Carta abierta sobre el gasto Militar al 15-M
Este articulo está dirigido al movimiento 15-M y versa sobre las confusas informaciones aparecidas sobre la incapacidad de Ministerio de Defensa español de hacer frente a los pagos de 30.000 millones de euros contraidos en adquisiciones de armamentos. Septiembre de 2011
Este texto tiene el ánimo de debatir con algunas de las ideas y propuestas que el 15M ha hecho a lo largo de estos meses sobre el gasto militar (GM) del Estado español. Busca aportar información y una cierta experiencia sin pretender establecer más verdad que aquella que seamos capaces de desvelar conjuntamente. Parte del convencimiento y del deseo de que podemos seguir debatiendo y aprendiendo, como hemos hecho hasta ahora.
El pasado 13 de agosto El País publicaba en primera plana una noticia de gran calado: «Defensa renegocia 26.000 millones en armamento que no puede pagar» La noticia, que se desarrollaba en el interior a página completa, dejaba perlas que había lanzado el secretario de Estado para la Defensa en la comisión del pasado 6 de octubre de 2010: «No deberíamos haber adquirido sistemas [de armas] que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora». Si esta aseveración ya merece un análisis con cierta profundidad (y, posiblemente, alguna que otra dimisión, por sinvergüenzas), pensemos qué merece esta otra vertida por el periodista que escribe el artículo: «Fuentes de dicho departamento [de Defensa] confirman que se está negociando con Hacienda una reprogramación de los pagos, de forma que los plazos se alarguen cinco años: del 2025 al 2030. Las empresas aceptarán si pueden aplazar a su vez la devolución de los créditos a Industria. […] Un estudio editado por Defensa propone traspasar la deuda a un organismo público de nuevo cuño que se encargaría de gestionarla; o bien que las devoluciones a Industria generen automáticamente nuevos fondos para Defensa. Algunos expertos sugieren lisa y llanamente la condonación de los créditos de Industria con el argumento de que, en realidad, no se trata de una deuda de las empresas con el Estado sino de un ministerio con otro, pero eso supondría computar los 15.000 millones como déficit, y no parece la mejor coyuntura para hacerlo [la negrita es mía; los 15.000 millones a los que se refiere son los créditos sin interés que ha concedido el Ministerio de Industria a las empresas; el resto son las aportaciones que debe hacer Defensa por sí misma].
Durante años hemos sido muchos los que hemos clamado contra el GM, contra la I+D militar y contra los grandes programas de armamento . Respecto a estos últimos (aviones, helicópteros, carros de combate, fragatas, submarinos, blindados, misiles, artillería, satélites y sistemas de comunicaciones, aviones no tripulados, etc.), en numerosas ocasiones hemos denunciado desde el inicio de su andadura, allá por 1998, que tarde o temprano nos íbamos a encontrar con esta situación.
¿Qué hacemos ahora? En estos momentos, un grupo de políticos, militares, banqueros y empresarios están barajando la posibilidad de condonar una deuda que ellos valoran en 26.000 millones de euros —deuda que en realidad es superior a los 30.000 millones si solo nos fijamos en los programas; más adelante mencionaré otros detalles como el coste del mantenimiento de los mismos y las adendas que han tenido algunos de los programas más significativos—.
Pensemos que el «rescate» de Portugal está valorado en 25.000 millones.
Hipotecando el futuro
En 1998, el Partido Popular, entonces en el Gobierno, puso en marcha estos programas que el PSOE continuaría después. Este mecanismo de financiación, que buscaba no contabilizar como GM lo que a todas luces sí lo era, para evitar que apareciésemos en los ranking mundiales como un país con un enorme GM y un cada vez más exiguo gasto social, consistía en que el M.º de Industria concedía a las empresas adjudicatarias de los principales programas de armamento unos anticipos reintegrables sin intereses con cargo a su capítulo 8 de presupuestos (activos financieros), con la finalidad de que las empresas fabricantes hicieran frente a las fases de desarrollo, prototipado y primeras series de fabricación de estos sistemas de armas. Simplificando:
1. El M.º de Industria concedía anticipos reintegrables sin intereses a las empresas fabricantes con cargo al capítulo 8 de sus presupuestos.
