Las bases de EEUU en Colombia
El acuerdo subscrito entre EEUU y el gobierno de Alvaro Uribe de Colombia para la utilización de bases militares en territorio colombiano es una prueba de que EEUU quiere continuar ejerciendo su influencia en America Latina y en especial ejercer presión sobre la Venezuela de Hugo Chávez.
El reciente acuerdo firmado entre los gobiernos de Colombia y EEUU sobre el uso de bases militares colombianas por parte del Pentágono para reforzar la lucha contra el narcotráfico, es la confirmación de que EEUU no se resigna a no intervenir en los asuntos internos de los países del continente sudamericano, pues el acuerdo viene precedido por la no renovación de otro acuerdo que permitía a Washington utilizar la base de Manta en Ecuador, que expira en el noviembre próximo, y que dejaba a EEUU sin bases operativas en el cono sur americano.
La importancia de este nuevo acuerdo –y ahí reside la gravedad del asunto- es que hasta el momento, es secreto. Ni tan siquiera en la reunión de los jefes de estado de Unasur en Bariloche (Argentina), Alvaro Uribe entregó al resto de mandatarios documento alguno que pudiera calmar las tensiones de los más afectados por las bases de EEUU, en particular sus vecinos Ecuador y Venezuela. Todo lo que ha trascendido a los medios es que EEUU podrá utilizar siete instalaciones militares colombianas para continuar la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, existe el temor de que el acuerdo vaya mucho más allá de la utilización conjunta de siete bases. Según el parecer de la oposición política en Colombia, el acuerdo permite al Pentágono la utilización de un número indefinido de instalaciones, es decir, que el gobierno de Uribe ha hipotecado la soberanía de Colombia dejando en manos del Pentágono la utilización de todo el territorio nacional como campo operativo militar para EEUU. Cabe preguntarse ¿Por qué el acuerdo es secreto? La oposición en Colombia recurre a la Constitución para argumentar que, cualquier tipo de acuerdo internacional debe ser refrendado por el Congreso (artículo 150); que, en política exterior, la Constitución vuelve a recabar que cualquier acuerdo debe someterse al referendo de la Cámara (artículos 189 y 224); y que en los artículos 9 y 227 se proclama el compromiso de Colombia de impulsar y articular la integración regional de América Latina y del Caribe. Es evidente que el acuerdo suscrito con ka Casa Blanca va en sentido contrario, divide y enfrenta a Colombia con el resto de países de la región.
Recordemos que la lucha contra el narcotráfico se tradujo en el Plan Colombia lanzado en 1998 durante la etapa de los presidentes Pastrana y Clinton, y proseguido después por Uribe y Bush con unos resultados a día de hoy catastróficos. Bajo la excusa de acabar con el cultivo de la coca se ha expulsado a 180.000 campesinos de sus tierras, muchos han acabado refugiados en Ecuador y Venezuela y otros desplazados en el interior de Colombia. No pasa día que no se conozcan nuevos asesinatos y masacres en la guerra sucia que practican los paramilitares mediante asesinatos y expulsión de campesinos e indígenas en beneficio de terratenientes dedicados a la ganadería y al cultivo de la palma africana para producir agrocombustible. En 10 años la producción de esta palma ha pasado de 145.000 hectáreas a 300.000 y el gobierno de Uribe aspira alcanzar los 6 millones. Además, a pesar de los doce años transcurridos, la coca continúa siendo la principal fuente de ingresos de las guerrillas y el principal producto que engorda el PIB colombiano para regocijo de los narcotraficantes.
Entonces ¿Para qué sirvieron los 5.000 millones de dólares de ayudas de EEUU para el Plan Colombia? Plan que por cierto obtuvo el apoyó del gobierno de José María Aznar con una aportación de 100 millones de dólares. Pues han servido para armar a las fuerzas armadas colombianas, como atestigua el presupuesto militar que ha pasado de 3.439 millones de dólares en el año 2000 a 6.558 millones en 2008. Es prudente suponer que el nuevo acuerdo militar seguirá el mismo camino, continuar aumentando la ayuda militar a Colombia.
Y ahí reside el principal peligro de ese insensato acuerdo, que todo se reduzca a un incremento de la militarización de la región, más armas, mayor presencia y libertad de movimientos para las fuerzas armadas de EEUU en Colombia. Esto sólo puede ser visto por los países vecinos como una intromisión en los asuntos regionales y una provocación, pues desde las bases colombianas el Pentágono no sólo someterá a vigilancia al narcotráfico y la guerrilla, cabe suponer que también someterá a vigilancia toda la región, convirtiéndose en una amenaza para la seguridad de Venezuela, Ecuador y Bolivia, los países más hostiles a la política exterior de EEUU. Es por ese motivo que los presidentes Rafael Correa de Ecuador y Hugo Chavez de Venezuela han lanzado agrias acusaciones contra Uribe y han hablado de una situación prebélica.
Pero el acuerdo de las bases con Colombia no llega solo, pues tiene el precedente de la reactivación de la IV Flota de EEUU. Despliegue que fue anulado en 1950, pero que desde enero de este año vuelve a patrullar por América Latina, hecho que ha merecido el rechazo unánime de los gobiernos del cono sur americano, con la sola excepción del gobierno colombiano de Uribe. Es decir, la región se encuentra ante una situación geopolítica extremadamente delicada. Recientemente se han repetido diversas tensiones entre Colombia y sus vecinos Ecuador y Venezuela, las más alarmantes: el ejército colombiano bombardeó bases guerrilleras de las FARC en territorio de Ecuador, y Uribe acusó al gobierno de Hugo Chavez de facilitar ayuda y armamento a las guerrillas que operan en Colombia. Barack Obama y su política exterior tienen una buena parte de responsabilidad de que la paz en latinoamérica esté en peligro.
