La participación española en el Eurofigter 2000

(Artícle no disponible en català).  Este artículo es un resumen del trabajo de investigación sobre la participación española en el programa de construcción del avión de combate Eurofighter y publicado en Alemania.  Arcadi Oliveres (mayo 1997). Materiales de trabajo num. 12; resumen confeccionado por Laura Albareda.

INTRODUCCION

El proyecto de construcción del Western European Fighter Aircraft (Nuevo avión de combate europeo), también llamado Eurofighter 2000 o EFA, es un proyecto muy discutido en términos militares, económicos e industriales. Este proyecto nace en la segunda mitad de los años 70, durante la guerra fría y en pleno conflicto Este-Oeste. Una vez acabada la confrontación de la guerra fría y dasaparecido el "enemigo del este", la utilidad del proyecto hay que resituarla dentro de los planes nacionales de cada uno de los cuatro países socios que desarrollan el programa EFA, Inglaterra, Alemania, Italia y España. Militarmente, tendría que servir para las llamadas "acciones de paz" o las misiones "fuera de área" (territorio europeo occidental) de las nuevas directrices de defensa y seguridad de los estados de la Europa occidental, y tendría que reemplazar los F-4F Phanton (Alemania), F-4F y F 3 Tornado (Inglaterra), F-104 Starfighter (Italia) y el F-4F (en España).

En el verano de 1983, los ministros de defensa de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y España, empezaron las negociaciones sobre un nuevo avión de combate europeo. En un principio, el rol asignado al EFA tenía que ser la defensa aérea. Las primeras diferencias surgieron sobre el tonelaje, y fueron superadas cuando en 1984 se presentó el proyecto. Poco después se creó una comisión de industrias para realizar el estudio de viabilidad, y en febrero de 1985, las compañías presentaron su diseño y las cuestiones de liderazgo industrial.

Francia, en 1985, se salió del grupo y decidió impulsar su propio proyecto, el "Rafale". Los cuatro países restantes firmaron el 21 de octubre de 1986 el primer memorándum del EFA. Este avión debería de ser capaz de actuar en combate más allá de su alcance visual, además tendría que estar equipado de misiles y poder actuar tanto de día como de noche y bajo cualquier meteorología.

Durante los años 1987 y 88, se confecciona la lista de cada país miembro, Gran Bretaña y Alemania 250 unidades cada uno, Italia 160 y España 100. Y también el reparto de la investigación, el porcentaje del total del programa que le corresponde a cada país y las industrias que lo llevarán a cabo. Así a Inglaterra y Alemania les corresponde el 33% a cada una, a Italia el 21% y a España el 13%. En cuanto a la división de trabajo quedó determinada así:

Inglaterra: British Aerospace; el fuselaje delantero y mitad del ala derecha.Alemania: MBB (ahora DASA); el fuselaje central y la cola vertical.Italia: Airitalia; el ala izquierda y el fuselaje trasero.España: CASA; la mitad del ala derecha y trasera

En el desarrollo del motor participan: Rolls Roice (UK), MTU (DASA de Alemania), Fiat Avió (Italia), y Sener y ITP(España).

Después de estas primeras fases, se producen algunos acontecimientos que pondrán en cuestión la continuidad del proyecto: el final de la Guerra Fría y la desaparición del "enemigo", la unificación de las dos Alemanias, dificultades técnicas en el desarrollo de ciertos componentes, etc. Todos estos problemas hace que se reduzca el pedido inicial entre los socios. En 1992, España anuncia que sólo quiere 87 aviones (de 100), Alemania 140 (de 250). Es en Alemania donde más cuestionada será la construcción del EFA; el propio ministro de defensa, en junio de 1992 sugería el abandono del proyecto. Para que Alemania no lo haga, se hace la propuesta de abaratar el coste del avión en un 30%, y dejarlo en 100 millones de marcos por aparato. En diciembre de 1993, los cuatro países deciden continuar el proyecto y le cambian el nombre por "Eurofighter 2000".

