Cròniques desde Dublin sobre la conferència de bombes de dispersió

(No disponible en català) Cròniques de Jordi Calvo, el nostre enviat a la Conferència sobre bombes de dispersió (cluster) que s'està cel.lebrant a Dublin aquesta setmana. Tot indica que el governo espanyol és contrari a l'acord que prohibeixi la fabricació i exportació de municions  Cluster.Dublin 20 de maig de 2008

¿Quiere el gobierno español prohibir las bombas de racimo?
Jordi Calvo, Dublín 19/5/2008

Hoy empieza en Dublín la última de las conferencias del proceso de Oslo, para la prohibición de las bombas de racimo. Más de 100 estados van a decidir si caminamos hacia un tratado que sirva para evitar más victimas causadas por las bombas de racimo o si éste nos servirá para salvar algunas bombas, llamadas inteligentes por algunos estados, que no casualmente son quienes las producen.


España parece que mantiene en la actualidad una posición ambigua que incluso parece que pretende moverse hacia la de aquellos que abogan por un tratado más amplio, que firmen más países, pero aceptando algunas excepciones, es decir, aceptando que se sigan produciendo las bombas de racimo de las empresas de los países que defienden esta postura. Esto que quizá se deba a que en España hay dos empresas que fabrican estas bombas en territorio español. Se trata de Instalaza en Zaragoza y de Maxam-Expal en Álava. Instalaza fabrica la MAT-120, una bomba de racimo que contiene 21 submuniciones, con ciertos avances tecnológicos basados en mecanismos de autodesactivación electrónica, que según pruebas de laboratorio presentadas por la empresa no causarían daño a los civiles una vez finalizada la guerra. En el desarrollo de la MAT-120 Instalaza ha invertido 12 millones de euros. Por su parte, tenemos conocimiento de que Maxam-Expal fabrica la BME-330, una bomba de racimo multiuso.


El gobierno de España parece que pretende defender en Dublín que ciertas bombas de racimo de características similares a la MAT-120, que no causen un "daño inaceptable" para la población civil, sean excluidas. No es fácil adivinar qué considera el gobierno español como daño aceptable para la población civil, ni en qué población civil aceptaría que las bombas de racimo les hirieran o mataran de forma aceptable.


Ante tal situación, la pregunta que nos hacemos es si el gobierno español representa realmente la opinión de los ciudadanos de España con tal posicionamiento o si hay alguna otra consideración que tienen en cuenta.


En definitiva, el gobierno de España está ante una situación en la que va a tener que elegir entre salvar a las víctimas o salvar a algunas bombas de racimo. El gobierno de Zapatero va a tener que elegir entre las preferencias de la mayoría de los ciudadanos españoles (cerca de 44 millones de civiles, y unos 150.000 militares) y los intereses de los dos productores de este tipo de arma tremendamente letal con la población civil. El gobierno español tiene ante sí la oportunidad de posicionarse ante la comunidad internacional por la paz, por el humanitarismo y por las víctimas.


Pero existen muchas otras razones que deberían llevar a España a pedir la prohibición total de las bombas de racimo, sin exclusiones, sin retrasos y sin excusas. El gobierno de España debe cumplir la ley. La ley internacional y la ley nacional. La ley que desde finales de 2007 regula el comercio de armas español obliga al gobierno a la consecución de un tratado que prohíba todas las bombas de racimo. El derecho internacional humanitario, al cual España está sometida, prohíbe el uso de armas que no sean capaces de distinguir en sus ataques entre civiles y militares. Las bombas de racimo son una de estas armas. No hay más que remitirse a los hechos para saber cuál es su uso. En este sentido no vale el argumento de que la culpa de que haya civiles muertos y mutilados sea de quienes usaron el arma y no del arma en sí. Una guerra es una situación tremendamente compleja en la que los militares van a usar las armas que tengan a su alcance de la forma en que las circunstancias se lo permitan. Es por eso que debe mantenerse fuera de circulación todo armamento que pueda matar, herir o mutilar a niños, mujeres, ancianos y, en definitiva, cualquier persona no relacionada con la guerra que por desgracia le haya tocado sufrir. La humanidad ya ha dado pasos importantes prohibiendo el uso de armas como las minas antipersona. Ahora es el momento de prohibir sin ambigüedades otra de ellas, las bombas de racimo y el gobierno de España tiene la oportunidad de hacerlo, si quiere.


