Terrorismo y libertades
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Hay que remontarse al período de excepción de la Segunda Guerra Mundial para encontrar un recorte de libertades de similar magnitud al producido tras los atentados del 11 de septiembre.
Pere Ortega (Mayo 2002) Materiales de Trabajo 20.
La reacción de Estados Unidos a los atentados sufridos el 11 de septiembre en Nueva York y Washington, ha sido, como podía esperarse, desproporcionada. Primero, inició un ataque desbastador contra Afganistán por la cobertura del gobierno Talibán a los terroristas de Al Qaeda que supuestamente perpetraron los atentados. Y hoy, aún no conocemos el número muertos ni el estado de los cientos de miles de refugiados. Ataques que serán continuados, según anunció el presidente George Bush, contra aquellos estados que den apoyo a grupos terroristas. La segunda, de no menor calado, ha afectado a las libertades y derechos fundamentales de las personas, en especial en Estados Unidos, pero también en otros muchos estados.
Respecto a EEUU,. Entre las medidas adoptadas que afectan gravemente a los derechos fundamentales, un decreto del presidente Bush arbitraba los siguientes pasos: creación de una superagencia de espionaje internacional; enmienda de los artículos IV y V de la constitución que protegen las garantías de los detenidos; creación de tribunales militares especiales. Estas medidas se concretaron, anunciando que los juicios contra los terroristas serían a puerta cerrada, sin presencia de observadores ni medios de comunicación, y se informó que los fiscales no tendrían que presentar pruebas concluyentes, sino que servirían las simples sospechas o rumores si existían “indicios razonables” de estar en juego la seguridad del estado. El mismo decreto permitía detener y juzgar a cualquier ciudadano extranjero en cualquier lugar del mundo. El Pentágono sería el encargado de designar al abogado defensor de los acusados, que sería un militar, aunque podría ser recusado, si el acusado se pagaba un abogado civil. Posteriormente se anunció que los juicios podrían llevarse a cabo en buques de guerra de EEUU y entre las penas aplicables figuraba la ejecución del inculpado.
El resultado de estas medidas no se ha hecho esperar: miles de extranjeros, la mayoría de origen árabe o asiático, han sido detenidos y más de 400 personas continúan en prisión. Entre esas decisiones que violan el “habeas corpus” de los ciudadanos, figura la que limita gravemente los derechos de defensa de los acusados, al suspender la comunicación confidencial de los detenidos y sus abogados. A parte se anunciaba la introducción de métodos de interrogatorios coercitivos, calificados como “torturas inevitables”, echo insólito en la historia de EEUU y que ha alarmado profundamente a los defensores de los derechos humanos.
La ola represiva también se ha extendido a intelectuales y periodistas, hasta el extremo que algunos de ellos, como es el caso de Noham Chomsky y Susan Sontag tienen dificultades para publicar en la prensa de EEUU. Y de auténtica "caza de brujas" fue la publicación por parte de la mujer del vicepresidente Cheney, de una lista de cien estadounidenses considerados "desafectos" por las criticas que vierten a la política exterior del gobierno, entre los que se encontraban, además de Chomsky y Sontag, Michel Moore, Edward S. Said, Gore Vidal, James Petras. Por otro lado, se ha instado a la población a la delación de todos aquellos ciudadanos “sospechosos”, creándose una atmósfera de inseguridad que ha conducido a un grave deterioro de la convivencia social, especialmente entre orientales y seguidores del Islam.
Aunque en Europa las cosas no han llegado hasta los extremos de EEUU, también se ha iniciado un recorte de los derechos civiles. En Gran Bretaña, se aprobó una ley de urgencia que permitía la detención indefinida de sospechosos de terrorismo, lo cual ha permitido vulnerar los derechos de decenas de detenidos que han quedado indefensos mientras no se cierran sus sumarios. A su vez que se aprueban legislaciones represivas que restringen las libertades de movimiento de los ciudadanos, especialmente de los no comunitarios. En el caso de España, no ha sido necesario arbitrar nuevas medidas debido a la vigencia de una muy restrictiva “ley de extranjería”.
En el plano internacional, con la excusa de la lucha contra el terrorismo, se ha permitido al gobierno de Ariel Sharon de Israel, iniciar una nueva guerra contra los palestinos. Igualmente en Rusia, el presidente Putin ha aumentado la represión en Chechenia. Como también ha ocurrido en diferentes repúblicas exsovieticas: Tayikistán, Uzbequistán y Kirguistán donde se están reprimiendo las disidencias.
Igual de preocupante es la definición sobre terrorismo adoptada por los jefes de estado de la UE en una resolución, donde se califica de terroristas a quienes "obliguen indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a hacer o abstenerse de hacer alguna cosa, o a desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales". Un texto suficientemente ambiguo como para que los defensores de las libertades y derechos humanos estén preocupados.
En ese contexto debe situarse la actual tramitación en España por parte del Partido Popular de un nuevo proyecto de ley que regule los partidos políticos, que permitirá, con tan sólo 50 firmas de diputados, elevar al Congreso la ilegalización de aquellos partidos en los que se demuestre vinculaciones de algunos de sus militantes con organizaciones terroristas. Con lo que se traslada a organizaciones las responsabilidades que sólo pueden recaer sobre individuos.
También deben considerarse un recorte de libertades, las medidas adoptadas para el control de la telefonía móvil, como la llevada a cabo por la red Echelon controlada por el Pentágono que peina el espacio aéreo buscando cientos de palabras clave (entre otras “pacifista”) donde captar información. O las más concretas medidas para regular el uso de Internet, como el reciente decreto aprobado en España que ha llenado de preocupación a los usuarios de Internet, pues bajo una pretendida protección del uso empresarial, se encuentra un mayor control de la información que circula por la red.
O la propuesta del ministro de defensa español, Federico Trillo, ante sus socios de la UE, de que las futuras Fuerzas de Reacción Rápida (el euroejército de 60.000 soldados) se ocupen de la lucha antiterrorista, y no sólo de las llamadas misiones de paz y ayuda humanitaria (misiones Petersberg) y que por el momento no ha obtenido respuesta de sus homólogos en la UE.
Ante este panorama de inseguridad y recorte de las libertades, los gobiernos de la UE deberían haber reforzado las medidas encaminadas a desarrollar la justicia y la paz mundial. En su lugar, se han dejado arrastrar por la inercia de los acontecimientos marcados por EEUU. Por esto, hay que celebrar como una buena noticia la constitución de la Corte Penal Internacional que permitirá perseguir los crímenes de guerra y contra la humanidad. En ese sentido, se debe continuar profundizando en las propuestas de reforma de las Naciones Unidas, en especial del nada democrático Consejo de Seguridad que, con el derecho a veto que ejercen sus cinco miembros permanentes impiden que los objetivos fundacionales de la onU, velar por la paz y la seguridad mundial se hagan realidad
