Una política militar continuista

Con la proclamación el pasado 30 de diciembre de la nueva Directiva de Defensa Nacional(1) el gobierno del PSOE abría un nuevo proceso de reforma de las Fuerzas Armadas españolas. Desgraciadamente este proceso no supondrá ningún cambio sustancial en la política militar que han venido desarrollando los diferentes gobiernos desde la transición.
Tomàs Gisbert (abril 2005)

En todo caso lo que se anuncia será el intento de corregir algunas disfunciones, como es el fracaso de reclutamiento del ejército profesional, ajustar de manera formal las intervenciones militares en el extranjero y proseguir el esfuerzo armamentista que ha venido haciendo el estado español para rearmarse y consolidar una potente industria militar.
Todos estos elementos hacen que esta política se pueda definir como continuista, truncando las esperanzas que despertaron la retirada de tropas españolas de Irak.

Los medios de comunicación han destacado que la Directiva contempla que “la acción exterior española tiene que basarse en el respeto escrupuloso a la legalidad internacional como medio para la resolución de conflictos” y concreta que esta actuación se ajustará a dos requisitos: 1) una decisión previa de Naciones Unidas, o de otra organización multinacional de la que España forme parte, y 2) que se acuerde con la participación activa del Parlamento, sin prejuicio todo ello al derecho a la legítima defensa individual o colectiva.

Si entramos algo más en el detalle, podemos ver que supeditar la intervención militar a que lo decida una organización de la que España forme parte no es ninguna garantía de respeto a la legalidad internacional. Efectivamente, con este redactado se hubiera podido certificar, por ejemplo, una intervención española en la guerra de Kosovo de 1999, guerra que no emanó de una decisión de Naciones Unidas sino de una decisión unilateral de la OTAN.
La definición de condicionantes que se hace igualmente habría amparado una intervención española, por ser miembro de la OTAN, en la guerra emprendida por los Estados Unidos contra el Afganistán. Estados Unidos invocó el derecho a la “legítima defensa” para atacar y derribar el régimen de los talibanes al entender como una agresión indirecta de Afganistán el uso de su territorio por Al-Qaeda. Pero la invocación a la legítima defensa de un país miembro de la OTAN conlleva automáticamente, a través del artículo 5º del tratado de la OTAN, a los otros socios, como lo es el estado español, a intervenir si son requeridos.
La Directiva hace un paso adelante respeto la situación anterior al buscar la participación del Parlamento en todas las decisiones de intervención militar en el exterior. Sin embargo, el proyecto de Ley Orgánica de la Defensa Nacional, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros, deja claro el alcance de esta participación, situándola en el terreno de la consulta no vinculante “el Gobierno realizará una consulta previa para recabar el parecer del Congreso de los Diputados” (arte.16.1). Tampoco contempla la participación de éste en otras graves decisiones cómo puede ser la participación indirecta en agresiones a terceros países. Agresiones que pueden vulnerar el derecho internacional, y ser iguales o más graves que una intervención directa de las tropas españolas. Responsabilidad en la agresión que se deriva del consentimiento y el apoyo a la utilización de las bases norteamericanas en nuestro territorio con estos finos.

La Directiva deja abierta, con una redacción ambigua, la posibilidad de ataques preventivos al asignar a la estrategia europea de defensa “la posibilidad de realizar intervenciones tempranas, rápidas y, de ser necesario, contundentes”, términos en los que pueden ajustarse, si es necesario, los “ataques preventivos”. Por otro lado, hace falta tener presente la doctrina de la OTAN, emanada de la cumbre de Praga de 2002, que contempla los ataques preventivos en la lucha contra el terrorismo. Doctrina asumida por la Revisión Estratégica de la Defensa que el anterior ministro de Defensa, Federico Trillo, presentó en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2002 y que contó con el consenso del PSOE, entre otros partidos(2).

