P A U  G L O B A L

Papers electrònics, n. 49 10 de desembre de 2007

*

*

Per subscriure-vos-hi o donar-vos-en de baixa envieu la petició a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. posant a l'assumpte: SUBSCRIPCIÓ A PAU GLOBAL. .Demanem que ens feu suggeriments i opinions; així mateix, també demanem que feu circular la informació. Els articles publicats són l'opinió dels seus autors i no representen, si no s'indica el contrari, l'opinió del Centre Delàs. Us oferim la versió en català i en castellà

Para subscribirse o darse de baja envie la petición a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. indicando en el asunto: SUBSCRIPCIÓN A PAU GLOBAL Pedimos que nos hagan llegar sugerencias y opiniones; así mismo, solicitamos que hagan circular esta información. Los artículos publicados son la opinión de sus autores y no representan, si no se especifica lo contrario, la opinión del Centre Delàs. Les ofrecemos la versión en catalán y en castellano.

Centre d'Estudis per a la Pau J.M.Delàs - Justícia i Pau
Rivadeneyra, 6, 10è- 08002 Barcelona T. 93 317 61 77 - Fax. 93 412 53 84 - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
www.justiciaipau.org/centredelas

La responsabilidad corporativa y las armas
Carlos Jiménez Villarejo

El comercio ilícito de armas, cualquiera que sea su clasificación reglamentaria, está penalmente sancionado, particularmente desde que entró en vigor el Código Penal de 1995, siempre que se haga sin autorización "de las leyes o de la autoridad competente". Ya se trate de "armas de guerra", de "armas de fuego reglamentadas", y sus correspondientes "municiones", y de "armas químicas o biológicas" (Arts. 566-568 C. Penal). Estableciéndose, además, una agravación de la pena cuando "el delincuente estuviere autorizado para fabricar o traficar con alguna o algunas de dichas armas o municiones". Está previsto, pues, que el delito pueda ser cometido por empresas legalmente constituidas, además de otras personas u organizaciones criminales. Constituye una obviedad pues es difícil imaginar que actos y negocios de esta naturaleza puedan llevarse a cabo fuera del ámbito empresarial. En cualquier caso, es una conducta delictiva prácticamente desconocida por los Tribunales, reflejo de la escasa atención que le prestan las Fuerzas de Seguridad. Hasta el punto de que en la última Memoria del Fiscal General del Estado, sobre 2006, no figura entre los delitos perseguidos, no se incorporó ningún procedimiento penal por dicho delito. Es más que preocupante, porque no puede aceptarse que el tráfico de armas se produzca siempre en el estricto marco de la legalidad cuando está constatado internacionalmente que es uno de los orígenes más importantes del lavado de dinero ilícito.

En todo caso, ha ido creciendo la preocupación por incrementar los controles de los Estados sobre dicha actividad, paralelamente a la expansión de las guerras y al uso masivo e indiscriminado de las armas en perjuicio de los países empobrecidos. Preocupación tardía. En España, la primera regulación de la importación y exportación de "material de defensa y de doble uso" es en 1992, en cuanto objeto de contrabando, es decir, de fraude fiscal, y sólo desde 1993 se regula administrativamente el comercio de armas, regulación que es sustituida y actualizada por el R.D.1782/2004, de 30 de Julio, actualmente vigente. Hasta esas fechas, el comercio de armas era completamente libre y amparado exclusivamente por las leyes del mercado al margen de cualquier control oficial. Es posible que por ello continúe considerándose como una actividad aún extraña al sistema penal.

Estamos, pues, ante una actividad económica en la que, más allá de los controles estatales, las empresas deciden libremente qué armas fabrican, dónde las exportan y en qué condiciones, con independencia de los riesgos y perjuicios que esas armas pueden causar a las personas y los pueblos que las reciben. La señal de alerta ante tanta impunidad fue la Moción del Congreso de Diputados de 13-12-2005, no hace ni dos años, instando al Gobierno a presentar un Proyecto de Ley sobre esta actividad incrementando y haciendo más efectivos los controles actuales.

Mientras tanto, se apela y reclama de las empresas que tienen como objeto la fabricación, financiación y exportación de armas que obren con arreglo a códigos éticos y a los principios de lo que se denomina responsabilidad social corporativa para garantizar, se dice, transparencia en todo el proceso de fabricación y exportación. Exigencias, como veremos, manifiestamente insuficientes dado que, como es sabido, estamos en una "economía transnacional que en gran medida escapa al control de los poderes de los Estados" donde "el paradigma de la democracia estatal se ha hecho insuficiente" (1).

Dice Luís de Sebastián que "la razón de ser de las empresas es el beneficio de la comunidad" (2). Ello les da "legitimidad y respetabilidad". Con el fin de obtener estos atributos, ante el vacio legal existente, se han puesto en marcha iniciativas y estudios para dotar a las empresas de aquellos códigos que, por más bienintencionados que sean, no afectarán a las parcelas de su actividad donde el supuesto servicio a la comunidad entrará en conflicto con la obtención de beneficios. La apelación a la RSC o ética de los negocios es un objetivo contradictorio ante un proceso globalizador, dirigido por poderes de escasa o nula legitimidad democrática (como el BM, el FMI o la OMC) que ha generado más injusticias que beneficios. "Los sujetos con vocación transnacional encuentran en la no pertenencia territorial una oportunidad de desarrollar mejor las propias potencialidades y de poner en jaque una geografía de poderes que parecía haber encontrado su referencia definitiva en los estados" (3).

Las citadas propuestas parecen olvidar que los deberes de los empresarios, particularmente de los Administradores que gobiernan las empresas, están ya previstas en la Ley de Sociedades Anónimas que obliga a actuar "con la diligencia de un ordenado comerciante y de un representante leal", fijando los deberes de fidelidad y lealtad (Art. 127 R. D. Legislativo 1564/1989, reformado por la Ley 26/2003). Pero parece que, en efecto, estas previsiones no bastan ante "la mano invisible del mercado" (4) o ante "connivencias empresariales espurias" (5) que agudizan las relaciones entre negocios y ética. Pero, sobre todo, cuando las empresas no actúan en el marco constitucional que define el orden socio-económico vigente.

El concepto y alcance del "orden socio-económico" como valor fundamental que debe ser objeto de una especifica protección ha de situarse, necesariamente, en la Constitución. En efecto, la Constitución establece un determinado modelo de "orden socio-económico", el que está comprendido bajo el concepto, con origen en la Constitución de Weimar, de Constitución económica que no es otra cosa que "el marco y los principios jurídicos de la Ley fundamental que ordenan y regulan el funcionamiento de la actividad económica" (S. Martín Retortillo) y que ya asumió el Tribunal Constitucional (S. 1/82, de 28 de enero) al decir: "En la Constitución española de 1978, a diferencia de lo que solía ocurrir con las Constituciones liberales del siglo XIX, y de forma semejante a lo que sucede en las más recientes Constituciones europeas, existen varias normas destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica; el conjunto de todas ellas compone lo que suele denominarse la Constitución económica formal. Este marco implica la existencia de unos principios básicos del orden económico que han de aplicarse con carácter unitario, unicidad ésta reiteradamente exigida por la Constitución, cuyo Preámbulo garantiza la existencia de 'un orden económico y social justo'."

