La Privatización de la seguridad
Desde el final de la Guerra Fría se han constituido un gran número de empresas que ofrecen servicios militares a gobiernos, cuerpos diplomáticos, multinacionales, empresas mineras, petroleras, agencias de Naciones Unidas, instituciones internacionales u organizaciones no gubernamentales; son las llamadas Corporaciones Militares Privadas (CMP
Sander Ammann (abril 2004). Materiales de trabajo, núm.24
La liberalización económica mundial de los años 80 se ha caracterizado por impulsar la privatización de muchos servicios públicos como el abastecimiento de agua, energía o sanidad. Esta tendencia ha alcanzado también el terreno militar. Desde el final de la Guerra Fría se han constituido un gran número de empresas que ofrecen servicios militares a gobiernos, cuerpos diplomáticos, multinacionales, empresas mineras, petroleras, agencias de Naciones Unidas, instituciones internacionales u organizaciones no gubernamentales; son las llamadas Corporaciones Militares Privadas (CMP). Afirman que su participación en el mercado da respuesta a una creciente demanda de seguridad, que son respetuosas con los derechos humanos y que se limitan a prestar servicio a aquellos poderes reconocidos internacionalmente.
A día de hoy corporaciones de este tipo tienen entre 15.000 y 20.000 hombres situados en Irak, cifra incluso superior al contingente británico en este país. Por cada diez militares regulares presentes en Irak hay un trabajador privado corporativo, esto representa un incremento desde la guerra del Golfo de 1991 cuando la proporción era de uno por cada cien. Sirva esto de claro ejemplo sobre la tendencia a privatizar la seguridad desde principios de los años noventa.
El final de la Guerra Fría agravó los conflictos internos que sufrían muchos países debido a la falta de apoyo que les proporcionaban los dos bloques. En este contexto aparecen los llamados Estados fracasados, estados que han perdido el control sobre los instrumentos de coacción física y que no pueden proporcionar seguridad a su población, a las empresas o al propio presidente del Estado.
Pero si el final de la Guerra Fría supuso la aparición de una demanda de seguridad que en muchos casos no podía ser atendida por las fuerzas militares del Estado (en países del Sur), también supuso (en los países industrializados) una reordenación de los efectivos militares.
De los aspectos de este binomio demanda-oferta que causaron esta tendencia al alza de las corporaciones militares, el más significativo fue la predisposición de algunos estados a los recortes en los presupuestos de defensa motivando un excedente de soldados y armas que acabarían empleándose en estas CMP. Del mismo modo que el final del Apartheid originó que muchos ex soldados de este régimen decidieran integrarse en este tipo de empresas.
Estas multinacionales de defensa han sido creadas por directivos vinculados al ejército que fichan ex militares, algunos retirados y otros expulsados por conductas agresivas, o delictivas, soldados de operaciones especiales o policías que buscan hacer dinero rápido aceptando un empleo lo suficientemente peligroso como para ser subcontratados.
Los soldados privados que hay en Irak cobran un mínimo de 15.000 $ al mes, aunque pueden conseguir pagas diarias de hasta 2.000 $ dependiendo del riesgo que corran. Algunas de estas empresas han conseguido contratos de seguridad que ofrecen salarios de 250.000 $ anuales. Según algunos expertos, estas corporaciones tienen unos ingresos de aproximadamente 100.000 millones de dólares anuales, cantidad que podría doblarse en el 2010 o incluso antes debido a los acontecimientos en Irak.
Los ejércitos occidentales y especialmente el de los Estados Unidos están cada vez más privatizados y la industria de los servicios militares crece. Un sector en el que se mueven ex militares, hábiles en las relaciones con los gobiernos y para los cuales los nuevos conflictos son una fuente de ingresos.
Dependiendo del criterio utilizado se pueden contabilizar alrededor de 90 empresas militares existentes en estos momentos, la mayoría de origen británico y estadounidense. Casi la totalidad de las CMP ofrecen un servicio de protección, asistencia en emergencias, consejo estratégico, entrenamiento, formación, servicio de vigilancia y/o tareas auxiliares o desminado de tierras. La composición de algunas de ellas es el resultado de la evolución desde los mercenarios de los años sesenta hasta la integración privada actual, pudiendo ofrecer soldados y batallones enteros dispuestos para la lucha además de aviones y helicópteros de combate. Para ilustrar qué hacen estas corporaciones y el significado de la privatización del militarismo se presentan unos ejemplos.
Executive Outcomes (EO), una CMP de Sudáfrica constituida por ex-soldados del régimen Apartheid, consiguió con su actuación en Sierra Leona en 1996 derrotar a los rebeldes obligándoles a negociar la paz y a celebrar elecciones. Una vez EO abandonó el país tuvo lugar un golpe de estado. Otra empresa militar entró en acción cuando el presidente en exilio Kabbah decidió contratar a Sandline International para recuperar el poder a cambio de concesiones a la compañía Diamond Works, interrelacionada con la primera para explotación de diamantes. Se refleja de este modo la íntima relación entre las CMP y las corporaciones mineras o petrolíferas.
