Argentina ha derogado definitivamente la jurisdicción penal militar, a partir de ahora los militares que cometan delitos en tiempo de paz no serán juzgados por otros militares sino que se someterán, como cualquier otro ciudadano, a los tribunales civiles ordinarios. Se acaba con ello con una jurisdicción especial al margen de la sociedad hecha a la medida del ejército, que lo convertía en juez y parte. Con unos tribunales militares en los que jueces e integrantes no era necesario que fueran abogados o licenciados en derecho.

A pesar de los años transcurridos desde la muerte del dictador, el Estado español sigue manteniendo

la jurisdicción militar. Jurisdicción que como la vigente hasta ahora en Argentina, adolece de graves defectos intrínsecos, que vulneran los principios de independencia, imparcialidad y tutela judicial efectiva. Una jurisdicción que permite la presencia en los tribunales militares de los denominados vocales militares, oficiales legos en derecho, junto a otros militares provenientes del Cuerpo Jurídico de la Defensa, con formación jurídica, pero dependientes de sus superiores del ministerio de Defensa.

Una jurisdicción especial, la española, a la que de los 4,5 millones de diligencias que inició el conjunto de órganos judiciales en 2007 sólo le correspondieron 1.186 procedimientos, de los cuáles el 86,29% fueron para perseguir y reprimir a los que querían huir de las filas del ejército.

Urge la necesidad de derogar la jurisdicción militar traspasando sus organismos, competencias y funciones a la jurisdicción ordinaria, como ya han hecho buena parte de los países europeos y ahora Argentina.

El que fuera hasta julio de 2008 Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general Carlos Villar Turrau, ha sido contratado en febrero pasado como Vicepresidente de Estrategia de Negocio por la industria militar General Dynamics/Santa Bárbara.

El fichaje de Carlos Villar por una industria militar no es algo nuevo, en los últimos tiempos se han prodigado los militares que dejan el servicio activo para incorporarse como ejecutivos de empresas militares. Así, el que fuera Jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante Sebastián Zaragoza se incorporó en noviembre pasado como asesor comercial para la exportación en la empresa pública Navantia. Anteriormente, el almirante Francisco Torrente fue nombrado presidente de la más importante fábrica de explosivos españoles, Explosivos Alaveses (Expal).

Todas estas empresas son suministradoras habituales de armamento a las fuerzas armadas españolas. Navantia construye y repara todos los buques de guerra de la Armada. Expal suministra proyectiles i municiones. Lo más llamativo de la incorporación de Carlos Villar a Santa Bárbara, es que esta empresa es el mayor proveedor del Ejército de Tierra a quien suministra blindados antiminas, carros de combate Pizarro y Leopard, fusiles de asalto, y diversas clases de explosivos y municiones. Dentro de las fuerzas armadas ha habido manifestaciones contrarias a estos fichajes por empresas privadas de armamento, pues dañan el comportamiento ético de los militares que recuerdan, deben cumplir principios de ejemplaridad, objetividad, honradez, confidencialidad, que quedan en entredicho al incorporarse a empresas privadas que son contratistas del Ministerio de Defensa. Incluso ha habido comentarios de militares sobre el trato de favor que dispensó Carlos Villar, a la empresa Santa Bárbara que ahora lo ha fichado.

Cuando se denuncia la existencia de un complejo militar-industrial español, los militares Carlos Villar, Sebastián Zaragoza y Francisco Torrente se convierten en un buen ejemplo del eslabón que une los intereses de militares con las industrias de guerra españolas.

Los gobiernos de los países del norte de Europa son históricamente grandes especialistas en el doble lenguaje. Es el caso de Noruega, cuyo historial de participación en operaciones internacionales de mantenimiento de la paz, no le impide escalar posiciones en el ranking internacional de la venta de armas. Según datos proporcionados por la gubernamental Oficina Central de estadísticas, basados en las ganancias de las empresas productoras, los ingresos de los exportadores noruegos de armas en 2007 fueron de 425 millones de dólares, con un incremento del 18 por 100 respecto al año anterior.

Según informa la agencia Efe (2/10/08), el Departamento de Defensa de EE.UU. aprobó la venta al estado de Israel de 75 aviones de combate F-35, por valor de 15.200 millones de dólares. En otra operación y durante el mismo mes de octubre de este año, el  mismo departamento aprobó otra operación de venta de armas al estado de Israel por valor de 330 millones de dólares. La misma nota informativa afirma que militares estadounidenses se trasladaron a Israel durante estos mismos días para poner en marcha un moderno sistema antimisiles, destinado a localizar y neutralizar las armas de este tipo que pudieran lanzarse desde Irán.

El presidente libio, Muammar el Gaddafi visitó Moscú a primeros de septiembre. Esta visita forma parte de la ofensiva diplomática del estado ruso para recuperar influencia en las zonas del norte de África. Ya a primeros de año el presidente Putin realizó una visita a Libia, que se concreto en la condonación de la deuda libia a cambio de la compra de armas. Según la prensa, en esta visita realizada en septiembre se pondrán de acuerdo sobre contratos de armamento que podrían sumar cerca de 2.000 millones de euros.

La industria y el complejo militar-industrial norteamericano, no piensa sólo en los mercados exteriores, sino también en el mercado interior, porque el de armas ligeras, es de gran importancia. Según un informe publicado por la agencia Reuters, la estadounidense es la sociedad mas armada del mundo. Los ciudadanos de EE.UU. son dueños de 270 millones de armas de fuego, de los 875 millones conocidos oficialmente, según la Encuesta de Armas Ligeras 2007, realizada por el Instituto de estudios Internacionales con sede en Ginebra. Los países que, según la encuesta, siguen a EE.UU. en armas por habitante son India y China.

Expal fabrica bombas de racimo que mutilan. Este era el texto de la pancarta que exhibían los 30 activistas de Greenpeace que, según informa la agencia Efe, el jueves 22 de mayo ocuparon las oficinas en Madrid de Expal. Mientras la dirección de la empresa fabricante de armamento niega que fabrique bombas de racimo, en el BOE de 4 de agosto de 2006, aparecía publicado un contrato de mantenimiento de bombas de racimo construidas por esta empresa. A su vez, la Web del Ministerio de Defensa publicó que el ejército español cuenta con este tipo de armas fabricadas por Expal.

Después de ocho años de preparación por parte del juez instructor del caso se ha iniciado, en octubre de este año en Francia, un  proceso de los que sirven para desenmascarar la corrupción en las ramificaciones que a menudo atraviesan la política y las finanzas. El caso se remonta a los años 1988-1995, durante el segundo septenio de François Mitterand y se extiende hasta el año 2000. En el mismo se encuentran implicados Jean-François Mitterrand, hijo del presidente ya fallecido, Jacques Attali, consejero presidencial y Charles Pasqua, antiguo ministro del interior francés. En el banquillo de los 42 acusados de la trama se sentarán políticos, banqueros y empresarios, periodistas y escritores.