Bombardeos químicos en el RIF. Gas mostaza español o napalm marroquí: un error no justifica a otro
El 21 de junio de 2008, el diputado republicano Joan Tardà, por problemas burocráticos el el paso fronterizo, no logró entrar en Nador (Marruecos) para participar en el 2º Coloquio Internacional sobre la guerra química contra el Rif.
Evento organizado por el Congreso Mundial Amazigh, la Confederación de Asociaciones Culturales Amazigh del Norte de Marruecos y el periódico Le Monde Amazigh.
Bajo el lema Reconocimiento, Responsabilidad y Reparación, este segundo coloquio daba continuidad al realizado en el 2004 con el objetivo de poner sobre la mesa la responsabilidad moral, jurídica y política de las instituciones españolas y francesas de la época, por la ampliamente demostrada utilización de armamento químico en la guerra de Marruecos. A la vez, en ambos coloquios, se exigía la realización de una rigurosa investigación capaz de identificar y determinar si el alto índice de cáncer existente en la zona del Rif guardaba relación causa-efecto con los bombardeos con armamento químico realizados por el ejército español entre 1921 y 1927. También se reclamaba que, en caso de demostrarse la relación, el gobierno español adoptara medidas de apoyo a las víctimas.
Como se ha dicho, el diputado republicano no consiguió participar en el segundo Coloquio Internacional, pero si lo lograron miembros de la Plataforma contra el complejo químico militar de La Marañosa, potente grupo antimilitarista del sur de Madrid que desde 1994 desarrolla una pertinaz campaña oponiéndose a la ampliación y existencia de la fábrica de armamento químico La Marañosa de donde salieron las bombas de gas mostaza que fueron lanzadas sobre el Rif. Gracias a la presencia de miembros de la Plataforma, las gentes amazigh lograron escuchar voces que, desde la península, denunciaban la atrocidad cometida en el Rif y evidenciaban su compromiso a seguir luchando para clausurar la fábrica de horrores La Marañosa. Joan Tardà no tenía buenas noticias que compartir en ese Segundo Coloquio. Más bien al contrario. Era portador de malas nuevas: la Proposición no de Ley que Ezquerra Republicana de Catalunya había presentado en el Congreso de Diputados en agosto de 2005 –entre el primer (2004) y el segundo Coloquio Internacional (2008)– tras casi dos años de trasiegos leguleyos fue denegada por la Comisión Constitucional del Congreso el 14 de julio de 2007. La propuesta “De reconocimiento de responsabilidades y reparación de daños como consecuencia del uso de armamento químico en el RIF”, instaba al gobierno español a:
1.- Reconocer la responsabilidad del Estado español por la acciones militares desarrolladas por el ejército español en contra la población civil del RIF por orden de su máxima autoridad, el rey Alfonso XIII, durante los años 1922-1927
2.- Comprometer la organización y celebración de actos de reconciliación, de fraternidad y de solidaridad para con las víctimas, sus descendientes y el conjunto de la ciudadanía rifeña, como forma de expresar la petición de perdón por parte del Estado español.
3.- Facilitar la obra investigadora de los historiadores y de todos aquellos interesados en profundizar en el conocimiento de los hechos históricos mediante la adecuación de los archivos militares a los protocolos que rigen hoy día la archivística actual.
4.- Proceder a la revisión de las anotaciones, referencias y capítulos relativos a las campañas militares llevadas a cabo por el ejército español, contenidas en museos, monumentos, cuarteles militares, libros de texto, manuales militares, etc., que oculten el uso de armamento químico y/o tergiversen la veracidad histórica.
5.- Apoyar aquellas asociaciones culturales, académicas y científicas españolas y marroquíes dedicadas a la labor de investigación de los efectos y consecuencias del empleo de armamento químico en el Rif.
6.- Asumir las posibles compensaciones económicas de carácter individual que pudieran reclamarse por los daños causados.
7.- Contribuir en el marco de la cooperación hispano-marroquí, a la reparación de los daños colectivos y a la compensación de la deuda histórica través de una activación e incremento de los planes de cooperación económica
8.- Dotar los hospitales del RIF, y en especial los de las provincias de Nador y Alhucemas, de unidades sanitarias especializadas en el tratamiento oncológico que contribuyan a aminorar los altos porcentajes de enfermedades cancerígenas.