2. Con este dinero las empresas iniciaban la fase de desarrollo del producto y la fabricación de las primeras series y hacían entregas periódicas de los sistemas de armas al M.º de Defensa, quien de hecho los había encargado y a quien iban dirigidos.
3. Una vez el M.º de Defensa recibía las armas, debía realizar los oportunos pagos a las empresas, con cargo a su capítulo 6 (inversiones reales).
4. Por último, cuando las empresas hubieran recibido los pagos del M.º de Defensa le debían devolver al M.º de Industria aquellos anticipos originalmente recibidos.
¿Qué conclusiones podemos sacar de este entramado?
1. Ocultación del GM
Desde el principio se ha querido ocultar un enorme GM mediante una ingeniería financiera que busca utilizar el conjunto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para engordar hasta la obscenidad unos presupuestos militares desorbitados. En esta URL del 15 M puede encontrarse un análisis somero de estos gastos, y si se quiere profundizar más, se puede recurrir a los análisis que desde los años 80 del pasado siglo venimos realizando algunas personas y colectivos. Para no extenderme demasiado en el asunto me limitaré a mencionar que el GM extiende sus garras en al menos 12 secciones —Ministerios, para que nos entendamos— de los PGE y que el resultado final multiplica por 3 el presupuesto inicial del M.º de Defensa, lo que ronda los 26.000 millones de euros anuales.
2. Hipotecando el futuro
Para poder cumplir con los criterios exigidos en el Tratado de Maastricht y para poder estar en la parrilla de salida de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, nuestros gobernantes pensaron que una buena forma de burlar estas restricciones presupuestarias podía consistir en fiarnos dinero «internamente». Así, se ha hipotecado a las generaciones de los próximos 40 años, adquiriendo unos compromisos de gasto mediante la compra de armamento «para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora». Uno de los argumentos que están utilizando estos días para reprogramar los pagos (eufemismo que viene a decir que están valorando la posibilidad de que el grupo de empresas selectas devuelva el dinero prestado sin intereses en plazos más cómodos) nos dice que los sistemas de armas asociados a estos programas son bienes de consumo duradero, con una vida útil superior a los 25 años y que, por tanto, nada impediría que se pudiesen amortizar en función de su vida útil, «para que cada generación pague por el uso que hace de cada programa de armamento».
3. Apoyo al complejo militar-industrial
Este diseño financiero ha servido para que el llamado complejo militar-industrial «español» (aunque decir hoy, en pleno desarrollo del capitalismo financiero, que las empresas tienen nacionalidad —española o la que sea— suena a risa), que a finales de los 80 estaba «en pañales» se haya convertido, a fuerza de talonario y mediante el apoyo a un reducido grupo de empresas que no disponían de la capacidad financiera suficiente para desarrollar estos programas, en una referencia que participa en consorcios internacionales de alto contenido industrial y tecnológico y que, de paso, ha convertido al Estado español en uno de los principales exportadores de armas a nivel mundial . La pertenencia a la Unión Europea ha sido determinante para que nos hayamos metido en un berenjenal como este.