Criterio que define la línea de un "orden socio-económico", característico del Estado social de Derecho, en el que, por tanto, el reconocimiento de "la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado" (art. 38 CE.) como eje del sistema económico está sujeto a un amplio conjunto de prescripciones constitucionales, como la función social de la propiedad privada (art. 33.2) que, como acertadamente sostiene Diez Picazo, no sólo "preserva a la propiedad en un sistema económico que continúa siendo capitalista" sino que "origina deberes para el propietario en función de intereses distintos y del interés público general" (véase la Sentencia del Tribunal Constitucional 37/87, de 26 de marzo, sobre utilidad individual y función social de la propiedad privada), la subordinación de toda la riqueza del país al interés general (art. 128.1), la planificación de la actividad económica para atender a las necesidades colectivas, equilibrarlas y armonizar el desarrollo regional y sectorial, estimular el conjunto de la renta y de la riqueza y su más justa distribución (art. 131.1) y, finalmente, por imperativo del artículo 9.2, el compromiso de los poderes públicos de promover la efectiva y real igualdad y libertades de los ciudadanos mediante la remoción de los obstáculos que se opongan a ello. Con ello, la Constitución define un modelo social y económico, esencialmente dinámico, en esa perspectiva, que se traduce en la función promocional del orden social que expresan los preceptos constitucionales según los cuales los Poderes Públicos deben promover, garantizar y asegurar los derechos que se integran en "los principios rectores de la política social y económica".

Desde este marco fundamental, podría sostenerse que el sistema más que el modelo económico constitucional está configurado por la libertad económica, cuyo núcleo es la empresa y el mercado (art. 38), completado por una activa ordenación de la actividad económica de los poderes públicos con el fin de "promover el progreso... de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida" (Preámbulo de la Constitución) que se concreta en los artículos 40, 45, 50, 54, 130, 131, etc., preceptos que no persiguen otra cosa sino equilibrar el desarrollo económico. Pero, en todo caso, debe reconocerse que la economía de mercado no sólo no excluye la intervención de los Poderes Públicos en la regulación de la misma sino que, como ha explicitado la STC. 88/86, de 1 de julio, el propio mantenimiento del mercado y la garantía de la competencia impone aquella intervención pública. Así lo reconoce formalmente la Ley 3/91, de 10 de enero, reguladora de la competencia desleal al referirse en la Exposición de Motivos a los valores que han cuajado en nuestra "Constitución económica" para, a continuación, regular específicamente las conductas de competencia desleal.

Estamos, pues, ante un sistema de "orden socio-económico" que el legislador debe amparar y proteger frente a aquellas conductas que lo perturban gravemente.

Y, desde luego, desde este punto de partida, régimen de convivencia y sistema de valores, la actividad de la empresa necesita de límites de carácter administrativo pero también punibles y los ciudadanos, como sujeto colectivo de derechos y necesidades, deben ser protegidos frente a conductas que lesionan o ponen en peligro gravemente sus intereses.

En este contexto, los esfuerzos para definir y dotar de contenido a la RSC serán cada vez mas difíciles si no se ajustan a esos presupuestos constitucionales. Así lo expresan dos iniciativas relevantes en esa dirección.

En primer lugar, el Código Unificado de Buen Gobierno de la CNMV, aprobado en Mayo de 2006 que concluye con unas Recomendaciones tan genéricas como fácilmente eludibles. Si, como sostiene, el objetivo último de la empresa es la "maximización del valor económico" resultará complejo que ese fin sea compatible con "los principios de responsabilidad social que la compañía haya considerado razonable adoptar para una responsable conducción de los negocios". Y, desde luego, no puede bastar que esa RSC consista en lo que ya se deriva del marco institucional y legal en que actúa, como el respeto de las leyes y reglamentos, el cumplimiento de buena fe de sus obligaciones y el respeto de los usos y prácticas de sectores y actividades donde ejerza su actividad. En términos concretos, sólo consta una apelación en relación a operaciones en paraísos fiscales "si pueden menoscabar la transparencia del Grupo". Es francamente decepcionante.

Igual ocurre con el Informe de la Subcomisión Parlamentaria del Congreso de Diputados en orden a promover y potenciar la responsabilidad social de las empresas, aprobado en Julio de 2006, con el fin de que sirva de base a un futuro proyecto de ley del Gobierno. Constituye un catálogo de proclamaciones retóricas y de buenas intenciones. Dice esto: "las empresas no sólo deben preocuparse por los resultados, sino también por la forma en que los obtienen y por su contribución a la sociedad… El valor social de las empresas está cada vez más desconectado de sus resultados y ha de demostrarse de otro modo". Se reclama que las empresas deben incorporar valores sociales o medioambientales, lo que se denomina "practicas sociales solidarias". "El concepto de responsabilidad social empresarial sitúa a la empresa dentro de la sociedad (…) absolutamente inserta en ella y siendo responsable, no sólo de intercambios económicos, sino (…) de lo que está pasando, sobre todo, de lo que está pasando mal". Pero, en todo caso, está presente una constante, todos esos supuestos valores deben ser compatibles con "una cuenta de resultados saneada". El Informe contiene un apartado sobre la relación de la RSC con los derechos humanos que, pese a su inconcreción, merece ser considerada. Por una parte, plantea que "el respeto a los estándares mínimos internacionales de derechos humanos pasa a ser un elemento intrínseco al proceso de construcción de la empresa socialmente responsable" porque, afirma, "se ha dejado atrás la concepción clásica según la cual únicamente los estados y los individuos pueden ser responsables de abusos a los derechos". Desde este positivo punto de partida, las conclusiones, con ser importantes, carecen de precisión sobre el alcance de esos abusos y los derechos que efectivamente pueden ser lesionados por la actividad empresarial. Ciertamente, plantea la necesidad de "medir la eficacia de la gestión en clave de derechos humanos" y "poner en marcha mecanismos, metodologías y sistemas internos y externos de evaluación" para "corregir determinadas prácticas o procesos incorrectos". Pero no avanza más allá. Y es una grave deficiencia cuando reconoce que las empresas actúan "en un contexto de internacionalización y deslocalización crecientes de la economía, que fragmenta los procesos productivos en países con diferentes grados de protección de los derechos humanos" y que "nuestras sociedades reclaman a la empresa responsable que construya su legitimidad, identidad y responsabilidad a través, también, del respeto de los derechos humanos". Ya veremos cuales son los efectos de este Informe, ya en la próxima legislatura.

Resulta evidente que pese a estos moderados proyectos, "el mercado no facilita la ética" (6), sobre todo, cuando ante ciertas operaciones y en determinados países, como ocurre con el comercio de armas, el mercado es un fin en sí mismo. Sería deseable que el crecimiento de una ética cívica, sustentada en valores como la tolerancia y el respeto, sin excepciones, de todos los derechos, favoreciera un desarrollo de una ética empresarial. Pero, ¿es ciertamente viable? ¿O es una cuestión de cosmética ante las exigencias de los usuarios, consumidores y de la sociedad civil? (7). Quizás fuese posible si la empresa, como decía el Profesor Aranguren, actuase como un "quehacer moral, el quehacer por excelencia de nuestro tiempo, cuyos objetivos son no sólo la producción y los beneficios que de ella, de los bienes y servicios resultan, sino el desarrollo humano y el bien moral". Pero este desideratum está lejos de alcanzarse cuando se comprueban los beneficios anuales que obtienen, entre otras empresas, las entidades de crédito y las remuneraciones de sus directivos que expresan un régimen profundamente injusto y desigual. Así resulta de los análisis de la economía española. En España hay un crecimiento cada vez mayor de las personas físicas que ganan más de un millón de euros al año hasta el punto de que es uno de los 10 países del mundo con más millonarios. Igual ocurre con el incremento de personas que ganan al año más de 24 millones de euros que, según fuente solventes como el Banco de Inversiones Merrill Lynch y la Consultora Cap Gémini, son 1.500 personas, aun cuando según la Agencia Tributaria española sólo 65 declaran dicho nivel de renta. Mientras tanto, la Agencia Tributaria reconoce que el fraude fiscal alcanza el 10% del PIB y se concentra en los grupos más poderosos de la población. Simultáneamente España, en la Europa de los Quince es uno de los países con mayor índice de pobreza (el 18% de la población) (8). Y, en el ejercicio 2006 el Grupo Santander obtuvo un beneficio de 7.596,00 millones de euros y el BBVA 4.736,00 millones de euros, siguiéndoles La Caixa con un beneficio de 3.025,00 millones de euros. Entidades que, además, se caracterizan por actuar en un mercado financiero transnacional, carente de regulación, y con una presencia significativa en paraísos fiscales que representan la opacidad de los agentes y sus operaciones y la ausencia de carga fiscal. Concurren serias razones para pensar que, particularmente, estas empresas están muy lejos de constituir "un quehacer moral". Más bien, lo contrario.