La sociedad civil española y mundial que trabaja por la prohibición de las bombas de racimo está más fuerte que nunca. Centenares de organizaciones de decenas de países que producen, almacenan, venden o son afectados por las municiones de racimo se han dado cita en Dublín para hacer llegar la opinión de la gente corriente a los representantes gubernamentales. España está representada por miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que contarán con el asesoramiento de técnicos del Ministerio de Defensa. La presencia de la CMC Barcelona y Greenpeace se encargan y encargarán de hacer llegar la voz de la mayoría de la sociedad española a Dublín, mediante la recogida de miles de firmas de ciudadanos, más de 150 adhesiones de apoyo al manifiesto por el que se pide la prohibición total de las bombas de racimo, mediante la presencia en medios de comunicación, mediante la sensibilización y el diálogo con parlamentarios. En este sentido el parlamento catalán ha aprobado una resolución por el que de manera unánime pide que el gobierno español trabaje por la eliminación de las municiones de racimo. En esta línea se está trabajando con diputados y diputadas del parlamento español para pedir su apoyo para que el gobierno asuma su responsabilidad y no promueva con un tratado internacional insuficiente más víctimas civiles a causa de las bombas de racimo.


Del 19 al 30 de mayo tenemos en Dublín la oportunidad de demostrar que somos capaces de trabajar por un mundo en paz. La sociedad civil mundial española le pide a todos los gobiernos presentes y al español en particular que asuman su responsabilidad y prioricen la vida de las personas a los intereses económicos y militares. El gobierno español debe trabajar por la prohibición de la totalidad de las bombas de racimo, porque sólo así podremos estigmatizar su uso y conseguir que todos los países se vean obligados legal o moralmente a dejar de producirlas, venderlas, almacenarlas y usarlas. Prohibir las bombas de racimo es posible y necesario, por lo que a nosotros se refiere, la palabra la tiene el gobierno español.


El gobierno español defiende en Dublin los intereses de los fabricantes de bombas de racimo españoles.
Finlandia, cliente de Instalaza, sale también en defensa de la MAT-120.
Jordi Calvo, Dublín, 20/5/2008


El gobierno español ha presentado en la conferencia por la prohibición de las bombas de racimo que se celebra en Dublín una inaceptable propuesta de enmienda al artículo 2 del futuro tratado por la prohibición de las bombas de racimo.

Una vez más España parece desaprovechar la oportunidad de promover la paz y ha olvidado su posicionamiento humanitario inicial por una ambigua postura que muestra una defensa, esta vez sin ambigüedades, de los intereses de una empresa militar española.

Instalaza informa en su página web sobre los avances tecnológicos de la bomba de racimo que fabrican, la MAT-120, lo que ellos llaman el concepto SD<SUP>2</SUP> que "engloba tanto la autodestrucción como la autodesactivación" como la novedad que en sus bombas consigue mediante "un sistema de espoletas electrónicas, sin energía electrónica almacenada antes del disparo".

La propuesta que el gobierno español ha entregado a cada uno de los países participantes en la conferencia de Dublín dice que deben ser excluida del tratado aquella "munición o submunición equipada con mecanismos de auto-seguridad", es decir, "una combinación de mecanismos de autodestrucción y autodesactivación".

Resulta evidente la similitud de argumentos entre el gobierno español y la empresa de armas Instalaza.


Por su parte, no es menos preocupante la posición del gobierno finlandés quien con intervenciones como esta: "si las bombas se pueden tocar, sacar, patear e incluso quemar, ¿dónde esta el problema humanitario?" haciendo referencia al informe técnico que sobre la MAT-120 Instalaza viene haciendo público los últimos meses, promueve la idea de que hay bombas "buenas" que salvar del tratado, olvidándose del aspecto humanitario del mismo, legitimando el uso de algunas bombas de racimo, lo que indudablemente provocaría mayor sufrimiento y muerte gracias a estas municiones.

Es por ello que nos preguntamos si el gobierno español representa a sus más de 40 millones de ciudadanos, que sin duda alguna desearían que las bombas de racimo sean prohibidas y que se deje de matar, herir y mutilar a miles de personas por todo el mundo por culpa del uso de este tipo de munición, o a los propietarios de la empresa de armas aragonesa Instalaza, que aunque legítimamente deban defender sus intereses económicos, no pueden ser más importantes que la opinión pública española y sobre todo, no pueden estar por encima del derecho a la vida de las víctimas que producen.