Las armas tienen una consecuencia perversa sobre las sociedades, frenan el desarrollo y no representan ningún avance económico, pues si los mismos recursos que se destinan al mantenimiento de ejércitos y la industria militar, fueran a parar a la industria civil serían generadores de más desarrollo humano y social.
Además, las armas, son una de las causas principales de las desigualdades entre los países del norte y el sur, pues contribuyen a la pobreza del Tercer Mundo, por el endeudamiento que provocan las exportaciones de armas de los países del norte hacia el sur.
¿Realmente hay tantas armas como se dice? ¿Son necesarias?
Lo cierto es que hay armas nucleares y no nucleares. Entre las no nucleares podemos diferenciar entre convencionales (todas las que no son de destrucción masiva) y las biológicas y químicas.
A pesar de su importancia la mayoría de las armas acumuladas no son nucleares. Es más, cuatro quintas partes de los gastos mundiales militares se dedican a las armas convencionales y al mantenimiento de las fuerzas armadas.
Un buen ejemplo de la inseguridad que crea la sobresaturación de armas, desde el fin de la Guerra Fría se han producido 87 conflictos armados con más de siete millones de muertos, de los cuales el 90% han sido civiles, y donde se han utilizado armas convencionales producidas en el norte.
¿Qué nos cuesta mantener esta situación?
A escala mundial los gastos militares siguen siendo extraordinarias: representan, por ejemplo, dieciocho veces más que la Ayuda al Desarrollo que los países económicamente desarrollados transfieren al Tercer Mundo, y absorben una cantidad siete veces mayor que la de los pagos que se exigen a los países del Sur en concepto de servicios (intereses y amortizaciones).
¿Cuál es el efecto económico de la producción de armas?
Resulta difícil saber qué tipo de bienes son las armas. No son bienes de consumo (zapatos, alimentos ...) ni bienes productivos (tractores, maquinaria, equipamientos ...). Desde una perspectiva estrictamente económica son bienes improductivos, no producen valor económico a pesar del coste notable que provocan: consumen recursos valiosos (algunos de ellos no renovables) que se sustraen de otros destinos posibles.
Puede decirse, sin embargo, que son bienes de seguridad, de defensa. Ahora bien, ¿a quiénes defienden?, ¿de quién?, ¿cómo?, ¿quién y cuando se ha decidido las prioridades defensivas?, ¿quién y cómo ha definido las amenazas?
Por otro lado, los efectos negativos de la inversión militar (los costes de oportunidad) tienen consecuencias debilitadoras a largo plazo en los países desarrollados, que resultan devastadores a corto y medio plazo en el caso de los países del Tercer Mundo. Se ha demostrado que para éstos ello significa un camino para el desastre: un país en vías de desarrollo necesita inversión productiva, educación de la fuerza de trabajo, mejora de la asistencia sanitaria, sistemas de comunicación y transporte, más y mejor equipamiento. .. Desviar recursos de la satisfacción de estas necesidades básicas supone optar por un fuerte potencial destructivo para la economía del país.
España no es una excepción. También aquí los efectos económicos de la producción de armamentos son a medio y largo plazo negativos.
¿Exige la defensa de un país contar con una industria militar poderosa?
Suele decirse que la defensa de un país exige una industria de defensa potente, viable y con capacidad y vocación exportadora. Lo que no se dice es, sin embargo, quien decide las necesidades defensivas del país en cuestión. La historia reciente demuestra que las prioridades señaladas por los centros de decisión política no coinciden con las percepciones de la opinión pública: quieren defendernos de personas o naciones que no consideramos amenazantes. La política de defensa oficial suele sobrevalorar los aspectos militares y armamentistas, debido al militarismo imperante, y descuida los aspectos político-diplomáticos o económicos. Lo cierto es que las argumentaciones de la industria de armamentos y de la política de defensa oficial hablan siempre de interés nacional pero, curiosamente, son ellos mismos los que deciden unilateralmente qué debe entenderse por interés nacional.
¿Es posible una política de defensa estrictamente defensiva? ¿Costaría menos?