Pese a que en la exposición de motivos, se argumentaba con rigor que, desde inicios del siglo XX, el Estado español desarrolló una guerra de agresión contra la población rifeña utilizando armas no convencionales expresamente prohibidas por la Convención de La Haya de 1899 y 1907 y ratificadas en Versalles en 1919. Que dicho armamento químico se utilizó indiscriminadamente contra población combatiente y civil. Por si fuera poco, España que en 1925 –en el período más álgido de su ofensiva con armamento químico–, ya había suscrito el acuerdo de Versalles, se adhirió al protocolo de Ginebra sobre la Prohibición de armas químicas y bacteriológicas. Pese a todo ello, el PSOE –entonces en el gobierno– y el PP –en la oposición– votaron en contra de la propuesta. Izquierda Unida y PNV votaron junto a Esquerra Republicana, 33 en contra y 3 a favor.
Eso sí, no se cuestionó la veracidad de las atrocidades cometidas contra el pueblo amazigh, ni la existencia del acuerdo germano-español para la compraventa de armas químicas al inicio de la contienda de Marruecos y el apoyo tecnológico para su posterior fabricación en España. No se negó la existencia de la fábrica de armamento químico de la Marañosa, ni se objetó que la aviación bombardease poblados, mercados, pueblos, campos de cultivo… en el que sería el primer bombardeo sobre población civil indefensa de la historia. No se desmintieron las afirmaciones de que el ejército español cometió esa tropelía viendo que el efecto esperado con el gas mostaza no era el esperado en su uso contra las tropas y por ello comenzó a bombardear los zocos semanales de las diferentes cabilas, lugares concurridos por niños, mujeres y ancianos (además de los supuestos hombres a reclutar por las fuerzas rifeñas).
Tan siquiera se objetó la veracidad de las afirmaciones aportadas en los últimos años, por diversos expertos en investigación histórica, españoles (Juan Pando, Maria Rosa de Madarioaga, Angel Viñas, Carlos Lazaro ) e internacionales (los alemanes Rudibert Kunz y
Rolf-Dieter Müller, el británico Sebastián Balfour ). Dos fueron los elementos de discordia: el hecho de “pedir perdón” –punto 1 de la Proposición no de Ley– y el de tener que aceptar la responsabilidad por el incremento de mortandad y morbilidad por el carácter cancerígeno y mutágeno del armamento químico empleado –punto 6 de la Proposición no de Ley–.
En cuanto a “pedir perdón”, tanto el PSOE como el PP se opusieron vehementemente. El Sr. Diputado Fernández Díaz argumentó “… como diputado español, no estoy dispuesto a aceptar que el pueblo español al que yo como los demás colegas que estamos aquí representados tengamos que pedir perdón por un crimen contra la humanidad que supuestamente hayamos cometido hace ochenta años y si quieren se lo consultan ustedes al resto de ciudadanos españoles, también en Cataluña; y díganles además de qué partida presupuestaria piensan deducir la dotación correspondiente para hacer frente a esa deuda histórica “. Por su parte el Sr. Diputado Galache Cortes tras dejar claro que, en aquellos años, el Partido Socialista mantuvo una fuerte oposición a la guerra colonial de África y que Indalecio Prieto se destacó por sus contundentes denuncias en las Cortes, precisó que …”la actuación de España en el Rif estuvo motivada, desde el punto de vista jurídico –y hay que decirlo–, por su responsabilidad en la zona del protectorado de Marruecos ante la rebeldía de unas tribus, que lo habitaban, contra el sultán de Marruecos, ya lo hemos dicho. Nunca fue una guerra de agresión, y si no que se lo digan a los caídos en Annual y en Monte Arruit”. Hete aquí una transmutación conceptual de “fuerte oposición a la guerra colonial de África” a “Nunca fue una guerra de agresión”.