La superación de la crisis de 1992 demuestra la fortaleza de los intereses de la industria militar europea y lo difícil que es salirse de esa dinámica y modificar el marco de un programa multinacional de carácter militar. En la actualidad el compromiso de compra por parte de los cuatro países fabricantes es de: Inglaterra 250 aviones, Italia 130, España 87 y Alemania aún no ha definido sus adquisiciones.

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION ESPAÑOLA

El anterior gobierno socialista decidió en 1983 la adhesión española al proyecto European Fighter Aircraft (EFA), 13%. La decisión se produjo un año después de que el PSOE ganara las elecciones generales, y sin que hubiese habido un debate previo entorno a las cuestiones de seguridad que podrían vincularse a la disponibilidad futura de este avión de combate.

En todo caso desde 1977 a 1986 el debate entorno a los temas de seguridad giraron en torno a la conveniencia de que España se adhiriera o no a la Alianza Atlántica, y en esa línea, era importante la participación española en proyectos multinacionales de armamentos.

La decisión del gobierno socialista se basó en cuatro principales razones:

1ª) Una primera razón fue estratégica, vinculada a la reciente incorporación española a la OTAN, que llevaba consigo la necesidad de modernizar y homologar los sistemas de armas españoles con los europeos.

2ª) La segunda de tipo político, en la línea de la participación internacional emprendida por el gobierno socialista desde octubre de 1982, dirigida a ideas de carácter político como: "cambio", "modernización" y "europeización" del país. También el ingreso en la CEE en 1986, y como complemento ingreso en el Grupo Europeo Independiente de Programas (GEIP) en 1983 y en la Unión de Europa Occidental (UEO) en 1988.

3ª) La tercera, económica y tecnológica, que fue uno de los puntos claves frente a la opinión pública. El nuevo gobierno había presentado un programa a medio plazo en el que se presentaba a la industria de defensa como uno de los nuevos sectores con mayor importancia para llenar el vacío de la crisis en la reconversión de sectores como el textil, los electrodomésticos, la construcción naval.

4ª) La cuarta razón, se halla, en los vínculos directos que existían entre la empresa española que mayormente se implicaría en el proyecto, Construcciones Aeronáuticas, S.A. (CASA) y la empresa que entonces representaba a Alemania Federal en el consorcio Eurofighter, Messerschmitt-Bolkow-Blohm (MBB). MBB poseía un 11.09% de las acciones de CASA, y aunque el hecho no se materializó, en aquel momento era plausible pensar que el holding INI, accionista mayoritario de CASA, confiaba que gracias al EFA, sería posible una mayor participación del MBB en CASA.

En todo caso, el mayor momento de crisis de la participación española en el proyecto fue en mayo de 1988, cuando el gobierno español retardó su firma en el "Memorándum of Understanding" (MOU), que abría la fase de desarrollo del avión. Debido a tres razones fundamentales: a) que las previsiones iniciales de gasto se habían superado ampliamente y existía un descontrol en los costes; b) debido a la escasez de retornos tecnológicos; c) las presiones efectuadas por los dos habituales suministradores de las importaciones españolas de armamento hasta entonces, Francia y Estados Unidos.

Finalmente, España firmó en noviembre de 1988 el MOU con una participación del 13% y pocos días más tarde fue admitida como miembro de la UEO. Desde entonces el gobierno español se convertiría en uno de los grandes valedores del proyecto frente a los demás países, especialmente en la crisis de 1992. Se espera que para el año 2001 España disponga de los dos primeros aviones, y hasta el 2013 de unos siete por año.

Parecía, que finalizada la Guerra Fría en 1989, el proyecto había perdido sentido. Sin embargo, los gobiernos europeos participantes en el proyecto, incluso le dieron más fuerza como arma de defensa. El discurso oficial del Consejo del Atlántico Norte (Roma, 1991) y de los países europeos era que contrariamente a la definida amenaza del pasado, los riesgos actuales para los aliados eran multirideccionales y complejos, entre ellos se explicaba claramente la amenaza del norte de Africa y del mundo árabe, la denominada "amenaza del Sur".

