La mejor manera de ayudar al pueblo palestino ante la represión y limpieza étnica a las que está sometido por el ejército de ocupación israelí sería aislar a su estado, tal y como se hizo con la Unión Sudafricana del apartheid. Es decir, presión política y rotura de acuerdos comerciales. En cambio, la política seguida desde la Unión Europea y el Estado español es la de continuar manteniendo un acuerdo preferencial con un estado que practica el apartheid y la agonía del pueblo palestino, dando pie a que el conflicto se eternice, y el enfrentamiento entre el mundo árabe/musulmán y Occidente se acentúe. El Estado español, para contribuir a esta división y contradecir las buenas intenciones de Rodríguez Zapatero con la Alianza de Civilizaciones, ha decidido comprar a la empresa israelita Rafael, 2.600 mísiles Spike por una cuantía de 324 millones d’euros. En España, las empresas encargadas de montarlos serán Santa Bárbara y Tecnobit. Pero España no solamente compra armas a Israel, también se las vende. Es decir, ayuda al ejército de Israel en las guerras contra el Líbano y las poblaciones palestinas.

Y los habitantes de los territorios ocupados en Palestina son los que pagan las consecuencias. El Código de Conducta de la Unión Europea prohíbe la venta de armas a países en conflicto. Sin embargo, el Estado español, signatario de este código, vendió en Israel, durante los últimos cinco años del gobierno de José María Aznar armas por valor de más de 14 millones de euros. Esta política comercial ha continuado con el actual gobierno del PSOE. Las empresas españolas implicadas en la venta de armas al Estado de Israel son la sección militar de IZAR y Fabricaciones Extremeñas (FAEX), perteneciente a Explosivos Alaveses, la cabecera de la división militar de Unión Española de Explosivos (UEE).

Según el informe anual del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto mundial en armamento durante el año 2005 se acercó a 1,12 billones de dólares (885.700 millones de euros), lo que representa 15 veces más de los dedicados a ayuda humanitaria.

El ex presidente de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, ha anunciado que le gustaría representar al Estado español en el consejo de administración de European Aeronautic Defence and Space (EADS). Como su nombre indica, EADS es una industria de guerra. A través de Airbus fabrica aviones de transporte civil, en competencia abierta con la norte americana Boeing. También pretende fabricar un avión de 800 pasajeros con toda clase de excentricidades en su interior: sauna y casino incluido. Otro producto de EADS es el famoso Eurofighter, un avión de combate. Aún no se sabe para qué servirá, pues está pensado para la etapa ya acabada de la Guerra Fría, y sólo sirve para atacar a otros aviones. El avión de transporte militar A400-M también es de la casa EADS. El A400M sí que tiene utilidad precisa. Sirve para transportar soldados y material militar para intervenir en escenarios lejanos. EADS tiene empresas filiales, como Eurocopter que fabrica helicópteros de combate para competir con el Apache de EE.UU., o MBDA, la empresa de fabricación de mísiles más importante de Europa.

Hace poco se ha dado a conocer que ING y AXA tienen una inversión de 37 millones de dólares en dos empresas (Shaw Environmental Inc. y Teledyne Brown Engineering) que se dedican a la modernización de la producción de fósforo blanco. El fósforo blanco es un arma biológica, prohibida por varios tratados internacionales, que provoca quemaduras profundas, hasta el hueso, cuando está en contacto con la piel. www.denota.org/mt/archives/000086.html 14-6-06)

En el año 2004 ING estuvo sometida a una campaña, por parte de ONG que denunciaban las relaciones e inversiones financieras de esta entidad en algunas empresas de fabricación de armamento de destrucción masiva (nucleares, minas antipersona, armas con uranio empobrecido o bombas de racimo). Como consecuencia de la campaña, ING ha retirado parcialmente sus inversiones en algunas empresas dedicadas a la fabricación de armas de destrucción masiva, manteniendo inversiones en otras empresas de armamento. Fruto de esta campaña ING dispone de una política “ética” que afirma que no invertirá en empresas que produzcan, hagan mantenimiento o comercialicen minas antipersona, bombas de racimo, municiones con uranio empobrecido o armas nucleares, biológicas o químicas. Aun así, la política de ING todavía permite invertir en equipamientos militares y otras armas fuera de la lista mencionada.

La cámara de diputados belga ha aprobado un proyecto de ley para impedir a los bancos y entidades de crédito financiar a los fabricantes de bombas de racimo. Las entidades financieras que colaboren con fabricantes de estas armas y operen en territorio belga, tanto si son nacionales como extranjeras, pasarán a una lista negra elaborada por el gobierno belga y que será pública. (El País 2-3-07)

El Fondo de Pensiones del Estado Noruego, uno de los fondos de pensiones públicos más importantes del mundo, formado por los excedentes de la venta de petróleo, excluye las inversiones en empresas fabricantes de armamento o que no respeten los derechos humanos o el medio ambiente. Este fondo está regido por un Consejo Ético que emite recomendaciones, una de estas recomendaciones ha sido la de excluir del fondo al gigante norteamericano Wal-Mart por sus prácticas laborales poco escrupulosas. (El País 14-6-07)