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Por fin el Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas se ha transformado en una Posición Común. Se trata de la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares. El contenido de la Posición Común es prácticamente similar al del Código de Conducta. Reitera la regulación de los ocho criterios del Código de Conducta que deberán tenerse en cuenta a la hora de otorgar las autorizaciones de exportación de armamento: 1) respeto de los compromisos internacionales, 2) respeto de los derechos humanos en el país de destino final, 3) situación interna del país de destino final, en términos de la existencia de tensiones o conflictos armados [en relación con este criterio se introduce un nuevo subapartado c)], 4) mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales, 5) seguridad nacional de los Estados miembros, 6) comportamiento del país exportador frente a la comunidad internacional, 7) existencia de riesgo de desvío, y 8) compatibilidad de las exportaciones de armas con la capacidad económica y técnica del país receptor. Además, y esto es un aspecto muy criticable, la Posición Común permite, en su artículo 10, que los países exportadores de armamento tengan en cuenta sus propios intereses económicos, sociales, comerciales e industriales a la hora de autorizar las exportaciones.

En el Boletín Oficial del Estado de 7 de enero de 2009 se ha publicado el Real Decreto 2061/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso.

El reglamento, entre otras cuestiones, establece los tipos de autorizaciones administrativas necesarias para exportar armamento y productos de doble uso, determina las clases de armamento y productos de doble uso que requieren dicha autorización, y define la composición de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU). Una de sus novedades más importantes es que detalla los supuestos en que la JIMDDU puede eximir la necesidad de informe previo y la obligación de presentar documentos de control (véase artículo 18.5).

La ministra de Defensa Carmen Chacón, anunció romper el límite de 3000 efectivos en misiones en el exterior, y aumentarlos hasta 7.700. Esta petición, que deberá ser aprobada en el Congreso de Diputados, tiene su justificación en el deseo de adquirir mayores compromisos que ayuden al Estado español a ganar mayor peso en el concierto internacional. Pero cuenta con un inconveniente, el recorte en el gasto presupuestario del Ministerio de Defensa que dificultará el previsto aumento.

Por otro lado, la ministra anunció que nuestras misiones en el exterior sólo se realizarán cuando estén amparadas por la legalidad internacional. La realidad es que la cuantía de 7.700 soldados es exactamente el 3% del total de efectivos de las fuerzas armadas españolas, y se ajusta, a las demandas que en ese sentido solicita la OTAN para las intervenciones en el exterior. Considerando que la participación de tropas españolas en las guerras de Kosovo (1999), Afganistán (2001) e Irak (2003), no obtuvieron el apoyo de Naciones Unidas hay que temer que las palabras de la ministra son pura retórica, y que la ampliación obedece a los designios de la OTAN que no a los de la ONU.

Ante la crisis sistémica que atraviesa la economía española, el Gobierno ha decidido aplicar recortes en los presupuestos de 2009. El Ministerio de Defensa recibirá 150 millones de euros menos de los aprobados, los cuales se unen a los 250 millones recortados al presupuesto inicial. Como no se sabe a que partidas se aplicará la austeridad anunciada, se tendrá que esperar a la liquidación del presupuesto para saber si es cierto o no que ha habido un recorte en el gasto militar de este año. El gasto militar al final el ejercicio, a tenor de lo acontecido en años anteriores, aumenta según los años entre un 15 ó 20% en la liquidación final del presupuesto.

El gobierno español aprobó la venta a la armada de Marruecos por el precio simbólico de 1 euro de seis torpedos ligeros MK46. Se trata de un modelo de torpedo diseñado en 1966 por EE.UU. para atacar submarinos. A pesar del ridículo precio de un euro, se trata de una venta beneficiosa para la armada española, pues se trata de unos torpedos que han acabado su vida útil y tendrían que ser desmantelados con un coste importante. Con lo cual la armada ahorra en gastos. Esta es la segunda venta a Marruecos en pocos meses. En la anterior, también por el precio de un euro, España suministró lanzadores de bombas rompedoras (CLB-30). Un tipo de bomba de fragmentación de 250 Kg. de peso lanzada desde cazabombarderos para la demolición de edificios, de la qual disponen la mayoría de fuerzas armadas de los países desarrollados y muy utilizadas en toda clase de conflictos.

Ambas operaciones se deben situar en el marco de restablecer buenas relaciones con el gobierno alahuita, después de que el gobierno de Aznar se distanciara de Marruecos tras el conflicto del islote de Perejil. Mientras, el gobierno de Marruecos, este año 2009, ha decidido duplicar su gasto militar hasta el 4,6% de su PIB y que representa el 16% de su presupuesto. Entre otros gastos, debe hacer frente a la compra de 24 cazabombarderos F-16 a EE.UU. Un rearme que se explica por la rivalidad con Argelia y la carrera de armamentos existente entre ambos países. Argelia, por su parte, también adquirió aviones de combate a Francia y aumento un 10% su gasto militar para este año 2009.