El devenir del proyecto ha sido complejo, en 1994, el Director General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa declaraba que, se trataba de un proyecto de gran alcance, pero con un elevado coste que estaba obligando al gobierno a realizar un gran esfuerzo en una época de grandes dificultades económicas. Así el Partido Popular, entonces en la oposición, consideró el proyecto como "faraónico" y su portavoz declaró que el PP sólo aceptaría seguir adelante si no se incrementaba el precio, si no había nuevos retrasos y si Alemania no se retiraba.

Desde sus inicios, la participación española en el proyecto EFA ha constituido un elemento central en el desarrollo de las tecnologías de defensa. En el año 1992, 93, 94, 95, 96 y 97 el porcentaje de la ID de defensa destinada al EFA fue de 73%, 68% 54%, 44%, 44% y 84% respectivamente, con un importe aproximado de 200.000 millones de pesetas. Y además, ya conocemos el papel importante que la I&D española de defensa representa dentro de los presupuestos públicos de I&D, que se sitúa alrededor de un 20%.

A nivel sectorial se esperaba que el EFA activase tres ámbitos: el de la creación de nuevas empresas, el del aumento de las capacidades tecnológicas y en la dotación de centros de ensayo y de asistencia técnica. Para llevar a cabo el proyecto el gobierno creó en 1989 dos empresas, la Industria de Turbo Propulsores (ITP), para la fabricación de los motores; la Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos (CESA), para la fabricación de los equipos neumáticos y de combustible.

Lo importante, es saber si con el EFA se han conseguido beneficios tecnológicos e industriales para España. En todo caso, lo cierto es que hasta ahora se ha dispuesto de grandes inversiones de fondos públicos, justificadas por la apelación a la defensa del país y su modelo de sociedad; si finalmente hay un fracaso del proyecto, éste podría ser fácilmente substituido y mantenido en secreto. Hasta ahora sabemos que muchas de las empresas subcontratistas de CASA e ITP son filiales de compañías extranjeras cuya instalación en España se ha realizado "ad hoc" para el proyecto EFA.

Una de les principales implicaciones del proyecto son las consecuencias económicas. Si comparamos los presupuestos de defensa españoles respecto a los otros países participantes en el EFA, el gasto militar español se situaría -en términos de PIB- en unas cifras inferiores a las de Gran Bretaña, similares a las de Alemania, y algo por encima de las de Italia. El presupuesto del EFA sobre el total de las inversiones públicas en defensa ha llegado a superar durante varios años el 40% del total de las inversiones estatales. Y hasta 1995 solo se había invertido el 16.8% del total previsto para el proyecto. El gobierno español se comprometió a adquirir un total de 87 aviones -71 monoplazas y 16 biplazas- lo que significa un coste de unos 9.800 millones de pesetas para cada aparato si nos atenemos a las previsiones totales, y 7.000 si excluimos el dinero invertido en las fases de viabilidad, definición y desarrollo.

El Ministerio de Defensa calcula que alrededor de un 30% del costo final retornará a las arcas del estado mediante la parte correspondiente de los impuestos y de la seguridad social de las empresas implicadas, y espera beneficios con futuras exportaciones.

Los sectores que asumen la mayor parte de la contratación del EFA (99% en total) son el aerospacial y el electrónico e informático.

Un estudio sobre el sector aeronáutico español realizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo nos muestra como el capital de las 42 principales empresas españolas del sector ascendía en 1992 a 86.600 millones de pesetas, el 85% provenía de las inversiones públicas, un 10.8% de las privadas y 4.2% de las extranjeras. El peso del sector público es muy superior a los demás sectores debido al hecho que CASA representa por sí solo el 70% del total del sector. Así, en este mismo estudio vemos que entre los factores positivos del sector se destaca la buena calidad, la ubicación de las empresas y el prestigio internacional; y entre los negativos, hacer frente al tamaño reducido de las empresas, a la excesiva dependencia de una sola industria, y a la situación financiera difícil. Todo ello significa que no se puede asegurar por sí mismo la viabilidad económica futura del sector aerospacial español.