En 1992 durante la presidencia de George Bush, Dick Cheney encargó a la sucursal de Halliburton, Brown & Roots Services (en la actualidad Kellog Brown & Roots), llevar a cabo un informe sobre la posible ayuda de las CMP al ejército. Para su realización, Halliburton recibió 3,9 millones de dólares y 5 millones extras para una actualización posterior. Después de esto, Halliburton y Kellog Brown & Roots, han recibido docenas de encargos como el aprovisionamiento logístico para cada destacamento militar americano. Sólo en Irak, sus compromisos, dedicados sobretodo al marco petrolífero, les han aportado 2,3 mil millones de dólares.
Cada vez hay más tareas que anteriormente eran llevadas a cabo por el mismo ejército que están siendo encargadas a las CMP. Sus funciones van desde la construcción de campamentos hasta el manejo y mantenimiento de complejos sistemas armamentísticos y de alta tecnología como el bombardero B-2. Aumenta progresivamente de este modo la dependencia del ejército hacia este tipo de empresas, un sector nada inofensivo, por otro lado, con un creciente y conveniente interés en los conflictos armados como la invasión de Irak.
Los miembros de estas corporaciones se encuentran a menudo en situaciones de combate como al entrenar a la policía en Irak mediante el patrullaje callejero e incluso se cuentan ya algunas pérdidas humanas entre sus filas, sin que éstas sean reconocidas oficialmente como bajas de personal militar (se refieran a ellos como contratistas). Sirva de ejemplo los cuatro asesinatos y el posterior trato dado a los cadáveres de los empleados de Blackwaters en Faluya.
Los Estados Unidos es el país que más utiliza a las CMP en el marco de sus acciones en política exterior debido, esencialmente, al hecho de que mientras cualquier envío de tropas propias debe estar especialmente autorizado por el congreso, ese permiso no es necesario si la misma actividad la lleva a cabo una CMP. El gobierno estadounidense también juega con la ventaja de que para la opinión pública lo más importante es que no sean sus soldados los que mueran en combate.
En Colombia la CMP Dyncorp tiene como funciones destruir los campos de coca e informar sobre la situación de los rebeldes. En este último contexto y en el mismo país, en 1998 la fuerza aérea colombiana bombardeó un pueblo causando la muerte a 17 personas basando el ataque en informaciones erróneas de una CMP americana. Igualmente en Perú, en el 2001 denuevo una CMP estadounidense informó al ejército del país sobre un avión sospechoso que, tras ser derribado, resultó transportar únicamente a un grupo de misioneros. Organizaciones como la Cruz Roja Internacional, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos necesitan CMP para su protección y en ocasiones para otras tareas como la eliminación de minas antipersona. Tras la experiencia de la incapacidad de la comunidad internacional para impedir el genocidio en Ruanda y teniendo en cuenta, a modo de ejemplo, que la empresa Executive Outcomes consiguió con sólo 35 millones de dólares en Sierra Leona más que la ONU con 247 millones, están surgiendo expertos, incluso dentro de la ONU que proponen utilizar a las CMP para el mantenimiento de la paz. Ya en 1994 Koffi Annan pensó en enviar contingentes privados a Ruanda aunque la idea no siguió adelante al creer él mismo que el mundo todavía no estaba preparado para aquel paso. Las principales ventajas para su uso son su rapidez de reacción, el hecho de ser un producto económico y la existencia de una comandancia fluida e integrada en vez de carácter ad hoc. Aquellas CMP que buscan más legitimidad internacional, intentan no hacer nada que produzca mala publicidad aunque, por otro lado, su personal militar quiere luchar y no está interesado en el camino pacífico.
El principal dilema, aparte de los ya mencionados, es el asunto de la responsabilidad, ¿Quién se responsabiliza por sus acciones?, ¿Cómo se pueden controlar las actividades de dichas empresas cuando su máxima es la confidencialidad?. En principio las CMP están sujetas a la ley del país en el que actúan pero normalmente operan en regiones donde la ley no tiene mucho valor o están luchando contra el mismo gobierno que debe respetar la ley. Las CMP se mueven en un territorio gris dentro de la ley internacional. El artículo 47 del Protocolo Adicional de la Convención de Ginebra no es aplicable a este tipo de empleados de las CMP debido a que no se adaptan a la definición de mercenario que recoge el texto ni tampoco son soldados reconocidos. Países como África del Sur y Nueva Zelanda tienen leyes que prohíben a sus habitantes combatir en el extranjero sin permiso.
El otro dilema que se abre gira entorno a la creación de un nuevo mercado, privado, de la violencia. La privatización de la seguridad y la defensa supone la privatización del uso de la violencia. Hasta ahora el Estado moderno tenia el monopolio de la violencia legítima, los conflictos de post Guerra Fría son una muestra de cómo el Estado ha perdido el monopolio del uso de la violencia aunque no el de la legalidad. Pero la aparición de empresas legalmente constituidas que pueden usar la violencia de forma legal nos presenta un problema nuevo y muy serio que tendremos que debatir y posicionarnos. ¿Sobre quién debe recaer la legitimidad del uso de la violencia?