No fueron mejores las argumentaciones vertidas sobre el punto seis: Asumir las posibles compensaciones económicas de carácter individual que pudieran reclamarse por los daños causados. El Sr. Diputado del grupo socialista adujo que, según una conversación telefónica mantenida con el profesor Brahim el Gueddari, director del Instituto Nacional de Oncología en Rabat, éste reconocía que el índice de la actividad cancerígena era más elevado en el norte rifeño que en el resto de Marruecos, pero que no se podía establecer científicamente cuál era la razón. Además, recordaba a la Cámara que, posteriormente al uso de gas mostaza por parte del ejército español, Hasan II –entonces príncipe alauita– había atacado la misma zona con napalm entre 1956 y 1959, por lo que cabía deducir que la responsabilidad sobre los altos porcentajes de enfermedades cancerígenas se relacionase con el napalm y no con el gas mostaza. Por su parte el diputado Fernández Díaz se sumó a las argumentaciones socialistas“. Aunque solo fuera desde un punto de vista cronológico parecería razonable plantearse si no tendrán más probabilidades de ser las causantes de ese incremento de la morbilidad y de la mortandad las revueltas del Rif de los años 1958 y 1959, cuando el general Ufkir estuvo bombardeando la zona con bombas de napalm”.
Pese al “descargo de culpa” de los diputados socialista y popular, las “bombas X” o “bombas especiales” –como las llamaba la oficialidad del ejército colonial español– elaboradas a partir de diversos materiales (fosgeno, difosgeno, cloropicrina y fundamentalmente iperita, más conocida por “gas mostaza”), fueron arrojadas sobre la población en cantidades difícilmente calculables. Ahora bien, el general de aviación militar, Hidalgo de Cisneros, en su autobiografía titulada Cambio de Rumbo afirma “En aquellos días me tocó realizar una faena verdaderamente canallesca, que me otorgó el vergonzoso y triste privilegio de ser el primer aviador que tiró iperita desde un avión”. Desde su Farman F60 Goliath, sólo en el verano de 1924, lanzó 100 kilogramos de bombas de gas mostaza. Otros cálculos apuntan que, durante la campaña militar en el Rif, se llegaron a utilizar unos 127 bombarderos, que lanzaron unas 1.680 bombas diarias, generalizando los bombardeos químicos hasta sofocar la revuelta rifeña. Los bombardeos fueron tan constantes que según el historiador Juan Pando “…las propias tropas españolas sufrieron casi tantas bajas de iperitados como las rifeñas, y los partes oficiales son bien explícitos, con nombres y apellidos de los españoles gaseados”.
La guerra colonial acabó en 1927, y cesaron los ataques. Pero se acabó también con la vida de miles de víctimas inocentes gaseadas, se afectó a otros miles de rifeños, se contaminaron los territorios bombardeados y se afectaron las aguas, lo que siguió provocando muerte aún después de la retirada de las tropas españolas. Los actuales gobiernos de España y Marruecos, por distintos motivos, pero ante un enemigo común –el rebelde pueblo Amazigh–, no tienen interés alguno en reconocer, responsabilizarse y reparar el daño causado.
Huelga decir que sería un imperativo moral que el gobierno español reconociera su responsabilidad más allá de las consecuencias que pudiera conllevar ese reconocimiento. Así como ameritaría que los Protocolos, Convenciones e instancias que, teóricamente, velan por el control del armamento químico fueran determinantes y contundentes en su actuar. Y, respondiendo a la preocupación del diputado Fernández Díaz, sobre de dónde obtener los fondos para el resarcimiento a las víctimas, sugerimos que de los presupuestos militares, ya que militar fue la agresión, que desde los fondos militares se solventen las consecuencias. Y obviamente, no cabe escudarse en las atrocidades cometidas por el napalm marroquí, para eludir la responsabilidad de los gaseados españoles: un error no justifica otro. Que, tal y como reclama la Asociación de Defensa de las Víctimas de la Guerra del Gas Químico en el Rif, creada en 1999 y ninguneada por el régimen de Mohamed VI, una investigación rigurosa y realizada por autoridades competentes es necesaria para clarificar el alcance de la tragedia y determinar el grado de responsabilidad de la agresión española. Reconocer la culpabilidad y pedir perdón –es tan obvio….–.
