¿Quién tiene miedo a la movilización indígena?
Artículo publicado en La Directa
Si en el mes de Octubre eran la gente campesina, de la minería artesanal y camioneros de Colombia quienes se levantaban durante casi un mes en el Paro Nacional Agrario ahora son los pueblos indígenas los que han dicho basta, hartos de que el gobierno no cumpla los acuerdos adoptados y de que sus derechos cada día estén más amenazados por la invasión de sus tierras tradicionales por empresas mineras, petroleras y otras.
El 14 de octubre, los pueblos indígenas, encabezados por la Organización Nacional Indígena de Colombia ( ONIC ) y las 44 organizaciones que la integran, iniciaron la Minga Indígena Social y Popular.
Como ellos y ellas dicen, han tenido que recurrir a la movilización no por capricho sino porque los escenarios de negociación estaban agotados y sólo con la movilización pueden abrir vías de cambio para que sus derechos sean respetados.
Las reivindicaciones indígenas no afectan únicamente a sus pueblos, sino que cuestionan un modelo económico y político que está destruyendo la madre Tierra. A las exigencias de seguridad jurídica para sus territorios, el ejercicio pleno al derecho al territorio, al derecho a la autonomía territorial y política, y la desmilitarización de los territorios indígenas, se suma la exigencia del derecho a la consulta previa sobre proyectos mineros y energéticos, la revocación de las concesiones o contratos de explotación mineras en territorios indígenas y un cambio en la política agraria poniendo a referéndum los Tratados de Libre Comercio y la derogatoria de todas las normas que afectan a la soberanía alimentaria.
Pero la movilización pacífica de las comunidades indígenas ha tenido una respuesta represiva absolutamente desmesurada y desproporcionada, incluso superior a la reciente movilización campesina. Ha sido de una violencia brutal, convirtiendo el territorio de la protesta, especialmente en 4 departamentos, en un escenario militar, con la actuación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y del ejército ymás de 130 personas heridas, en muchos casos por bala, de gravedad, con la policía controlando las entradas a los hospitales para detener a las personas que fueran a solicitar asistencia médica. Ha sido una respuesta de guerra a los clamores indígenas. Según informes de Amnistía Internacional la policía disparó botes de gas lacrimógeno, recargados presuntamente con metralla. Hace poco, Canal Capital, la TV de Bogotá, informaba cómo la policía reutilizaba botes de gas recargándolos con bolas de cristal, hierros y clavos, provocando heridas graves en las personas que ejercen el legítimo derecho a la protesta. No es de extrañar que cada vez más voces clamen por la desarticulación del ESMAD.
La reciente reforma del sistema de justicia militar, el llamado Fuero Penal Militar, que mantiene una jurisdicción penal militar separada de la jurisdicción ordinaria, que crea también una jurisdicción penal policial ( !!) y que hará casi imposible juzgar a miembros de las fuerzas de seguridad implicados en violaciones a los derechos humanos, sin duda ha envalentonado esta represión desproporcionada sobre la población civil. Y pese a que, después de los hechos mencionados, la Corte Constitucional ha anulado la reforma de la justicia militar lo ha hecho por defectos de forma en su tramitación, y, por si había alguna duda, el presidente Santos ha apresurado a declarar que "el Fuero Militar existe, existe hoy en día, con o sin reforma, y se hara valer ".
La violencia verbal de los ministros del Interior y de la Guerra, para estigmatizar, criminalizar y reprimir por la vía militar la protesta indígena ha sido recogida por los paramilitares de la banda de los Rastrojos amenazando de muerte a personas dirigentes y comunicadores indígenas, entre ellas José Vicente Otero que en 2010 estuvo acogido en Barcelona por el programa de Protecció de Defensors dels Drets Humans.
Los pueblos indígenas se declaran tejedores de paz en movilización permanente, en la búsqueda de propuestas de soluciones reales a los problemas sociales estructurales que afectan a la sociedad colombiana. La paz para Colombia no pasa sólo por la Habana, sino fundamentalmente por que se acabe la guerra contra el pueblo.