Es igualmente preocupante el esfuerzo armamentista que se anuncia. La Directiva reafirma todos los compromisos de rearme con la Unión Europea, escondidos bajo una retórica del tipo “aumentar las capacidades”, pero además con la intención de sacar buena nota al expresar la voluntad de participar “decididamente” en la Agencia Europea de Armamento, Investigación y Capacidades Militares, ratificada por la Constitución europea y en el Plan de Acción Europeo de Capacidades. También asume con entusiasmo el Compromiso de Capacidades de Praga, que establece los objetivos de rearme de la OTAN.

Pero este rearme no vendrá sólo de supuestas obligaciones con los aliados, sino también de un esfuerzo propio, completando los programas en marcha para rearmar el ejército español e iniciando de nuevos proyectos si es preciso. En esta línea se anuncia la continuación de las políticas de fomento de la R+D militar, tanto como estrategia de rearmamento militar pero también como vía para favorecer la competitividad de la industria militar, es decir para mejorar la posición española en el lucrativo negocio de la venta de armas.

Para poder desarrollar sin problemas este programa rearmamentista la Directiva compromete al gobierno a mantener durante la presente legislatura un incremento presupuestario para las fuerzas armadas igual o superior al del periodo anterior. Es decir, que en la presente legislatura no hay lugar para ninguna reducción del presupuesto militar.

La apuesta por una industria militar competitiva se adorna con una denominada “diplomacia de defensa” y un estrechamiento de la cooperación militar con los países iberoamericanos en las que ya se puede adivinar que la venta de armas será la moneda de cambio de estas diplomacias y que, con toda seguridad, contribuirá todavía más a extender la militarización del mundo. La reciente venta de armas en Venezuela es un primero ensayo de esta nueva diplomacia.

Respecto a la definición de modelo de Fuerzas Armadas, la Directiva sigue la tendencia que comparte con los socios de la OTAN y de la UE de ir a buscar un ejército con más capacidad de actuación fuera de sus fronteras. Por eso es por lo que la prioridad está en buscar un aumento de la movilidad, la flexibilidad y interoperabilidad con los aliados. Es decir, tampoco en este apartado hace falta esperar un debate sobre otra manera de abordar la seguridad y la defensa.

La directiva trasluce una gran preocupación por un proceso de profesionalización que no ha conseguido, ni de lejos, reclutar los 102 o 120.000 soldados profesionales que establecía el modelo de ejército profesional aprobado en 1998 cuando, por fin, se suspendió el servicio militar obligatorio. De esta preocupación saldrán dos hechos, el primero que ya anuncia la directiva será un ajuste, a la baja, del número de efectivos del ejército español más en consonancia con las posibilidades reales de reclutamiento. Pero en segundo lugar, ya ha empezado un esfuerzo para aumentar el nivel de reclutamiento ofreciendo por un lado, condiciones económicas y sociales más ventajosas para los soldados profesionales, lo que significa más gasto militar, y por otra un incremento renovado de la propaganda y la presencia militar para captar las voluntades de nuestros jóvenes.

Y hablandoe de militarización de las conciencias, la Directiva no olvida lo que ya es un clásico de todas las Directivas, como es la necesidad de aumentar el nivel de cultura de defensa en la sociedad española, cosa que no deja de ser un reproche a toda la ciudadanía por lo que interpretan como una carencia de espíritu de la defensa.

En resumen, podemos afirmar que aunque ha habido un cambio de gobierno, no hay un cambio profundo en la forma de entender y promover la seguridad en el mundo y en nuestro país. Una nueva forma que se desvincule de la concepción militar. Los retos o amenazas principales no son de naturaleza militar, y por lo tanto no es con medios militares como se debe abordarlas. Porque no es con más militarización que lograremos más seguridad.

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Notas:
(1) La Directiva de Defensa Nacional es el documento que marca los ejes de la política de defensa para la presente legislatura, o periodo de gobierno. Las anteriores se aprobaron en 1980, 1984, 1986, 1992, 1996 y 2002.
(2) Ver Materiales de Trabajo, núm 23, Diciembre 2003.