Trajectòria, efectes i reptes del moviment per la pau
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Los grupos pacifistas y antimilitaristas tienen tres grandes retos. El primero, seguir realizando acciones de protesta contra la guerra de Irak y mantener una actividad regular sobre los conflictos armados actuales. Por otra parte, lograr que se produzca una reflexión sobre las ideas pacifistas y antimilitaristas con el objetivo de que los ciudadanos no solo protesten contra la guerra sino que también se opongan a todo lo que contribuye a su preparación y al incremento del militarismo, y que se extienda en la sociedad la cultura de la paz. Y un tercer reto es la articulación de una estrategia de lucha sostenida en el tiempo, en torno a un conjunto de actividades pacifistas y un variado repertorio de formas acción, combinando las manifestaciones ciudadanas y la desobediencia civil.
Enric Prat (julio 2005)
TRAYECTORIA
Las actividades del movimiento por la paz se han mantenido continuadamente durante más de cincuenta años (desde que se creó Pax Christi en 1952 hasta la actualidad), desarrollando campañas y acciones en las que ha criticado las diversas dimensiones del militarismo y ha propuesto alternativas de paz y desarme. Estas actividades se pueden agrupar en tres ámbitos: en contra de las guerras y los conflictos armados, oposición a todo lo que contribuye a la preparación de la guerra y fomento de una cultura de paz.
GUERRAS Y CONFLICTOS ARMADOS
Las movilizaciones antiguerra más numerosas fueron las manifestaciones ciudadanas y estudiantiles en contra de las guerras del Golfo Pérsico de 1991 y de Irak del 2003. Pero a lo largo de la década de los años noventa y durante los últimos años, se han realizado manifestaciones y concentraciones por la paz y contra la guerra ante otros conflictos bélicos e intervenciones de los ejércitos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia (Chechenia, Timor, Afganistán...)
Además de las manifestaciones en la calle, se han desarrollado otras actividades pacifistas ante los conflictos bélicos. Brigadas Internacionales de Paz mantiene desde su fundación en 1981 (en España nació en el año 1988), equipos de acompañantes/observadores internacionales en áreas de conflictos armados (Guatemala, El Salvador, Sri Lanka, Colombia, Haití, México, Timor…), con el objetivo de proteger la actuación política de las personas pertenecientes a organizaciones defensoras de los derechos humanos que sufren represión o amenazas.
También hay que resaltar la tarea de algunos colectivos de mujeres antimilitaristas, como la Red de grupos mujeres de negro, centrada en la crítica de las guerras desde el punto de vista de las mujeres y en dar a conocer la situación de las mismas en los conflictos bélicos, como víctimas de una violencia específica de género (agresiones sexuales...) y como protagonistas de una lucha de resistencia a la guerra y de una labor por la supervivencia de las personas y el cuidado de los enfermos y los heridos; y en la potenciación del diálogo y la solidaridad entre las mujeres de las diferentes partes enfrentadas en los conflictos armados, con el propósito de que luchen conjuntamente contra la guerra y por una paz justa y sin opresión, a través de la negociación y la mediación. Por ejemplo, Dones x Dones se ha ocupado de las relaciones entre grupos de mujeres de los Balcanes, de Israel y Palestina, de Estados Unidos y Afganistán, de Chechenia y Rusia, de Marruecos y El Sahara, de Argelia y de Colombia.
Finalmente, en este terreno de los conflictos violentos hay que valorar el trabajo a favor del diálogo, el acuerdo y la paz en el País Vasco realizado por los grupos Gesto por la Paz (desde su formación en 1986) y Elkarri (desde su nacimiento en 1992).
PREPARACIÓN DE LA GUERRA
El segundo ámbito de trabajo ha sido la oposición a todo lo que contribuye a la preparación de la guerra, es decir, las armas, los gastos militares, la investigación científica con finalidades bélicas, la industria y el comercio de armas, la permanencia de bloques y bases militares, y la existencia de ejércitos.
Sobre las armas hay que resaltar tres campañas. La campaña municipios desnuclearizados, desarrollada en 1983-1984, durante la cual unos 400 Ayuntamientos de España aprobaron mociones en las que declaraban su territorio libre de armas nucleares. La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona, que surgió en 1992 y a finales de la década de los noventa agrupaba a más de mil ONG, denunció que entre 1968 y 1993 se habían producido unos 190 millones de minas antipersona en el mundo, que existían más de 250 millones de minas almacenadas en los arsenales de 108 países, que estaban enterradas decenas de millones de ellas (entre 60 y 200 millones) y que estas habían matado o mutilado, tanto en situaciones de guerra como de paz, a más de un millón de personas; y reclamó la aprobación de leyes que prohibieran su producción, dictaminaran la destrucción de las que estuvieran almacenadas y establecieran planes de desminado y asistencia a las víctimas. La campaña “Eliminemos las minas” se formó en España en 1995 a iniciativa de diversas entidades (Greenpeace, Intermón, Médicos Sin Fronteras…). La campaña internacional por el control y la reducción de las armas ligeras, impulsada por la red IANSA (The International Action Network on Small Arms), formada por más de 500 grupos de unos 100 países, que se fundó en 1998, ha denunciado que existen unos 500 millones de armas de este tipo que circulan por el mundo (pistolas, ametralladoras, rifles, lanzagranadas, cañones...), que provocan la muerte de unas 500.000 personas cada año y son la causa del 90% de los muertos en conflictos violentos. La campaña “Adiós a las armas” se inició en España en 1999, la promueven unas veinte ONG, entre ellas Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón y Médicos Sin Fronteras, y está coordinada por la Càtedra Unesco sobre la Pau i els Drets Humans de la UAB. La campaña ha criticado la responsabilidad que tienen las industrias de armamentos españolas en este problema, ya que han suministrado armas ligeras a bastantes países (Arabia Saudí, Turquía, Filipinas, Indonesia, Pakistán, Corea del Sur...).
La objeción fiscal a los gastos militares, cuya primera campaña se hizo en España en 1982, consiste en deducir en la declaración del impuesto sobre la renta el porcentaje equivalente al que en los Presupuestos Generales del Estado se destina a financiar las fuerzas armadas, la investigación de programas militares o la compra de armas, y en la donación del dinero correspondiente a entidades que desarrollan proyectos de promoción de la cultura de paz, protección del medio ambiente o lucha contra la pobreza.
La Fundació per la Pau promueve desde 1999 la campaña “Por la paz: no a la investigación militar!”, que cuenta con la colaboración técnica de la Càtedra UNESCO sobre Pau i Drets Humans de la UAB, el apoyo de Justicia y Paz, Asociación para las Naciones Unidas en España, Centre UNESCO de Catalunya y las Federaciones catalanas de ONG por la Paz y por los Derechos Humanos, y la participación de unas cuarenta entidades (en junio del 2002 se constituyó la Plataforma Estatal de la campaña). Sus objetivos principales son promover el debate en la sociedad y en la comunidad científica sobre la investigación con fines bélicos, y presionar a los poderes públicos para que transfieran los recursos que se destinan a la investigación militar hacia la investigación con fines civiles, a través de las diversas actividades de la campaña y de la objeción científica. La campaña alerta sobre los recursos que se destinan en el mundo a este tipo de investigación (más de medio millón de científicos se dedican a la investigación militar, la inversión en investigación militar del año 2003 ascendió a más de 70.000 millones de dólares, acaparando un tercio de los recursos que se dedicaron a la investigación en todo el planeta); denuncia la militarización de la investigación científica en España (en los presupuestos generales del Estado para el 2005 se destinaron 1.330 millones de euros a la investigación militar, que representa el 26’7% de todo el gasto de España en investigación); y pide a los científicos, a las universidades y a los centros de investigación que expresen su negativa a colaborar en programas de investigación militar, firmando declaraciones de objeción científica e incluyendo cláusulas de buen uso en sus trabajos científicos. Hasta ahora la repercusión de la campaña es considerable: entre abril de 2002 y febrero de 2004, 2.050 científicos habían firmado un compromiso de no participar en investigaciones que tengan finalidades militares; durante el año 2003, doce universidades españolas incluyeron en sus estatutos cláusulas de objeción científica, en las que renuncian a la investigación científica orientada hacia finalidades militares; y en el año 2004, por primera vez, una tesis doctoral presentada en la Universidad de Sevilla incorporó una cláusula para impedir su utilización con fines militares.
Desde principios de la década de los años noventa se han realizado en el País Vasco marchas contra las fábricas de armamentos y a favor de su conversión en producción civil de utilidad social, dando lugar a la formación del colectivo Gasteizkoak, que realizó diversas propuestas de conversión de las industrias de armas, entre ellas la de Explosivos Alaveses (EXPAL), generando un importante debate entre sindicalistas de estas fábricas, grupos pacifistas y diversos colectivos sociales.
Desde su fundación en 1987, ENAAT (European Network Against Arms Trade), una red europea de grupos con presencia en casi todos los países europeos, ha realizado diversas acciones coordinadas en contra del comercio de armas. La Campanya contra el comerç d'armes (C3A), que se formó en Barcelona en 1988, impulsada por Justícia i Pau, la Fundació per la Pau y la Coordinadora pel Desarmament i la Desnuclearització Totals, realizó diversas tareas de investigación y denuncia de temas vinculados a la industria y el comercio de armas, hasta que en el 2001 se transformó en el Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delás, integrado en Justícia i Pau. Por otra parte, hay que mencionar la campaña “Hay secretos que matan”, a favor de la transparencia y el control de la exportación de armas, iniciada en 1994 por Amnistía Internacional, Greenpeace, Médicos sin fronteras e Intermón, que contó con el apoyo de más de mil entidades y asociaciones, nueve parlamentos autonómicos y unos doscientos ayuntamientos, en la que se reclamó que el Gobierno informara al Parlamento y a la sociedad sobre sus exportaciones de armas y se reivindicó la adopción de un Código de Conducta en el comercio de armas, en el que se exigiera a los gobiernos destinatarios de las armas el respeto a los derechos humanos, que no existieran en el país conflictos bélicos internos y que no estuvieran implicados en agresiones armadas contra otros países. Actualmente se desarrolla la campaña internacional “Armas bajo control”, impulsada por la red de grupos IANSA, que reivindica la adopción de un Tratado internacional que controle y regule el comercio de armas. Intermón y Amnistía Internacional, que son los promotores de esta campaña en España, han pedido al Gobierno que apruebe una ley que asegure el control de la exportación de armamentos, prohíba las transferencias que violen el Código de Conducta de la Unión Europea y exija la publicación con total transparencia de la información relativa a las transferencias.
Sobre los bloques militares destacan las movilizaciones contra de la pertenencia de España en la OTAN, que se iniciaron en 1981 y que continuaron entre 1983 y 1986 con las acciones a favor de la convocatoria de un referéndum claro y vinculante sobre esta cuestión, convocadas por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas.
Fue muy significativa la campaña “Bases Fuera!”, que se desarrolló entre 1987 y 1989 a iniciativa de la CEOP, en la que se reivindicó la anulación del Convenio Bilateral con los Estados Unidos, el desmantelamiento de las bases militares norteamericanas y que los barcos de la OTAN y de la VIª Flota no recalaran en los puertos del Mediterráneo. Las marchas de los años ochenta a las bases de Torrejón y Zaragoza fueron muy numerosas. El ecopacifismo andaluz ha ido convocando periódicamente, desde 1983 hasta la actualidad, las Marchas a la base aeronaval de Rota. El movimiento por la paz ha ido denunciado la utilización de las bases militares por EEUU para agredir a otros países (Libia en 1986 e Irak en 1991 y 1998). Se ha de mencionar también las acciones en contra de la presencia de barcos militares de la Alianza Atlántica y de la VIª Flota norteamericana impulsadas desde 1998 por la coordinadora Tarragona Patrimoni de Pau, que agrupa a más de treinta entidades, con el propósito de que el puerto de esa ciudad deje de ser base logística de estos barcos y no recalen en sus costas buques de guerra, algunos de los cuales son de propulsión nuclear y quizás portadores de armas nucleares. Y, finalmente, destacar las movilizaciones de los ciudadanos de Campo de Gibraltar en protesta por la presencia del submarino atómico británico Tireless, que permaneció durante un año, entre el 2000 y el 2001, en el muelle de Gibraltar con el reactor nuclear averiado.
