Reducir gasto militar para salir de la crisis
Las medidas anunciadas por el gobierno de Rodríguez Zapatero para hacer frente a la crisis van dirigidas solamente a reducir el déficit público del Estado y así contentar las demandas del FMI y la UE para favorecer la recuperación de los mercados financieros.
Las medidas se concretan en reducir los salarios de los funcionarios, algunos gastos sociales, inversiones en infraestructuras, congelar las pensiones de los jubilados y poca cosa más. En general, son un despropósito, pues si bien reducirán el déficit de las cuentas públicas, por otro lado también mermarán sus ingresos al reducirse el consumo de la población a través de la reducción de salarios y no servirán para crear más ocupación y reactivar la economía.
Una oportunidad del gobierno para encontrar soluciones socialmente progresistas a la crisis, sería, entre otras posibles, reducir recursos del gasto militar para destinarlos a la economía realmente productiva, aquella que está ligada al desarrollo, a través de la salud, la educación y el crecimiento económico. Por ejemplo, sólo haría falta anular algunos de los gastos militares más inútiles, sobre todo los destinados a inversiones en nuevos armamentos para liberar recursos y hacer frente al déficit público así como para crear más ocupación.
En el Estado español el gasto militar del año 2010 está previsto sea de 18.000 millones € (50 millones € al día), de los cuales 2.414 millones € irán destinados a inversiones, en su mayoría para adquirir nuevos armamentos; en I+D se dedicarán 1.182 millones € en ayudas a industrias militares para investigar nuevos tipos de armas. Entonces, el Gobierno lo tiene bien fácil, sólo haría falta suspender las ayudas en I+D y la adquisición de algunos de los grandes proyectos, como por ejemplo el avión de combate EF-2000, el helicóptero Tigre, el avión A400M, el submarino S-80, o el blindado Leopard, con un coste global, de aquí a que finalicen los proyectos de 15.000 millones €. También podría retirar las fuerzas militares del exterior, especialmente las destinadas en la guerra de Afganistán, que el año 2009 tuvieron un coste de 713 millones € y que este año superarán más de 1.000 millones habida cuenta que se ha ampliado en 500 soldados el número de tropas a desplegar.
Otra cuestión es el número de fuerzas armadas de que dispone el Estado, este año se aspira llegar a 130.000 efectivos, y el objetivo es incorporar cada año entre 2000 y 4000 hasta llegar a los 170.000 efectivos. La crisis abre la oportunidad para un debate sobre cuáles son los peligros y las amenazas que sufre la sociedad española para mantener un ejército sobredimensionado, y adaptarlo a las necesidades reales de la defensa del país. Un ahorro en este terreno pasaría por no incrementar con más soldados este año 2010, y planificar una reducción de tropas a partir del año próximo hasta una cifra más razonable de 50.000 efectivos.
Unas reducciones presupuestarias de este tipo permitirían liberar del orden de 8.000 millones € anuales al Estado, e irían por el camino iniciado por otros países europeos. Primero fue Grecia que anunció una reducción del gasto militar de 1.000 millones € para este ejercicio. Y ahora Angela Merkel acaba de anunciar un plan de ajuste para Alemania en el que incluye una reducción de 40.000 efectivos de sus fuerzas armadas en los próximos cuatro años. Italia y Francia han suspendido algunos proyectos militares.
Alguien aducirá que eso es arrojar más gente al paro (soldados y trabajadores de industrias militares). No si se planifica una conversión de las industrias hacia la producción civil y a los militares se los recoloca en la administración en servicios civiles. Ahora tenemos una Unidad Militar de Emergencias, pues se convierte en una Unidad Civil de Emergencias y se convertirá en más eficiente y más barata, pues no llevarán armas.
Una cuestión que se acepta de manera generalizada desde el ámbito político y económico más ortodoxo, es que el aumento de recursos destinado a gasto militar es una inversión productiva en términos de eficiencia económica. Falso, el gasto militar entorpece el crecimiento de la economía productiva. De una parte, porque genera endeudamiento público, el cual comporta inflación al impedir que se generen ingresos en las arcas públicas; por otra, porque impide que recursos monetarios, de bienes de equipo, de conocimientos tecnológicos y de mano de obra improductiva que consumen los ejércitos y la producción de armamentos, que destinados al sector civil generaría mayores beneficios, a través de los denominados “costes de oportunidad”.
A lo que cabe añadir, la dependencia y subordinación de la industria militar del Ministerio de Defensa de los estados, lo cual hace que las industrias militares no desarrollen preocupación por el control de costes, no produciendo economías de escala y encareciendo el precio final del arma, que sea cual sea su coste acabará siendo igualmente adquirida por el estado. Esto ocurre en el sector militar industrial español, dónde no hay competencia, ni control sobre costes. Un par de ejemplos: el avión EF-2000 tenía un coste inicial de 6.263 millones € hoy es de 10.795; y el avión A400M con un coste inicial de 4.442 millones €, ahora España deberá contribuir con 550 millones para financiar los gastos suplementarios (4.000 entre España, Alemania, Francia y Turquía) que los atrasos han producido. Ambos aviones fabricados por Airbus Military obedecen a cuestiones de estrategia política, pero no tienen ninguna de racionalidad económica.
Así, una parte de los recursos que se tendrían que destinar al desarrollo real y crear riqueza desde el sector civil, se dedican a un servicio público de ineficiencia económica y social. Esta inercia de considerar las fuerzas armadas y el gasto que ocasionan, como un servicio social y económicamente productivo hace falta que sea revisada. Y la crisis es una buena oportunidad para abrir el debate sobre las amenazas que se ciernen sobre el territorio español y la necesidad de mantener un gasto militar tan elevado.
