Frente a la ampliación del contingente militar español en Afganistan
Ante la intención expresada por el Gobierno español de incrementar los efectivos militares en Afganistán, el Centre d’Estudis per a la Pau J.M. Delàs, de Justícia i Pau, desea expresar su preocupación en lo referente a los siguientes aspectos:
1. La participación española en una operación militar contraria al Derecho Internacional.
La relación entre las dos operaciones militares en Afganistán (Libertad Duradera e ISAF) es confusa y perversa.
La operación Libertad Duradera, liderada por Estados Unidos, se inició hace casi cinco años como respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, y se fundamenta actualmente en la busca y captura de miembros de Al Qaeda y milicias talibán. Esta operación se presentó como una acción de legítima defensa, pero de hecho no reúne los criterios que ésta requiere, regulados en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Además, tampoco ha sido nunca expresamente autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, la otra medida que puede legitimar el uso de la fuerza. En el marco de esta operación, EE.UU. ha armado y financiado a señores de la guerra afganos, aun reconociendo el enorme poder de que gozan estos individuos como el mayor de los obstáculos para un eventual Afganistán en paz. En realidad, esta operación constituye un acto de agresión que se encuentra desde sus inicios y todavía hoy fuera de la legalidad internacional. Aun así, el Estado español participó en ella de forma directa oficialmente hasta julio de 2004, e indirectamente a partir de esa fecha, contribuyendo a los Equipos de Reconstrucción Provinciales (PRT) a través de su pertenencia a la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF), operación liderada por la OTAN desde 2003.
Pese a haber surgido como paraguas legitimador de la operación Libertad Duradera, la ISAF es una iniciativa que cuenta con la autorización de la ONU. Sin embargo, recientemente se ha hecho pública la voluntad de fusionar la ISAF y la operación Libertad Duradera, con la creación de cuarteles conjuntos y con un único mando para las dos. El intento de legalizar una operación a través de la otra convierte la nueva fusión en otro proyecto contrario al Derecho Internacional. El Gobierno español ya ha apuntado que no se opondrá a la fusión entre estas dos operaciones militares. Por otra parte, la ampliación del contingente del ejército español ha sido justificada como protección para el PRT a su cargo. Los PRT, creados en el marco de la operación Libertad Duradera, consideran diferentes actuaciones de “asistencia humanitaria”, funciones no incluidas en el mandato de la ISAF y de legitimidad y legalidad más que ambiguas.
2. La creciente asunción de la acción humanitaria por parte de los ejércitos.
En 2004, casi la mitad de los fondos del Gobierno español destinados a la acción humanitaria fueron gestionados por el ejército. Los criterios de intervención humanitaria empleados por el ejército español no están basados en una evaluación de las necesidades de las personas que atraviesan una situación de crisis, sino que también incorporan estrategias y objetivos político-militares. De hecho, el ejército español sólo ha intervenido en contextos de gran repercusión mediática. Así mismo, las actuaciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en Afganistán no deberían estar subordinada a los criterios del ejército, ni dar cobertura civil a sus operaciones militares, sino basar sus actuaciones en criterios centrados en las necesidades de las personas, con independencia de los actores armados y de los intereses políticos.
Las fuerzas militares no están preparadas para implementar tareas civiles. Su pertinencia y eficacia son muy cuestionables por su propia naturaleza no imparcial y no independiente, y los costes suelen ser muy superiores a los de los actores humanitarios. Con el mayor de los respetos para los soldados españoles, resulta paradójico que algunos hayan viajado tan lejos para realizar trabajos que podrían estar perfectamente desempeñados por trabajadores cualificados locales.
3. El peligro que representa la implementación de tareas humanitarias por parte de los ejércitos en contextos de conflicto armado.
Pese a que soldados han proporcionado en ocasiones un espacio seguro para que actores humanitarios puedan desempeñar su trabajo, diferenciando claramente los espacios militar y humanitario, cabe recordar que el mejor mecanismo de protección para los humanitarios es su integración con la población local y la aceptación de su presencia y cometidos, su respeto por los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia, y su total desvinculación de los actores armados, en especial cuando se trata de situaciones de ocupación militar.
La imparcialidad y la independencia son principios recogidos en el Derecho Internacional Humanitario, y que los ejércitos nacionales extranjeros no pueden conformar, dada su propia naturaleza. Cuanto más se compartan los espacios de actuación entre militares y humanitarios, la diferenciación entre ellos será más débil y mayores las posibilidades de identificación de todo el conjunto como militar, convirtiendo a actores humanitarios y población local en objeto de hostilidades. Las estadísticas son reveladoras. Entre enero de 2003 y junio de 2004 se registraron 220 ataques armados contra actores humanitarios, 32 de los cuales perdieron la vida.
El proceso de fusión de mandatos y actividades entre las operaciones militares ISAF y Libertad Duradera pretende disfrazar de humanitarios intereses que no lo son, y el ejército español está contribuyendo a estas dinámicas lideradas por Estados Unidos. Carece de sentido que una tarea central del ejército español en Afganistán consista en protegerse a si mismo.
Por todo ello,
1) Consideramos rechazable la pretensión de ampliar un contingente de tropas en Afganistán, que pretende legalizar intereses que poco tienen de humanitarios.
2) Entendemos que lo más adecuado en estos momentos sería acordar el regreso de las tropas españolas de Afganistán, y replantearse la actuación española en este país, rechazando criterios geopolíticos en beneficio de una verdadera acción humanitaria centrada en las necesidades de las personas.
3) Alertamos de nuevo sobre la insensatez y los peligros que conlleva querer hacer de los ejércitos actores humanitarios en situaciones de conflicto armado.
Centre d’Estudis per a la Pau J.M. Delàs
de Justícia i Pau
5 de mayo de 2006