Mientras las empresas encuentran respuesta a tantos interrogantes, hace mucho tiempo que se llegó a una constatación, como la contenida en la Declaración de París de 2003, de un amplio grupo de juristas, "contra la corrupción a gran escala". Las actividades más sensibles a ella, decía, son "la energía, las obras públicas, el armamento, la aeronáutica y la explotación de recursos mineros".

Era indispensable e inaplazable establecer mayores controles en el comercio de armas que, entre otras muchas iniciativas, tuvieron una expresión muy clara en el Código de Conducta de la U.E. de 8-6-1998. El problema era y es evidente: "Anualmente el comercio de armas ligeras asciende a ocho millones de unidades, muchas de las cuales, antes de finalizar su ciclo vida, formarán parte de alguna transferencia ilegal. El número de víctimas mortales que producen estas armas, ya sea en el marco de conflictos armados o bien en marcos de violencia social, se sitúa en torno a las 500.000 anuales, o lo que es lo mismo una persona por minuto. El volumen total del comercio de armas ligeras asciende a unos 4.000 millones de dólares anuales; tan solo en el caso de España el volumen total de las exportaciones de armas ascendió en 2005 a 420 millones de euros, el 2006 el incremento es notable pues en el primer semestre ya se ha alcanzado la cifra de todo el año anterior." (Exposición de Motivos de la Enmienda a la totalidad del Grupo ICV al Proyecto de Ley del Gobierno). El citado Código ya advierte de la falta de transparencia en esta actividad, formulando Criterios y Disposiciones operativas que tienen dos ejes fundamentales. Evitar que dicho comercio se utilice en los países de destino para la "represión interna" y "prevenir y luchar contra el tráfico ilícito de armas convencionales". Desde este posición, fija Criterios para garantizar el "respeto de los derechos humanos en el país de destino final", que incluye una especial atención para evitar el comercio de "equipos" que puedan emplearse "con fines de seguridad interna", es decir, para la práctica de la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, el "mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales" y, entre otros, el "desarrollo sostenible del país receptor".

Criterios y Disposiciones que tanto afectan a los Estados como a las empresas fabricantes, comerciantes o que intervienen en la financiación de dicho comercio. Ante estos y otros Acuerdos internacionales y la presión de la sociedad civil, el Gobierno español presentó un Proyecto de Ley, pendiente de ser aprobado. El Proyecto presenta una carencia fundamental, no haber incluido la regulación de la exportación de "equipos" susceptibles de ser empleados para la práctica de la tortura, máxime cuando es una materia ya regulada por la U.E.

En efecto, la Unión Europea ha aprobado un Reglamento "sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penales crueles, inhumanos o degradantes" (9). El Preámbulo de dicha norma permite conocer que la Comisión de Derechos Humanos de las NN.UU adoptó una Resolución el 25 de abril de 2001, confirmada por otras posteriores, en la que se hacía un llamamiento a los Estados Miembros para que tomaran las medidas apropiadas "para prevenir y prohibir entre otras cosas la exportación de materiales diseñados específicamente para infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". Pero ello no ha sido obstáculo para la admisión del comercio y particularmente la exportación desde la Unión Europea de determinados materiales o productos "que puedan ser utilizados para infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes". El único criterio que limitaría la exportación de dichos materiales, sería que "su uso sea intrínsecamente cruel, inhumano o degradante, que se trate de materiales" cuyos efectos médicos no se conozcan plenamente" y "de aquellos otros cuyo uso en la práctica haya revelado un riesgo importante de abusos o lesiones innecesarias (10).

Estamos, pues, ante una disposición Comunitaria que en nombre de la promoción del respeto a la vida humana y los derechos humanos y del "propósito de proteger la moral pública", regula nada más y nada menos que el comercio de la tortura naturalmente hacia países terceros de la Unión Europea, es decir, allí donde el control del uso de materiales es prácticamente imposible o inexistente. La consecuencia de todo ello es que para comerciar o exportar dichos productos basta "una licencia de exportación" que corresponde a cada Estado por una determinada autoridad. Por tanto, según el Reglamento, solamente queda prohibida "toda exportación de los productos cuyo único uso práctico es aplicar la pena de muerte, infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes" que se describen en el Anexo II del Reglamento y que, en cuanto se refiere a la práctica de la tortura, solamente comprende los "cinturones de electrochoque, diseñados para inmovilizar a seres humanos mediante la administración de descargas eléctricas de una tensión en circuito abierto superior a 10.000 voltios".

El citado Proyecto era la ocasión para que el Gobierno, cumpliendo la Disposición Operativa 2 del Código de Conducta, aplicara en este ámbito normas "más estrictas" tanto en relación a los requisitos de las licencias de exportación como que, en aras de la transparencia, informara al Congreso de Diputados con mayor periodicidad y con mayor precisión no sólo de los exportadores y de quienes los financian y de los productos exportados sino de la naturaleza exacta de cada uno de ellos, en lugar de la más que insuficiente previsión del actual art. 16 de dicho Proyecto.

Y, desde luego, resulta ineludible que en el Registro Especial de Operadores de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso figuren no sólo los que "negocien o concierten transacciones o los que "compren, vendan o concierten la transferencia de dichos artículos…", sino los fabricantes y cuantas entidades de crédito intervengan en la financiación de las citadas operaciones. Ante una materia que está afectando a la estabilidad y seguridad mundial, en perjuicio siempre de los países más pobres, el Estado no puede permitir que se mantengan zonas opacas a control sobre las empresas de las Autoridades que otorgan las licencias y a la información y el control parlamentario.

El comercio de armas es un ámbito en el que el Estado de derecho se juega su identidad y su legitimidad. Porque, estando ante el control de los instrumentos que hacen posible el empleo de la fuerza, debe responder ante los ciudadanos y, sobre todo, frente a aquellos países receptores de armas en los que éstas contribuyen al desarrollo o incremento de la violencia, a enfrentamientos internos y a la destrucción de la convivencia. Por todo ello, las normas debían haber sido más rigurosas para el Estado y para los intereses económicos en juego. Porque es la forma de impulsar, como exige para todos el Preámbulo de la Constitución, el "fortalecimiento de relaciones pacíficas…. entre todos los pueblos de la Tierra".

Notas:

(1) Declaración de Granada, 29-5-2005, Conclusiones del Congreso Mundial de Filosofía Jurídica y social, J. Habermas, E. Díaz, L. Ferrajoli, M. Atienza…
(2) Breve antología de términos económicos, cuadernos Cristianismo y Justicia, nº 145, pg. 12.
(3) Las instituciones jurídicas de la globalización, Mª Rosaria Ferrese, Revista Jueces para la Democracia, nº 42, pg. 34.
(4) Ubaldo Nieto de Alba, Presidente del Tribunal de Cuentas,"Etica de Gobierno, economía y corrupción". Editorial Complutense. 1996.
(5) J. Estefanía, "La cara oculta de la prosperidad". Taurus. 2003.
(6) Mercado versus Función pública, Jaime Rodríguez Arana, Escola Galega de Administración Pública.1996. Pg. 62.
(7) Ética de la empresa. Adela Cortina. Editorial Trotta. Pg. 76.
(8) Viçens Navarro. Catedrático de políticas públicas de la UPF. Informativo Attac, Madrid , septiembre 2006.
(9) Reglamento (CE) Nº 1236/2005 DEL CONSEJO de 27 de junio de 2005, entró en vigor el 30 de julio de 2006
(10) La autoridad competente para otorgar dichas licencias en España es la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Paseo de la Castellana 162, 28046. Madrid- teléfono 915.83.52.84.
Los productos que pueden ser objeto de exportación, una vez obtenida la licencia, son los siguientes:
"Sillas de sujeción y planchas de inmovilización. Esposas para tobillos, cadenas colectivas, grilletes, esposas y grilletes de muñeca individuales. Esposas para pulgares y empulgueras, incluidas las esposas dentadas en pulgares. Dispositivos portátiles para provocar descargas eléctricas incluidos entre otros picanas, escudos eléctricos, armas aturdidoras y pistolas que disparan dardos eléctricos de una tensión en circuito abierto superior a 10.000 voltios. Dispositivos portátiles para su uso de material antidisturbios o para su defensa mediante la administración o diseminación de una sustancia química incapacitante. Vanillilamida del ácido pelargónico y oleorresina cápsicum".

