"Combat proven" Armas entre la guerra i la Feria de Muestras
Israel se ha convertido en el mayor exportador de armas por habitante del mundo, haciendo del conflicto armado, la ocupación y la complicidad de itris estados (Estados Unidos y la Unión Europea, principalmente) su modus vivendi.
Dos datos: Israel recibe anualmente en torno a 3.000 millones de dólares de ayuda militar estadounidense, y exporta un 75% de su producción militar a más de cien países. Su demanda interna es insuficiente para poder sostener la industria militar necesaria con la que abastecer y mantener su sistema de ocupación sobre los Territorios Palestinos; un sistema basado en la fuerza militar y el control de la población a través de sistemas de inteligencia y seguridad, que ha convertido el territorio en laboratorio de ensayo y escaparate para los mercaderes de la muerte.
En un intento de aportar información sobre hasta qué punto España está contribuyendo a alimentar la maquinaria militar israelí, el informe Defensa, seguridad y ocupación como negocio, investiga las relaciones comerciales en materia militar, de defensa y seguridad entre España e Israel. Según los datos recogidos en estudio, podemos decir que las relaciones militares y de seguridad entre España e Israel son significativas y tienen una clara tendencia al alza. Además, están facilitadas, promovidas y protegidas por una serie de acuerdos oficiales que destacan por su secretismo y falta de transparencia, caracterizándose también por el acceso de ciertas personas y empresas a información en condiciones privilegiadas.
España y su industria de defensa y seguridad no sólo representan una oportunidad de negocio para sus homólogos israelíes, sino que también se perciben como una puerta de acceso al mercado europeo, norteafricano y, sobre todo, latinoamericano. Las empresas israelíes aprovechan los consorcios y los contactos con las firmas españolas para poder acceder a aquellos terceros mercados en los que la marca España tiene un valor añadido. También se benefician de estos acuerdos las compañías españolas, al añadir a su oferta tecnología de vanguardia israelí y su experiencia probada en combate. Las empresas más favorecidas en este sentido son Indra, Santa Bárbara Sistemas, Tecnobit y EADS-CASA, si bien las pretensiones de Navantia también merecen ser destacadas. Otra buena parte de las relaciones de defensa y seguridad tiene lugar a través de la implantación directa de filiales israelíes en territorio español; entre las empresas de defensa, destacan Pap Tecnos (filial de Rafael) y Aeronautics.
En cuanto al comercio de armas, las exportaciones españolas de material de defensa a Israel responden en gran parte a envíos de municiones, piezas y componentes enviados a Israel con tres finalidades principales: para consumo interno (de las Fuerzas Armadas de Israel, empresas privadas o públicas y particulares), para su ensamblaje y reexportación, o para ser sometido a pruebas, según especifican las estadísticas oficiales de la Secretaria de Estado de Comercio. Entre los productos exportados se encuentran pistolas y sus partes y componentes, cartuchos, tarjetas electrónicas para el procesamiento de imágenes para fuerzas aéreas de países europeos, munición de guerra para pruebas de funcionamiento de la torreta Mini-Samson de la empresa Rafael, sistemas y componentes de misiles con destino al Ejército español para pruebas en Israel. En la última década (2003-2012), España ha autorizado la exportación de material de defensa a Israel por valor de más de 36 millones de euros, de los cuales ya se han exportado unos 22 millones de euros, lo que representa más del 60% exportado sobre lo autorizado, frente al 25% de media en el total de las exportaciones españolas. Este dato podría señalar un trato preferente a dichas exportaciones y una interpretación excesivamente laxa de la legislación española sobre el control del comercio de armas.
A pesar de que los países miembros de la UE han denegado licencias de exportación de material de defensa a Israel en al menos 325 ocasiones entre 2001 y 2011, no se conoce que ninguna de estas negativas haya provenido de España, de quien no se conoce ni siquiera alguna consulta al respecto.
¿Por qué es un negocio controvertido?
La legislación española sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso regula las exportaciones españolas de armas (no las importaciones). Esta especifica que “las solicitudes de autorización serán denegadas y las autorizaciones, (…) suspendidas o revocadas, en los siguientes supuestos: a) Cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente el ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos (…)”. Por tanto, España incumpliría su propia legislación al exportar material de defensa a Israel. Dichas exportaciones violarían de manera flagrante al menos cuatro de los ocho criterios que establecen la Posición Común de la Unión Europa y la ley española que las regulan. Además, podrían estar incumpliendo también otros tres criterios adicionales recogidos en las disposiciones citadas.
Pero aún hay más…
Las exportaciones de armas a Israel no son las únicas transferencias ni relaciones comerciales cuestionables. Comprando estas armas también se crea un ciclo perverso que asegura el flujo de capital necesario para poder financiar la industria militar, abaratar el coste de producción y dejar un suculento beneficio para sus comerciantes. Además, se promociona la inversión en I+D y se incentiva la fabricación de nuevos armamentos, unos armamentos que también serán puestos a prueba en combate. Y a volver a empezar –siempre y cuando continúe la connivencia y complicidad.