4. Apoyo a la I+D militar
Se ha apoyado la I+D+i de carácter militar en detrimento de la civil. Es un lugar común escuchar:
-que estos programas son necesarios para que podamos protegernos de los enemigos (argumentos políticos que el propio secretario de Estado para la Defensa se ha encargado de desmentir —«No deberíamos haber adquirido sistemas [de armas] que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen…»— y que más bien obedecen a la presión que ejercen los lobbies industriales y militares);
-que muchos de los programas de investigación son de uso dual (argumentos científicos que quedan inutilizados por la sencilla razón de que solo un 10% de las patentes derivadas de la investigación militar tiene alguna aplicación civil además de que si los recursos destinados a la I+D militar se hubiesen dedicado a fines civiles desde el principio —sanitarios, educativos, medioambientales, etc.— sí que se estaría generando una suerte de riqueza diferente) y
-que generan riqueza de la que la sociedad civil terminará beneficiándose (argumentos económicos), aunque la realidad es que la I+D militar consume unos recursos preciosos para crear unos productos que, en el mejor de los casos, no se utilizarán o que, en el peor, servirán para matar gente y destruir el planeta. No es socialmente útil, es socialmente inútil, fomenta la carrera de armamentos —como veremos más adelante, ya están buscando aumentar las exportaciones de armamento con todo tipo de apoyos— y consume recursos dentro y fuera —en nuestros países y en los países que compran las armas— que se podrían destinar a usos civiles.
5. El Estado regala dinero a las empresas de armamento
Se ha prestado dinero sin intereses a un reducido grupo de empresas en las que, dicho sea de paso, tarde o temprano han ocupado cargos directivos algunos de nuestros más preciados políticos. En otro orden de cosas, es un ejemplo perfecto que ilustra cómo el Estado se desentiende de su faceta social y, en cambio, se afana en financiar a un sector —el militar—. Gracias a que el Estado, a través de nuestros impuestos, ha regalado dinero a estas empresas, han podido crecer en activos inmateriales —que no laborales— de forma ventajosa respecto al resto de empresas, lo que les servirá para aprovecharse de unos conocimientos que solo reportarán beneficios a sus accionistas, entre los que se encuentran los principales bancos , los mismos que están llevando a la economía mundial a la quiebra. El Estado ya no quiere garantizar los derechos sociales básicos —amparados en la Constitución— y yace arrodillado ante los militares, las empresas y la banca. Nuestros impuestos sirven para mantener este estado de cosas: somos cómplices de nuestra propia estafa.
6. Sobrecostes de los grandes programas
La existencia misma de estos programas implica lastrar la economía española más allá de lo estipulado en el calendario de pagos. Un efecto colateral de este sinsentido tiene que ver con que el coste de mantenimiento de un sistema de armas durante todo su «ciclo de vida» puede llegar a superar en tres veces su coste de adquisición. Si los grandes programas de armamento nos han costado más de 30.000 millones, el mantenimiento de los mismos podría costarnos otros 90.000 millones más. El sostenimiento es una actividad altamente costosa cuya previsión de gasto debería haber sido incorporada en su día, en el momento en que los sistemas se adquirieron, pero ya sabemos que la transparencia no abunda por estos lares. Para que nos hagamos una idea, el M.º de Defensa, a través de su capítulo de inversiones (a algunos nos gusta más llamarle gastos), estaría obligado a recaudar cada año 1.500 millones de euros adicionales respecto a su dotación inicial, durante al menos veinte años; a esa cifra habría que adosarle, además, otros 1.000 millones de euros anuales para el mantenimiento, esto es, unos 2.500 millones de euros al año para, digamos, saber cuál es el esfuerzo que ha de hacerse para ir al día con estos programas de armamento. Sin duda, las poderosas industrias militares y la banca —que son sus principales accionistas— son las que dictan la política de defensa de un país.
