Un parásito en las cuentas públicas
(Text no disponible en català). Breve análisis sobre la situación de la industria militar en España, en el que se crítica la ineficiencia económica de la industria de las armas.Pere Ortega, revista Diagonal (enero 2006).
La industria militar en España hoy sigue inmersa en las mismas dificultades que atravesaba en el pasado. Las razones de esa crisis son la falta de competencia, no hay mercado que regule la producción, pues el único cliente es el Ministerio de Defensa; en segundo lugar estas industrias están en una situación de monopolio; en tercer lugar reciben cuantiosas ayudas del Estado.
Observemos que la industria militar española se desarrolló bajo el amparo del sector público y dentro del antiguo INI, hoy SEPI, creando cuatro grandes industrias para cada uno de los cuatro subsectores militares. La armada para Bazán, hoy Navantia; el aeronáutico para CASA, hoy EADS-CASA; el de armamentos y municiones para Santa Bárbara, hoy General Dynamics, y el electrónico para Inisel, hoy Indra. Estas cuatro grandes industrias representan el 70% de la facturación y agrupan al 80% de la mano de obra de los 13.500 trabajadores del sector. De ellas, tan sólo Navantia persiste al 100% como empresa pública.
Estas cuatro empresas habían producido millonarias pérdidas a lo largo de toda su historia, 250.000 millones de pesetas en los últimos diez años de titularidad pública, y sólo fue posible su enajenación a través de ofrecer óptimas condiciones a los compradores. La electrónica Inisel se fundió sin compensaciones con Ceselsa y nació Indra, a la que el estado encargó el desarrollo electrónico de la mayoría de su armamento (blindados, aviones y buques de guerra). Santa Bárbara se vendió a la estadounidense General Dynamics por el ridículo precio de 5 millones de euros mientras se le aseguraba una carga de trabajo de 2.600 millones de euros (blindados Leopard, Pizarro y municiones). En el ejemplo de CASA, tras su fusión con el consorcio europeo EADS, SEPI mantiene un 5,6% del accionariado y el resto está en manos privadas en Francia, Alemania y Gran Bretaña. Respecto a Navantia su historia es ruinosa y las pérdidas acumuladas en los últimos años eran de 635 millones de euros en el sector militar y 2.454 millones de euros en el civil. Si mantiene expectativas es gracias a las ayudas del Estado para sacarla de la bancarrota.
Pero además, todas las industrias militares son parasitarias del Ministerio de Defensa. Si se observan los cuantiosos recursos que se dedican a inversiones para las fuerzas armadas previstas en los presupuestos del Estado para el período de 2005 al 2020, estos alcanzan la voluminosa cifra de 30.000 millones de euros, de la cual 26.200 son para la adquisición de nuevas armas y el resto de 3.800 millones para mejorar instalaciones militares. Y el Estado es el principal cliente, solo alrededor de un 20% va a la exportación, y además inyecta cuantiosas ayudas, 12.710 millones de euros en los últimos diez años a la investigación y desarrollo de nuevos armamentos. Ayudas que representan el 37% del total de I+D en ese período.
Dejando a un lado la cuestión moral, las armas no solucionan los conflictos sino que los agravan, pero no hay espacio para desarrollar este aspecto, impiden el desarrollo a través de la ineficiencia económica de esas industrias. Esto es debido a la dependencia directa de la industria militar del Ministerio de Defensa. Estas no desarrollan ningún tipo de control sobre los costes de producción debido a la falta de competencia, así los proyectos militares cada año aumentan de precio. Esa falta de costes de oportunidad entorpecen y traspasan su ineficiencia a la industria civil que de esta manera se ve privada de I+D y bienes de capital para su desarrollo. Con lo cual, el supuesto beneficio del trasvase de tecnología al sector civil es una perversa invención del entramado de miembros del complejo militar industrial español.
