Una defensa militarizada

El Congreso de los diputados ha aprobado la Ley de Defensa Nacional, pero pese a ser una nueva ley la política de defensa seguirá marcada por la militarización.
Centre Delàs. Novembre 2005

No se ha producido el cambio de paradigma en la defensa que 23 entidades catalanas hemos reclamado. Un cambio de orientación donde la defensa fuera entendida como seguridad humana. Es decir, introducir nuevas ideas para la seguridad de las personas en aquellas cuestiones que requieren intervenciones para erradicar la pobreza, la injusticia, la carencia de derechos humanos, de un medio ambiente saludable, de salud, educación, vivienda y trabajo dignos. Estos son los retos que las sociedades han de abordar si quieren erradicar la violencia en el mundo. Por lo tanto, no es fortaleciendo los aspectos militares como se conseguirá el desarrollo económico, social y político que eliminará las desigualdades que impiden la paz mundial.

La ley tampoco ha abordado una cosa tan elemental y justa como la renuncia del Estado español al uso de la fuerza militar como forma de resolución de los conflictos.

La ley continúa la política de militarización de la seguridad y prueba de ello es el desmesurado incremento, superior incluso al de años anteriores, del presupuesto de defensa y de investigación militar para el año 2006 presentado por el gobierno actual.

Es muy preocupante como los asuntos de defensa se continúan amparando en una malentendida responsabilidad de estado y de gobierno, que ha arrastrado, con la excepción del PNV, a casi todos los partidos a apoyar esta ley, y si el PP la ha votado en contra es porque todavía quería empeorarla más. Pero hay que entender que lo realmente irresponsable es seguir buscando la seguridad y la paz con medios militares, como lo hace la ley aprobada.

Hay que reconocer, no obstante, que la ley ha dado un par de pequeños pasos en la transparencia de la siempre opaca política militar.

El primero ha sido la incorporación de la obligatoriedad de que las misiones militares españolas en el extranjero sean aprobadas por las Cortes. Esta modificación va más allá de la consulta previa no vinculante que figuraba en el proyecto original. Tras la imposición por el gobierno Aznar de la participación española en la guerra de Irak, este es un paso que da una mayor transparencia y permite mejor un debate público sobre estas misiones. Pero este hecho positivo no puede esconder que no ha habido un cambio sustancial en los condicionantes que la misma ley establece para intervenir militarmente en el exterior. Estos condicionantes amparan plenamente que el Estado español pueda participar, directa o indirectamente, en acciones militares y en guerras contrarias al derecho internacional. Directamente porque avala todas las operaciones decididas por organismos internacionales en los que España forma parte. Y hay que recordar que entre estos organismos figuran la OTAN y la UE y que bajo estos criterios se hubiera podido participar en guerras como la de Kosovo, emanada no de una decisión de Naciones Unidas sino de una decisión unilateral de la OTAN, o incluso en la guerra de Afganistán, justificada por Estados Unidos como una guerra de legítima defensa, hecho que podía obligar el Estado español a participar si era requerido por la OTAN. E indirectamente porque no se puede ser ajeno a permitir la utilización del territorio español por terceros países en agresiones o guerras, como en la reciente guerra de Irak. ¿O es que el gobierno español no tiene ninguna responsabilidad cuando permite que centenares de aviones cargados de bombas recalen en las bases militares de camino a librar su mortífera carga?. Consideramos que la guerra es siempre inmoral e innecesaria, desgraciadamente no es este el criterio de la legalidad internacional, pero la nueva ley no sólo no comparte este punto de vista sino que legitima la posible participación en guerras de dudosa legalidad.

La ley tampoco cierra la posibilidad de realizar ataques preventivos, posibilidad que permite la ambigüedad de la Directiva de Defensa Nacional dictada por el gobierno Zapatero el pasado mes de diciembre, y que está contemplada tanto en la Revisión Estratégica de la Defensa(1) como en el Concepto Militar de la OTAN aprobado a la reunión cumbre de Praga de 2002.

La ley anuncia la creación del Observatorio de la Vida Militar. Esta es una de las propuestas que Justícia i Pau y la Fundació per la Pau plantearon a los grupos parlamentarios y que celebramos que la ley haya asumido. Será necesario, no obstante, estar atentos a su desarrollo legal y reglamentario a fin de que el nuevo observatorio no se quede en una mera declaración de intenciones y que sea realmente útil para garantizar el respeto y la dignidad de las personas dentro el ámbito militar y luchar eficazmente contra la violación de derechos humanos, disponiendo para ello de los medios necesarios y de unos profundos poderes de inspección y control.

La ley ratifica el Régimen Disciplinario Militar sin abordar ninguna modificación que lo haga compatible con el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Hay que recordar que el régimen disciplinario permite a la administración y los mandos militares la imposición de penas privativas de libertad sin ninguna tutela judicial, hecho que entra en contradicción con la propia constitución española y con los artículos 5 y 6 del mencionado convenio, razón por la cual el Estado español no lo ha ratificado en su total integridad.

La ley tampoco ha abordado la supresión de la jurisdicción militar, otra rémora del pasado. La jurisdicción militar no respeta los principios constitucionales de independencia e imparcialidad judicial por la manera en que se designan los jueces militares, ni ofrece las suficientes garantías a los acusados ni a las víctimas al no permitir el ejercicio de las acusaciones particular y popular sin limitaciones. Es necesario traspasar sus competencias y funciones, en tiempos de paz, a la jurisdicción ordinaria, como ya han hecho buena parte de los países europeos como Alemania, Francia, Austria, Suecia, Noruega o Dinamarca.

El desarrollo legislativo de la política de defensa iniciado por el nuevo gobierno no se acaba con esta ley, el movimiento por la paz tendrá que seguir expresando sus puntos de vista planteando estas y otras cuestiones.

Centre Delàs

 

Nota:

1 La Revisión Estratégica de la Defensa que, fue presentada al Congreso del diputados el diciembre de 2002 por el anterior ministro de Defensa, Federico Trillo y contó con el consenso del PSOE, entre otros partidos. Este documento es vigente y define la política militar del Estado español hasta el año 2015.