7. Más madera: en 2011 se han contratado y prorrogado más sistemas de armas
Pero como si estuviésemos hablando con una pared, como si nuestro grito fuese un ruido sordo, como si esto no fuera suficiente, durante 2011, el Consejo de Ministros:
-autorizó el pasado 18 de marzo al M.º de Defensa para que iniciara las actividades, estudios y análisis necesarios para la preparación de un nuevo programa de Buques de Acción Marítima (BAM). El primer programa desarrollado por Navantia supuso la producción de cuatro buques, cuya entrega está prevista entre 2011 y 2012. El segundo programa, que se autorizaba por medio de este acuerdo, prevé la construcción de cinco nuevos buques: tres patrulleros (BAM-P), un buque de salvamento y rescate (BAM-SR), y un buque de investigación oceanográfica (BAM-IO);
-autorizó el 1 de julio la celebración de un contrato de modernización de los helicópteros AB-212, por un importe de 21 millones de euros;
-autorizó el 29 de julio al M.º de Industria a suscribir una tercera adenda al convenio de colaboración suscrito entre el extinto M.º de Ciencia y Tecnología e Izar Construcciones Navales S. A. (hoy Navantia) para el desarrollo de los submarinos S-80, lo que supone una adaptación de los compromisos de financiación del M.º de Industria a la nueva duración del programa, que se pensaba que se finalizaría en 2011, pero que ahora se ha extendido hasta el 2014;
-también el 29 de julio autorizó la celebración del acuerdo marco y los contratos para la revisión del tercer escalón de la flota de doce aviones de transporte C-130 Hércules por un importe estimado de 22,5 millones de euros, que se distribuirán en cinco anualidades (2011- 2015);
-de nuevo el 29 de julio autorizó la celebración del contrato de servicios para la reparación y revisión de motores y componentes de motores Turbomeca, correspondientes a los helicópteros Superpuma, Puma, Sikorsky y Colibrí por un valor estimado de 22,7 millones de euros que se distribuirán en cuatro anualidades (2011 y 2014);
-el 26 de agosto se reguló la nueva aportación de España a la financiación del avión de transporte militar A 400 M (incluso a través de un Real Decreto: 1204/2011). Digo nueva porque en el año 2009 este programa ya sufrió una renegociación y replanificación que se materializó en un acuerdo firmado el 5 de marzo de 2010 que a su vez condujo, el 7 de abril de 2011, a una modificación del contrato firmado en mayo de 2003. El coste inicialmente previsto de los 27 aviones de transporte ascendía a 4.442 millones de euros y estaba previsto que el M.º de Industria lo financiara con 1.233 millones de euros entre 2001 y 2011; esto es lo que ha cambiado desde el 26 de agosto). Antes de esta modificación se acababa en 2021; ahora tenemos este otro calendario de pagos, que se extiende hasta 2040:
Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Importe (euros) 10.348.874 10.348.874 10.348.874 14.876.506 20.697.747 20.697.747 20.697.747
Año 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Importe (euros) 29.106.207 31.046.621 31.046.621 34.604.046 36.221.058 36.221.058 39.131.678
Año 2035 2036 2037 2038 2039 2040 TOTAL
Importe (euros) 41.395.494 36.221.058 31.370.023 23.284.966 8.731.862 8.731.862 495.128.923
La prestación financiera regulada en este Real Decreto tiene carácter plurianual y se realizará con cargo al programa 464B del M.º de Industria («aportaciones reembolsables a empresas para desarrollo de proyectos tecnológico industriales cualificados relacionados con Programas de Defensa», o la que la sustituya en el futuro), por un importe de 75 millones de euros al año durante el período 2011-2013.
Para que nos entendamos, esta es la forma con la que el M.º de Industria contribuirá a los sobrecostes del programa entre los años 2011 y 2013, esto es, aportando 225 millones de euros más, lo que viene motivado porque algunos países (por ejemplo, Gran Bretaña), ateniéndose al contrato firmado por todos (entre ellos el Estado español) quieren recibir las compensaciones económicas pactadas en el caso de que hubiese retrasos y, además, se niegan a poner más dinero de su bolsillo para sufragar estos sobrecostes; los franceses, secundados por los alemanes, han elegido el momento crítico por el que está pasando el Estado español para plantearle al Gobierno que si no asume los sobrecostes del programa, este podría ser cancelado o trasladado a Toulouse o a Hamburgo en vez de permanecer en la planta de Sevilla, lo que supondría el desmoronamiento de la industria aeronáutica, pérdidas económicas bestiales y un incremento de miles de parados.