Carlos Jiménez Villarejo és ex fiscal anticorrupció de l'Estat espanyol.

La Llei d'ocultació de les vendes d'armes
Eduardo Melero i Tica Font

Per a poder exportar armes es necessita una autorització administrativa que concedeix el Ministeri d'Indústria. Aquesta autorització es concedeix sempre que hi hagi un informe favorable de la Junta Interministerial Reguladora del Comerç Exterior de Material de Defensa i de Doble Ús (JIMDDU), que és l'òrgan que valora que les exportacions compleixin els requisits establerts per la llei. Per llei la JIMDDU ha de vetllar pel compliment del Codi de Conducta de la UE, codi que ha quedat recollit en la mateixa llei. Aquest codi estableix que no s'han de vendre armes a països sancionats, inestables, en conflicte armat, que vulnerin els drets humans, que no condemnin el terrorisme o que tinguin un nivell de benestar delicat. A la vista d'això, com cal interpretar les exportacions d'armes espanyoles a Turquia, Aràbia Saudita, El Marroc, Equador, Colòmbia, Índia, Israel, Veneçuela, Unió dels Emirats Àrabs, Indonèsia, Singapur, Tailàndia, Sri Lanka, Angola, Ghana, Pakistan i Kenya? A la llum d'aquestes exportacions, com comprovar que la JIMDDU compleix la llei si les seves decisions i les seves actes són secretes?

Des de Justícia i Pau entenem que una veritable transparència té com a condició prèvia que es prohibeixi classificar com a secret d'estat el contingut de les actes de la Junta Interministerial Reguladora del Comerç Exterior de Material de Defensa i de Doble Ús (JIMDDU). Mentre es mantingui el contingut d'aquestes actes com a secret d'Estat, parlar de transparència en matèria de comerç d'armes és una forma de manipulació. El secret d'Estat en el comerç d'armes impedeix parlar de transparència i a més atorga la cobertura necessària per ocultar el descontrol existent en el comerç d'armes. Un descontrol que la nova llei no tallarà mentre mantingui les seves autèntiques causes: el secretisme i els poders arbitraris que s'atorguen a la JIMDDU.

Mantenir les actes de la JIMDDU classificades com a secret d'Estat suposa que la informació sobre el comerç d'armes no pot ser coneguda per l'opinió pública ni sotmesa a control parlamentari. Precisament per això s'han classificat com a secret d'Estat, per ocultar a la ciutadania i al Parlament els aspectes més escandalosos del comerç d'armes. El comerç d'armes és així un negoci secret, que només coneixen les indústries armamentístiques i l'Administració. El secretisme impossibilita en la pràctica que es pugui portar a terme un control judicial de les autoritzacions administratives d'exportació atorgades. Jurídicament aquesta classificació de secret vulnera la Llei sobre secrets oficials, que només permet declarar com a secret aquella informació el coneixement públic de la qual "pugui danyar o posar en risc la seguretat i defensa de l'Estat" (article 2).

Un altre dels aspectes més negatius de la llei és que atorga a la JIMDDU el poder de no exigir informe previ ni documents de control en aquelles exportacions que es determinin reglamentàriament (article 14, apartat 3). El reglament vigent permet a la JIMDDU una llibertat total en aquest sentit, situació que molt probablement no canviï amb el nou reglament. La llei no impedeix que la JIMDDU decideixi no controlar determinades exportacions, poder que podrà utilitzar al seu lliure arbitri. Si sumem secretisme i arbitrarietat el resultat no pot ser altre que el descontrol (o falta de control) en el comerç d'armes.

La llei també obliga el Govern a enviar al Congrés dels Diputats informació estadística sobre les exportacions d'armes (article 16). Es recull així legalment una pràctica que es realitza des de fa diversos anys. El contingut d'aquestes estadístiques és molt deficient, ja que impedeixen conèixer realment quines armes s'exporten. Per exemple, l'informe del 2006 recull que al Marroc s'han exportat armes per valor de 6.922.200   en artefactes inclosos en la categoria 4 (bombes, torpedes, coets, míssils). És a dir, podem saber el valor de l'exportació per país, però no exactament el producte: s'han venut mines antipersona?, s'han venut bombes de dispersió a algun d'aquests països? Aquesta informació no l'ofereix l'informe del 2006 i no s'oferirà en els informes dels propers anys.

Se'ns presenta com avanç que l'article 16 inclogui que el govern informarà sobre l'usuari final i la naturalesa pública o privada de l'exportació. L'informe del 2006 facilita la informació següent; per exemple, les exportacions a Canadà en un 99,61% (del valor exportat) l'usuari és privat i l'importador és una empresa privada i en el 0,39% l'usuari són les forces armades i l'ús és públic. Canadà va rebre per categoria 4 (bombes, torpedes, coets, míssils) armes per valor de 1.031.850  . Resulta alarmant que s'hagin pogut vendre a una empresa privada i per a ús privat bombes o míssils i que no puguem saber quina classe d'empresa és, a què es dedica i sota quins conceptes pot l'empresa utilitzar aquestes bombes o míssils. Signifiquen aquestes exportacions que comencem a privatitzar la guerra?

Si a això sumem l'aplicació del secret estadístic, que ja no es recull expressament en el text de llei però resulta aplicable en virtut de l'article 13 de la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública, les estadístiques d'exportació no inclouran dades relatives als exportadors i als productes exportats.

Finalment, la llei no prohibeix la fabricació i exportació de bombes de dispersió, sinó que es limita a assenyalar que el Govern promourà i donarà suport a les iniciatives nacionals i internacionals per restringir-les i, si s'escau, prohibir-les (disposició final tercera). A part del dubtós valor jurídic d'aquesta fórmula, el secretisme existent impedeix saber si realment s'estan exportant bombes penjoll.

En conclusió, contràriament a la seva denominació, la llei aprovada no és la llei del control del comerç d'armes, sinó la llei que garanteix el seu descontrol i la seva ocultació. La nostra valoració que aquesta llei no suposarà una millor pràctica del nostre Govern és avalada per altres polítiques que impulsa el Govern a través de diversos ministeris. No podem esperar que el nostre Govern sigui escrupolós en el compliment de l'esperit de la llei si des de diferents ministeris es porten a terme polítiques de suport a la indústria d'armament, com la política d'inversió o la política d'investigació i desenvolupament de noves armes, o la participació en projectes europeus de noves armes, o la política de foment de les exportacions d'armes espanyoles. Cal destacar la complexa organització administrativa dedicada a patrocinar les exportacions d'armes espanyoles, l'Oficina de Suport Exterior del Ministeri de Defensa, les Agregaduries de Defensa que hi ha en les ambaixades, i dues empreses públiques DEFEX S. A. i ISDEFE - Gerència de Cooperació Industrial. Finalment cal destacar que moltes de les exportacions d'armes espanyoles es realitzen amb finançament públic o s'asseguren a través de l'empresa pública Companyia Espanyola d'Assegurances de Crèdit a l'Exportació, S. A. Sembla raonable pensar que no només a través de la legislació es regularà la política d'exportacions d'armes espanyoles, sinó que la forma amb què s'interpreta i aplica són unes peces més de la política de foment de les exportacions d'armes. Prova d'això són les poques denegacions d'autoritzacions que es produeixen (16 el 2005 i 3 el 2006, segons les estadístiques oficials).

