícia i Pau, Alejandro Pozo y Jordi Calvo, centraron sus intervenciones ante el presidente del BBVA y los cientos de accionistas presentes en el palacio de congresos de Bilbao Euskalduna, en las inversiones y financión de armamento, mientras que Victor Maeso, miembro de Setem, lo hizo respecto a las inversiones contaminantes y de no respeto de los derechos humanos del BBVA en América Latina.
En concreto, se denunció que el BBVA financia la fabricación de bombas de racimo, armas que por su funcionamiento no pueden distinguir entre personas combatientes y civiles. Además, pese a que actualmente existen varias iniciativas internacionales que piden su prohibición, el BBVA continúa promoviendo la fabricación de estas armas, financiando operaciones de empresas fabricantes de bombas de racimo, como ocurrió en 2005 con Raytheon, Thales y EADS-CASA y en 2007 con Explosivos Alaveses (Maxam).
También se denunció que el BBVA financia e invierte en la industria militar, a través de participaciones accionariales directas o indirectas en Ibérica del Espacio, Hisdesat, Indra, Rymsa e Inmize, empresas del sector armamentístico español que fabrican fragatas de guerra, aviones de combate, carros de combate y misiles, entre un largo listado de productos militares.
Se dejó constancia también de que el BBVA ha destacado en Italia por ser una de las principales entidades financieras de las exportaciones de armas italianas. Algunos de los países a los que iban destinadas las armas financiadas por el BBVA no cumplen los requisitos establecidos por el Código de Conducta de la Unión Europea para la exportación de armas, como es el caso de Israel y Malasia.
Finalmente, se insistió en que el BBVA financia proyectos contaminantes y que violan los derechos humanos, como es el caso de Tecpetrol, empresa que promueve la ampliación del proyecto de construcción del gasoducto Camisea, ubicado en la Cuenca del Bajo Urubamba (Perú). Desde su inicio en 2004, este proyecto ha recibido duras críticas por destruir el hábitat de comunidades indígenas e incumplir normas nacionales e internacionales de Derechos Humanos. Cabe destacar que ABN-AMRO y Citigroup rechazaron participar en el proyecto por la oposición que éste despertaba entre la población y por el riesgo de reputación corporativa que corrían.
El presidente del BBVA, Francisco González, dio la razón a las intervenciones de Justícia i Pau i de Setem, afirmando que la política del banco es la de reducir sus inversiones en armamento, aunque supeditada a que el resto de entidades financieras tomen posiciones similares. Se comprometió a que el BBVA motivará al resto del sector financiero a caminar en este sentido, así como a que el banco aplicará una nueva política de reducción de ciertas financiaciones de exportaciones y fabricación de empresas de armamento (se refería solamente a la financiación de empresas que fabriquen bombas de racimo y no a las participaciones accionariales en estas empresas). Respecto a las inversiones contaminantes en América Latina, hizo mención del proyecto de Camisea y que el BBVA está siguiendo las directrices del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Financiera Internacional, sin asumir ninguna responsabilidad sobre el terrible impacto del mencionado proyecto en la vida de las comunidades de la zona afectada.