¿Cambio o continuismo en la política de defensa?

Zapatero firmó el 30 de diciembre pasado la nueva directiva de Defensa Nacional¹ que ha de guiar la política de defensa en esta legislatura. Carme Chacón, la titular del ministerio de Defensa, ha presentado la nueva Directiva de Defensa Nacional como un cambio significativo en la política de defensa al englobarla en una visión de la seguridad más amplia, integral, que va más allá de la defensa militar.

En este sentido la directiva anuncia la elaboración de una Estrategia de Seguridad Nacional, que garantice la defensa y seguridad de España, potenciando una visión que englobe la aportación a la defensa y la seguridad con otros medios y recursos del Estado como los políticos, económicos y diplomáticos

Cabe preguntarse si estamos ante una desmilitarización real de la seguridad, tal como algunos hemos venido reclamando, o bien seguimos instalados en la militarización y el rearme.

Los peligros del Sur

Un primer apunte indicativo es cómo se plantean en la Directiva los riesgos y amenazas a nuestra seguridad. Así, se enumeran como tales el terrorismo internacional, la criminalidad organizada, la proliferación de armas de destrucción masiva, los estados fallidos, sin olvidar los grandes movimientos de inmigración ilegal o las catástrofes medioambientales, evidenciando una percepción en que todos los riesgos provienen del Sur, del mundo empobrecido. Desde esta perspectiva el propio Sur es visto como una amenaza para nuestro modo de vida, pero nada se dice de un proceso de globalización que concentra y centraliza la riqueza, la tecnología, el poder militar y político, generando el reverso del aumento del desempleo, la pobreza y la exclusión en el Sur. El Sur es visto como un peligro, y como tal se abordan las políticas de seguridad, como políticas de contención y control de disturbios. Se genera empobrecimiento y subdesarrollo al tiempo que éste es temido como fuente de conflicto, criminalización e inestabilidad internacional. Se responsabiliza y se confinan las causas del conflicto en el Sur y ello da argumentos para nuevas intervenciones militares, justificadas como humanitarias, y para un rearme militar que ahonda aún más la brecha entre Norte y Sur.

Se habla de seguridad nacional cuando en realidad se está hablando de cómo preservar los recursos y beneficios obtenidos de un intercambio desigual con el Sur, de cómo impedir que la desestructuración que nuestras políticas económicas generan nos sea retornada en forma de inseguridad.

Militarizar recursos civiles

La visión más amplia de la seguridad que aparece en la nueva Directiva no es ajena a las nuevas doctrinas militares, que han ido apareciendo al calor del fracaso de las intervenciones militares en Irak y Afganistan, que abogan por utilizar todos los recursos disponibles, civiles y militares, de forma coordinada para alcanzar los objetivos propuestos.

A finales de 2006 Estados Unidos adoptó un nuevo manual de contrainsurgencia (COIN) que dio un giro a los manuales vigentes en las dos últimas décadas. En él se abogaba por una estrategia militar menos condicionada por los cambios revolucionarios en la tecnología militar, la denominada Revolución en los Asuntos Militares, y más por tener en cuenta las dimensiones políticas, sociales, culturales y humanas del conflicto. La conclusión era la necesidad de un acercamiento integral de la política, la economía y los esfuerzos militares.

También está hoy en ascenso la doctrina militar denominada de Operaciones Basadas en Efectos, EBAO (por sus siglas en ingles, Effects Based Aproach to Operations), que para conseguir los objetivos planeados busca la aplicación integral de los distintos instrumentos de poder de la nación o la Alianza, combinados con la cooperación práctica de actores ajenos como ONG o ayuda humanitaria².

Es por ello que no estamos ante la desmilitarización de la seguridad y la búsqueda de la paz... sino ante un nuevo proceso de subordinar los recursos de la Nación a las estrategias militares de seguridad.