La investigación y producción de armas funciona con una dinámica propia, siguiendo criterios comerciales y de mercado. Esto significa que, desde una perspectiva estrictamente defensiva-no provocativa ni intervencionista-, se fabrican armas innecesarias. Claro como el agua: las armas no se fabrican tanto por interés nacional como por razones de provecho económico de las empresas del sector. El interés nacional a veces coincide curiosamente con el interés del empresario o del complejo militar-industrial.
Se puede articular una política de defensa mucho más barata renunciando a todas las armas ofensivas, 10 veces más caras como media que las orientadas a contrarrestarlas.
El gobierno español, sin embargo, ha optado por la vía contraria: fabricar, mediante proyectos nacionales e internacionales, todo tipo de armas convencionales, algunas innecesarias como el Avión de Combate Europeo (Eurofighter 2000), los helicópteros Tigre, las fragatas F- 100, los blindados Leopard, los aviones de transporte militar A-400M, todas ellas armas ofensivas para transportar la guerra a otros territorios. La explicación es sencilla: se ha optado por una política de seguridad basada en el rearme y la fuerza militar y eso, y no el interés nacional, implica fortalecer la industria bélica autóctona.
¿Hay que tener una industria militar potente para evitar la dependencia exterior?
Se suele decir también que el desarrollo de una industria de defensa autóctona permite disminuir las compras de material a otros países y mejorar la autosuficiencia.
Lo que no se suele decir es que las necesidades de armamento de un país dependen del tipo de defensa elegido o de las alianzas en que se participa. En España se ha optado por uno que implica necesariamente importar sistemas armamentísticos, aunque, a medio plazo, podrían reducirse mediante co-fabricacions internacionales y fabricación autóctona. Hay que repetir una vez más que muchas de estas armas serían innecesarias con una política de defensa no provocativa.
Además, la independencia de un país no se basa únicamente en la autosuficiencia en materia armamentista. En una época en que, al menos en los países desarrollados, no se estilan las invasiones militares, la penetración económica, financiera, cultural, resulta mucho más eficaz.
¿Crea puestos de trabajo la industria de armamentos?
Diversos estudios de Naciones Unidas señalan que la misma inversión en otro sector que no sea el de la industria de defensa generaría más puestos de trabajo, al eliminar la exigencia de especialización notable propia de este sector. Pero analicemos concretamente la realidad española.
El crecimiento de las industrias del sector ha sido y es desigual. Algunas empresas han visto incrementar notoriamente las cifras de ventas y exportaciones. Otros, presentan déficits importantes y están sometidas a reestructuraciones profundas. Lo cierto es que la tendencia dominante es la de promover empresas de capital intensivo y, por tanto, con poca mano de obra. Es decir, que la tecnología militar no sólo no crea puestos de trabajo sino que los hace disminuir. Además, la misma inversión en otro sector siempre crearía más.
¿La exportación de armas es inevitable?
La verdad es que no necesariamente. Todo depende de si se produce sólo por razones de seguridad o si se produce para exportar. Sin embargo, las declaraciones oficiales suelen ser circulares: la industria de armamentos asegura la capacidad de defensa; considerados los precios actuales de los productos bélicos, la viabilidad de la industria exige aumentar la producción para reducir costes, la sobreproducción, sin embargo, exige exportar.
Lo cierto es que hay industrias creadas en función de la exportación y no de la satisfacción de las necesidades del mercado interior. Hay países donde sólo se exporta una cuarta o quinta parte de la producción (Suecia, Alemania), otros, como Italia, exportan por el contrario un 70% de su producción.
España (como Francia y Gran Bretaña) exporta entre un 40 o 50% de la producción del sector, lo que significa que muchas armas son diseñadas para ser vendidas en el exterior.
¿La exportación de armas tiene que ver con criterios políticos?