Las contrataciones directas del EFA afectan a empresas que ocupan alrededor de 12.000 personas y que tienen en su conjunto una cifra de negocios de alrededor de 173.000 millones de pesetas. Los contratista principales son CASA e ITP. La empresa CASA posee centros de trabajo en: Madrid, Castilla la Mancha y Andalucía. En 1992 la plantilla era de 8.999 personas en el 95 de 8.182. Según sus informes, los únicos sectores que "van bien" son los del espacio y del EFA, que no son sectores comerciales propiamente dichos y que se hallan alimentados con dinero público.

Respecto a ITP, fue creada en 1989 con el objetivo primordial de dedicarse a la producción de turbinas de aviación destinadas al EFA. Las acciones de ITP son: 51% Sociedad constituida a partes iguales por la Empresa Nacional Bacán y por Sener, el 14% por Rolls-royce y el 4% por la Corporación Industrial IBV (Banco Bilbao Vizcaya). ITP ocupaba en 1992 a 652 personas distribuidas en tres centros de trabajo (dos en la CA. De Madrid y una en el País Vasco).

Si comparamos la ocupación que supone en EFA respecto a la totalidad de su ocupación industrial, ésta supone en Madrid el 5.4%, en Andalucía el 2.8%, en el País Vasco el 0.5%, en España la actividad ocupacional del EFA tan sólo supone el 1.3% de su ocupación industrial.

LOS TRES RASGOS DEFINITORIOS

Hay tres facetas que definen la participación española en el proyecto EFA:

1ª) El consenso político, argumentado por la considerada necesaria renovación de la fuerza aérea española

2ª) La nueva sensibilidad de la amenaza a la seguridad en el área del Mediterráneo

3ª) Y la voluntad de pertenencia a iniciativas de carácter europeo o internacional en las organizaciones interestatales de defensa o en las Naciones Unidas.

En todo caso, hay que decir en primer lugar:

a) La modernización de los sistemas de armas tiene sus límites presupuestarios, que en el caso del EFA parecen haberse superado ampliamente.

b) Los problemas de la zona mediterránea revisten más un carácter económico, social y cultural que no militar, y en consecuencias las actuaciones políticas deben enfocarse más hacía una actuación de cooperación o ayuda mutua y comprensión, que no hacía la ampliación de la defensa.

c) La participación en programas internacionales de investigación, desarrollo y producción de nuevos sistemas de armas, no ha sido en España objeto de un debate público debido a la falta de tradición de la problemática militar en un país que hasta hace bien poco este ámbito era considerado sólo para "expertos", no extensible a la opinión pública. Se ha creído y se creé, con la fe no cuestionada, en todo tipo de internacionalismos, y que la participación en este programa reafirmaba una opción de política industrial.

En segundo lugar hay que subrayar:

a) La innovación tecnológica, como uno de los elementos que más peso ha tenido frente a la opinión pública por parte de la administración, como de los empresarios. Para ello, se establecieron tres líneas arguméntales: 1ª) las economías de escala derivadas de los trabajos conjuntos del I&D; 2ª) las transferencias de tecnologías y la adquisición de nuevas habilidades de las empresas españolas; 3ª) la creación de infraestructuras de investigación mediante la dotación de mayores capacidades a los centros existentes o nuevos.

Pero a estas razones se puede contraargumentar, otras tres:

1ª) Las economías de escala existen ciertamente en los programas conjuntos, pero se contraponen con los costes de oportunidad que significan el necesario abandono, que por razones presupuestarias, deberán sufrir otros proyectos de mayor interés social. El EFA, ya se ha dicho, ha absorbido en los últimos años la mitad de los gastos I&D de defensa y el 20% del total de I&D del gasto público. La importancia política del programa no parece merecer una cuotas es proporcionada.

2ª) La adquisición de nuevas habilidades queda limitada en un proyecto en el que predominan las prestaciones sofisticadas.

3ª) La creación de centros de investigación podía haberse invertido a través de otros programas menos costosos o sencillamente como decisión presupuestaria para la mejora de la infraestructura española de investigación.

Así cabe preguntarse si los beneficios tecnológicos no hubieran sido económica y socialmente mucho mayores si el gasto en I&D se hubiera dirigido a sectores civiles.