Frente al Ejército hay que destacar la larga lucha por el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia y la abolición del servicio militar obligatorio, iniciada en plena dictadura franquista, cuando aparecieron los primeros objetores de conciencia, y sostenida por el Movimiento de Objeción de Conciencia (formado en 1976), los grupos antimilitaristas Mili KK (creados a partir de 1984) y la campaña insumisión (1989-2002). Asimismo, hay que recordar las actividades en contra de la incorporación de las mujeres en las Fuerzas Armadas, impulsadas en la década de los años ochenta por los grupos de mujeres antimilitaristas. También han sido relevantes las manifestaciones en protesta por la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, particularmente la del 20 de mayo del 2000, convocada por la Plataforma contra el desfile militar de Barcelona, en la que participaron decenas de miles de ciudadanos. Tampoco se ha de olvidar la tarea que desarrollaron asociaciones como la IDS (Informació per a la Defensa dels Soldats), constituida en 1990 a iniciativa del Mili KK de Barcelona, asesorando y ayudando a los soldados profesionales que padecen maltratos, agresiones, violaciones, vejaciones, sanciones injustas o abusos de poder.
Uno de los objetivos recientes del antimilitarismo ha sido la promoción de actividades dirigidas a los jóvenes, para que no ingresen voluntariamente en el Ejército, así como la reivindicación del derecho a la objeción de conciencia para los soldados profesionales. En ese ámbito es de una gran importancia la campaña “Escuelas por la paz, escuelas objetoras”, iniciada en 1998 por la Fundació per la Pau, mediante la cual los centros de enseñanza primaria y secundaria se pueden declarar objetores de conciencia, comprometiéndose a educar por la paz y los derechos humanos y negándose a colaborar en las campañas del Ministerio de Defensa para fomentar el espíritu militarista en las escuelas y reclutar voluntarios para ser soldados del Ejército, no organizando charlas ni distribuyendo sus materiales de propaganda. Hasta ahora, unos 250 centros de enseñanza de Cataluña se han declarado objetores de conciencia a los planes de militarización de la enseñanza. Campañas similares a esta se han desarrollado en Madrid, País Valencià, Canarias, Aragón, Castilla-León, Andalucía y País Vasco.
CULTURA DE LA PAZ
El tercer ámbito de actuación ha sido el fomento de una cultura de la paz. La tarea de investigación para la paz fue iniciada por el Institut Víctor Seix de Polemologia, que se creó en 1968. Desde entonces ha sido impulsada por diversas asociaciones e instituciones: Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza, Universidad Internacional de la Paz de Sant Cugat del Vallés, Centro de Investigación para la Paz, Fundació per la Pau, Centre J.M. Delàs d’Estudis per la Pau...
La educación para la paz, que incluye el fomento de valores como el diálogo, el respecto y la cooperación, comenzó sus actividades en los años setenta con las campañas contra los juguetes bélicos y sexistas, y ha seguido desarrollándose hasta la actualidad a través de los diversos grupos que se han dedicado a ella, como Ensenyants per la Pau, la revista En pie de Paz, el Seminario de Educación para la Paz, el colectivo No-violencia y Educación o el Seminario Permanente de Educadores y Educadoras para la Paz de la Facultad de Formación del Profesorado de la UB.
La tarea de divulgación de los análisis, ideas y propuestas de los grupos pacifistas ha sido realizada por diversas revistas vinculadas al movimiento por la paz, como La puça i el General, En pie de Paz, El Mocador o el Diari La Pau.
Muy pocas entidades pacifistas han desarrollado una labor específica y regular de recuperación de la memoria histórica del pensamiento y la acción pacifista. Algunas excepciones son los dos seminarios sobre “Pensamiento Pacifista” organizados por el Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs (los materiales del primero de ellos fueron publicados por la editorial Icaria); y el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, que entre sus líneas de investigación figura la historia de la paz y ha publicado algunos libros, como Enciclopedia de Paz y Conflictos y Historia de la Paz. Tiempos, Espacios y Actores, en los que se refleja una inquietud por recuperar la memoria del pacifismo.
ESTRATEGIA DE LUCHA Y FORMAS DE ACCIÓN
Las organizaciones pacifistas y antimilitaristas han utilizado un repertorio extenso de formas de acción colectiva y han adoptado diversas estrategias de lucha. Han empleado, de forma flexible, formas de acción de tipo convencional (recogida de firmas, manifestaciones…) y disruptivo (encadenamientos). Han combinado acciones masivas con actos propagandísticos y simbólicos protagonizados por un número reducido de personas. Han impulsado formas de acción que han permitido la máxima participación ciudadana (manifestaciones) y otras con menos personas pero llamativas (sentadas), en las que lo fundamental ha sido captar la presencia de los medios de comunicación y, a través de ellos, la atención de los ciudadanos. Ha combinado la acción pacifista con el desarrollo de la educación para la paz. El movimiento por la paz ha aprovechado los márgenes que le permite la legalidad vigente (derecho de manifestación), tendiendo a la utilización de formas de acción legales, que son las que permite una mayor incorporación de ciudadanos, pero también ha desarrollado actos noviolentos de desobediencia a las leyes (objeción de conciencia, insumisión…).
Las organizaciones pacifistas y antimilitaristas han elegido las formas de acción y la estrategia de lucha que les ha parecido más adecuada para cada una de las campañas que ha impulsado y de las reivindicaciones que ha exigido. Así, por ejemplo, en las campañas por la salida de España de la OTAN y el desmantelamiento de las bases militares norteamericanas predominaron las formas de acción convencionales y legales, y se optó por una estrategia de presión política al Gobierno, a través de la movilización ciudadana continuada (convocatoria periódica de manifestaciones, recogidas de firmas, etc.). En cambio, en la lucha por la abolición del servicio militar obligatorio predominaron las acciones de tipo disruptivo (sentadas, encadenamientos...) y la estrategia de desobediencia civil de los objetores de conciencia e insumisos. Las campañas por el desarme convencional de los años noventa y las actuales (“Eliminemos las minas”, “Adiós a las armas”, “Hay secretos que matan”, “Armas bajo control”), impulsadas por diversas ONG y entidades pacifistas, no se han expresado en manifestaciones de calle sino a través de otras formas de acción, como la recogida de firmas, la presencia en los medios de comunicación o la presión a los partidos políticos. De todas formas, hay que precisar que los grupos pacifistas que impulsaron las campañas contra la OTAN y las bases también emplearon algunas acciones de tipo disruptivo; que los grupos antimilitaristas, aunque han optado por una estrategia de desobediencia civil y unas formas de lucha radicales, buscando la confrontación directa con el Gobierno y el Ejército, han utilizado un repertorio variado de formas de confrontación, incluidas las convencionales (marchas a pie, concentraciones, huelgas de hambre, manifestaciones, marcha de bicicletas, pasacalles, cadena humana...); y que las campañas por el desarme convencional también han realizado algunas acciones de protesta en la calle.
EFECTOS
Este conjunto de actividades y formas de acción desarrolladas por los activistas y las organizaciones del movimiento por la paz han tenido unos efectos considerables.
EXTERNOS
Se consiguió la convocatoria del referéndum de la OTAN en marzo de 1986. También se ha de indicar que la inclusión de las tres condiciones de la pregunta del referéndum, entre ellas la prohibición de instalar armas nucleares en el territorio español y la reducción progresiva de la presencia militar de Estados Unidos, se hizo, en parte, por la incidencia del movimiento por la paz, ya que el Gobierno sabía que no podía ganar el referéndum con una simple propuesta de permanencia en la Alianza Atlántica.
En el año 2002 se suprimió el servicio militar obligatorio, como consecuencia de la confluencia de diversos factores: la prolongada acción del movimiento antimilitarista, el vertiginoso aumento del número de objetores de conciencia (la suma de objetores de conciencia entre 1976 y 1988 ascendió a un total de 738.832) e insumisos (en los diez años de insumisión hubo unos 20.000 insumisos), una opinión pública que mayoritariamente rechazaba la mili (alrededor del 65% durante los años ochenta y del 75% durante los noventa), y la tendencia a la profesionalización de los ejércitos de la OTAN tras el final de la Guerra Fría, derivada de una reformulación de las políticas de defensa en las que se puso el acento en el armamento tecnológicamente sofisticado, las unidades militares de intervención rápida y las tropas profesionalizadas. Además, la persistente lucha de los objetores de conciencia, los insumisos y los grupos antimilitaristas es en parte responsable de la poca credibilidad social que tienen en la actualidad las Fuerzas Armadas y de sus dificultades para conseguir un número suficiente de voluntarios.
Gracias a la campaña contra las minas antipersona se firmó en diciembre de 1997, en Otawa, el Tratado Internacional que prohíbe su uso, almacenamiento, producción y comercialización, suscrito actualmente por 152 Estados, entre ellos España.
Las campañas a favor de la transparencia y el control del comercio de armas fueron un factor clave para que se aprobaran algunos Códigos de Conducta sobre exportación de armas convencionales, como el de Estados Unidos en 1997 y el de la Unión Europea en 1998, y la proposición no de ley acordada por el Congreso de los Diputados en marzo de 1997, en la que instaba al Gobierno a incorporar a la legislación española los criterios sobre transparencia y control de las exportaciones de material de defensa aprobados por la Unión Europea en 1991 y 1992, a enviar semestralmente los datos de esas exportaciones a las Comisiones de Defensa y de Asuntos Exteriores del Parlamento, y a facilitar a estas Comisiones la lista de países que están en situación de conflictividad o militarización o no respetan los derechos humanos, para someterlos a restricciones en cuanto a exportación de material de defensa. Desde la aprobación de esta proposición no de ley se han publicado varios informes oficiales, que aportan información sobre los países receptores de material de defensa y los valores absolutos de productos vendidos, aunque no informan sobre los productos que se exportan a cada país.
Por otra parte, es innegable que en la decisión de Rodríguez Zapatero de retirar las tropas españolas de Irak influyó mucho la impresionante movilización popular en contra de la guerra de Irak del 2003 y de la participación española en la misma decidida por el Gobierno Aznar.
Además, el movimiento por la paz ha logrado impactos sensibilizadores y culturales de gran envergadura. Sus análisis y propuestas han hecho reflexionar y modificar sus ideas a multitud de personas y sectores sociales y políticos (partidos, instituciones religiosas, medios de comunicación, científicos, profesores, artistas, médicos...) en temas tan esenciales como la guerra, la paz, la violencia, las armas nucleares, los gastos militares, las industrias de armas, el comercio de armas, los ejércitos o los modelos de defensa. Las nuevas formas de lucha como la insumisión y la desobediencia civil son aceptadas por un amplio sector de ciudadanos.
Las actividades del movimiento por la paz han generado un sedimento, sensibilidad o cultura pacifista entre la población, que se refleja regularmente en las encuestas de opinión, donde una mayoría de ciudadanos se muestra contrario a las guerras, que se expresa a menudo en un apoyo social amplio a las actividades del movimiento por la paz, y que permite que haya una extensa respuesta pacifista cuando se producen guerras o aumenta de forma alarmante el militarismo. Concretamente, las movilizaciones contra la guerra de Irak del 2003 han contribuido ha ampliar la conciencia crítica de los ciudadanos frente a la guerra, lo cual puede favorecer la realización de nuevas movilizaciones frente a la agravación de los conflictos armados actuales o ante el estallido de nuevas guerras, así como una mayor legitimación de las actividades que desarrollan las organizaciones del movimiento por la paz.
INTERNOS
La mayoría de las personas que han participado en un momento de su vida en las organizaciones del movimiento por la paz han mantenido posteriormente sus ideas pacifistas y un compromiso activista prolongado en diversas organizaciones políticas y movimientos sociales. Los colectivos pacifistas y antimilitaristas han sido marcos de participación política para los activistas y espacios donde se han configurado y compartido unos valores nuevos. El movimiento por la paz ha mostrado tener una gran capacidad para integrar a personas de diversas generaciones. En fin, un número considerable de activistas y colectivos del movimiento por la paz han contribuido a la formación y el desarrollo de otros movimientos sociales y ONG, y han participado en sus actividades.