Lo mejor de todo son los motivos que expresan en el Real Decreto. Nos dicen que el reembolso de la prestación financiera aquí regulada está condicionado a las ventas y entregas del A 400 M y que la devolución de la cantidad recibida está ligada a las ventas, de forma que EADS Construcciones Aeronáuticas, pagará al Tesoro Público un canon por cada avión A 400 M vendido a partir de la unidad 185 y hasta el avión 464, y que, en caso de interrupción de la producción por fracaso comercial, no será exigible la devolución de las cuotas que a partir de ese momento quedarán pendientes de amortizar (la negrita es mía).
Asimismo, nos dicen, existen razones de interés público derivadas de la incidencia de la realización del programa A 400 M en la defensa nacional y de su impacto económico en la economía española en general y en la industria aeronáutica española en particular, que igualmente justifican el procedimiento de concesión directa de esta prestación financiera.
A buen entendedor, pocas palabras bastan.
- Aún están vigentes las ayudas que el Gobierno aprobó a finales de 2009, mediante el Plan Estratégico del Sector Aeronáutico (PESA) 2010-2014 para apoyar a este sector con medidas valoradas en 3.732 millones, y que es un error no contabilizar como GM dentro del presupuesto del M.º de Industria a través de su programa 467C (Investigación y desarrollo tecnológico-industrial), pues casi un 70% del total de este programa se destina a la prefinanciación de los grandes programas de Defensa. No todos los créditos de Industria vienen del programa 464A y 464B, por no hablar de las aportaciones al Programa de desarrollo de equipamiento para la Unidad Militar de Emergencia (UME) del 422B.
Como decía al principio del texto, la situación es tan peliaguda que están valorando varias opciones. De hecho, esto no implica que vayan a apostar por una de ellas en detrimento de las otras. Podría darse la circunstancia de que las implementaran todas, según la coyuntura y según sus propias necesidades:
-Que se alarguen los calendarios de devoluciones. Ya lo he comentado.
-Que las devoluciones que efectúan las empresas al Tesoro Público, como pago por los anticipos del M.º de Industria, generen a su vez crédito en el Presupuesto del M.º de Defensa, concretamente en el capítulo 6 (inversiones reales, esto es, la principal dotación que Defensa tiene en los PGE para gastar en programas de armamento). Lo que no dicen es que las empresas no van a recibir el dinero de Defensa, que es quien, como estaba previsto, debe pagar una vez reciba los sistemas de armas. Esto quiere decir que planean dejar vía libre a las empresas para que puedan exportar estos sistemas (y toda la I+D a ellos asociada) para recaudar el dinero prestado por Industria, y que cuando lo devuelvan —si lo hacen—, en vez de que pase a formar parte del Tesoro Público, se lo aporten al M.º de Defensa, a su capítulo 6 (inversiones), para que pueda seguir contratando nuevos programas de armamento.
-Que se cree, ad hoc, un Organismo Público —otro, añadiría, con sus cargos políticos, su personal, sus gastos corrientes, su todo, vamos— con personalidad jurídica distinta de la Administración General del Estado —esto no sé cómo se come, pues por definición, los Organismos públicos dependen de la Administración General del Estado y se adscriben, directamente o a través de otro Organismo Público, al Ministerio competente por razón de la materia que en cada caso se determine, aunque bien podría ser una Sociedad Anónima con capital público— para que asuma la deuda y que tenga más flexibilidad para su gestión. Esta es la típica cortina de humo: se crea un Organismo para que gestione la deuda (con inversiones, compraventa de acciones y otras artimañas) para eliminar de un plumazo la deuda y para que el M.º de Defensa pueda seguir gastando en otros programas. Pasado un tiempo, si el Organismo Público no ha conseguido quitarse el muerto de encima, se elimina, y mañana paz y después gloria. Eso sí: la deuda se ha desvanecido (aunque nos cueste perder lo poco del estado del Bienestar que teníamos y aunque nos cueste precariedad, recortes y miseria al por mayor).