Eduardo Melero i Tica Font són investigadors del Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs, de Justícia i Pau.

La indústria militar aeronàutica a Catalunya
Pere Ortega

La responsabilidad corporativa y las armas
Carlos Jiménez Villarejo

El comercio ilícito de armas, cualquiera que sea su clasificación reglamentaria, está penalmente sancionado, particularmente desde que entró en vigor el Código Penal de 1995, siempre que se haga sin autorización "de las leyes o de la autoridad competente". Ya se trate de "armas de guerra", de "armas de fuego reglamentadas", y sus correspondientes "municiones", y de "armas químicas o biológicas" (Arts. 566-568 C. Penal). Estableciéndose, además, una agravación de la pena cuando "el delincuente estuviere autorizado para fabricar o traficar con alguna o algunas de dichas armas o municiones". Está previsto, pues, que el delito pueda ser cometido por empresas legalmente constituidas, además de otras personas u organizaciones criminales. Constituye una obviedad pues es difícil imaginar que actos y negocios de esta naturaleza puedan llevarse a cabo fuera del ámbito empresarial. En cualquier caso, es una conducta delictiva prácticamente desconocida por los Tribunales, reflejo de la escasa atención que le prestan las Fuerzas de Seguridad. Hasta el punto de que en la última Memoria del Fiscal General del Estado, sobre 2006, no figura entre los delitos perseguidos, no se incorporó ningún procedimiento penal por dicho delito. Es más que preocupante, porque no puede aceptarse que el tráfico de armas se produzca siempre en el estricto marco de la legalidad cuando está constatado internacionalmente que es uno de los orígenes más importantes del lavado de dinero ilícito.

En todo caso, ha ido creciendo la preocupación por incrementar los controles de los Estados sobre dicha actividad, paralelamente a la expansión de las guerras y al uso masivo e indiscriminado de las armas en perjuicio de los países empobrecidos. Preocupación tardía. En España, la primera regulación de la importación y exportación de "material de defensa y de doble uso" es en 1992, en cuanto objeto de contrabando, es decir, de fraude fiscal, y sólo desde 1993 se regula administrativamente el comercio de armas, regulación que es sustituida y actualizada por el R.D.1782/2004, de 30 de Julio, actualmente vigente. Hasta esas fechas, el comercio de armas era completamente libre y amparado exclusivamente por las leyes del mercado al margen de cualquier control oficial. Es posible que por ello continúe considerándose como una actividad aún extraña al sistema penal.

Estamos, pues, ante una actividad económica en la que, más allá de los controles estatales, las empresas deciden libremente qué armas fabrican, dónde las exportan y en qué condiciones, con independencia de los riesgos y perjuicios que esas armas pueden causar a las personas y los pueblos que las reciben. La señal de alerta ante tanta impunidad fue la Moción del Congreso de Diputados de 13-12-2005, no hace ni dos años, instando al Gobierno a presentar un Proyecto de Ley sobre esta actividad incrementando y haciendo más efectivos los controles actuales.

Mientras tanto, se apela y reclama de las empresas que tienen como objeto la fabricación, financiación y exportación de armas que obren con arreglo a códigos éticos y a los principios de lo que se denomina responsabilidad social corporativa para garantizar, se dice, transparencia en todo el proceso de fabricación y exportación. Exigencias, como veremos, manifiestamente insuficientes dado que, como es sabido, estamos en una "economía transnacional que en gran medida escapa al control de los poderes de los Estados" donde "el paradigma de la democracia estatal se ha hecho insuficiente" (1).

Dice Luís de Sebastián que "la razón de ser de las empresas es el beneficio de la comunidad" (2). Ello les da "legitimidad y respetabilidad". Con el fin de obtener estos atributos, ante el vacio legal existente, se han puesto en marcha iniciativas y estudios para dotar a las empresas de aquellos códigos que, por más bienintencionados que sean, no afectarán a las parcelas de su actividad donde el supuesto servicio a la comunidad entrará en conflicto con la obtención de beneficios. La apelación a la RSC o ética de los negocios es un objetivo contradictorio ante un proceso globalizador, dirigido por poderes de escasa o nula legitimidad democrática (como el BM, el FMI o la OMC) que ha generado más injusticias que beneficios. "Los sujetos con vocación transnacional encuentran en la no pertenencia territorial una oportunidad de desarrollar mejor las propias potencialidades y de poner en jaque una geografía de poderes que parecía haber encontrado su referencia definitiva en los estados" (3).

Las citadas propuestas parecen olvidar que los deberes de los empresarios, particularmente de los Administradores que gobiernan las empresas, están ya previstas en la Ley de Sociedades Anónimas que obliga a actuar "con la diligencia de un ordenado comerciante y de un representante leal", fijando los deberes de fidelidad y lealtad (Art. 127 R. D. Legislativo 1564/1989, reformado por la Ley 26/2003). Pero parece que, en efecto, estas previsiones no bastan ante "la mano invisible del mercado" (4) o ante "connivencias empresariales espurias" (5) que agudizan las relaciones entre negocios y ética. Pero, sobre todo, cuando las empresas no actúan en el marco constitucional que define el orden socio-económico vigente.

El concepto y alcance del "orden socio-económico" como valor fundamental que debe ser objeto de una especifica protección ha de situarse, necesariamente, en la Constitución. En efecto, la Constitución establece un determinado modelo de "orden socio-económico", el que está comprendido bajo el concepto, con origen en la Constitución de Weimar, de Constitución económica que no es otra cosa que "el marco y los principios jurídicos de la Ley fundamental que ordenan y regulan el funcionamiento de la actividad económica" (S. Martín Retortillo) y que ya asumió el Tribunal Constitucional (S. 1/82, de 28 de enero) al decir: "En la Constitución española de 1978, a diferencia de lo que solía ocurrir con las Constituciones liberales del siglo XIX, y de forma semejante a lo que sucede en las más recientes Constituciones europeas, existen varias normas destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica; el conjunto de todas ellas compone lo que suele denominarse la Constitución económica formal. Este marco implica la existencia de unos principios básicos del orden económico que han de aplicarse con carácter unitario, unicidad ésta reiteradamente exigida por la Constitución, cuyo Preámbulo garantiza la existencia de 'un orden económico y social justo'."

Criterio que define la línea de un "orden socio-económico", característico del Estado social de Derecho, en el que, por tanto, el reconocimiento de "la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado" (art. 38 CE.) como eje del sistema económico está sujeto a un amplio conjunto de prescripciones constitucionales, como la función social de la propiedad privada (art. 33.2) que, como acertadamente sostiene Diez Picazo, no sólo "preserva a la propiedad en un sistema económico que continúa siendo capitalista" sino que "origina deberes para el propietario en función de intereses distintos y del interés público general" (véase la Sentencia del Tribunal Constitucional 37/87, de 26 de marzo, sobre utilidad individual y función social de la propiedad privada), la subordinación de toda la riqueza del país al interés general (art. 128.1), la planificación de la actividad económica para atender a las necesidades colectivas, equilibrarlas y armonizar el desarrollo regional y sectorial, estimular el conjunto de la renta y de la riqueza y su más justa distribución (art. 131.1) y, finalmente, por imperativo del artículo 9.2, el compromiso de los poderes públicos de promover la efectiva y real igualdad y libertades de los ciudadanos mediante la remoción de los obstáculos que se opongan a ello. Con ello, la Constitución define un modelo social y económico, esencialmente dinámico, en esa perspectiva, que se traduce en la función promocional del orden social que expresan los preceptos constitucionales según los cuales los Poderes Públicos deben promover, garantizar y asegurar los derechos que se integran en "los principios rectores de la política social y económica".

