El debate sobre el ejército español en Afganistán
El pasado 11 de mayo de 2006 tuvo lugar en el Congreso de los Diputados un debate sobre la pertinencia de enviar a Afganistán un nuevo contingente de 150 soldados españoles. Se materializaba así por primera vez la obligatoriedad de someter a aprobación cualquier tipo de intervención militar en el exterior, tal y como se recoge en el artículo 17.1 de la nueva Ley Orgánica de la Defensa Nacional, de 17 de noviembre de 2005.
Centre Delàs, Materiales de Trabajo, núm.29 (julio 2006)
En el último Materiales de Trabajo (núm. 28) evidenciamos cómo los argumentos que presentaban distintos portavoces para justificar su posición con respecto a Afganistán eran contradictorios, pues abarcaban desde razonamientos humanitarios hasta otros de interés nacional, pasando por temas relacionados con la droga, la situación de las mujeres afganas o el terrorismo.
Esta realidad alcanzó su máxima expresión en el debate del Congreso, que siguió al de la Comisión de Defensa, acontecido dos días antes. Los distintos grupos parlamentarios volvieron a argumentar diferentes motivos por los cuales apoyaban o rechazaban el nuevo envío de tropas. Mil y un razonamientos que, sin embargo, no estaban ni están incluidos en el mandato de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF), en la que participa España. Una vez más, queremos recordar que este mandato consiste en garantizar un entorno seguro, controlar el aeropuerto de Kabul y las comunicaciones aéreas, y mejorar las capacidades de la policía y el ejército (así lo recoge incluso la misma web de la OTAN).
Los parlamentarios se hartaron de reivindicar la legalidad de las funciones del ejército español en Afganistán. Al contrario de lo reiterado textualmente una y otra vez por el delegado del Gobierno,[1] insistimos en que la ISAF no es una misión de Naciones Unidas. Es una operación de la OTAN, autorizada por la ONU, pero no llevada a cabo mediante la fórmula de cascos azules. Desde el punto de vista del derecho internacional, la presencia de la ISAF es legal, pues está expresamente autorizada por el Consejo de Seguridad, pero sus actuaciones también deben de estarlo. La ISAF sólo está autorizada a implementar determinadas funciones, y no tiene carta blanca para hacer lo que quiera. La legitimidad de la ISAF se sustenta en cumplir escrupulosamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Estas resoluciones, recordémoslo, no mencionan (ni por tanto autorizan) la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo, las implementación física de tareas humanitarias, o el “interés nacional” que pueda tener España en Afganistán.
La confusión es general, y la ausencia de debate crítico y plural propicia la instrumentación demagógica por parte de determinadas posiciones políticas. Todo ello se está desarrollando con la connivencia y el seguidismo de los medios de comunicación de masas, que reproducen las posiciones oficiales con aparente amnesia sobre los orígenes del conflicto: la represalia de EE.UU. por los ataques terroristas recibidos el 11 de septiembre de 2001.
Las intervenciones parlamentarias no incluyeron el debate que se necesitaba, sobre la pertinencia de que el ejército español desempeñe tareas humanitarias.[2] Sí se hablo, sin embargo, de las intenciones de fusionar las dos operaciones militares presentes en Afganistán: la ISAF y la operación Libertad Duradera, de lucha contra el terrorismo, que continúa operando en Afganistán con absoluta impunidad e ilegalidad.[3] Fueron varios los partidos que se opusieron a que esta fusión se llevara finalmente a cabo, y el representante socialista intentó calmar los ánimos afirmando que estas dos operaciones militares están separadas porque así se votó el pasado 8 de diciembre y porque así lo ha querido gobiernos como el español, entre otros.[4] Estas declaraciones contradicen las del anterior ministro de defensa, José Bono, de febrero de 2006. También contradicen la realidad: las dos operaciones militares llevan mucho tiempo colaborando; los Equipos de Reconstrucción Provincial (PRT) de la ISAF son usados como centros de colecta de información por la operación Libertad Duradera; ya se ha anunciado el “traspaso” (así se le denomina oficialmente) de 3.000 soldados de EE.UU. del sur y este de Afganistán y su reemplazo por 6.000 tropas de la OTAN (incluso se tratará de los mismos soldados, británicos y canadienses, que cambiarán oficialmente de sombrero sin variar apenas la esencia de sus actuaciones);[5] y tanto en la teoría como en la práctica, las dos operaciones estarán en breve integradas en un único cuartel general y obedecerán a un mismo mando supremo, un teniente general estadounidense.[6] Oficialmente, las dos operaciones continúan separadas. Pero eso no hay quien se lo crea.
Centre Delàs
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[1]Trascripción del debate del Congreso de los Diputados. Diario de Sesiones, núm. 175, 11 de mayo de 2006. Págs. 8789-8790.
[2]Léase al respecto el manifiesto de Justícia i Pau de 5 de mayo de 2006, disponible en http://www.justiciaipau.org/centredelas/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=323&mode=thread&order=0&thold=0
[3]Para aclaraciones, léase el artículo ¿Es legal lo que hace España en Afganistán?, disponible en http://www.justiciaipau.org/centredelas/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=289&mode=thread&order=0&thold=0
[4]Congreso de los Diputados, Diario de Sesiones, núm. 175, 11 de mayo de 2006. Págs. 8789-8790
[5]La Vanguardia, 19 de mayo de 2006, pág. 3.
[6]El País, 5 de junio de 2006, pág. 34