RETOS
Los grupos pacifistas y antimilitaristas, así como las Plataformas contra la guerra tienen tres grandes retos. El primero, seguir realizando acciones de protesta contra la guerra de Irak y mantener una actividad regular sobre los conflictos armados actuales y los procesos de paz que se van produciendo en diversas regiones y países. Por otra parte, lograr que se produzca una reflexión sobre las ideas pacifistas y antimilitaristas en el amplio movimiento antiguerra que se expresó en las manifestaciones de 2003 y que sectores significativos de este movimiento se vayan implicando en la gran variedad de campañas que impulsan las entidades pacifistas, con el objetivo de que los ciudadanos no solo protesten contra la guerra sino que también se opongan a todo lo que contribuye a su preparación y al incremento del militarismo, y que se extienda en la sociedad la cultura de la paz. Y un tercer reto es la articulación de una estrategia de lucha sostenida en el tiempo, en torno a un conjunto de actividades pacifistas y un variado repertorio de formas acción, combinando las manifestaciones ciudadanas y la desobediencia civil.
GUERRAS Y CONFLICTOS ARMADOS
Convendría que los colectivos pacifistas y antimilitaristas y las Plataformas contra guerra siguieran movilizándose en contra de la guerra de Irak y sus consecuencias (elevado número de muertos y heridos, extensión internacional del terrorismo, torturas a prisioneros…) y denunciando los planes agresivos de la Administración Bush contra los países que según su parecer son “bastiones de la tiranía” (Irán, Corea del Norte, Siria, Cuba...).
Es necesario que se sigan potenciando otras actividades pacifistas ante los conflictos bélicos, como las que desarrollan la Red de grupos mujeres de negro o Gesto por la Paz y Elkarri en el País Vasco. Estas iniciativas a favor del diálogo y la paz pueden inspirar otras iniciativas de encuentro: por ejemplo, sería muy interesante la relación entre los movimientos por la paz de Occidente y los movimientos sociales del mundo árabe y de Oriente Medio.
Sería deseable que el pacifismo mantuviera una actividad regular sobre el conjunto de guerras que se producen en el mundo (según el informe “Alerta 2004!”, a finales de 2003 existían 23 conflictos armados, casi la mitad de ellos en África), investigando e informando de forma veraz sobre los conflictos bélicos que son ignorados por los medios de comunicación o que son valorados de forma sesgada y simplista; y sobre los procesos de paz que se producen en el mundo, tanto los avances que se consiguen como las dificultades y fracasos (según Vicenç Fisas, a finales de 2004 había un mínimo de 18 procesos de paz en el mundo). Para la realización de estas tareas, los grupos pacifistas pueden apoyarse en los informes anuales sobre conflictos, derechos humanos y construcción de la paz que elabora la Unidad de Alerta de la Escola de Cultura de Pau de la UAB.
Convendría informar sobre las actividades de los grupos pacifistas que surgen en los países que están en guerra, así como de la desobediencia de los objetores de conciencia y de los soldados desertores en los diferentes conflictos armados del mundo (Israel, Estados Unidos...), por su coraje y el ejemplo que suponen para todos los defensores de la paz. Según la revista Illacrua (núm. 126, enero 2005) han desertado unos 5.000 soldados del ejército norteamericano desde que se inició la invasión de Irak.
Un tema de reciente preocupación en los grupos pacifistas es el de la creciente privatización de la seguridad. Desde el final de la Guerra Fría se han formado unas noventa empresas, la mayoría de origen británico y estadounidense, denominadas Corporaciones Militares Privadas, que ofrecen servicios militares a ejércitos, gobiernos, empresas y agencias de Naciones Unidas. Las CMP se nutren de exmilitares con experiencia en otros conflictos bélicos y policías atraídos por los elevados salarios que ofrecen estas empresas. Las CMP generan diversos problemas: están directamente interesadas en la proliferación de guerras y en que no se resuelvan los conflictos armados (obtienen unos ingresos anuales de unos 100.000 millones de dólares); al ser difíciles de controlar, por su funcionamiento secreto, por la falta de reglas claras y precisas sobre su actuación, y porque los ejércitos y gobiernos que contratan a estas empresas les garantizan inmunidad y no investigan sus actuaciones, se hace muy complicada la exigencia de responsabilidades por sus actividades, que en algunos casos son extremadamente delictivas (“soldados privados” participaron en interrogatorios a detenidos iraquíes en la prisión de Abu Ghraib y han dirigido cárceles clandestinas en Afganistán).
PREPARACIÓN DE LA GUERRA
Las minas antipersona aún generan importantes problemas que requieren la atención del movimiento por la paz. Desde que entró en vigor el Tratado Internacional que prohíbe su uso, almacenamiento, producción y comercialización, en marzo de 1999, el comercio de las minas antipersona se ha paralizado, su uso ha descendido considerablemente en el mundo (de los quince países que usaban estas minas antes de 1999 sólo Rusia, Birmania, Georgia y Nepal las emplearon en el 2003), se han aumentado las dotaciones económicas para los programas de limpieza de territorios minados y se ha reducido el número de víctimas. Pero las minas siguen produciendo muchas muertes anuales (8.000 reconocidas oficialmente, aunque la cifra real podría situarse entre 15 y 20.000) y 42 países siguen sin firmar el Tratado, entre ellos tres miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas -Estados Unidos, China y Rusia-, tres países de la Unión Europea -Finlandia, Letonia y Polonia-, la mayoría de los países de Oriente Próximo y una buena parte de las antiguas repúblicas soviéticas y de Asia. Por otra parte, sigue activa la campaña internacional contra las armas ligeras, impulsada por IANSA.
Además de estas campañas, convendría que el movimiento por la paz dedicara una mayor atención al tipo de armas que Estados Unidos está utilizando en la guerra de Irak y a los proyectos de nuevas armas de destrucción masiva, con el objetivo inicial de informar y alertar a los ciudadanos sobre las consecuencias y los riesgos que comportan. Entre las armas de la última generación, la mayoría de las cuales ya han sido empleadas en Kosovo, Afganistán e Irak, hay que citar las bombas y misiles de precisión, con sistemas de guiado electro-ópticos e infrarrojos, las bombas de racimo, las bombas electromagnéticas, las bombas termobáricas, la munición de golpe de aire masivo y las armas de uranio empobrecido.
Sobre las armas nucleares hay que recordar que en el presupuesto militar para el año 2004 aprobado por EEUU, se incluía una partida de 55 millones de dólares para estudiar la fabricación de minibombas nucleares de cinco kilotones de potencia, tres veces menos que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima en 1945, que podrían ser utilizadas por el Pentágono en su lucha contra el terrorismo internacional, ya que están concebidas para destruir búnkeres subterráneos en los que se puedan alojar depósitos de armas o los líderes de los grupos terroristas. La utilización de armas nucleares por parte de Estados Unidos es una posibilidad real desde que la Administración Bush presentó en diciembre de 2001 en el Congreso norteamericano una revisión de su doctrina nuclear (Nuclear Posture Review). También es altamente preocupante que el presidente Vladimir Putin informara en noviembre de 2004 a la cúpula de su Ejército que Rusia estaba investigando con éxito un nuevo tipo de misiles nucleares, que serán puestos en funcionamiento en los próximos años.
No menos espeluznante es el panorama de la investigación y producción de armas biológicas y químicas. Según un informe publicado por la campaña “Por la paz: no a la investigación millitar!”, entre los proyectos que se han llevado a cabo en los últimos años en laboratorios militares estadounidenses y que se han desclasificado figuran la investigación de cepas resistentes del virus A de la gripe, la producción por fermentación de toxina botulínica, la evaluación del potencial de moscas y mosquitos como difusores del ántrax y el estudio de los efectos de gases neurotóxicos en distintas áreas del cerebro.
El movimiento por la paz ha denunciado el progresivo aumento de los gastos militares en el mundo desde el año 2000, después del descenso que hubo en la década de los años noventa tras el final de la Guerra Fría. A principios de 2005 el gasto militar mundial anual ascendió a un billón de euros. Particularmente significativo ha sido el crecimiento de los gastos militares en EEUU, que ha sido justificado por la necesidad de combatir el terrorismo internacional: desde el año 2001 sus gastos militares han aumentado un 41%. George Bush entregó al Congreso de EEUU, en febrero de 2005, su propuesta de gastos militares para el ejercicio 2006: un total de 419.300 millones de dólares, que supone un incremento del 4’8% respecto al ejercicio anterior y el 16’6% del gasto total de los presupuestos del Estado. Por otra parte, ha presupuestado 100.000 millones de dólares para operaciones militares en Irak y Afganistán durante el año 2005 (hasta el 2004, los gastos militares de EEUU en Irak ascendían a unos 200.000 millones de dólares).
También es preocupante el aumento del presupuesto de defensa de China, que en el 2004 ascendió a 211.700 millones de yuanes (19.600 millones de euros), un 11% más que el del año 2003, ya que el rearme de su Ejército (está comprando armas sofisticadas, aviones de combate y submarinos a Rusia) se produce en un contexto de amenazas hacia Taiwán (el Parlamento chino aprobó en marzo de 2005 una ley antisecesionista, en la que se contempla el inicio de una acción militar en el caso de que el presidente taiwanés de pasos hacia la independencia de la isla); de acercamiento militar de Japón a Estados Unidos (el Gobierno japonés decidió integrarse en el programa de escudo antimisiles norteamericano, para, según su parecer, protegerse de las amenazas que suponen la política de proliferación nuclear de Corea del Norte y el crecimiento del poder militar de China); de diversas gestiones realizadas por la Administración de EEUU para que Japón, Taiwán y Corea del Sur les compren armamentos (submarinos, destructores, aviones, baterías de misiles...) y puedan hacer frente a la amenaza que suponen, según su punto de vista, Irán, Corea del Norte y China; y del despliegue militar de Estados Unidos en diversas partes de Asia (fuerzas navales en el estrecho de Malaca, bombarderos en las bases militares de Filipinas...).
Todo apunta a que la Unión Europea seguirá este siniestro camino del aumento de los gastos militares (según The Military Balance 2002-2003, el presupuesto militar del conjunto de los países miembros de la UE supone el 19’5% del gasto militar mundial), no sólo por las declaraciones públicas realizadas por diversos de sus dirigentes o por las presiones que en ese sentido han recibido de la Administración Bush, sino porque, como se analizará más adelante, la política europea de seguridad y defensa aprobada así lo exige. En el caso de España, el presupuesto militar continúa siendo bastante elevado (para el 2005 asciende a 15.677 millones de euros, es decir, más de 42 millones de euros diarios, que equivale al 1’86% del PIB) y todo indica que seguirá siéndolo en los próximos años, debido a las previsiones de compra de armamentos del Gobierno español en el próximo decenio (unos 20.000 millones de euros).
Esta crítica a los gastos militares se ha de complementar con el impulso de las campañas anuales de objeción fiscal. El aumento del número de objetores fiscales que se produjo después de las movilizaciones contra la guerra de Irak del 2003 es esperanzador (en Cataluña se pasó de 200 objetores fiscales censados en 2002 a 1.500 en 2003), pero al ser una opción exigente se requiere un esfuerzo sostenido por parte de las organizaciones pacifistas y antimilitaristas.
Sería muy conveniente una mayor extensión de la campaña “Por la paz: no a la investigación militar!” que promueve la Fundació per la Pau.
El crecimiento de las industrias de armamentos en diversas zonas del mundo, favorecido por el aumento los gastos militares de los últimos años, exige una respuesta por parte del movimiento por la paz. Una buena línea de actuación es la que se ha iniciado desde Justícia i Pau. Cuando la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme del Parlament, con los votos a favor del PSC, CiU y PP, la abstención de ERC y el rechazo de ICV-EUiA, presentó en 2004 la candidatura de Cataluña para que el consorcio europeo EADS (European Aerospace Defense Space Systems) instale una factoría de su filial Eurocopter para la fabricación de los helicópteros de combate Tigre, Justícia i Pau de Barcelona envió una carta al President de la Generalitat pidiendo la retirada de esta propuesta. En la carta se afirmaba que los conflictos militares y las guerras se producen, entre otros motivos, por el exceso de fuerzas armadas y armas, y que la mejor manera de contribuir a una cultura de paz es trabajar por el desarme y la desmilitarización; y se recordaba que el Parlament aprobó por unanimidad la Llei de Foment de la Pau y que ahora era el momento de demostrar que aquella iniciativa no era un papel sin valor.