Desde este marco fundamental, podría sostenerse que el sistema más que el modelo económico constitucional está configurado por la libertad económica, cuyo núcleo es la empresa y el mercado (art. 38), completado por una activa ordenación de la actividad económica de los poderes públicos con el fin de "promover el progreso... de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida" (Preámbulo de la Constitución) que se concreta en los artículos 40, 45, 50, 54, 130, 131, etc., preceptos que no persiguen otra cosa sino equilibrar el desarrollo económico. Pero, en todo caso, debe reconocerse que la economía de mercado no sólo no excluye la intervención de los Poderes Públicos en la regulación de la misma sino que, como ha explicitado la STC. 88/86, de 1 de julio, el propio mantenimiento del mercado y la garantía de la competencia impone aquella intervención pública. Así lo reconoce formalmente la Ley 3/91, de 10 de enero, reguladora de la competencia desleal al referirse en la Exposición de Motivos a los valores que han cuajado en nuestra "Constitución económica" para, a continuación, regular específicamente las conductas de competencia desleal.

Estamos, pues, ante un sistema de "orden socio-económico" que el legislador debe amparar y proteger frente a aquellas conductas que lo perturban gravemente.

Y, desde luego, desde este punto de partida, régimen de convivencia y sistema de valores, la actividad de la empresa necesita de límites de carácter administrativo pero también punibles y los ciudadanos, como sujeto colectivo de derechos y necesidades, deben ser protegidos frente a conductas que lesionan o ponen en peligro gravemente sus intereses.

En este contexto, los esfuerzos para definir y dotar de contenido a la RSC serán cada vez mas difíciles si no se ajustan a esos presupuestos constitucionales. Así lo expresan dos iniciativas relevantes en esa dirección.

En primer lugar, el Código Unificado de Buen Gobierno de la CNMV, aprobado en Mayo de 2006 que concluye con unas Recomendaciones tan genéricas como fácilmente eludibles. Si, como sostiene, el objetivo último de la empresa es la "maximización del valor económico" resultará complejo que ese fin sea compatible con "los principios de responsabilidad social que la compañía haya considerado razonable adoptar para una responsable conducción de los negocios". Y, desde luego, no puede bastar que esa RSC consista en lo que ya se deriva del marco institucional y legal en que actúa, como el respeto de las leyes y reglamentos, el cumplimiento de buena fe de sus obligaciones y el respeto de los usos y prácticas de sectores y actividades donde ejerza su actividad. En términos concretos, sólo consta una apelación en relación a operaciones en paraísos fiscales "si pueden menoscabar la transparencia del Grupo". Es francamente decepcionante.

Igual ocurre con el Informe de la Subcomisión Parlamentaria del Congreso de Diputados en orden a promover y potenciar la responsabilidad social de las empresas, aprobado en Julio de 2006, con el fin de que sirva de base a un futuro proyecto de ley del Gobierno. Constituye un catálogo de proclamaciones retóricas y de buenas intenciones. Dice esto: "las empresas no sólo deben preocuparse por los resultados, sino también por la forma en que los obtienen y por su contribución a la sociedad… El valor social de las empresas está cada vez más desconectado de sus resultados y ha de demostrarse de otro modo". Se reclama que las empresas deben incorporar valores sociales o medioambientales, lo que se denomina "practicas sociales solidarias". "El concepto de responsabilidad social empresarial sitúa a la empresa dentro de la sociedad (…) absolutamente inserta en ella y siendo responsable, no sólo de intercambios económicos, sino (…) de lo que está pasando, sobre todo, de lo que está pasando mal". Pero, en todo caso, está presente una constante, todos esos supuestos valores deben ser compatibles con "una cuenta de resultados saneada". El Informe contiene un apartado sobre la relación de la RSC con los derechos humanos que, pese a su inconcreción, merece ser considerada. Por una parte, plantea que "el respeto a los estándares mínimos internacionales de derechos humanos pasa a ser un elemento intrínseco al proceso de construcción de la empresa socialmente responsable" porque, afirma, "se ha dejado atrás la concepción clásica según la cual únicamente los estados y los individuos pueden ser responsables de abusos a los derechos". Desde este positivo punto de partida, las conclusiones, con ser importantes, carecen de precisión sobre el alcance de esos abusos y los derechos que efectivamente pueden ser lesionados por la actividad empresarial. Ciertamente, plantea la necesidad de "medir la eficacia de la gestión en clave de derechos humanos" y "poner en marcha mecanismos, metodologías y sistemas internos y externos de evaluación" para "corregir determinadas prácticas o procesos incorrectos". Pero no avanza más allá. Y es una grave deficiencia cuando reconoce que las empresas actúan "en un contexto de internacionalización y deslocalización crecientes de la economía, que fragmenta los procesos productivos en países con diferentes grados de protección de los derechos humanos" y que "nuestras sociedades reclaman a la empresa responsable que construya su legitimidad, identidad y responsabilidad a través, también, del respeto de los derechos humanos". Ya veremos cuales son los efectos de este Informe, ya en la próxima legislatura.

Resulta evidente que pese a estos moderados proyectos, "el mercado no facilita la ética" (6), sobre todo, cuando ante ciertas operaciones y en determinados países, como ocurre con el comercio de armas, el mercado es un fin en sí mismo. Sería deseable que el crecimiento de una ética cívica, sustentada en valores como la tolerancia y el respeto, sin excepciones, de todos los derechos, favoreciera un desarrollo de una ética empresarial. Pero, ¿es ciertamente viable? ¿O es una cuestión de cosmética ante las exigencias de los usuarios, consumidores y de la sociedad civil? (7). Quizás fuese posible si la empresa, como decía el Profesor Aranguren, actuase como un "quehacer moral, el quehacer por excelencia de nuestro tiempo, cuyos objetivos son no sólo la producción y los beneficios que de ella, de los bienes y servicios resultan, sino el desarrollo humano y el bien moral". Pero este desideratum está lejos de alcanzarse cuando se comprueban los beneficios anuales que obtienen, entre otras empresas, las entidades de crédito y las remuneraciones de sus directivos que expresan un régimen profundamente injusto y desigual. Así resulta de los análisis de la economía española. En España hay un crecimiento cada vez mayor de las personas físicas que ganan más de un millón de euros al año hasta el punto de que es uno de los 10 países del mundo con más millonarios. Igual ocurre con el incremento de personas que ganan al año más de 24 millones de euros que, según fuente solventes como el Banco de Inversiones Merrill Lynch y la Consultora Cap Gémini, son 1.500 personas, aun cuando según la Agencia Tributaria española sólo 65 declaran dicho nivel de renta. Mientras tanto, la Agencia Tributaria reconoce que el fraude fiscal alcanza el 10% del PIB y se concentra en los grupos más poderosos de la población. Simultáneamente España, en la Europa de los Quince es uno de los países con mayor índice de pobreza (el 18% de la población) (8). Y, en el ejercicio 2006 el Grupo Santander obtuvo un beneficio de 7.596,00 millones de euros y el BBVA 4.736,00 millones de euros, siguiéndoles La Caixa con un beneficio de 3.025,00 millones de euros. Entidades que, además, se caracterizan por actuar en un mercado financiero transnacional, carente de regulación, y con una presencia significativa en paraísos fiscales que representan la opacidad de los agentes y sus operaciones y la ausencia de carga fiscal. Concurren serias razones para pensar que, particularmente, estas empresas están muy lejos de constituir "un quehacer moral". Más bien, lo contrario.