Justificar la exportación hablando de la necesidad de reducir costes y de rentabilizar el esfuerzo de investigación y desarrollo supone olvidar el carácter político de la industria de defensa. Todo la industria de defensa es favorecida y fomentada por los gobiernos; todo goza de incentivos y subvenciones; existen legislaciones o reglamentaciones de las exportaciones. No estamos hablando de un sector industrial típico, en cuyo caso, sea como sea, es el Estado el principal y con frecuencia el único comprador de la producción. No se pueden mantener al mismo tiempo dos discursos opuestos: o "hay que disponer de estas armas por razones de seguridad nacional" independientemente de su coste ya que se suele decir que la seguridad no tiene precio, o "el mercado nacional para el mismo nunca justificará las cuantiosas inversiones derivadas de la producción de armas ". Pretender mantener ambas cosas como verdades simultáneas invalida las dos afirmaciones. En cualquier caso, exportar para "rentabilizar costes" no exime a las empresas, autoridades y ciudadanos de la responsabilidad política de vender armas a dictaduras, países que violan los derechos humanos o naciones en guerra.
¿Se puede controlar internacionalmente el comercio de armas con pactos o tratados?
Teóricamente sí. Resultaría posible establecer acuerdos entre países suministradores para reducir el volumen de transferencias, impedir el de cierto tipo de armas o la exportación a determinados países. Sin embargo, los intentos han sido pocos y sin éxito. Queda la posibilidad de limitaciones y control a partir de acuerdos de Naciones Unidas o embargos adoptados por organismos internacionales. En cuanto a Naciones Unidas, las ideas han sido numerosas. En 1978, en ocasión de la I Sesión Especial dedicada al Desarme, todos los Estados miembros prometieron que los receptores y proveedores iniciarían conversaciones para limitar las transferencias de armas convencionales. Hasta ahora no se ha pasado de este estado inicial de promesa.
Por tanto, los acuerdos internacionales, aunque son bien deseables, no suelen funcionar por: la falta de datos claros y aceptadas por todos los países sobre transferencias, los diversos intereses económicos y políticos en juego, las justificaciones de gobiernos y empresas aduciendo la libre soberanía y el derecho a la libre empresa.
Resulta, pues, imprescindible, fomentar los controles a nivel de Estado de la producción y exportación de armas.
¿Puede un país determinado controlar las transferencias y exportaciones?
Puede hacerlo. Hay, sin duda, dificultades políticas, económicas, legales, técnicas (establecer un listado claro de qué se entiende por "arma") pero, una vez más, tenemos que decir que se puede hacer lo que realmente se desea hacer. Países como Suecia o Austria lo han hecho, optando por políticas restrictivas de sus exportaciones. Los países que optan por políticas claramente restrictivas reciben la presión del complejo militar-industrial. No resulta difícil oír cosas como estas: "si no las vendemos nosotros, alguien lo hará ... de hecho, mejor que nos aprovechamos nosotros ...", ni tampoco recurrir a tráfico de influencias, sobornos y chantajes.
Hay países que las exportaciones de armas tienen que ser aprobadas en los Parlamentos respectivos, otros tienen comisiones parlamentarias que controlan las exportaciones para seguir las operaciones triangulares y diversas exportaciones encubiertas a través de certificaciones de destino falsas, etcétera. La política española, a pesar de la actual legislación, es muy permisiva.
¿Hay medidas indirectas que fomenten las limitaciones del comercio de armas?
Hay, efectivamente. Entre otros: a) recortar los presupuestos militares; b) dedicar los recursos ahorrados al desarrollo (sin aceptar que por "desarrollo" se entiendan cosas como vender camiones para uso militar a un país en vías de desarrollo), c) impedir que las ventas de armas a países del Tercer Mundo se hagan con créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) o créditos blandos a bajo interés, d) iniciar un proceso de conversión de las industrias bélicas en industrias dedicadas a la producción de bienes socialmente útiles.
¿Es realmente posible convertir la industria de armamentos?
Ciertamente sí. No se trata de una promesa irrealizable. En primer lugar, existen ejemplos y propuestas muy elaboradas en diversos países. En segundo lugar, los criterios generales, para el caso español, a falta de estudios concretos coordinados con los sindicatos, son bien claros: a) los productos alternativos deberían utilizar esencialmente las mismas destrezas en su producción que ya tienen los trabajadores actuales , b) los productos alternativos deberían producirse en el mismo lugar de trabajo, utilizando las fábricas, líneas de montaje y recursos materiales ya existentes, con las innovaciones y nuevas inversiones adecuadas, c) los nuevos productos deberían ser factibles y necesarios, es decir, productos susceptibles de ser comprados por el público o por el gobierno, d) los trabajadores no deberían trasladarse, e) la totalidad del proceso de conversión exigiría planificación, decisión y realización total y absolutamente democrática.
