Astilleros y la deriva sindical

La crisis que atraviesa todo el sector de astilleros civiles ha movilizado a los sindicatos en defensa de los puestos de trabajo de la empresa nacional IZAR. Pero estos sindicatos no han entrado en la cuestión fundamental que debería de preocuparles: el 97% de la producción actual de Izar es militar.
Pere Ortega (enero 2005), Materiales de Trabajo núm. 25

La crisis que atraviesa todo el sector de astilleros civiles ha movilizado a los sindicatos en defensa de los puestos de trabajo de la empresa nacional IZAR. Esta crisis ha estado largamente anunciada debido a la falta de competitividad frente a los astilleros de otros países, especialmente de Indonesia y Corea del Sur. Para paliar esa situación, durante la etapa del anterior gobierno del PP, la empresa estatal Bazán, dependiente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) del sector militar naval, en julio del 2000 fue fusionada con la también estatal Astilleros Españoles Civiles (AESA) del sector civil, dando como resultado la nueva industria naval IZAR. Ambos astilleros atravesaban una grave crisis y el Ministerio de Industria decidió su fusión. Se trataba de una estrategia para esquivar a la Comisión de Industria de la Unión Europea que había lanzado serias advertencias por las ayudas públicas concedidas a Astilleros por el gobierno español. Dicho organismo impide subvencionar industrias civiles, pero no militares, ya que debido a su carácter estratégico, pueden continuar recibiendo subvenciones.

Las pérdidas millonarias de ambas industrias llegaron en el último decenio a tener una deuda acumulada de 2.454 millones de € en Astilleros y 635 millones de € en Bazán. En la misma caída, el nivel de la plantilla (civil y militar) en los últimos 20 años disminuía de 39.229 en 1984 a 11.077 en el 2003. En la inercia de la globalización de éstos últimos años, Izar militar inició la creación de consorcios internacionales con diversas empresas, con Lockheed Martin (1-1999) formó Advanced Fragate con la finalidad de concurrir conjuntamente al mercado internacional de fragatas y buques escolta, e incorporar el sistema antiaéreo AEGIS de Lockheed; con la francesa DCNI (1991) creó el consorcio Scorpene para compartir el 50% de la construcción de un submarino convencional; y por último junto al astillero alemán HDW suscribió un acuerdo para desarrollar un proyecto de mini submarino. Pero a pesar de estas fusiones, las pérdidas prosiguieron y en el año 2003 Izar perdió 30 millones de € (120 en el 2002).

Ante esta situación el gobierno fue aprobando diversos paquetes de ayudas. En el año 2001, Izar recibió una inyección de capital por parte del estado por un importe de 1.477 millones de € más otros 515 millones de € para diferentes factorías. Pero estas ayudas han sido declaradas ilegales por la Comisión Europea, aduciendo que se trata de ayudas encubiertas, lo cual está prohibido por la Comisión de Competencias. El gobierno del PP adujo en su descargo que se trataba del sector militar de Izar y no del civil, lo cual permitiría salvar a Izar delante de Bruselas. El Tribunal de competencias finalmente ha dictaminado ilegales las ayudas, y de momento Izar debe retornar 556 millones de €, pero se puede ver obligada a retornar el total de los 1.477 millones recibidos. Lo cual deja a Izar en una situación de quiebra.

El nuevo gobierno del PSOE se ha encontrado con una crisis que ya tuvo que gestionar durante su anterior etapa de gobierno. La primera propuesta ha sido volver a segregar la rama civil de la militar. Y es que Izar militar cuenta con una buena cartera de pedidos, así como varias negociaciones en curso que aseguran cargas de trabajo, dependiendo de factorías, hasta el año 2009 y 2014:
- Dos submarinos S-80 Scorpene para Chile por 180 millones de €, y otros dos submarinos por el mismo importe para Malasia.
- Cinco Fragatas para Noruega de 5.115 tm. Por 1.320 millones €
- En negociación: dos corbetas para Israel de 2.600 tm. por 1.000 millones €; tres fragatas para Chile; cinco fragatas y patrulleras para Filipinas; fragatas para Grecia; submarinos Scorpene y cazaminas con India; submarinos Scorpene y un buque de asalto con Portugal; submarinos Scorpene y fragatas con Corea del Sur.

Y para la armada española contratos para fabricar:
- Cuatro fragatas F-100 de 5800 tm. por importe de 1.983 millones de € (dos han sido entregadas).
- Cuatro submarinos S-80 Scorpene por importe de 1.760 millones de €, para entregar entre el 2009 y el 2014.
- Un megabuque de proyección LHD, de 25.000 tm. para transportar 1.500 soldados a lejanos escenarios por un coste de 360 millones de €.
- Un buque de avituallamiento por un importe de 230 millones € para entregar el año 2009.
- Un cazaminas y vehículos anfibios.

La controversia entre SEPI y sindicatos nos ha salpicado de imágenes negativas con altercados y enfrentamientos. Pero, curiosamente, estos sindicatos no han entrado en la cuestión fundamental que debería de preocuparles: el 97% de la producción actual de Izar es militar. Se menciona, de manera acertada, que el actual proceso de globalización capitalista tiene responsabilidad en muchas de las guerras actuales. Entonces ¿se puede ser indiferente a la fabricación de armas cuando éstas pueden ser usadas para nuevas guerras?. O, desde el punto de vista de costes de oportunidad, como dicen los economistas, destinar recursos a otros menesteres que no fueran armas ¿no contribuiría más y mejor al desarrollo humano de la población en general?

El movimiento obrero históricamente ha rechazado las guerras y se ha proclamado a favor de la paz y la solidaridad internacional entre trabajadores. Entonces, deberían ser los primeros interesados en cambiar la producción de industrias consideradas perniciosas socialmente. Cierto es, que la división principal en nuestras sociedades reside entre capital y trabajo. Y es el trabajo el que los sindicatos deben defender ¿pero como hacerlo cuando se producen unos bienes que no tienen, o incluso destruyen valor social, como es el caso de las armas?. En este caso, los sindicatos y partidos que se proclaman de izquierdas deberían apostar por la conversión de esas industrias e implicarse en realizar propuestas de viabilidad hacia otros tipos de producción que contribuyeran a un mejor desarrollo humano y social. Propuestas que deberían afrontarse desde una perspectiva global, intentando implicar a las autoridades locales, autonómicas, centrales, sociedad civil, tanto empresarial como asociaciones de profesionales, que pueden aportar una ayuda técnica y social muy valiosa a la hora de llevar a cabo los estudios de conversión.

Propuestas de conversión que deberían partir de los propios sindicatos y por ese motivo cargarse de razón moral delante de la sociedad. Evidentemente no se trata de una cuestión sencilla la que se plantea y muchas veces, a pesar de las mejores intenciones, no va a ser posible conseguirla y se va a imponer el cierre de la industria. Es por ese motivo que un proyecto de conversión debe contar con el mayor número de complicidades para llevar a cabo un plan integral de desarrollo de la zona afectada por el cierre de una industria, desarrollando una estrategia de puesta en marcha de industrias y servicios que permita la recuperación del tejido productivo de la localidad con una política de planificación que contemple todas las posibilidades.

Lo contrario, la defensa del puesto de trabajo sin abordar cuestiones morales y sociales es abonar el camino a que se impongan políticas antisociales que degradan y rompen la cohesión que se supone, trabajadores y trabajadoras deberían defender.