Y en tercer y último lugar:

a) La dimensión económica y el impacto empresarial.

Hasta ahora el EFA ha significado el 8.7% de la actividad de la industria de defensa y el 12.4% de la industria aerospacial, que han representado el 2.2% y el 1,6% respectivamente de la producción industrial del país y han dado lugar al 1,3% y al 0.6% de los puestos de trabajo en el sector secundario. Si en el futuro se iniciase la fase de producción, a pesar de que la actividad aumentaría, no se llegarían a doblar las actuales dimensiones. Su incidencia territorial sólo es aparentemente relevante en Madrid y Andalucía. Respecto al impacto empresarial podemos decir claramente que un proyecto como el EFA cuyo peso en el conjunto de la actividad económica en general es muy reducido, ha permitido privilegiar a unas empresas: CASA, ITP y las cuatro empresas contratistas de capital público CESA, AISA, ENOSA y INDRA (las cuatro perteneciente al Grupo TENEO del INI) y las tres de capital privado (SENER, TECNOBIT y PAGE)) que a cargo de los presupuesto públicos están recibiendo una financiación proporcionalmente muy superior a la gran mayoría de empresas de nuestro país. Estas facilidades se expresan actualmente en términos de I&D y de entrarse en la fase de producción podrían convertirse en subvenciones encubiertas por la propia I&D.

CONCLUSIONES

España participa en estos programas internacionales con una actitud de cooperación, la cual está fundamentada en la creencia que la adquisición de nuevas tecnologías harán sobrevivir a los sectores estratégicos de la industria aerospacial y de defensa. En este sentido el abandono de España del proyecto podría producir graves dificultades en la supervivencia de estos sectores. Aunque quizás esta no sería una opción desacertada para unos sectores que rozando la crisis económica, constantemente están acaparando gran cantidad de subvenciones y inversiones públicas en los últimos 10 años.

Una recapitulación de los datos nos muestra como el abandono del programa EFA puede suponer:

a) La desconexión tecnológica con otras empresas europeas.

b) La eliminación de determinadas economías de escala en la investigación aplicada.

c) La reducción de la actividad en ambos sectores entre un 8.7% y un 12,4%.

d) La renuncia a la creación de 19.000 nuevos puestos de trabajo.

e) El abandono a unas futuras capacidades exportadores.

d) Un impacto territorial no despreciable frente a la posible desaparición de ciertas empresas.

Pero frente a ello también hay importantes connotaciones negativas del programa:

a) Ha supuesto una concentración de recursos económicos que indirectamente ha obligado al abandono de determinados programas domésticos.

b) Ha agravado la disyuntiva a la que esta sometida por lo general la participación española en programas internacionales.

c) Algunos industriales españoles del sector han criticado la sobreimplicación en programas internacionales dada la dudosa capacidad de la industria local para hacerse cargo de todos los retornos. Ello ha implicado la instalación en España de empresas extranjeras que asumen una mayor parte de contratos que los que les corresponderían en su país de origen.

d) No podemos olvidar que la puesta en marcha de un buen número de programas de diversificación, que intentan reducir el riesgo empresarial que supone la dependencia de unos pocas opciones productivas basadas en los presupuestos públicos variables.

e) Por último, referente al sector de defensa en algunos casos la viabilidad empresarial puede resultar cuestionada, como es el caso de algunas empresas poco vinculadas con el EFA, SANTA BARBARA, por ejemplo. en estos caso, deberían ser puestos en marcha planes de conversión y para ello ya se cuenta con el programa europeo Konver, aunque la decisión corresponde mayoritariamente al sector público, es decir el gobierno y la aceptación de la sensibilidad sindical.

En definitiva el abandono del EFA podría suponer tres cosas:

Primero la reducción de las dimensiones del gasto público.

Segundo, nuevas opciones de I&D que permitirían reducir costos de oportunidad dedicados a otros sectores civiles que mantienen actualmente la dinámica tecnológica en el sector civil.

Tercero, la posibilidad de diseñar una nueva política industrial distinta a la que ha regido España en los últimos 15 años, cuyos resultados en el sector público, no han sido ni de lejos los afortunados.