Además, las armas, son una de las causas principales de las desigualdades entre los países del norte y el sur, pues contribuyen a la pobreza del Tercer Mundo, por el endeudamiento que provocan las exportaciones de armas de los países del norte hacia el sur.
¿Realmente hay tantas armas como se dice? ¿Son necesarias?
Lo cierto es que hay armas nucleares y no nucleares. Entre las no nucleares podemos diferenciar entre convencionales (todas las que no son de destrucción masiva) y las biológicas y químicas.
A pesar de su importancia la mayoría de las armas acumuladas no son nucleares. Es más, cuatro quintas partes de los gastos mundiales militares se dedican a las armas convencionales y al mantenimiento de las fuerzas armadas.
Un buen ejemplo de la inseguridad que crea la sobresaturación de armas, desde el fin de la Guerra Fría se han producido 87 conflictos armados con más de siete millones de muertos, de los cuales el 90% han sido civiles, y donde se han utilizado armas convencionales producidas en el norte.
¿Qué nos cuesta mantener esta situación?
A escala mundial los gastos militares siguen siendo extraordinarias: representan, por ejemplo, dieciocho veces más que la Ayuda al Desarrollo que los países económicamente desarrollados transfieren al Tercer Mundo, y absorben una cantidad siete veces mayor que la de los pagos que se exigen a los países del Sur en concepto de servicios (intereses y amortizaciones).
¿Cuál es el efecto económico de la producción de armas?
Resulta difícil saber qué tipo de bienes son las armas. No son bienes de consumo (zapatos, alimentos ...) ni bienes productivos (tractores, maquinaria, equipamientos ...). Desde una perspectiva estrictamente económica son bienes improductivos, no producen valor económico a pesar del coste notable que provocan: consumen recursos valiosos (algunos de ellos no renovables) que se sustraen de otros destinos posibles.
Puede decirse, sin embargo, que son bienes de seguridad, de defensa. Ahora bien, ¿a quiénes defienden?, ¿de quién?, ¿cómo?, ¿quién y cuando se ha decidido las prioridades defensivas?, ¿quién y cómo ha definido las amenazas?
Por otro lado, los efectos negativos de la inversión militar (los costes de oportunidad) tienen consecuencias debilitadoras a largo plazo en los países desarrollados, que resultan devastadores a corto y medio plazo en el caso de los países del Tercer Mundo. Se ha demostrado que para éstos ello significa un camino para el desastre: un país en vías de desarrollo necesita inversión productiva, educación de la fuerza de trabajo, mejora de la asistencia sanitaria, sistemas de comunicación y transporte, más y mejor equipamiento. .. Desviar recursos de la satisfacción de estas necesidades básicas supone optar por un fuerte potencial destructivo para la economía del país.
España no es una excepción. También aquí los efectos económicos de la producción de armamentos son a medio y largo plazo negativos.
¿Exige la defensa de un país contar con una industria militar poderosa?
Suele decirse que la defensa de un país exige una industria de defensa potente, viable y con capacidad y vocación exportadora. Lo que no se dice es, sin embargo, quien decide las necesidades defensivas del país en cuestión. La historia reciente demuestra que las prioridades señaladas por los centros de decisión política no coinciden con las percepciones de la opinión pública: quieren defendernos de personas o naciones que no consideramos amenazantes. La política de defensa oficial suele sobrevalorar los aspectos militares y armamentistas, debido al militarismo imperante, y descuida los aspectos político-diplomáticos o económicos. Lo cierto es que las argumentaciones de la industria de armamentos y de la política de defensa oficial hablan siempre de interés nacional pero, curiosamente, son ellos mismos los que deciden unilateralmente qué debe entenderse por interés nacional.
¿Es posible una política de defensa estrictamente defensiva? ¿Costaría menos?
La investigación y producción de armas funciona con una dinámica propia, siguiendo criterios comerciales y de mercado. Esto significa que, desde una perspectiva estrictamente defensiva-no provocativa ni intervencionista-, se fabrican armas innecesarias. Claro como el agua: las armas no se fabrican tanto por interés nacional como por razones de provecho económico de las empresas del sector. El interés nacional a veces coincide curiosamente con el interés del empresario o del complejo militar-industrial.