Mientras las empresas encuentran respuesta a tantos interrogantes, hace mucho tiempo que se llegó a una constatación, como la contenida en la Declaración de París de 2003, de un amplio grupo de juristas, "contra la corrupción a gran escala". Las actividades más sensibles a ella, decía, son "la energía, las obras públicas, el armamento, la aeronáutica y la explotación de recursos mineros".

Era indispensable e inaplazable establecer mayores controles en el comercio de armas que, entre otras muchas iniciativas, tuvieron una expresión muy clara en el Código de Conducta de la U.E. de 8-6-1998. El problema era y es evidente: "Anualmente el comercio de armas ligeras asciende a ocho millones de unidades, muchas de las cuales, antes de finalizar su ciclo vida, formarán parte de alguna transferencia ilegal. El número de víctimas mortales que producen estas armas, ya sea en el marco de conflictos armados o bien en marcos de violencia social, se sitúa en torno a las 500.000 anuales, o lo que es lo mismo una persona por minuto. El volumen total del comercio de armas ligeras asciende a unos 4.000 millones de dólares anuales; tan solo en el caso de España el volumen total de las exportaciones de armas ascendió en 2005 a 420 millones de euros, el 2006 el incremento es notable pues en el primer semestre ya se ha alcanzado la cifra de todo el año anterior." (Exposición de Motivos de la Enmienda a la totalidad del Grupo ICV al Proyecto de Ley del Gobierno). El citado Código ya advierte de la falta de transparencia en esta actividad, formulando Criterios y Disposiciones operativas que tienen dos ejes fundamentales. Evitar que dicho comercio se utilice en los países de destino para la "represión interna" y "prevenir y luchar contra el tráfico ilícito de armas convencionales". Desde este posición, fija Criterios para garantizar el "respeto de los derechos humanos en el país de destino final", que incluye una especial atención para evitar el comercio de "equipos" que puedan emplearse "con fines de seguridad interna", es decir, para la práctica de la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, el "mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales" y, entre otros, el "desarrollo sostenible del país receptor".

Criterios y Disposiciones que tanto afectan a los Estados como a las empresas fabricantes, comerciantes o que intervienen en la financiación de dicho comercio. Ante estos y otros Acuerdos internacionales y la presión de la sociedad civil, el Gobierno español presentó un Proyecto de Ley, pendiente de ser aprobado. El Proyecto presenta una carencia fundamental, no haber incluido la regulación de la exportación de "equipos" susceptibles de ser empleados para la práctica de la tortura, máxime cuando es una materia ya regulada por la U.E.

En efecto, la Unión Europea ha aprobado un Reglamento "sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penales crueles, inhumanos o degradantes" (9). El Preámbulo de dicha norma permite conocer que la Comisión de Derechos Humanos de las NN.UU adoptó una Resolución el 25 de abril de 2001, confirmada por otras posteriores, en la que se hacía un llamamiento a los Estados Miembros para que tomaran las medidas apropiadas "para prevenir y prohibir entre otras cosas la exportación de materiales diseñados específicamente para infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". Pero ello no ha sido obstáculo para la admisión del comercio y particularmente la exportación desde la Unión Europea de determinados materiales o productos "que puedan ser utilizados para infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes". El único criterio que limitaría la exportación de dichos materiales, sería que "su uso sea intrínsecamente cruel, inhumano o degradante, que se trate de materiales" cuyos efectos médicos no se conozcan plenamente" y "de aquellos otros cuyo uso en la práctica haya revelado un riesgo importante de abusos o lesiones innecesarias (10).

Estamos, pues, ante una disposición Comunitaria que en nombre de la promoción del respeto a la vida humana y los derechos humanos y del "propósito de proteger la moral pública", regula nada más y nada menos que el comercio de la tortura naturalmente hacia países terceros de la Unión Europea, es decir, allí donde el control del uso de materiales es prácticamente imposible o inexistente. La consecuencia de todo ello es que para comerciar o exportar dichos productos basta "una licencia de exportación" que corresponde a cada Estado por una determinada autoridad. Por tanto, según el Reglamento, solamente queda prohibida "toda exportación de los productos cuyo único uso práctico es aplicar la pena de muerte, infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes" que se describen en el Anexo II del Reglamento y que, en cuanto se refiere a la práctica de la tortura, solamente comprende los "cinturones de electrochoque, diseñados para inmovilizar a seres humanos mediante la administración de descargas eléctricas de una tensión en circuito abierto superior a 10.000 voltios".

El citado Proyecto era la ocasión para que el Gobierno, cumpliendo la Disposición Operativa 2 del Código de Conducta, aplicara en este ámbito normas "más estrictas" tanto en relación a los requisitos de las licencias de exportación como que, en aras de la transparencia, informara al Congreso de Diputados con mayor periodicidad y con mayor precisión no sólo de los exportadores y de quienes los financian y de los productos exportados sino de la naturaleza exacta de cada uno de ellos, en lugar de la más que insuficiente previsión del actual art. 16 de dicho Proyecto.

Y, desde luego, resulta ineludible que en el Registro Especial de Operadores de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso figuren no sólo los que "negocien o concierten transacciones o los que "compren, vendan o concierten la transferencia de dichos artículos…", sino los fabricantes y cuantas entidades de crédito intervengan en la financiación de las citadas operaciones. Ante una materia que está afectando a la estabilidad y seguridad mundial, en perjuicio siempre de los países más pobres, el Estado no puede permitir que se mantengan zonas opacas a control sobre las empresas de las Autoridades que otorgan las licencias y a la información y el control parlamentario.

El comercio de armas es un ámbito en el que el Estado de derecho se juega su identidad y su legitimidad. Porque, estando ante el control de los instrumentos que hacen posible el empleo de la fuerza, debe responder ante los ciudadanos y, sobre todo, frente a aquellos países receptores de armas en los que éstas contribuyen al desarrollo o incremento de la violencia, a enfrentamientos internos y a la destrucción de la convivencia. Por todo ello, las normas debían haber sido más rigurosas para el Estado y para los intereses económicos en juego. Porque es la forma de impulsar, como exige para todos el Preámbulo de la Constitución, el "fortalecimiento de relaciones pacíficas…. entre todos los pueblos de la Tierra".

Notas:

(1) Declaración de Granada, 29-5-2005, Conclusiones del Congreso Mundial de Filosofía Jurídica y social, J. Habermas, E. Díaz, L. Ferrajoli, M. Atienza…
(2) Breve antología de términos económicos, cuadernos Cristianismo y Justicia, nº 145, pg. 12.
(3) Las instituciones jurídicas de la globalización, Mª Rosaria Ferrese, Revista Jueces para la Democracia, nº 42, pg. 34.
(4) Ubaldo Nieto de Alba, Presidente del Tribunal de Cuentas,"Etica de Gobierno, economía y corrupción". Editorial Complutense. 1996.
(5) J. Estefanía, "La cara oculta de la prosperidad". Taurus. 2003.
(6) Mercado versus Función pública, Jaime Rodríguez Arana, Escola Galega de Administración Pública.1996. Pg. 62.
(7) Ética de la empresa. Adela Cortina. Editorial Trotta. Pg. 76.
(8) Viçens Navarro. Catedrático de políticas públicas de la UPF. Informativo Attac, Madrid , septiembre 2006.
(9) Reglamento (CE) Nº 1236/2005 DEL CONSEJO de 27 de junio de 2005, entró en vigor el 30 de julio de 2006
(10) La autoridad competente para otorgar dichas licencias en España es la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Paseo de la Castellana 162, 28046. Madrid- teléfono 915.83.52.84.
Los productos que pueden ser objeto de exportación, una vez obtenida la licencia, son los siguientes:
"Sillas de sujeción y planchas de inmovilización. Esposas para tobillos, cadenas colectivas, grilletes, esposas y grilletes de muñeca individuales. Esposas para pulgares y empulgueras, incluidas las esposas dentadas en pulgares. Dispositivos portátiles para provocar descargas eléctricas incluidos entre otros picanas, escudos eléctricos, armas aturdidoras y pistolas que disparan dardos eléctricos de una tensión en circuito abierto superior a 10.000 voltios. Dispositivos portátiles para su uso de material antidisturbios o para su defensa mediante la administración o diseminación de una sustancia química incapacitante. Vanillilamida del ácido pelargónico y oleorresina cápsicum".

