La guerra contra el terror en Egipto: solo un pretexto más

Las violaciones de los derechos humanos en Egipto no son una novedad. Las organizaciones para la defensa de los derechos humanos llevan años denunciando los abusos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad del estado, y señalando que la práctica de la tortura, en Egipto, es endémica.

En 1992, Human Rights Watch publicó un informe en el que denunciaba la frecuencia de las detenciones en régimen de incomunicación, los malos tratos y la tortura a los que eran sometidos los detenidos durante los interrogatorios, así como las numerosas detenciones de larga duración sin juicio (1). En 1993, la misma organización pedía al gobierno norteamericano que reclamara la responsabilidad del presidente Hosni Mubarak frente a estos abusos (2). La censura (de los medios de comunicación, de la academia etc.), la represión de las manifestaciones de protesta y de casi cualquier forma de disidencia u oposición política no son más que la punta del iceberg. Egipto es un país en el que el estado de emergencia, que debería de ser aplicado exclusivamente por breves períodos de tiempo, lleva en vigor desde 1981. Esto conlleva fuertes restricciones de las libertades y los derechos de la ciudadanía. También conlleva, por ejemplo, que el presupuesto destinado a la seguridad nacional para el año 2006 fuera de 1.5 mil millones de dólares, mucho mayor que el destinado a la sanidad pública (3). Egipto es, básicamente, un estado policial. Ser detenido por la policía o por los temidos mukhabarat (servicios de inteligencia) significa tener altas probabilidades de ser sometido a malos tratos y torturas. La Organización Egipcia para los Derechos Humanos (EOHR) ha registrado, en el período entre 1993 y 2008, 460 casos de tortura solo en las estaciones de policía (no son incluidos en estas cifras, los casos ocurridos en las cárceles), y 160 casos en los que la persona detenida ha muerto a causa de los malos tratos (4). Al Nadim Center señala que el número exacto de victimas de malos tratos y torturas es mucho mayor del que las organizaciones de derechos humanos pueden registrar, por el hecho de que muchas victimas, temiendo la represalia de la policía, no denuncian los hechos (5).

El empleo de la violencia y la tortura en Egipto no es restringido a algunos colectivos específicos, sino que los presuntos “islamistas son torturados así como los comunistas, los socialistas, los delincuentes, los pobres, los defensores de los derechos humanos, los pacifistas y los sospechosos” (6). En varios casos, la tortura de una persona consiste en hacerle escuchar o asistir a la tortura de algún familiar. Tampoco faltan las desapariciones. No es infrecuente que una persona sea vista por última vez siendo detenida por la policía en un lugar público, y que luego no se vuelva a saber nada de ella. En la inmensa mayoría de los casos, los perpetradores de estos abusos quedan en la impunidad más absoluta, y cuando son condenados, las condenas suelen afectar exclusivamente a los oficiales de menor grado y, en todo caso, suelen ser muy leves, hasta si la victima ha muerto a causa de la tortura.

Además, a causa del estado de emergencia, numerosos civiles son juzgados por tribunales militares, sobre todo aquellas personas que han sido detenidas por oponerse al régimen o expresar sus ideas políticas. Es el caso de numerosos blogueros egipcios. Uno de ellos, Khaled Said, ha sido detenido por la policía en un cibercafé de Alejandría y ha muerto. Según la versión oficial por asfixia, pero numerosos testigos han visto como los policías le pegaban brutalmente. La culpa de Khaled ha sido colgar en su blog un video en el que un grupo de policías se repartían la droga que habían requisado a algunas personas (7).

En la “guerra contra el terrorismo”, llevada a cabo por un estado a mayoría musulmana, es muy importante la diferencia entre ser catalogado por la comunidad internacional, como “estado canalla” o “moderado”. Pertenecer a una u otra categoría determina si existe la posibilidad, aunque remota, de ser atacado por la OTAN, por ejemplo.