Según los datos recogidos en el mencionado informe, en el ámbito de la defensa, el Gobierno español contribuye a la financiación de la industria de guerra israelí con más de 400 millones de euros –como mínimo– con la compra de un armamento que ha sido desarrollado y probado en las numerosas operaciones militares lanzadas contra la población palestina de los Territorios Ocupados. Este es el caso de los misiles Spike (de la empresa Rafael), los sistemas de mortero Cardom (de Elbit Systems), las torteas de tiro automático Mini-Samson (de Rafael, Pap Tecnos en España) y de los drons Searcher (de IAI); todos ellos fabricados por estas empresas militares israelíes y utilizados en Gaza, en muchas ocasiones provocando víctimas civiles, según afirman diversas investigaciones de organizaciones e instituciones internacionales. La propia industria militar israelí destaca esta experiencia “Combat proven” (probada en combate) con fines publicitarios. Las firmas fabricantes de estos sistemas de armas adquiridos por España son las principales empresas militares promotoras y facilitadoras de la ocupación de los Territorios Palestinos y, hoy día, tres de las compañías que mayor lucro obtienen de la perpetuación de este conflicto.
Recientemente, Amnistía Internacional publicaba el informe Trigger-Happy (Gatillo fácil) denunciando el patrón de uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas de Israel, que causaron la muerte de al menos 27 civiles en Cisjordania (25 con munición real
y 2 con balas de goma) y señalaba que algunas de esas muertes podrían constituir crímenes de guerra. En 2009 otra organización, Human Rights Watch, publicaba el informe Precisely Wrong donde señalaba el posible uso de misiles Spike en un bombardeo realizado con drons sobre Gaza causando la muerte de decenas de personas y dañando infraestructuras civiles, unos hechos también señalados como constitutivos de crímenes de guerra por diversas investigaciones. Las torretas Mini-Samson de disparos automáticos o por control remoto adquiridas por el Ejército de Tierra español también son usadas por el ejército israelí en las fronteras de la Franja de Gaza.
Tal y como señala el mencionado informe de Amnistía Internacional, diversas agencias de la ONU y diversos grupos locales e internacionales para la defensa de los derechos humanos han documentado la existencia de “un patrón de comisión de crímenes de guerra y otras graves violaciones del derecho internacional –tanto del derecho internacional humanitario como de los derechos humanos– cometidas por las fuerzas militares y de seguridad israelíes desde que ocuparon Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y la Franja de Gaza en 1967”. En los casos
señalados los abusos se cometieron con el mismo tipo de armamento que el Gobierno español ha importado de, o exportado a, Israel en algún momento, ¿nos hace esto cómplices? Quizá cabe recordar de nuevo que Israel exporta aproximadamente tres cuartas partes de su producción militar, lo que indica que es altamente dependiente de sus exportaciones para mantener este sistema; es decir, es altamente dependiente de las compras realizadas por otros estados.
Y en el negocio de la (in)Seguridad
En lo referente a las firmas de seguridad, España representa una oportunidad de negocio creciente para la industria de defensa y seguridad israelí. Las perspectivas de privatización de servicios de seguridad (en especial en los centros penitenciarios) y las expectativas de mayores facilidades apuntan a un momento dulce para quienes hacen de la seguridad un negocio y para quienes les apoyan. Estas relaciones comerciales están promovidas por diferentes grupos de interés y presión en España, así como por las ferias de defensa y seguridad. Algunos de estos grupos son el Centro Sefarad-Israel o la Cámara de Comercio e Industria España-Israel. Varias firmas israelíes ya han disfrutado de contratos por parte de instituciones públicas y empresas privadas en España.
Como decíamos anteriormente para el sector de defensa, a los productos y servicios de seguridad israelíes también se les supone un valor añadido por su experiencia probada en combate, por las condiciones y facilidades de entrenamiento superiores en territorio israelí (mayor número de disparos permitidos, por ejemplo) y por la marca Israel, trabajada a través de la expansión y promoción de su oferta durante décadas. Así, entre los clientes de firmas de seguridad israelíes que publicitan su experiencia como “probada en combate” se encuentran los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil, el GEO y el Cuerpo Nacional de Policía, la Ertzaintza, policías locales de diferentes ciudades, el Ministerio de Defensa y la Casa Real, entre otros.
La industria de defensa y seguridad de Israel transmite su experiencia y su conocimiento a través de diferentes cursos de formación en España e Israel así como a través de proyectos europeos de investigación, alentados incluso por las propias instituciones públicas españolas. Los clientes son principalmente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español y de sus comunidades autónomas, así como los agentes de seguridad privada. Son varios los centros que imparten esta formación (incluso mediante programas de postgrado universitarios), como por ejemplo la Universidad Camilo José Cela.
Pero estos son solamente algunos ejemplos que ilustran como un conflicto armado puede convertirse en laboratorio de pruebas y feria de exposición para el complejo militar industrial dejándolo al margen del derecho internacional. Itamar Graff, consejero jefe de la Delegación de Defensa de Israel en España, reconoció que Israel (refiriéndose también a los Territorios Ocupados) es “un ‘laboratorio’ de medios de combate y de nuevas tecnologías de defensa, por una razón muy sencilla: las amenazas constantes y cada vez más sofisticadas a las cuales se ha visto y se ve sometido desde su creación como estado y su permanente lucha por sobrevivir”.
Es decir, o colaboramos para acabar con este círculo perverso del lucro del conflicto armado, o colaboramos con la perpetuación de la ocupación y la guerra.
