Nota de prensa - Los mortales acuerdos de la Unión Europea con Estados dictatoriales para frenar la llegada de las personas refugiadas

Las políticas de externalización de fronteras de la UE favorecen el auge de la industria de la seguridad, con graves costes humanos y para el desarrollo.

(Ámsterdam/Barcelona, 14 de mayo 2018) – La Unión Europea ha abandonado su consagrado apoyo a los derechos humanos, la democracia, la libertad y la dignidad humana expandiendo masivamente sus esfuerzos de externalización de fronteras, según un nuevo informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz, el Transnational Institute y Stop Wapenhandel (la campaña holandesa contra el comercio de armas). La colaboración de la UE con Estados vecinos en cuestiones migratorias ha reforzado regímenes autoritarios, ha hecho incrementar los beneficios de las compañías de seguridad y armamento, ha supuesto un desvío de los recursos destinados al desarrollo y ha socavado los derechos humanos.

El informe, Expandiendo la Fortaleza, examina el rápido incremento de las medidas y acuerdos de externalización de fronteras que empezó en 1992 y se ha acelerado desde 2015. Esta externalización se ha convertido en un objetivo central de las relaciones exteriores de la UE, incluyendo en sus ayudas y políticas comerciales.  Estas medidas incluyen el entrenamiento de las fuerzas de seguridad, donaciones de helicópteros, patrulleras y vehículos, equipos de control y vigilancia, el desarrollo de sistemas biométricos extensivos y acuerdos para que se acepte a la gente deportada por los países de la UE. 

El informe, que analiza de cerca los 35 países que la UE prioriza en sus esfuerzos de externalización de fronteras, concluye que:

• El 48% (17) tienen un gobierno autoritario y que solo 4 pueden ser considerados democráticos.

• El 100% (35) suponen un riesgo alto o extremo para los derechos humanos. 

• El 51% (18) se encuentran en la categoría de “bajo” en los indicadores de desarrollo humano

A pesar de ello, la Unión Europea y sus estados miembros no solamente han firmado los acuerdos que legitiman estos gobiernos y dan la espalda a las violaciones de los derechos humanos, sino que también han aportado apoyo financiero, material y entrenamiento precisamente para aquellos órganos de seguridad del Estado más responsables de la represión y los abusos de derechos humanos.

El informe analiza con especial atención cómo se ha desarrollado esta colaboración en Turquía, Libia, Egipto, Sudan, Níger, Mauritania y Mali, los cuales no solo reciben apoyo de la UE en su conjunto, sino también de Estados individuales como Francia, Italia, España y Alemania. Los resultados de todo ello han sido regímenes estatales incentivados a reprimir a la sociedad civil y unos patrones consistentes de aumento de la violencia y la represión hacia las personas refugiadas. De los cuales, los más vulnerables se han visto forzados  a buscar otras rutas, a menudo más peligrosas, y a confiar en traficantes que cada vez tienen menos escrúpulos. Esto ha causado un número de muertes aun más grande en el mar Mediterráneo y en los desiertos del Norte de África.

Sin embargo, el aumento de la financiación para el control de fronteras ha supuesto una “bendición” para las compañías de armamento y seguridad que están invirtiendo cada vez más en tecnologías de seguridad de fronteras y vigilancia. Algunos de los más importantes adjudicatarios de contratos de seguridad de fronteras, incluyen al gigante armamentístico francés Thales y la compañía europea Airbus, ambos grandes exportadores de armas a la región; suministradores de equipos biométricos como Veridos, OT Morpho y Gemalto; firmas alemanas como Hensoldt y Rheinmetall; firmas italianas como Leonardo y Intermarine y compañías de defensa turcas como Aselsan y Otokar. Existen también varias compañías semi-públicas y organizaciones internacionales como Civipol en Francia que proporcionan servicios de consultoría, entrenamiento y gestión de proyectos de seguridad de fronteras que han prosperado.

El investigador y autor del informe, Mark Akkerman afirma: “Este informe revela una política de interacción de la UE con sus regiones vecinas que se ha vuelto extremadamente obsesiva con el control migratorio sin tener en cuenta sus costes para el país o para las personas desplazadas por la fuerza. Se trata de un concepto limitado y contraproducente de seguridad porque no aborda la raíz de las causas que obligan a la gente a migrar y, a través de un refuerzo de las fuerzas militares y de seguridad de la región, probablemente se agravará la represión y se avivarán los conflictos que llevarán a que más gente huya de sus hogares.  Es el momento de cambiar. En lugar de externalizar las fronteras y los muros, tendríamos que estar externalizando la solidaridad real y el respeto por los derechos humanos”. 

Ainhoa Ruiz, investigadora del Centre Delàs de Estudios por la Paz, expone: “La Unión Europea demuestra continuismo y refuerzo en su política de gestión de fronteras y de movimiento de personas, que concibe y trata como una amenaza, sean o no personas en busca de asilo. Destina gran cantidad de recursos públicos a evitar que lleguen a nuestras fronteras y al registro, almacenamiento y control de los datos de nuestros movimientos a través de las fronteras. Mientras, algunos Estados miembro construyen muros como apuesta política para detener la libertad de movimiento y evadir acoger personas, una tendencia global en preocupante aumento, que nos aleja de políticas de acogida y refugio”.

• Podéis consultar y descargar el informe completo en inglés aquí.

• El resumen ejecutivo del informe está disponible en castellano, catalán, inglés, francés, alemán, holandés y árabe.