Carlos Jiménez Villarejo es ex fiscal anticorrupción del Estado español.

La Ley de ocultación de las ventas de armas
Eduardo Melero y Tica Font

Para poder exportar armas se necesita una autorización administrativa que concede el Ministerio de Industria. Esta autorización se concede siempre que exista un informe favorable de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), que es el órgano que valora que las exportaciones cumplan los requisitos establecidos por la ley. Por ley la JIMDDU tiene que velar por el cumplimiento del Código de Conducta de la UE, código que ha quedado recogido por la misma Ley. Este código establece que no deben venderse armas a países sancionados, inestables, en conflicto armado, que vulneren los Derechos Humanos, que no condenen el terrorismo o que tengan un nivel de bienestar delicado. A la vista de ello ¿Cómo hay que interpretar las exportaciones de armas españolas a Turquía, Arabia Saudita, Marruecos, Ecuador, Colombia, India, Israel, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Singapur, Tailandia, Sri Lanka, Angola, Ghana, Pakistán y Kenia?. A la luz de estas exportaciones ¿cómo comprobar que la JIMDDU cumple la ley si sus decisiones y sus actas son secretas?

Desde Justicía i Pau entendemos que una verdadera transparencia tiene como condición previa que se prohíba clasificar como secreto de estado el contenido de las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU). Mientras se mantenga el contenido de dichas actas como secreto de Estado, hablar de transparencia en materia de comercio de armas es una forma de manipulación. El secreto de Estado en el comercio de armas impide hablar de transparencia y además otorga la cobertura necesaria para ocultar el descontrol existente en el comercio de armas. Un descontrol que la nueva Ley no atajará mientras mantenga sus auténticas causas: el secretismo y los poderes arbitrarios que se otorgan a la JIMDDU.

Mantener las actas de la JIMDDU clasificadas como secreto de Estado, supone que la información sobre el comercio de armas no puede ser conocida por la opinión pública ni sometida a control parlamentario. Precisamente por eso se han clasificado como secreto de Estado, para ocultar a la ciudadanía y al parlamento los aspectos más escandalosos del comercio de armas. El comercio de armas es así un negocio secreto, que sólo conocen las industrias armamentísticas y la Administración. El secretismo imposibilita en la práctica que se pueda llevar a cabo un control judicial de las autorizaciones administrativas de exportación otorgadas. Jurídicamente esta clasificación como secreto vulnera la Ley sobre Secretos Oficiales, que sólo permite declarar como secreta aquella información cuyo conocimiento público "pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado" (artículo 2).

Otro de los aspectos más negativos de la Ley es que otorga a la JIMDDU el poder de no exigir informe previo ni documentos de control en aquellas exportaciones que se determinen reglamentariamente (artículo 14, apartado 3). El reglamento vigente le permite a la JIMDDU una libertad total en este sentido, situación que muy probablemente no cambie con el nuevo reglamento. La ley no impide que la JIMDDU decida no controlar determinadas exportaciones, poder que podrá utilizar a su libre arbitrio. Si sumamos secretismo y arbitrariedad el resultado no puede ser otro que el descontrol (o falta de control) en el comercio de armas.

La Ley también obliga al Gobierno a enviar al Congreso de los Diputados información estadística sobre las exportaciones de armas (artículo 16). Se recoge así legalmente una práctica que venía realizándose desde hace varios años. El contenido de estas estadísticas es muy deficiente ya que impiden conocer realmente qué armas se exportan. Por ejemplo el informe del 2006 recoge que a Marruecos se han exportado armas por valor de 6.922.200   dentro por la categoría 4 (bombas, torpedos, cohetes, misiles). Es decir podemos saber el valor de la exportación por país, pero no exactamente el producto, ¿se han vendido minas antipersona?, ¿se han vendido bombas de racimo a alguno de estos países? Esta información no la ofrece el informe del 2006 y no se ofrecerá en los informes de los próximos años.

Se nos presenta como avance que el artículo 16 contemple que el gobierno informará sobre usuario final y la naturaleza pública o privada de la exportación. El informe del 2006 facilita la siguiente información, por ejemplo las exportaciones a Canadá en un 99,61% (del valor de lo exportado) el usuario es privado y el importador es una empresa privada y en el 0,39% el usuario son las fuerzas armadas y el uso es público. Canadá recibió por categoría 4 (bombas, torpedos, cohetes, misiles) armas por valor de 1.031.850  . Resulta alarmante que se hayan podido vender a una empresa privada y para uso privado bombas o misiles y que no podamos saber que clase de empresa es, a que se dedica y bajo que conceptos puede la empresa usar dichas bombas o misiles. ¿Significan dichas exportaciones que empezamos a privatizar la guerra?

Si a ello le sumamos la aplicación del secreto estadístico, que ya no se recoge expresamente en el texto de Ley pero resulta aplicable en virtud del artículo 13 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, las estadísticas de exportación no van a incluir datos relativos a los exportadores y a los productos exportados.

Por último, la Ley no prohíbe la fabricación y exportación de bombas racimo, sino que se limita a señalar que el Gobierno promoverá y apoyará las iniciativas nacionales e internacionales para restringirlas y, en su caso, prohibirlas (disposición final tercera ter). Aparte del dudoso valor jurídico de esta fórmula, el secretismo existente impide saber si realmente se están exportando bombas racimo.

En conclusión, contrariamente a su denominación, la ley aprobada no es la ley del control del comercio de armas, sino la ley que garantiza su descontrol y su ocultación. Nuestra valoración de que esta Ley no va a suponer una mejor práctica de nuestro gobierno viene avalada por otras políticas que impulsa el gobierno a través de diversos ministerios. No podemos esperar que nuestro gobierno sea escrupuloso en el cumplimiento del espíritu de la Ley si desde diferentes ministerios se llevan a cabo políticas de apoyo a la industria de armamento, como la política de inversión o la política de investigación y desarrollo de nuevas armas, o la participación en proyectos europeos de nuevas armas, o la política de fomento de las exportaciones de armas españolas. Cabe destacar la compleja organización administrativa dedicada patrocinar las exportaciones de armas españolas, la Oficina de Apoyo Exterior del Ministerio de Defensa, las Agregadurías de Defensa que existen en las embajadas, y dos empresas públicas DEFEX S. A. e ISDEFE - Gerencia de Cooperación Industrial. Finalmente destacar que muchas de las exportaciones de armas españolas se realizan con financiación pública o se aseguran a través de la empresa pública Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S. A.

Parece razonable pensar que no sólo a través de la legislación se regulará la política de exportaciones de armas españolas; sino la forma en que se interpreta y aplica son unas piezas más de la política de fomento de las exportaciones de armas. Prueba de ello son las escasísimas denegaciones de autorizaciones que se producen (16 en 2005 y 3 en 2006, según las estadísticas oficiales).

Eduardo Melero y Tica Font son investigadores del Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs, de Justícia i Pau.

La industria militar aeronáutica en Cataluña
Pere Ortega

Centre d'Estudis per a la Pau J.M.Delàs - Justícia i Pau
Rivadeneyra, 6, 10è - 08002 Barcelona
T. 93 317 61 77 - Fax. 93 412 53 84 - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
www.justiciaipau.org/centredelas