Por otra parte, el Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs ha denunciado la creación de un fuerte polo de desarrollo de la industria aeronáutica en Cataluña, impulsado por diversas administraciones (Generalitat, ayuntamientos de Barcelona, Sabadell y Viladecans) y por la asociación BAIE (Barcelona Aeronáutica i de l’Espai), que agrupa a 55 empresas catalanas de este sector y en la que participa la Generalitat, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universidad Politécnica de Catalunya. Bastantes de las empresas vinculadas a BAIE fabrican productos del sector militar (componentes de misiles, cápsulas de proyectiles, diversas piezas para aviones de combate...). Además, el President de la Generalitat Pasqual Maragall anunció en septiembre de 2004 la creación de un Centro Tecnológico de Aeronáutica y el Espacio en Viladecans, en el que participan empresas del sector aeronáutico, las universidades catalanas, la Caixa y la Generalitat, y una feria aeroespacial. Estas denuncias del Centre Delàs pueden ser el inicio de una campaña de presión en contra del desarrollo de la industria aeronáutica y por la conversión de la producción militar a civil, en la que participen asociaciones pacifistas, grupos municipales de los ayuntamientos afectados, organizaciones políticas y sociales.
Algunas ONG y centros de investigación para la paz han realizado estudios sobre el accionariado de las industrias militares en España, con el objetivo inicial de averiguar qué empresas y entidades financieras controlan estas industrias, para posteriormente informar a la opinión pública y presionar para que estas empresas dejen de apoyar la industria de armamentos. Es bastante probable que una posible campaña de denuncia de las vinculaciones del sector financiero con la industria militar pueda interesar a diversos sindicatos, colectivos pacifistas, personas que impulsan la Banca Ética y activistas del movimiento altermundista.
También es necesaria una reflexión sobre los resultados de las actividades a favor de la conversión de las fábricas de armamentos en producción civil de utilidad social. El debate que se generó en torno a la propuesta de conversión de EXPAL es particularmente interesante. En 1997, la Campanya contra el comerç d’armes de Barcelona propuso la realización de un estudio de conversión de esa fábrica. El Comité de Empresa de EXPAL, dominado entonces por CCOO y UGT, se opuso a la propuesta, ante el riesgo de la posible pérdida de puestos de trabajo, dando prioridad a esta cuestión frente al problema moral que significa la producción de artefactos que sirven para matar. En abril de 2004 se anunció que la dirección de Unión Española de Explosivos (un holding de empresas del que forma parte EXPAL, que ocupa el primer lugar como fabricante de explosivos de España y el cuarto en el mundo) iba a cerrar EXPAL, a causa de un descenso de la producción por falta de pedidos. Desde luego, el cierre de una fábrica de armamentos es una buena noticia para la causa de la paz y el desarme, pero no lo es que los trabajadores pierdan el puesto de trabajo. Por lo tanto, a la vista de los resultados, parece bastante claro que hubiera sido mucho mejor luchar por la conversión de EXPAL hacia producción civil que asistir ahora al cierre de la empresa y tener que movilizarse para que se garantice a los trabajadores otras alternativas de empleo. En cualquier caso, los grupos pacifistas, los sindicatos y otros movimientos sociales deberían debatir entre sí estas cuestiones y elaborar propuestas de conversión de las industrias de armas que garanticen los puestos de trabajo (en España, unas 14.000 personas trabajan en industrias de armamentos).
El aumento de los gastos militares y el crecimiento de las industrias de armamentos han comportado un desarrollo del comercio de armas internacional. Por otra parte, los principales países productores de armas (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia...) siguen vendiéndolas a gobiernos de países en conflicto, que padecen situaciones de pobreza o que violan los derechos humanos. Por esas razones, las campañas contra este “mercado de la muerte” realizadas por diversas ONG y grupos pacifistas, como la campaña “Armas bajo control”, son más necesarias que nunca, particularmente en países como España, ya que el Gobierno incumple sistemáticamente el Código de Conducta de la UE sobre control y transparencia en las exportaciones de armas convencionales. En el informe publicado por Amnistía Internacional, Greenpeace e intermón sobre las exportaciones españolas de material de defensa se denuncia que el 30% de las armas españolas transferidas durante el año 2004 podrían violar ese Código de Conducta, ya que fueron exportadas a países en conflicto, con graves violaciones de derechos humanos o con problemas de desarrollo (Colombia, Arabia Saudí, Israel, Sudán…).
Las organizaciones del movimiento por la paz deberían seguir realizando campañas en las que critiquen la política de defensa actual de la UE y propongan alternativas de seguridad basadas en el desarme, la diplomacia preventiva, el diálogo y la cooperación al desarrollo. Justícia i Pau ha impulsado la campaña “Globalicemos la paz. Por una defensa europea no armada”, en la que se defiende una Europa desmilitarizada, sin bloques militares, sin producción ni comercio de armas, frente a la concepción militarista de la seguridad que impera entre los dirigentes de la UE, que en los últimos años han dado pasos decisivos para contar con una fuerza militar relevante, aunque coordinada con la OTAN y en estrecha alianza con EEUU. Las iniciativas más importantes de la UE han sido la creación de EADS (European Aerospace Defense Space Systems), un consorcio europeo de aeronáutica y defensa formado por las industrias armamentistas de Alemania, Francia, Italia y España; la Agencia Europea de Armamentos, encargada de coordinar la compra, producción y exportación de armas; el desarrollo de programas de fabricación conjunta de armamentos, como el avión de combate europeo Eurofighter o el helicóptero Tigre; y la decisión de crear fuerzas de intervención rápida. Efectivamente, la UE aprobó, en noviembre de 2004, dotarse de trece unidades militares de intervención rápida, compuestas por unos 1.500 efectivos militares cada una de ellas, con capacidad para intervenir en cualquier parte del mundo en un plazo no superior a 15 días una vez adoptada la decisión política de actuar, en las misiones previstas por la Política Europea de Seguridad y Defensa incluida en la Constitución Europea: mantenimiento de la paz, prevención de conflictos y reforzamiento de la seguridad internacional. La UE contempla la posibilidad de que en estas misiones las tropas entren en combate.
La voluntad de la UE es complementar su política de defensa con la de EEUU, repartiéndose entre ellos las tareas militares que hay que realizar para garantizar sus intereses comunes y su dominio en el conjunto del planeta. No obstante, las decisiones militares de la UE siguen quedando subordinadas a las que pueda adoptar la OTAN, a quién se reconoce la primacía en la defensa de Europa, y Estados Unidos, que es quién tiene la hegemonía en esa alianza militar. Lo que sí existe es una competencia industrial y tecnológica entre la UE y EEUU. Eso explica la potenciación de la industria de armamentos por parte de la UE y su propósito de levantar el embargo a China para venderle armas, a pesar de que ello disguste a la Administración Bush. Esta competencia también incluye inversiones europeas en Estados Unidos para captar una parte de su presupuesto militar. Por ejemplo, en octubre de 2004 EADS compró la empresa estadounidense Racal Instruments, especializada en el desarrollo de sistemas electrónicos de defensa; y la británica BAE Systems adquirió DigitalNet Holdings, una empresa especializada en servicios de red y soluciones informáticas a las agencias de inteligencia gubernamentales.
En la medida en que los ejércitos siguen siendo muy numerosos (Naciones Unidas calcula que hay unos 26 millones de militares profesionales en el mundo) y teniendo en cuenta que juegan un papel primordial en la preparación de las guerras, es necesario que los grupos pacifistas y antimilitaristas actuales continúen la lucha por la abolición de los ejércitos. Después de la campaña insumisión y la supresión del servicio militar obligatorio, se deben potenciar otras vías de oposición a las Fuerzas Armadas y actividades dirigidas a los jóvenes para que no ingresen voluntariamente en el Ejército. En ese sentido, es de una gran importancia la campaña “Escuelas por la paz, escuelas objetoras”. Esta campaña se inició en la época en la que gobernaba el PP, cuando aprobó una Directiva de Defensa Nacional en la que se apuntaba la necesidad de incrementar “cultura de la defensa” en el ámbito educativo, a través de un incremento de las visitas de militares a los centros de enseñanza y de las visitas de alumnos a los centros militares, la posible edición de libros de texto sobre la cuestión militar, la oferta de una asignatura dedicada a la defensa y al Ejército y de cursos de formación para maestros para iniciarlos en las enseñanzas militares. Desgraciadamente, en la Directiva de Defensa Nacional aprobada en diciembre de 2004 por el Gobierno PSOE se mantiene el objetivo de “elevar el nivel de cultura sobre seguridad y defensa en la sociedad española”, para lo cual el Gobierno “impulsará la difusión del papel y de la necesidad de la defensa, con el fin de favorecer una mayor implicación de la sociedad”.
También sería esencial que los grupos pacifistas retomaran las críticas a la incorporación de las mujeres en las Fuerzas Armadas que hicieron los grupos feministas antimilitaristas y la tarea que desarrollaron en los años noventa asociaciones como la Informació per a la Defensa dels Soldats, asesorando y ayudando a los soldados profesionales que padecen agresiones, sanciones injustas o abusos de poder, para que denuncien jurídicamente a los militares maltratadotes (los casos de maltratos son frecuentes en todos los ejércitos del mundo, aunque sólo unos pocos son denunciados y aparecen en los medios de comunicación). Y que se sigan realizando manifestaciones en protesta por la celebración del Día de las Fuerzas Armadas.
CULTURA DE LA PAZ
Se debería potenciar aún más la Investigación, la Educación para la Paz y la labor de recuperación de la memoria del pacifismo, y convendría que los grupos pacifistas tuvieran una mayor relación con las personas, entidades e instituciones que desarrollan estas tareas.
ESTRATEGIA DE LUCHA Y FORMAS DE ACCIÓN
El movimiento por la paz no debería limitarse a responder a las guerras que se van sucediendo, sino que también debería desarrollar una estrategia sostenida de lucha en torno a la oposición a todo lo que favorece su preparación y el fomento de una cultura de paz. La acción colectiva del movimiento por la paz debería basarse en un amplio y variado repertorio de formas de acción, combinando las manifestaciones ciudadanas, la desobediencia civil y la educación para la paz.
Pero para evitar las guerras no solo es necesaria la acción colectiva a favor de la paz, el desarme y la justicia social, sino que también se requiere un compromiso de las personas con conciencia pacifista. Por ello, junto a la crítica a las instituciones y los ámbitos de la sociedad en los que se toman decisiones para la preparación de la guerra y la participación en agresiones militares contra otros países (gobiernos, parlamentos, fuerzas armadas, industrias de armas, partidos políticos...), convendría que los grupos pacifistas y antimilitaristas pusieran un mayor énfasis en la responsabilidad personal que tienen los ciudadanos en la preparación de la guerra, en la medida en que se desentienden de problemas como los siguientes: una parte de las aportaciones que se hacen a través del impuesto sobre la renta se destina a gastos militares; se compran acciones, se realizan planes de pensiones o se depositan ahorros en empresas vinculadas a la industria de armas; se vota a partidos políticos que apoyan intervenciones militares contra otros países, aprueban gastos militares o potencian el comercio de armas. Y, en consecuencia, las organizaciones del movimiento por la paz deberían hacer un llamamiento a la población para que no colabore en la preparación de las guerras, ofreciéndole diversas propuestas de actuación: no votar a los partidos políticos que sostienen el militarismo; objeción fiscal, científica, laboral (negarse a realizar trabajos que tengan finalidades bélicas) y financiera (no invertir ni depositar ahorros en empresas vinculadas a la industria y el comercio de armas); apoyar los colectivos pacifistas y antimilitaristas y participar en sus actividades.