Se puede articular una política de defensa mucho más barata renunciando a todas las armas ofensivas, 10 veces más caras como media que las orientadas a contrarrestarlas.
El gobierno español, sin embargo, ha optado por la vía contraria: fabricar, mediante proyectos nacionales e internacionales, todo tipo de armas convencionales, algunas innecesarias como el Avión de Combate Europeo (Eurofighter 2000), los helicópteros Tigre, las fragatas F- 100, los blindados Leopard, los aviones de transporte militar A-400M, todas ellas armas ofensivas para transportar la guerra a otros territorios. La explicación es sencilla: se ha optado por una política de seguridad basada en el rearme y la fuerza militar y eso, y no el interés nacional, implica fortalecer la industria bélica autóctona.
¿Hay que tener una industria militar potente para evitar la dependencia exterior?
Se suele decir también que el desarrollo de una industria de defensa autóctona permite disminuir las compras de material a otros países y mejorar la autosuficiencia.
Lo que no se suele decir es que las necesidades de armamento de un país dependen del tipo de defensa elegido o de las alianzas en que se participa. En España se ha optado por uno que implica necesariamente importar sistemas armamentísticos, aunque, a medio plazo, podrían reducirse mediante co-fabricacions internacionales y fabricación autóctona. Hay que repetir una vez más que muchas de estas armas serían innecesarias con una política de defensa no provocativa.
Además, la independencia de un país no se basa únicamente en la autosuficiencia en materia armamentista. En una época en que, al menos en los países desarrollados, no se estilan las invasiones militares, la penetración económica, financiera, cultural, resulta mucho más eficaz.
¿Crea puestos de trabajo la industria de armamentos?
Diversos estudios de Naciones Unidas señalan que la misma inversión en otro sector que no sea el de la industria de defensa generaría más puestos de trabajo, al eliminar la exigencia de especialización notable propia de este sector. Pero analicemos concretamente la realidad española.
El crecimiento de las industrias del sector ha sido y es desigual. Algunas empresas han visto incrementar notoriamente las cifras de ventas y exportaciones. Otros, presentan déficits importantes y están sometidas a reestructuraciones profundas. Lo cierto es que la tendencia dominante es la de promover empresas de capital intensivo y, por tanto, con poca mano de obra. Es decir, que la tecnología militar no sólo no crea puestos de trabajo sino que los hace disminuir. Además, la misma inversión en otro sector siempre crearía más.
¿La exportación de armas es inevitable?
La verdad es que no necesariamente. Todo depende de si se produce sólo por razones de seguridad o si se produce para exportar. Sin embargo, las declaraciones oficiales suelen ser circulares: la industria de armamentos asegura la capacidad de defensa; considerados los precios actuales de los productos bélicos, la viabilidad de la industria exige aumentar la producción para reducir costes, la sobreproducción, sin embargo, exige exportar.
Lo cierto es que hay industrias creadas en función de la exportación y no de la satisfacción de las necesidades del mercado interior. Hay países donde sólo se exporta una cuarta o quinta parte de la producción (Suecia, Alemania), otros, como Italia, exportan por el contrario un 70% de su producción.
España (como Francia y Gran Bretaña) exporta entre un 40 o 50% de la producción del sector, lo que significa que muchas armas son diseñadas para ser vendidas en el exterior.
¿La exportación de armas tiene que ver con criterios políticos?
Justificar la exportación hablando de la necesidad de reducir costes y de rentabilizar el esfuerzo de investigación y desarrollo supone olvidar el carácter político de la industria de defensa. Todo la industria de defensa es favorecida y fomentada por los gobiernos; todo goza de incentivos y subvenciones; existen legislaciones o reglamentaciones de las exportaciones. No estamos hablando de un sector industrial típico, en cuyo caso, sea como sea, es el Estado el principal y con frecuencia el único comprador de la producción. No se pueden mantener al mismo tiempo dos discursos opuestos: o "hay que disponer de estas armas por razones de seguridad nacional" independientemente de su coste ya que se suele decir que la seguridad no tiene precio, o "el mercado nacional para el mismo nunca justificará las cuantiosas inversiones derivadas de la producción de armas ". Pretender mantener ambas cosas como verdades simultáneas invalida las dos afirmaciones. En cualquier caso, exportar para "rentabilizar costes" no exime a las empresas, autoridades y ciudadanos de la responsabilidad política de vender armas a dictaduras, países que violan los derechos humanos o naciones en guerra.
