Nuevas formas de guerra y de control de la población
Artículo publicado en el bolentín ECOS de la Fundación Fuhem.
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Las reflexiones siguientes giran alrededor de los cambios más perceptibles que se están produciendo en el ámbito de la seguridad y la defensa y los retos de carácter jurídico y ético que conllevan. Estos cambios hay que contextualizarlos en el marco del proceso de globalización, en el marco neoliberal imperante y en el marco de post Guerra Fría, tampoco hay que olvidar el contexto de crisis económica, las consiguientes políticas de ajustes presupuestarios y los recortes en los presupuestos de defensa.
La industria de defensa en conjunción y simbiosis con los ministerios de defensa buscaran soluciones a los cambios acontecidos en los últimos 25 años; las propuestas elaboradas serán por una parte privatizar servicios militares, que algunas tareas propias de los militares sean llevadas a cabo por nuevas empresas, en general empresas participadas por empresas productoras de armas y militares en la reserva que pasan a dirigirlas. La siguiente estrategia se centrará en iniciar una nueva revolución tecnológica aplicada a las armas, diseñar una nueva generación de armas robóticas que disminuyan el número de efectivos militares necesarios, que disminuyan los riesgos para la vida de los militares y que complementen sus tareas de manera que puedan suplir la disminución de efectivos militares.
En este nuevo contexto mundial de post Guerra Fría se han redefinido los nuevos riesgos, amenazas y enemigos a los que combatir y cuáles son las estrategias a seguir. La seguridad interior-exterior ha pasado a ser un elemento esencial en el nuevo contexto. Hoy en día la seguridad constituye una prioridad política y un gran estímulo al desarrollo de tecnologías que permitan vigilar a cualquier ciudadano sea o no del país que está vigilando o espiando y para generar nuevas armas los llamados robots autónomos letales que podrán seleccionar y atacar objetivos sin la intervención humana, es decir la guerra llevada a cabo por las maquinas.
Homeland Security o estado de vigilancia.
En la segunda mitad de la década de los 90 el lobby militar industrial junto con los centros de creación de opinión think-thank, empezaron a generar nuevos escenarios de conflictos, con sus consiguientes riesgos y amenazas. Junto con estas corrientes de búsqueda de polos de conflictividad mundial en el año 2001 se producirán los atentados del 11-S y el lanzamiento por parte del gobierno norteamericano de la llamada guerra global contra el terrorismo.
Los acontecimientos que siguieron al 11-S impulsaron este nuevo enfoque de la seguridad y Estados Unidos reformuló el ámbito de la seguridad bajo el síndrome del terrorismo y se acuñó el concepto de homeland security (2002). Una estrategia donde se combinaban aspectos policiales, militares y de seguridad en todos los ámbitos de la vida nacional, tanto del espacio público como del ámbito privado, creándose diversas agencias dedicadas a ejercer una estrecha vigilancia en aeropuertos, transportes, comunicaciones, transacciones financieras e Internet entre otros, mediante agencias estatales de seguridad, activos militares, empresas privadas de seguridad e industrias fabricantes de armas.
En paralelo a EEUU, los países de la Unión Europa y la OTAN abrieron la reflexión a la creación de un nuevo concepto estratégico y los gobiernos empezaron a definir las estrategias de defensa y seguridad en el nuevo contexto internacional.