Nota: Ponencia presentada en la Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat del Vallès del 14 al 20 de julio de 2005.Enric Prat és Doctor en Historia por la Universitat Pompeu Fabra
Los grupos pacifistas y antimilitaristas tienen tres grandes retos. El primero, seguir realizando acciones de protesta contra la guerra de Irak y mantener una actividad regular sobre los conflictos armados actuales. Por otra parte, lograr que se produzca una reflexión sobre las ideas pacifistas y antimilitaristas con el objetivo de que los ciudadanos no solo protesten contra la guerra sino que también se opongan a todo lo que contribuye a su preparación y al incremento del militarismo, y que se extienda en la sociedad la cultura de la paz. Y un tercer reto es la articulación de una estrategia de lucha sostenida en el tiempo, en torno a un conjunto de actividades pacifistas y un variado repertorio de formas acción, combinando las manifestaciones ciudadanas y la desobediencia civil.
Enric Prat (julio 2005)
TRAYECTORIA
Las actividades del movimiento por la paz se han mantenido continuadamente durante más de cincuenta años (desde que se creó Pax Christi en 1952 hasta la actualidad), desarrollando campañas y acciones en las que ha criticado las diversas dimensiones del militarismo y ha propuesto alternativas de paz y desarme. Estas actividades se pueden agrupar en tres ámbitos: en contra de las guerras y los conflictos armados, oposición a todo lo que contribuye a la preparación de la guerra y fomento de una cultura de paz.
GUERRAS Y CONFLICTOS ARMADOS
Las movilizaciones antiguerra más numerosas fueron las manifestaciones ciudadanas y estudiantiles en contra de las guerras del Golfo Pérsico de 1991 y de Irak del 2003. Pero a lo largo de la década de los años noventa y durante los últimos años, se han realizado manifestaciones y concentraciones por la paz y contra la guerra ante otros conflictos bélicos e intervenciones de los ejércitos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia (Chechenia, Timor, Afganistán...)
Además de las manifestaciones en la calle, se han desarrollado otras actividades pacifistas ante los conflictos bélicos. Brigadas Internacionales de Paz mantiene desde su fundación en 1981 (en España nació en el año 1988), equipos de acompañantes/observadores internacionales en áreas de conflictos armados (Guatemala, El Salvador, Sri Lanka, Colombia, Haití, México, Timor…), con el objetivo de proteger la actuación política de las personas pertenecientes a organizaciones defensoras de los derechos humanos que sufren represión o amenazas.
También hay que resaltar la tarea de algunos colectivos de mujeres antimilitaristas, como la Red de grupos mujeres de negro, centrada en la crítica de las guerras desde el punto de vista de las mujeres y en dar a conocer la situación de las mismas en los conflictos bélicos, como víctimas de una violencia específica de género (agresiones sexuales...) y como protagonistas de una lucha de resistencia a la guerra y de una labor por la supervivencia de las personas y el cuidado de los enfermos y los heridos; y en la potenciación del diálogo y la solidaridad entre las mujeres de las diferentes partes enfrentadas en los conflictos armados, con el propósito de que luchen conjuntamente contra la guerra y por una paz justa y sin opresión, a través de la negociación y la mediación. Por ejemplo, Dones x Dones se ha ocupado de las relaciones entre grupos de mujeres de los Balcanes, de Israel y Palestina, de Estados Unidos y Afganistán, de Chechenia y Rusia, de Marruecos y El Sahara, de Argelia y de Colombia.
Finalmente, en este terreno de los conflictos violentos hay que valorar el trabajo a favor del diálogo, el acuerdo y la paz en el País Vasco realizado por los grupos Gesto por la Paz (desde su formación en 1986) y Elkarri (desde su nacimiento en 1992).
PREPARACIÓN DE LA GUERRA
El segundo ámbito de trabajo ha sido la oposición a todo lo que contribuye a la preparación de la guerra, es decir, las armas, los gastos militares, la investigación científica con finalidades bélicas, la industria y el comercio de armas, la permanencia de bloques y bases militares, y la existencia de ejércitos.
Sobre las armas hay que resaltar tres campañas. La campaña municipios desnuclearizados, desarrollada en 1983-1984, durante la cual unos 400 Ayuntamientos de España aprobaron mociones en las que declaraban su territorio libre de armas nucleares. La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona, que surgió en 1992 y a finales de la década de los noventa agrupaba a más de mil ONG, denunció que entre 1968 y 1993 se habían producido unos 190 millones de minas antipersona en el mundo, que existían más de 250 millones de minas almacenadas en los arsenales de 108 países, que estaban enterradas decenas de millones de ellas (entre 60 y 200 millones) y que estas habían matado o mutilado, tanto en situaciones de guerra como de paz, a más de un millón de personas; y reclamó la aprobación de leyes que prohibieran su producción, dictaminaran la destrucción de las que estuvieran almacenadas y establecieran planes de desminado y asistencia a las víctimas. La campaña “Eliminemos las minas” se formó en España en 1995 a iniciativa de diversas entidades (Greenpeace, Intermón, Médicos Sin Fronteras…). La campaña internacional por el control y la reducción de las armas ligeras, impulsada por la red IANSA (The International Action Network on Small Arms), formada por más de 500 grupos de unos 100 países, que se fundó en 1998, ha denunciado que existen unos 500 millones de armas de este tipo que circulan por el mundo (pistolas, ametralladoras, rifles, lanzagranadas, cañones...), que provocan la muerte de unas 500.000 personas cada año y son la causa del 90% de los muertos en conflictos violentos. La campaña “Adiós a las armas” se inició en España en 1999, la promueven unas veinte ONG, entre ellas Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón y Médicos Sin Fronteras, y está coordinada por la Càtedra Unesco sobre la Pau i els Drets Humans de la UAB. La campaña ha criticado la responsabilidad que tienen las industrias de armamentos españolas en este problema, ya que han suministrado armas ligeras a bastantes países (Arabia Saudí, Turquía, Filipinas, Indonesia, Pakistán, Corea del Sur...).
La objeción fiscal a los gastos militares, cuya primera campaña se hizo en España en 1982, consiste en deducir en la declaración del impuesto sobre la renta el porcentaje equivalente al que en los Presupuestos Generales del Estado se destina a financiar las fuerzas armadas, la investigación de programas militares o la compra de armas, y en la donación del dinero correspondiente a entidades que desarrollan proyectos de promoción de la cultura de paz, protección del medio ambiente o lucha contra la pobreza.
La Fundació per la Pau promueve desde 1999 la campaña “Por la paz: no a la investigación militar!”, que cuenta con la colaboración técnica de la Càtedra UNESCO sobre Pau i Drets Humans de la UAB, el apoyo de Justicia y Paz, Asociación para las Naciones Unidas en España, Centre UNESCO de Catalunya y las Federaciones catalanas de ONG por la Paz y por los Derechos Humanos, y la participación de unas cuarenta entidades (en junio del 2002 se constituyó la Plataforma Estatal de la campaña). Sus objetivos principales son promover el debate en la sociedad y en la comunidad científica sobre la investigación con fines bélicos, y presionar a los poderes públicos para que transfieran los recursos que se destinan a la investigación militar hacia la investigación con fines civiles, a través de las diversas actividades de la campaña y de la objeción científica. La campaña alerta sobre los recursos que se destinan en el mundo a este tipo de investigación (más de medio millón de científicos se dedican a la investigación militar, la inversión en investigación militar del año 2003 ascendió a más de 70.000 millones de dólares, acaparando un tercio de los recursos que se dedicaron a la investigación en todo el planeta); denuncia la militarización de la investigación científica en España (en los presupuestos generales del Estado para el 2005 se destinaron 1.330 millones de euros a la investigación militar, que representa el 26’7% de todo el gasto de España en investigación); y pide a los científicos, a las universidades y a los centros de investigación que expresen su negativa a colaborar en programas de investigación militar, firmando declaraciones de objeción científica e incluyendo cláusulas de buen uso en sus trabajos científicos. Hasta ahora la repercusión de la campaña es considerable: entre abril de 2002 y febrero de 2004, 2.050 científicos habían firmado un compromiso de no participar en investigaciones que tengan finalidades militares; durante el año 2003, doce universidades españolas incluyeron en sus estatutos cláusulas de objeción científica, en las que renuncian a la investigación científica orientada hacia finalidades militares; y en el año 2004, por primera vez, una tesis doctoral presentada en la Universidad de Sevilla incorporó una cláusula para impedir su utilización con fines militares.
Desde principios de la década de los años noventa se han realizado en el País Vasco marchas contra las fábricas de armamentos y a favor de su conversión en producción civil de utilidad social, dando lugar a la formación del colectivo Gasteizkoak, que realizó diversas propuestas de conversión de las industrias de armas, entre ellas la de Explosivos Alaveses (EXPAL), generando un importante debate entre sindicalistas de estas fábricas, grupos pacifistas y diversos colectivos sociales.
Desde su fundación en 1987, ENAAT (European Network Against Arms Trade), una red europea de grupos con presencia en casi todos los países europeos, ha realizado diversas acciones coordinadas en contra del comercio de armas. La Campanya contra el comerç d'armes (C3A), que se formó en Barcelona en 1988, impulsada por Justícia i Pau, la Fundació per la Pau y la Coordinadora pel Desarmament i la Desnuclearització Totals, realizó diversas tareas de investigación y denuncia de temas vinculados a la industria y el comercio de armas, hasta que en el 2001 se transformó en el Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delás, integrado en Justícia i Pau. Por otra parte, hay que mencionar la campaña “Hay secretos que matan”, a favor de la transparencia y el control de la exportación de armas, iniciada en 1994 por Amnistía Internacional, Greenpeace, Médicos sin fronteras e Intermón, que contó con el apoyo de más de mil entidades y asociaciones, nueve parlamentos autonómicos y unos doscientos ayuntamientos, en la que se reclamó que el Gobierno informara al Parlamento y a la sociedad sobre sus exportaciones de armas y se reivindicó la adopción de un Código de Conducta en el comercio de armas, en el que se exigiera a los gobiernos destinatarios de las armas el respeto a los derechos humanos, que no existieran en el país conflictos bélicos internos y que no estuvieran implicados en agresiones armadas contra otros países. Actualmente se desarrolla la campaña internacional “Armas bajo control”, impulsada por la red de grupos IANSA, que reivindica la adopción de un Tratado internacional que controle y regule el comercio de armas. Intermón y Amnistía Internacional, que son los promotores de esta campaña en España, han pedido al Gobierno que apruebe una ley que asegure el control de la exportación de armamentos, prohíba las transferencias que violen el Código de Conducta de la Unión Europea y exija la publicación con total transparencia de la información relativa a las transferencias.
Sobre los bloques militares destacan las movilizaciones contra de la pertenencia de España en la OTAN, que se iniciaron en 1981 y que continuaron entre 1983 y 1986 con las acciones a favor de la convocatoria de un referéndum claro y vinculante sobre esta cuestión, convocadas por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas.
Fue muy significativa la campaña “Bases Fuera!”, que se desarrolló entre 1987 y 1989 a iniciativa de la CEOP, en la que se reivindicó la anulación del Convenio Bilateral con los Estados Unidos, el desmantelamiento de las bases militares norteamericanas y que los barcos de la OTAN y de la VIª Flota no recalaran en los puertos del Mediterráneo. Las marchas de los años ochenta a las bases de Torrejón y Zaragoza fueron muy numerosas. El ecopacifismo andaluz ha ido convocando periódicamente, desde 1983 hasta la actualidad, las Marchas a la base aeronaval de Rota. El movimiento por la paz ha ido denunciado la utilización de las bases militares por EEUU para agredir a otros países (Libia en 1986 e Irak en 1991 y 1998). Se ha de mencionar también las acciones en contra de la presencia de barcos militares de la Alianza Atlántica y de la VIª Flota norteamericana impulsadas desde 1998 por la coordinadora Tarragona Patrimoni de Pau, que agrupa a más de treinta entidades, con el propósito de que el puerto de esa ciudad deje de ser base logística de estos barcos y no recalen en sus costas buques de guerra, algunos de los cuales son de propulsión nuclear y quizás portadores de armas nucleares. Y, finalmente, destacar las movilizaciones de los ciudadanos de Campo de Gibraltar en protesta por la presencia del submarino atómico británico Tireless, que permaneció durante un año, entre el 2000 y el 2001, en el muelle de Gibraltar con el reactor nuclear averiado.