Egipto, aliado incondicional de Estados Unidos en la lucha antiterrorista y, hasta el 2009, segundo mayor receptor de la ayuda externa norteamericana después de Israel (8) es, para la comunidad internacional y según estos criterios, el país moderado por excelencia. En lo que no es moderado Egipto, como hemos visto, es en las medidas que emplea para reprimir no solo los movimientos islamistas (tanto los potencialmente violentos como los legalistas) sino también cualquier forma de disidencia y de oposición a su poder. Irene Khan, Secretaria General de Amnistía Internacional, ya lo escribía en la introducción al Informe anual de Amnistía Internacional de 2002, relativo a los hechos ocurridos en el mundo entre enero y diciembre de 2001(9). Egipto es uno de aquellos países que, desde el 11-S, utiliza el pretexto de la guerra contra el terrorismo para legitimar, frente a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, sus métodos represivos y la casi total impunidad de los violadores de derechos humanos. Sin embargo, no le hace falta justificarse frente a los países occidentales, que han dejado de insistir tanto para la instauración de una verdadera democracia en Egipto y en aquellos otros países en los que, si hubiera procesos electorales justos y libres, los partidos islamistas podrían llegar al poder, como ha ocurrido en las elecciones legislativas de 2006 en los Territorios Ocupados Palestinos, de las que Hamas salió victorioso.

Otra razón por la cual el gobierno egipcio no tiene por qué preocuparse de que Occidente le acuse seriamente de violar los derechos humanos de su pueblo y tome medidas concretas al respecto, es que es el país al que, como contaba el ex funcionario de la CIA Bob Baer, otro estado acude si quiere obtener toda la información posible de alguien y, luego, hacerle desaparecer para siempre (10). De hecho, desde el comienzo de la guerra contra el terrorismo, Estados Unidos en particular ha hecho de Egipto un punto de tránsito o de destino para interrogar o detener indefinidamente a muchos presuntos terroristas. El mismo Primer Ministro egipcio Ahmad Nazif, en 2005, admitía que desde el 2001, Estados Unidos había enviado a Egipto entre 67 y 70 detenidos (11). Numerosas organizaciones para la defensa de los derechos humanos han denunciado  esta práctica, y aunque el programa de las entregas extraordinarias haya en realidad empezado bajo el mandato del presidente Clinton, es en el marco de la guerra contra el terrorismo que Egipto, junto con otros países, se ha vuelto tristemente famoso como el destino de muchas de estas entregas y detenciones secretas.

Sin embargo, a pesar de que los abusos cometidos por el estado egipcio sean más visibles en los medios occidentales desde entonces, el presidente Hosni Mubarak no necesitaba el 11-S para empezar a tratar a su pueblo con mano dura. Ya llevaba suficientes años haciéndolo, como para ayudar a los aliados en la guerra contra el terror haciendo para ellos, junto con otros países musulmanes “moderados”, el trabajo más sucio.

(1) Behind Closed Doors. Torture and Detention in Egypt. Human Rights Watch, Juliol 1992.
(2) Human Rights Abuses Mount in 1993. U.S. policymakers should held President Mubarak accountable. Human Rights Watch, Octubre 1993.
(3) Egypt’s Unchecked Repression. Saad Eddin Ibrahimi. The Washington Post, 21 de Agost de 2007.
(4) http://en.eohr.org/2009/03/11/when-will-the-crime-of-torture-stop/
(5) Torture in Egypt, facts and testimonies. El Nadeem Center for Psychological Management and Rehabilitation of Victims of Violence, 2003.
(6) Torture in Egypt. Basma M. Abdel Aziz, M. Psych., M. Neur. Torture Journal, Volume 17. Noviembre 2007. ICRT International Rehabilitation Council for Torture Victims.
(7) Nuestros Hijos de Puta. Olga Rodríguez. Periodismo Humano, 05 de julio de 2007 http://minotauro.periodismohumano.com/2010/07/05/nuestros-hijos-de-puta/
(8) http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33003.pdf
(9) AI index: POL 10/001/2002
(10) America’s Gulag, by Stephen Grey. New Statesman, 17 de mayo de 2004
(11) La “entrega extraordinaria” y detención secreta. Amnistía Internacional, enero de 2006