-Que se condone la deuda. Este epígrafe, que parece el más peliagudo, lo es tan solo por el enunciado, pues ya hemos visto que se puede hacer esto mismo aunque sin nombrarlo así. No es la primera vez que ocurre (pensemos, por ejemplo, en la deuda de RTVE). Sin embargo, sí es la primera vez que ellos lo plantean abiertamente, como una posibilidad. Curiosamente, no plantean condonar «solo» la parte del dinero que ha puesto Industria, sino todo, los más de 30.000 millones, esto es, también la parte que debería devolver el M.º de Defensa. Realmente, lo que están buscando es embarcarse en nuevos proyectos, y quieren hacerlo con las cuentas «saneadas».
¿Hacia dónde van los tiros?
Es evidente que nos esperan grandes —y graves— noticias en este ámbito en los próximos meses. Pase lo que pase, parece que no hay sociedad suficiente para detener esta barbarie. Lo hacen porque pueden, porque no les paramos los pies. Están inmersos en:
-allanar el camino para que las «rigideces de los órganos administrativos» en lo que concierne a la certificación de las empresas, al impulso, apoyo, desarrollo y fomento a la exportación de armas —con el apoyo explícito del Gobierno, que utilizará su posición de privilegio para hacer de comercial de las empresas— no sean un obstáculo. Será «un modelo de exportación e internacionalización donde se recuperen las grandes inversiones públicas realizadas, donde se optimice la experiencia adquirida y en el que difícilmente tendrán cabida aquellos que no hayan aprovechado las oportunidades brindadas durante el largo proceso de modernización» . Para ello se van a servir del SUPERCARI (apoyo financiero del Ministerio de Industria, donde la financiación puede cubrir el 100% de la operación —en los créditos de la OCDE el máximo es del 85%—, mejores condiciones en el tipo de interés, en los plazos de amortización, etc.), de las opciones ofrecidas por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) y de las ayudas del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI).
-fusiones de empresas —adelgazar sus estructuras y concentrarse en las actividades con mayor valor añadido—. El presidente de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), el ex ministro de Defensa, Julián García Vargas, señalaba en mayo de 2011, refiriéndose a la Directiva europea sobre contratación pública en los ámbitos de la Seguridad y la Defensa, «su preocupación por no haber hecho las tareas de concentración industrial» que requiere el sector para poder competir con «los campeones nacionales de Italia, Francia y Reino Unido» .
-nuevas contrataciones —ya hemos visto que en 2011 se siguen contratando/aumentando programas—. Les preocupa que la demanda de más armas sea insuficiente para que la industria conserve sus capacidades. Al parecer, las empresas tienen unos costes fijos de funcionamiento que no se pueden cubrir con una «baja demanda». Además, es especialmente negativo para este sector donde las actividades de I+D+i son esenciales para mantener una posición competitiva en el mercado. La falta de demanda de nuevos programas puede reducir peligrosamente el catálogo de productos y de soluciones que la industria puede ofrecer a posibles compradores extranjeros. Si esta situación se prolonga en exceso los daños al sector podrían llegar a ser prácticamente irreparables . Al parecer, no hay más salida que la huida hacia delante.
-nuevos métodos/fórmulas de pago (sistema alemán, sistema público/privado, como el de las autopistas…). Ha llegado el momento —dice, la pacifista Carme Chacón— de aprovechar el período de ajuste presupuestario «para revisar la ejecución de todos y cada uno de los programas especiales y plantear con urgencia una reforma global del modo en el que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas realizan las adquisiciones de los sistemas de armas».
-privatización de una parte de la Defensa, para dar entrada a las empresas de seguridad privada (a finales de 2009, el Ejecutivo modificó la normativa para que las empresas de seguridad puedan «portar y usar armas de guerra y garantizar así la protección de personas y bienes» en buques de bandera española en aguas internacionales).
José Toribio, septiembre de 2011