Frente al Ejército hay que destacar la larga lucha por el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia y la abolición del servicio militar obligatorio, iniciada en plena dictadura franquista, cuando aparecieron los primeros objetores de conciencia, y sostenida por el Movimiento de Objeción de Conciencia (formado en 1976), los grupos antimilitaristas Mili KK (creados a partir de 1984) y la campaña insumisión (1989-2002). Asimismo, hay que recordar las actividades en contra de la incorporación de las mujeres en las Fuerzas Armadas, impulsadas en la década de los años ochenta por los grupos de mujeres antimilitaristas. También han sido relevantes las manifestaciones en protesta por la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, particularmente la del 20 de mayo del 2000, convocada por la Plataforma contra el desfile militar de Barcelona, en la que participaron decenas de miles de ciudadanos. Tampoco se ha de olvidar la tarea que desarrollaron asociaciones como la IDS (Informació per a la Defensa dels Soldats), constituida en 1990 a iniciativa del Mili KK de Barcelona, asesorando y ayudando a los soldados profesionales que padecen maltratos, agresiones, violaciones, vejaciones, sanciones injustas o abusos de poder.
Uno de los objetivos recientes del antimilitarismo ha sido la promoción de actividades dirigidas a los jóvenes, para que no ingresen voluntariamente en el Ejército, así como la reivindicación del derecho a la objeción de conciencia para los soldados profesionales. En ese ámbito es de una gran importancia la campaña “Escuelas por la paz, escuelas objetoras”, iniciada en 1998 por la Fundació per la Pau, mediante la cual los centros de enseñanza primaria y secundaria se pueden declarar objetores de conciencia, comprometiéndose a educar por la paz y los derechos humanos y negándose a colaborar en las campañas del Ministerio de Defensa para fomentar el espíritu militarista en las escuelas y reclutar voluntarios para ser soldados del Ejército, no organizando charlas ni distribuyendo sus materiales de propaganda. Hasta ahora, unos 250 centros de enseñanza de Cataluña se han declarado objetores de conciencia a los planes de militarización de la enseñanza. Campañas similares a esta se han desarrollado en Madrid, País Valencià, Canarias, Aragón, Castilla-León, Andalucía y País Vasco.
CULTURA DE LA PAZ
El tercer ámbito de actuación ha sido el fomento de una cultura de la paz. La tarea de investigación para la paz fue iniciada por el Institut Víctor Seix de Polemologia, que se creó en 1968. Desde entonces ha sido impulsada por diversas asociaciones e instituciones: Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza, Universidad Internacional de la Paz de Sant Cugat del Vallés, Centro de Investigación para la Paz, Fundació per la Pau, Centre J.M. Delàs d’Estudis per la Pau...
La educación para la paz, que incluye el fomento de valores como el diálogo, el respecto y la cooperación, comenzó sus actividades en los años setenta con las campañas contra los juguetes bélicos y sexistas, y ha seguido desarrollándose hasta la actualidad a través de los diversos grupos que se han dedicado a ella, como Ensenyants per la Pau, la revista En pie de Paz, el Seminario de Educación para la Paz, el colectivo No-violencia y Educación o el Seminario Permanente de Educadores y Educadoras para la Paz de la Facultad de Formación del Profesorado de la UB.
La tarea de divulgación de los análisis, ideas y propuestas de los grupos pacifistas ha sido realizada por diversas revistas vinculadas al movimiento por la paz, como La puça i el General, En pie de Paz, El Mocador o el Diari La Pau.
Muy pocas entidades pacifistas han desarrollado una labor específica y regular de recuperación de la memoria histórica del pensamiento y la acción pacifista. Algunas excepciones son los dos seminarios sobre “Pensamiento Pacifista” organizados por el Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs (los materiales del primero de ellos fueron publicados por la editorial Icaria); y el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, que entre sus líneas de investigación figura la historia de la paz y ha publicado algunos libros, como Enciclopedia de Paz y Conflictos y Historia de la Paz. Tiempos, Espacios y Actores, en los que se refleja una inquietud por recuperar la memoria del pacifismo.
ESTRATEGIA DE LUCHA Y FORMAS DE ACCIÓN
Las organizaciones pacifistas y antimilitaristas han utilizado un repertorio extenso de formas de acción colectiva y han adoptado diversas estrategias de lucha. Han empleado, de forma flexible, formas de acción de tipo convencional (recogida de firmas, manifestaciones…) y disruptivo (encadenamientos). Han combinado acciones masivas con actos propagandísticos y simbólicos protagonizados por un número reducido de personas. Han impulsado formas de acción que han permitido la máxima participación ciudadana (manifestaciones) y otras con menos personas pero llamativas (sentadas), en las que lo fundamental ha sido captar la presencia de los medios de comunicación y, a través de ellos, la atención de los ciudadanos. Ha combinado la acción pacifista con el desarrollo de la educación para la paz. El movimiento por la paz ha aprovechado los márgenes que le permite la legalidad vigente (derecho de manifestación), tendiendo a la utilización de formas de acción legales, que son las que permite una mayor incorporación de ciudadanos, pero también ha desarrollado actos noviolentos de desobediencia a las leyes (objeción de conciencia, insumisión…).
Las organizaciones pacifistas y antimilitaristas han elegido las formas de acción y la estrategia de lucha que les ha parecido más adecuada para cada una de las campañas que ha impulsado y de las reivindicaciones que ha exigido. Así, por ejemplo, en las campañas por la salida de España de la OTAN y el desmantelamiento de las bases militares norteamericanas predominaron las formas de acción convencionales y legales, y se optó por una estrategia de presión política al Gobierno, a través de la movilización ciudadana continuada (convocatoria periódica de manifestaciones, recogidas de firmas, etc.). En cambio, en la lucha por la abolición del servicio militar obligatorio predominaron las acciones de tipo disruptivo (sentadas, encadenamientos...) y la estrategia de desobediencia civil de los objetores de conciencia e insumisos. Las campañas por el desarme convencional de los años noventa y las actuales (“Eliminemos las minas”, “Adiós a las armas”, “Hay secretos que matan”, “Armas bajo control”), impulsadas por diversas ONG y entidades pacifistas, no se han expresado en manifestaciones de calle sino a través de otras formas de acción, como la recogida de firmas, la presencia en los medios de comunicación o la presión a los partidos políticos. De todas formas, hay que precisar que los grupos pacifistas que impulsaron las campañas contra la OTAN y las bases también emplearon algunas acciones de tipo disruptivo; que los grupos antimilitaristas, aunque han optado por una estrategia de desobediencia civil y unas formas de lucha radicales, buscando la confrontación directa con el Gobierno y el Ejército, han utilizado un repertorio variado de formas de confrontación, incluidas las convencionales (marchas a pie, concentraciones, huelgas de hambre, manifestaciones, marcha de bicicletas, pasacalles, cadena humana...); y que las campañas por el desarme convencional también han realizado algunas acciones de protesta en la calle.
EFECTOS
Este conjunto de actividades y formas de acción desarrolladas por los activistas y las organizaciones del movimiento por la paz han tenido unos efectos considerables.
EXTERNOS
Se consiguió la convocatoria del referéndum de la OTAN en marzo de 1986. También se ha de indicar que la inclusión de las tres condiciones de la pregunta del referéndum, entre ellas la prohibición de instalar armas nucleares en el territorio español y la reducción progresiva de la presencia militar de Estados Unidos, se hizo, en parte, por la incidencia del movimiento por la paz, ya que el Gobierno sabía que no podía ganar el referéndum con una simple propuesta de permanencia en la Alianza Atlántica.
En el año 2002 se suprimió el servicio militar obligatorio, como consecuencia de la confluencia de diversos factores: la prolongada acción del movimiento antimilitarista, el vertiginoso aumento del número de objetores de conciencia (la suma de objetores de conciencia entre 1976 y 1988 ascendió a un total de 738.832) e insumisos (en los diez años de insumisión hubo unos 20.000 insumisos), una opinión pública que mayoritariamente rechazaba la mili (alrededor del 65% durante los años ochenta y del 75% durante los noventa), y la tendencia a la profesionalización de los ejércitos de la OTAN tras el final de la Guerra Fría, derivada de una reformulación de las políticas de defensa en las que se puso el acento en el armamento tecnológicamente sofisticado, las unidades militares de intervención rápida y las tropas profesionalizadas. Además, la persistente lucha de los objetores de conciencia, los insumisos y los grupos antimilitaristas es en parte responsable de la poca credibilidad social que tienen en la actualidad las Fuerzas Armadas y de sus dificultades para conseguir un número suficiente de voluntarios.
Gracias a la campaña contra las minas antipersona se firmó en diciembre de 1997, en Otawa, el Tratado Internacional que prohíbe su uso, almacenamiento, producción y comercialización, suscrito actualmente por 152 Estados, entre ellos España.
Las campañas a favor de la transparencia y el control del comercio de armas fueron un factor clave para que se aprobaran algunos Códigos de Conducta sobre exportación de armas convencionales, como el de Estados Unidos en 1997 y el de la Unión Europea en 1998, y la proposición no de ley acordada por el Congreso de los Diputados en marzo de 1997, en la que instaba al Gobierno a incorporar a la legislación española los criterios sobre transparencia y control de las exportaciones de material de defensa aprobados por la Unión Europea en 1991 y 1992, a enviar semestralmente los datos de esas exportaciones a las Comisiones de Defensa y de Asuntos Exteriores del Parlamento, y a facilitar a estas Comisiones la lista de países que están en situación de conflictividad o militarización o no respetan los derechos humanos, para someterlos a restricciones en cuanto a exportación de material de defensa. Desde la aprobación de esta proposición no de ley se han publicado varios informes oficiales, que aportan información sobre los países receptores de material de defensa y los valores absolutos de productos vendidos, aunque no informan sobre los productos que se exportan a cada país.
Por otra parte, es innegable que en la decisión de Rodríguez Zapatero de retirar las tropas españolas de Irak influyó mucho la impresionante movilización popular en contra de la guerra de Irak del 2003 y de la participación española en la misma decidida por el Gobierno Aznar.
Además, el movimiento por la paz ha logrado impactos sensibilizadores y culturales de gran envergadura. Sus análisis y propuestas han hecho reflexionar y modificar sus ideas a multitud de personas y sectores sociales y políticos (partidos, instituciones religiosas, medios de comunicación, científicos, profesores, artistas, médicos...) en temas tan esenciales como la guerra, la paz, la violencia, las armas nucleares, los gastos militares, las industrias de armas, el comercio de armas, los ejércitos o los modelos de defensa. Las nuevas formas de lucha como la insumisión y la desobediencia civil son aceptadas por un amplio sector de ciudadanos.
Las actividades del movimiento por la paz han generado un sedimento, sensibilidad o cultura pacifista entre la población, que se refleja regularmente en las encuestas de opinión, donde una mayoría de ciudadanos se muestra contrario a las guerras, que se expresa a menudo en un apoyo social amplio a las actividades del movimiento por la paz, y que permite que haya una extensa respuesta pacifista cuando se producen guerras o aumenta de forma alarmante el militarismo. Concretamente, las movilizaciones contra la guerra de Irak del 2003 han contribuido ha ampliar la conciencia crítica de los ciudadanos frente a la guerra, lo cual puede favorecer la realización de nuevas movilizaciones frente a la agravación de los conflictos armados actuales o ante el estallido de nuevas guerras, así como una mayor legitimación de las actividades que desarrollan las organizaciones del movimiento por la paz.
INTERNOS
La mayoría de las personas que han participado en un momento de su vida en las organizaciones del movimiento por la paz han mantenido posteriormente sus ideas pacifistas y un compromiso activista prolongado en diversas organizaciones políticas y movimientos sociales. Los colectivos pacifistas y antimilitaristas han sido marcos de participación política para los activistas y espacios donde se han configurado y compartido unos valores nuevos. El movimiento por la paz ha mostrado tener una gran capacidad para integrar a personas de diversas generaciones. En fin, un número considerable de activistas y colectivos del movimiento por la paz han contribuido a la formación y el desarrollo de otros movimientos sociales y ONG, y han participado en sus actividades.