¿Se puede controlar internacionalmente el comercio de armas con pactos o tratados?
Teóricamente sí. Resultaría posible establecer acuerdos entre países suministradores para reducir el volumen de transferencias, impedir el de cierto tipo de armas o la exportación a determinados países. Sin embargo, los intentos han sido pocos y sin éxito. Queda la posibilidad de limitaciones y control a partir de acuerdos de Naciones Unidas o embargos adoptados por organismos internacionales. En cuanto a Naciones Unidas, las ideas han sido numerosas. En 1978, en ocasión de la I Sesión Especial dedicada al Desarme, todos los Estados miembros prometieron que los receptores y proveedores iniciarían conversaciones para limitar las transferencias de armas convencionales. Hasta ahora no se ha pasado de este estado inicial de promesa.
Por tanto, los acuerdos internacionales, aunque son bien deseables, no suelen funcionar por: la falta de datos claros y aceptadas por todos los países sobre transferencias, los diversos intereses económicos y políticos en juego, las justificaciones de gobiernos y empresas aduciendo la libre soberanía y el derecho a la libre empresa.
Resulta, pues, imprescindible, fomentar los controles a nivel de Estado de la producción y exportación de armas.
¿Puede un país determinado controlar las transferencias y exportaciones?
Puede hacerlo. Hay, sin duda, dificultades políticas, económicas, legales, técnicas (establecer un listado claro de qué se entiende por "arma") pero, una vez más, tenemos que decir que se puede hacer lo que realmente se desea hacer. Países como Suecia o Austria lo han hecho, optando por políticas restrictivas de sus exportaciones. Los países que optan por políticas claramente restrictivas reciben la presión del complejo militar-industrial. No resulta difícil oír cosas como estas: "si no las vendemos nosotros, alguien lo hará ... de hecho, mejor que nos aprovechamos nosotros ...", ni tampoco recurrir a tráfico de influencias, sobornos y chantajes.
Hay países que las exportaciones de armas tienen que ser aprobadas en los Parlamentos respectivos, otros tienen comisiones parlamentarias que controlan las exportaciones para seguir las operaciones triangulares y diversas exportaciones encubiertas a través de certificaciones de destino falsas, etcétera. La política española, a pesar de la actual legislación, es muy permisiva.
¿Hay medidas indirectas que fomenten las limitaciones del comercio de armas?
Hay, efectivamente. Entre otros: a) recortar los presupuestos militares; b) dedicar los recursos ahorrados al desarrollo (sin aceptar que por "desarrollo" se entiendan cosas como vender camiones para uso militar a un país en vías de desarrollo), c) impedir que las ventas de armas a países del Tercer Mundo se hagan con créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) o créditos blandos a bajo interés, d) iniciar un proceso de conversión de las industrias bélicas en industrias dedicadas a la producción de bienes socialmente útiles.
¿Es realmente posible convertir la industria de armamentos?
Ciertamente sí. No se trata de una promesa irrealizable. En primer lugar, existen ejemplos y propuestas muy elaboradas en diversos países. En segundo lugar, los criterios generales, para el caso español, a falta de estudios concretos coordinados con los sindicatos, son bien claros: a) los productos alternativos deberían utilizar esencialmente las mismas destrezas en su producción que ya tienen los trabajadores actuales , b) los productos alternativos deberían producirse en el mismo lugar de trabajo, utilizando las fábricas, líneas de montaje y recursos materiales ya existentes, con las innovaciones y nuevas inversiones adecuadas, c) los nuevos productos deberían ser factibles y necesarios, es decir, productos susceptibles de ser comprados por el público o por el gobierno, d) los trabajadores no deberían trasladarse, e) la totalidad del proceso de conversión exigiría planificación, decisión y realización total y absolutamente democrática.