Continuidad del gasto militar

Es con esta lógica que la Directiva renueva con creces la continuidad del desmesurado esfuerzo militar realizado en las anteriores legislaturas, que se traduce en un compromiso de gasto militar sostenido, el fomento de la investigación y desarrollo militar y el desarrollo de la industria militar, presentados como un gasto de naturaleza productiva beneficioso en si mismo para el país, cuando en realidad tiene un menor impacto en la economía productiva y las necesidades reales de las personas que si se invirtiera en investigación y desarrollo civil. El gobierno ha optado también por la ampliación de los efectivos militares, una vez salvado el bache de reclutamiento y de efectivos que produjo la atropellada profesionalización de las fuerzas armadas y se ha fijado el objetivo de llegar en 2009 a un máximo de 86.000 efectivos de tropa. Y todo ello además persiguiendo obtener el más amplio apoyo y adhesión de la ciudadanía a los Ejércitos.

Multilateralismo o subordinación

En el ámbito internacional, aunque se adopta un lenguaje relativamente nuevo que habla de seguridad compartida, de respeto a la legalidad internacional, de actuar bajo los principios de Naciones Unidas,... pocos cambios de calado cabe esperar. La defensa colectiva sigue descansando plenamente en la OTAN, apoyando y sumándose al esfuerzo armamentista que lidera la Alianza atlántica, mientras que del impulso a la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) se espera una colaboración más doméstica en inteligencia, formación e industria que sirva para desarrollar las “capacidades”, militares por supuesto, que continuamente demanda la OTAN. Así la Directiva reafirma el compromiso con la OTAN y apuesta porque ésta se dote de todos los medios militares necesarios, sin cuestionar siquiera la participación en la guerra que se libra en Afganistán a través de la ISAF, plenamente integrada en Libertad Duradera, la guerra de represalia y ocupación emprendida por Estados Unidos tras los atentados del 11-S. Eso si, Carme Chacón puntualizó en su presentación de la directiva que España se esforzará, sembrando así sin pretenderlo la sospecha, para que la OTAN actúe bajo los principios y valores contenidos en la Carta de Naciones Unidas. Formulación no exenta de engaño que ya sirvió para dar cobertura a finales de los 90 a la guerra de Kosovo o la invasión de Afganistán, y eludir con ella la prohibición al uso de la fuerza establecido por la Carta de Naciones Unidas, que sólo hace excepción cuando el uso de la fuerza sea expresamente autorizado por el Consejo de Seguridad en caso de una grave amenaza a la paz, de quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, o en caso de legítima defensa.

En este campo dos serán los puntos clave en esta legislatura a los que habrá que permanecer atentos. El primero, la revisión, hoy ya a debate, del Concepto Estratégico de 1999 de la OTAN, que desterritorializó su ámbito ampliando su area de actuación a todo el planeta modificando sustancialmente el contenido del Tratado del Atlántico Norte. Y el segundo, la renovación, a final de legislatura, del Convenio de Defensa con Estados Unidos, convenio que dio cobertura a la utilización del territorio español por EUA para la guerra de Irak y Afganistan, o como escala en los ignominiosos vuelos de la CIA.

 

Pocas novedades hay por tanto de este lado, y sí de mantener una dinámica militar que tiene secuestrada la seguridad. Es necesario un cambio de paradigma que articule las estrategias de seguridad ubicando al ser humano en el centro de las políticas públicas e internacionales, con el objetivo de resolver las necesidades de millones de seres humanos afectados por las inseguridades provocadas por la globalización en los ámbitos político, económico, social y cultural. Que hable el lenguaje de los derechos humanos, de la equidad, la justicia y la subsistencia.

Mientras el grueso de los recursos se destine a aumentar nuestras capacidades militares, a intentar blindar nuestro mundo de amenazas exteriores que nosotros mismos contribuimos a alimentar, nos alejamos de trabajar por cumplir los requisitos necesarios para alcanzar la paz a nivel internacional, regional y local. Hay que abordar una auténtica política de seguridad humana para que las personas y los pueblos puedan vivir libres de necesidad y libres de temor, que promueva la gobernabilidad democrática, el crecimiento con equidad y la superación de la extrema pobreza, sólo así podremos avanzar a una mayor seguridad en un mundo más justo y en paz.

 

 

 

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Notas:

1 DIRECTIVA DE DEFENSA NACIONAL 01/2008, disponible en http://www.mde.es/descarga/DDN_1-2008.pdf