RETOS
Los grupos pacifistas y antimilitaristas, así como las Plataformas contra la guerra tienen tres grandes retos. El primero, seguir realizando acciones de protesta contra la guerra de Irak y mantener una actividad regular sobre los conflictos armados actuales y los procesos de paz que se van produciendo en diversas regiones y países. Por otra parte, lograr que se produzca una reflexión sobre las ideas pacifistas y antimilitaristas en el amplio movimiento antiguerra que se expresó en las manifestaciones de 2003 y que sectores significativos de este movimiento se vayan implicando en la gran variedad de campañas que impulsan las entidades pacifistas, con el objetivo de que los ciudadanos no solo protesten contra la guerra sino que también se opongan a todo lo que contribuye a su preparación y al incremento del militarismo, y que se extienda en la sociedad la cultura de la paz. Y un tercer reto es la articulación de una estrategia de lucha sostenida en el tiempo, en torno a un conjunto de actividades pacifistas y un variado repertorio de formas acción, combinando las manifestaciones ciudadanas y la desobediencia civil.
GUERRAS Y CONFLICTOS ARMADOS
Convendría que los colectivos pacifistas y antimilitaristas y las Plataformas contra guerra siguieran movilizándose en contra de la guerra de Irak y sus consecuencias (elevado número de muertos y heridos, extensión internacional del terrorismo, torturas a prisioneros…) y denunciando los planes agresivos de la Administración Bush contra los países que según su parecer son “bastiones de la tiranía” (Irán, Corea del Norte, Siria, Cuba...).
Es necesario que se sigan potenciando otras actividades pacifistas ante los conflictos bélicos, como las que desarrollan la Red de grupos mujeres de negro o Gesto por la Paz y Elkarri en el País Vasco. Estas iniciativas a favor del diálogo y la paz pueden inspirar otras iniciativas de encuentro: por ejemplo, sería muy interesante la relación entre los movimientos por la paz de Occidente y los movimientos sociales del mundo árabe y de Oriente Medio.
Sería deseable que el pacifismo mantuviera una actividad regular sobre el conjunto de guerras que se producen en el mundo (según el informe “Alerta 2004!”, a finales de 2003 existían 23 conflictos armados, casi la mitad de ellos en África), investigando e informando de forma veraz sobre los conflictos bélicos que son ignorados por los medios de comunicación o que son valorados de forma sesgada y simplista; y sobre los procesos de paz que se producen en el mundo, tanto los avances que se consiguen como las dificultades y fracasos (según Vicenç Fisas, a finales de 2004 había un mínimo de 18 procesos de paz en el mundo). Para la realización de estas tareas, los grupos pacifistas pueden apoyarse en los informes anuales sobre conflictos, derechos humanos y construcción de la paz que elabora la Unidad de Alerta de la Escola de Cultura de Pau de la UAB.
Convendría informar sobre las actividades de los grupos pacifistas que surgen en los países que están en guerra, así como de la desobediencia de los objetores de conciencia y de los soldados desertores en los diferentes conflictos armados del mundo (Israel, Estados Unidos...), por su coraje y el ejemplo que suponen para todos los defensores de la paz. Según la revista Illacrua (núm. 126, enero 2005) han desertado unos 5.000 soldados del ejército norteamericano desde que se inició la invasión de Irak.
Un tema de reciente preocupación en los grupos pacifistas es el de la creciente privatización de la seguridad. Desde el final de la Guerra Fría se han formado unas noventa empresas, la mayoría de origen británico y estadounidense, denominadas Corporaciones Militares Privadas, que ofrecen servicios militares a ejércitos, gobiernos, empresas y agencias de Naciones Unidas. Las CMP se nutren de exmilitares con experiencia en otros conflictos bélicos y policías atraídos por los elevados salarios que ofrecen estas empresas. Las CMP generan diversos problemas: están directamente interesadas en la proliferación de guerras y en que no se resuelvan los conflictos armados (obtienen unos ingresos anuales de unos 100.000 millones de dólares); al ser difíciles de controlar, por su funcionamiento secreto, por la falta de reglas claras y precisas sobre su actuación, y porque los ejércitos y gobiernos que contratan a estas empresas les garantizan inmunidad y no investigan sus actuaciones, se hace muy complicada la exigencia de responsabilidades por sus actividades, que en algunos casos son extremadamente delictivas (“soldados privados” participaron en interrogatorios a detenidos iraquíes en la prisión de Abu Ghraib y han dirigido cárceles clandestinas en Afganistán).
PREPARACIÓN DE LA GUERRA
Las minas antipersona aún generan importantes problemas que requieren la atención del movimiento por la paz. Desde que entró en vigor el Tratado Internacional que prohíbe su uso, almacenamiento, producción y comercialización, en marzo de 1999, el comercio de las minas antipersona se ha paralizado, su uso ha descendido considerablemente en el mundo (de los quince países que usaban estas minas antes de 1999 sólo Rusia, Birmania, Georgia y Nepal las emplearon en el 2003), se han aumentado las dotaciones económicas para los programas de limpieza de territorios minados y se ha reducido el número de víctimas. Pero las minas siguen produciendo muchas muertes anuales (8.000 reconocidas oficialmente, aunque la cifra real podría situarse entre 15 y 20.000) y 42 países siguen sin firmar el Tratado, entre ellos tres miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas -Estados Unidos, China y Rusia-, tres países de la Unión Europea -Finlandia, Letonia y Polonia-, la mayoría de los países de Oriente Próximo y una buena parte de las antiguas repúblicas soviéticas y de Asia. Por otra parte, sigue activa la campaña internacional contra las armas ligeras, impulsada por IANSA.
Además de estas campañas, convendría que el movimiento por la paz dedicara una mayor atención al tipo de armas que Estados Unidos está utilizando en la guerra de Irak y a los proyectos de nuevas armas de destrucción masiva, con el objetivo inicial de informar y alertar a los ciudadanos sobre las consecuencias y los riesgos que comportan. Entre las armas de la última generación, la mayoría de las cuales ya han sido empleadas en Kosovo, Afganistán e Irak, hay que citar las bombas y misiles de precisión, con sistemas de guiado electro-ópticos e infrarrojos, las bombas de racimo, las bombas electromagnéticas, las bombas termobáricas, la munición de golpe de aire masivo y las armas de uranio empobrecido.
Sobre las armas nucleares hay que recordar que en el presupuesto militar para el año 2004 aprobado por EEUU, se incluía una partida de 55 millones de dólares para estudiar la fabricación de minibombas nucleares de cinco kilotones de potencia, tres veces menos que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima en 1945, que podrían ser utilizadas por el Pentágono en su lucha contra el terrorismo internacional, ya que están concebidas para destruir búnkeres subterráneos en los que se puedan alojar depósitos de armas o los líderes de los grupos terroristas. La utilización de armas nucleares por parte de Estados Unidos es una posibilidad real desde que la Administración Bush presentó en diciembre de 2001 en el Congreso norteamericano una revisión de su doctrina nuclear (Nuclear Posture Review). También es altamente preocupante que el presidente Vladimir Putin informara en noviembre de 2004 a la cúpula de su Ejército que Rusia estaba investigando con éxito un nuevo tipo de misiles nucleares, que serán puestos en funcionamiento en los próximos años.
No menos espeluznante es el panorama de la investigación y producción de armas biológicas y químicas. Según un informe publicado por la campaña “Por la paz: no a la investigación millitar!”, entre los proyectos que se han llevado a cabo en los últimos años en laboratorios militares estadounidenses y que se han desclasificado figuran la investigación de cepas resistentes del virus A de la gripe, la producción por fermentación de toxina botulínica, la evaluación del potencial de moscas y mosquitos como difusores del ántrax y el estudio de los efectos de gases neurotóxicos en distintas áreas del cerebro.
El movimiento por la paz ha denunciado el progresivo aumento de los gastos militares en el mundo desde el año 2000, después del descenso que hubo en la década de los años noventa tras el final de la Guerra Fría. A principios de 2005 el gasto militar mundial anual ascendió a un billón de euros. Particularmente significativo ha sido el crecimiento de los gastos militares en EEUU, que ha sido justificado por la necesidad de combatir el terrorismo internacional: desde el año 2001 sus gastos militares han aumentado un 41%. George Bush entregó al Congreso de EEUU, en febrero de 2005, su propuesta de gastos militares para el ejercicio 2006: un total de 419.300 millones de dólares, que supone un incremento del 4’8% respecto al ejercicio anterior y el 16’6% del gasto total de los presupuestos del Estado. Por otra parte, ha presupuestado 100.000 millones de dólares para operaciones militares en Irak y Afganistán durante el año 2005 (hasta el 2004, los gastos militares de EEUU en Irak ascendían a unos 200.000 millones de dólares).
También es preocupante el aumento del presupuesto de defensa de China, que en el 2004 ascendió a 211.700 millones de yuanes (19.600 millones de euros), un 11% más que el del año 2003, ya que el rearme de su Ejército (está comprando armas sofisticadas, aviones de combate y submarinos a Rusia) se produce en un contexto de amenazas hacia Taiwán (el Parlamento chino aprobó en marzo de 2005 una ley antisecesionista, en la que se contempla el inicio de una acción militar en el caso de que el presidente taiwanés de pasos hacia la independencia de la isla); de acercamiento militar de Japón a Estados Unidos (el Gobierno japonés decidió integrarse en el programa de escudo antimisiles norteamericano, para, según su parecer, protegerse de las amenazas que suponen la política de proliferación nuclear de Corea del Norte y el crecimiento del poder militar de China); de diversas gestiones realizadas por la Administración de EEUU para que Japón, Taiwán y Corea del Sur les compren armamentos (submarinos, destructores, aviones, baterías de misiles...) y puedan hacer frente a la amenaza que suponen, según su punto de vista, Irán, Corea del Norte y China; y del despliegue militar de Estados Unidos en diversas partes de Asia (fuerzas navales en el estrecho de Malaca, bombarderos en las bases militares de Filipinas...).
Todo apunta a que la Unión Europea seguirá este siniestro camino del aumento de los gastos militares (según The Military Balance 2002-2003, el presupuesto militar del conjunto de los países miembros de la UE supone el 19’5% del gasto militar mundial), no sólo por las declaraciones públicas realizadas por diversos de sus dirigentes o por las presiones que en ese sentido han recibido de la Administración Bush, sino porque, como se analizará más adelante, la política europea de seguridad y defensa aprobada así lo exige. En el caso de España, el presupuesto militar continúa siendo bastante elevado (para el 2005 asciende a 15.677 millones de euros, es decir, más de 42 millones de euros diarios, que equivale al 1’86% del PIB) y todo indica que seguirá siéndolo en los próximos años, debido a las previsiones de compra de armamentos del Gobierno español en el próximo decenio (unos 20.000 millones de euros).
Esta crítica a los gastos militares se ha de complementar con el impulso de las campañas anuales de objeción fiscal. El aumento del número de objetores fiscales que se produjo después de las movilizaciones contra la guerra de Irak del 2003 es esperanzador (en Cataluña se pasó de 200 objetores fiscales censados en 2002 a 1.500 en 2003), pero al ser una opción exigente se requiere un esfuerzo sostenido por parte de las organizaciones pacifistas y antimilitaristas.
Sería muy conveniente una mayor extensión de la campaña “Por la paz: no a la investigación militar!” que promueve la Fundació per la Pau.
El crecimiento de las industrias de armamentos en diversas zonas del mundo, favorecido por el aumento los gastos militares de los últimos años, exige una respuesta por parte del movimiento por la paz. Una buena línea de actuación es la que se ha iniciado desde Justícia i Pau. Cuando la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme del Parlament, con los votos a favor del PSC, CiU y PP, la abstención de ERC y el rechazo de ICV-EUiA, presentó en 2004 la candidatura de Cataluña para que el consorcio europeo EADS (European Aerospace Defense Space Systems) instale una factoría de su filial Eurocopter para la fabricación de los helicópteros de combate Tigre, Justícia i Pau de Barcelona envió una carta al President de la Generalitat pidiendo la retirada de esta propuesta. En la carta se afirmaba que los conflictos militares y las guerras se producen, entre otros motivos, por el exceso de fuerzas armadas y armas, y que la mejor manera de contribuir a una cultura de paz es trabajar por el desarme y la desmilitarización; y se recordaba que el Parlament aprobó por unanimidad la Llei de Foment de la Pau y que ahora era el momento de demostrar que aquella iniciativa no era un papel sin valor.
Por otra parte, el Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs ha denunciado la creación de un fuerte polo de desarrollo de la industria aeronáutica en Cataluña, impulsado por diversas administraciones (Generalitat, ayuntamientos de Barcelona, Sabadell y Viladecans) y por la asociación BAIE (Barcelona Aeronáutica i de l’Espai), que agrupa a 55 empresas catalanas de este sector y en la que participa la Generalitat, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universidad Politécnica de Catalunya. Bastantes de las empresas vinculadas a BAIE fabrican productos del sector militar (componentes de misiles, cápsulas de proyectiles, diversas piezas para aviones de combate...). Además, el President de la Generalitat Pasqual Maragall anunció en septiembre de 2004 la creación de un Centro Tecnológico de Aeronáutica y el Espacio en Viladecans, en el que participan empresas del sector aeronáutico, las universidades catalanas, la Caixa y la Generalitat, y una feria aeroespacial. Estas denuncias del Centre Delàs pueden ser el inicio de una campaña de presión en contra del desarrollo de la industria aeronáutica y por la conversión de la producción militar a civil, en la que participen asociaciones pacifistas, grupos municipales de los ayuntamientos afectados, organizaciones políticas y sociales.
Algunas ONG y centros de investigación para la paz han realizado estudios sobre el accionariado de las industrias militares en España, con el objetivo inicial de averiguar qué empresas y entidades financieras controlan estas industrias, para posteriormente informar a la opinión pública y presionar para que estas empresas dejen de apoyar la industria de armamentos. Es bastante probable que una posible campaña de denuncia de las vinculaciones del sector financiero con la industria militar pueda interesar a diversos sindicatos, colectivos pacifistas, personas que impulsan la Banca Ética y activistas del movimiento altermundista.
También es necesaria una reflexión sobre los resultados de las actividades a favor de la conversión de las fábricas de armamentos en producción civil de utilidad social. El debate que se generó en torno a la propuesta de conversión de EXPAL es particularmente interesante. En 1997, la Campanya contra el comerç d’armes de Barcelona propuso la realización de un estudio de conversión de esa fábrica. El Comité de Empresa de EXPAL, dominado entonces por CCOO y UGT, se opuso a la propuesta, ante el riesgo de la posible pérdida de puestos de trabajo, dando prioridad a esta cuestión frente al problema moral que significa la producción de artefactos que sirven para matar. En abril de 2004 se anunció que la dirección de Unión Española de Explosivos (un holding de empresas del que forma parte EXPAL, que ocupa el primer lugar como fabricante de explosivos de España y el cuarto en el mundo) iba a cerrar EXPAL, a causa de un descenso de la producción por falta de pedidos. Desde luego, el cierre de una fábrica de armamentos es una buena noticia para la causa de la paz y el desarme, pero no lo es que los trabajadores pierdan el puesto de trabajo. Por lo tanto, a la vista de los resultados, parece bastante claro que hubiera sido mucho mejor luchar por la conversión de EXPAL hacia producción civil que asistir ahora al cierre de la empresa y tener que movilizarse para que se garantice a los trabajadores otras alternativas de empleo. En cualquier caso, los grupos pacifistas, los sindicatos y otros movimientos sociales deberían debatir entre sí estas cuestiones y elaborar propuestas de conversión de las industrias de armas que garanticen los puestos de trabajo (en España, unas 14.000 personas trabajan en industrias de armamentos).
El aumento de los gastos militares y el crecimiento de las industrias de armamentos han comportado un desarrollo del comercio de armas internacional. Por otra parte, los principales países productores de armas (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia...) siguen vendiéndolas a gobiernos de países en conflicto, que padecen situaciones de pobreza o que violan los derechos humanos. Por esas razones, las campañas contra este “mercado de la muerte” realizadas por diversas ONG y grupos pacifistas, como la campaña “Armas bajo control”, son más necesarias que nunca, particularmente en países como España, ya que el Gobierno incumple sistemáticamente el Código de Conducta de la UE sobre control y transparencia en las exportaciones de armas convencionales. En el informe publicado por Amnistía Internacional, Greenpeace e intermón sobre las exportaciones españolas de material de defensa se denuncia que el 30% de las armas españolas transferidas durante el año 2004 podrían violar ese Código de Conducta, ya que fueron exportadas a países en conflicto, con graves violaciones de derechos humanos o con problemas de desarrollo (Colombia, Arabia Saudí, Israel, Sudán…).
Las organizaciones del movimiento por la paz deberían seguir realizando campañas en las que critiquen la política de defensa actual de la UE y propongan alternativas de seguridad basadas en el desarme, la diplomacia preventiva, el diálogo y la cooperación al desarrollo. Justícia i Pau ha impulsado la campaña “Globalicemos la paz. Por una defensa europea no armada”, en la que se defiende una Europa desmilitarizada, sin bloques militares, sin producción ni comercio de armas, frente a la concepción militarista de la seguridad que impera entre los dirigentes de la UE, que en los últimos años han dado pasos decisivos para contar con una fuerza militar relevante, aunque coordinada con la OTAN y en estrecha alianza con EEUU. Las iniciativas más importantes de la UE han sido la creación de EADS (European Aerospace Defense Space Systems), un consorcio europeo de aeronáutica y defensa formado por las industrias armamentistas de Alemania, Francia, Italia y España; la Agencia Europea de Armamentos, encargada de coordinar la compra, producción y exportación de armas; el desarrollo de programas de fabricación conjunta de armamentos, como el avión de combate europeo Eurofighter o el helicóptero Tigre; y la decisión de crear fuerzas de intervención rápida. Efectivamente, la UE aprobó, en noviembre de 2004, dotarse de trece unidades militares de intervención rápida, compuestas por unos 1.500 efectivos militares cada una de ellas, con capacidad para intervenir en cualquier parte del mundo en un plazo no superior a 15 días una vez adoptada la decisión política de actuar, en las misiones previstas por la Política Europea de Seguridad y Defensa incluida en la Constitución Europea: mantenimiento de la paz, prevención de conflictos y reforzamiento de la seguridad internacional. La UE contempla la posibilidad de que en estas misiones las tropas entren en combate.
La voluntad de la UE es complementar su política de defensa con la de EEUU, repartiéndose entre ellos las tareas militares que hay que realizar para garantizar sus intereses comunes y su dominio en el conjunto del planeta. No obstante, las decisiones militares de la UE siguen quedando subordinadas a las que pueda adoptar la OTAN, a quién se reconoce la primacía en la defensa de Europa, y Estados Unidos, que es quién tiene la hegemonía en esa alianza militar. Lo que sí existe es una competencia industrial y tecnológica entre la UE y EEUU. Eso explica la potenciación de la industria de armamentos por parte de la UE y su propósito de levantar el embargo a China para venderle armas, a pesar de que ello disguste a la Administración Bush. Esta competencia también incluye inversiones europeas en Estados Unidos para captar una parte de su presupuesto militar. Por ejemplo, en octubre de 2004 EADS compró la empresa estadounidense Racal Instruments, especializada en el desarrollo de sistemas electrónicos de defensa; y la británica BAE Systems adquirió DigitalNet Holdings, una empresa especializada en servicios de red y soluciones informáticas a las agencias de inteligencia gubernamentales.
En la medida en que los ejércitos siguen siendo muy numerosos (Naciones Unidas calcula que hay unos 26 millones de militares profesionales en el mundo) y teniendo en cuenta que juegan un papel primordial en la preparación de las guerras, es necesario que los grupos pacifistas y antimilitaristas actuales continúen la lucha por la abolición de los ejércitos. Después de la campaña insumisión y la supresión del servicio militar obligatorio, se deben potenciar otras vías de oposición a las Fuerzas Armadas y actividades dirigidas a los jóvenes para que no ingresen voluntariamente en el Ejército. En ese sentido, es de una gran importancia la campaña “Escuelas por la paz, escuelas objetoras”. Esta campaña se inició en la época en la que gobernaba el PP, cuando aprobó una Directiva de Defensa Nacional en la que se apuntaba la necesidad de incrementar “cultura de la defensa” en el ámbito educativo, a través de un incremento de las visitas de militares a los centros de enseñanza y de las visitas de alumnos a los centros militares, la posible edición de libros de texto sobre la cuestión militar, la oferta de una asignatura dedicada a la defensa y al Ejército y de cursos de formación para maestros para iniciarlos en las enseñanzas militares. Desgraciadamente, en la Directiva de Defensa Nacional aprobada en diciembre de 2004 por el Gobierno PSOE se mantiene el objetivo de “elevar el nivel de cultura sobre seguridad y defensa en la sociedad española”, para lo cual el Gobierno “impulsará la difusión del papel y de la necesidad de la defensa, con el fin de favorecer una mayor implicación de la sociedad”.
También sería esencial que los grupos pacifistas retomaran las críticas a la incorporación de las mujeres en las Fuerzas Armadas que hicieron los grupos feministas antimilitaristas y la tarea que desarrollaron en los años noventa asociaciones como la Informació per a la Defensa dels Soldats, asesorando y ayudando a los soldados profesionales que padecen agresiones, sanciones injustas o abusos de poder, para que denuncien jurídicamente a los militares maltratadotes (los casos de maltratos son frecuentes en todos los ejércitos del mundo, aunque sólo unos pocos son denunciados y aparecen en los medios de comunicación). Y que se sigan realizando manifestaciones en protesta por la celebración del Día de las Fuerzas Armadas.
CULTURA DE LA PAZ
Se debería potenciar aún más la Investigación, la Educación para la Paz y la labor de recuperación de la memoria del pacifismo, y convendría que los grupos pacifistas tuvieran una mayor relación con las personas, entidades e instituciones que desarrollan estas tareas.
ESTRATEGIA DE LUCHA Y FORMAS DE ACCIÓN
El movimiento por la paz no debería limitarse a responder a las guerras que se van sucediendo, sino que también debería desarrollar una estrategia sostenida de lucha en torno a la oposición a todo lo que favorece su preparación y el fomento de una cultura de paz. La acción colectiva del movimiento por la paz debería basarse en un amplio y variado repertorio de formas de acción, combinando las manifestaciones ciudadanas, la desobediencia civil y la educación para la paz.
Pero para evitar las guerras no solo es necesaria la acción colectiva a favor de la paz, el desarme y la justicia social, sino que también se requiere un compromiso de las personas con conciencia pacifista. Por ello, junto a la crítica a las instituciones y los ámbitos de la sociedad en los que se toman decisiones para la preparación de la guerra y la participación en agresiones militares contra otros países (gobiernos, parlamentos, fuerzas armadas, industrias de armas, partidos políticos...), convendría que los grupos pacifistas y antimilitaristas pusieran un mayor énfasis en la responsabilidad personal que tienen los ciudadanos en la preparación de la guerra, en la medida en que se desentienden de problemas como los siguientes: una parte de las aportaciones que se hacen a través del impuesto sobre la renta se destina a gastos militares; se compran acciones, se realizan planes de pensiones o se depositan ahorros en empresas vinculadas a la industria de armas; se vota a partidos políticos que apoyan intervenciones militares contra otros países, aprueban gastos militares o potencian el comercio de armas. Y, en consecuencia, las organizaciones del movimiento por la paz deberían hacer un llamamiento a la población para que no colabore en la preparación de las guerras, ofreciéndole diversas propuestas de actuación: no votar a los partidos políticos que sostienen el militarismo; objeción fiscal, científica, laboral (negarse a realizar trabajos que tengan finalidades bélicas) y financiera (no invertir ni depositar ahorros en empresas vinculadas a la industria y el comercio de armas); apoyar los colectivos pacifistas y antimilitaristas y participar en sus actividades.
Nota: Ponencia presentada en la Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat del Vallès del 14 al 20 de julio de 2005.Enric Prat és Doctor en Historia por la Universitat Pompeu Fabra