La UE presenta en el 2003 la Estrategia Europea de Seguridad (EES). Cinco años más tarde la UE revisará la EES y reafirmará las amenazas a la seguridad europea en el orden siguiente. La proliferación de armas de destrucción masiva, tanto en manos de terroristas como en manos de ciertos estados se definen como un peligro para la seguridad mundial, por ello los esfuerzos se centraran en evitar que nuevos estados tengan la capacidad de fabricar armas atómicas. El terrorismo, respecto del cual se reconoce que la UE ha actuado con decisión para proteger a la sociedad. Ven como necesario redoblar los esfuerzos contra la radicalización de ciertas ideologías extremistas ligadas al islamismo que fomentan la violencia. La delincuencia organizada, se afirma que se han de profundizar las asociaciones de seguridad interior entre los países europeos, mediante una política de mayor coordinación e integración de los cuerpos policiales y judiciales, poniendo especial celo en los movimientos de personas. La ciberseguridad, pues este es un punto débil de las economías modernas que dependen en gran medida de infraestructuras vitales como transportes, comunicaciones y suministro de energía. Ámbito que se debe reforzar para evitar ciberataques. La seguridad energética, existe una gran preocupación por la dependencia energética, sobre todo de la energía fósil y por la inestabilidad de los países proveedores. En este sentido se hace una apuesta por la diversificación de los combustibles, de las fuentes de suministro y de las rutas de transito, también por el buen gobierno y el respeto al estado de derecho en los países de origen. El cambio climático, se percibe como un multiplicador de amenazas por catástrofes naturales, degradación del medio ambiente y competencia por recursos naturales; todo ello puede exacerbar la situación de pobreza, dando lugar a crisis humanitarias, políticas y de seguridad que producirán conflictos que afectarán a las rutas comerciales de los recursos y produciendo migraciones que pueden alcanzar a Europa.
Para llevar a esta estrategia la Unión Europea se ha dotado de un entramado de agencias y muchos recursos destinados a incrementar la seguridad europea, como bien revelan todos los informes y los documentos elaborados por la Comisión Europea, es la defensa del “propio territorio” de Europa y la lucha frente a las “amenazas contra el estilo de vida occidental”.
Unas ideas ultraconservadoras que nos abocan a una peligrosa “sociedad de la vigilancia”. Unos sistemas de vigilancia supraestatales que lo ven todo y lo controlan todo, como la cámara del gran hermano que lo muestra todo. Hoy en día hasta los detalles más insignificantes de nuestras vidas están siendo registrados, almacenados y estudiados con finalidades comerciales o de seguridad, evidentemente con nuestra cooperación consciente o inconscientemente. Los escáneres humanos de aeropuertos, la toma de medidas biométricas, pasaportes de identificación por radiofrecuencias, las cámaras de video de aeropuertos, centros comerciales, calles, peajes de autopistas, geolocalización de los teléfonos móviles, las conexiones a páginas web, nuestros comentarios en Facebook o twitter, la lectura de periódicos on-line, etc. almacenan datos de posición, tiempo, preferencias, preocupaciones, hábitos y actividad que realizamos diariamente. Todo ello permite abordar estrategias de marketing personalizadas, perfiles de comportamientos ciudadanos y categorizaciones.
En junio del 2013 Snowden filtro documentos secretos procedentes de la National Security Agency (NSA) estadounidense, gracias a ello supimos que Estados Unidos, pero también los países europeos, China o Rusia interceptan sin pudor millones de llamadas telefónicas de ciudadanos de todo el mundo; gracias a él, también sabemos que durante algunos años empresas de comunicación y proveedores de internet han colaborado con los gobiernos para ceder, robar y analizar millones de datos sin ningún control político o judicial. Un año después del escándalo el debate se ha centrado solamente en la privacidad de la línea y en la comercialización de la información.
Todo ello se está construyendo sin ningún control ni regulación democrática. Unos sistemas que vulneran el principio de privacidad, el derecho a la intimidad y el derecho al honor, unos principios fundamentales de la democracia. Pero con un grave peligro añadido, esta vigilancia en muchos casos se está llevando a cabo desde empresas privadas.
Empresas Militares y de Seguridad Privadas (EMSP)
Desde finales de los años 90 se plantea la situación de cómo mantener la superioridad militar en un escenario de nuevas operaciones militares y con presupuestos más bajos. La solución se busca en dos frentes, por una parte se centrará en la tecnología, en el aumento de instrumentos y armas de alta tecnología, con el uso de tecnologías más sofisticadas, con mayor capacidad de procesamiento de datos o de armas de mayor precisión. Por otra parte, los esfuerzos se centraran en la organización militar, en como disminuir el número de las fuerzas armadas, en aligerar la estructura militar, en privatizar algunas funciones militares y en incorporar funciones policiales.
En este contexto los gobiernos empezaron a replantearse estrategias de organización y logística militar junto con la definición de nuevos proyectos de armas que se adaptasen a los nuevos conflictos emergentes. Esta situación ha provocado y está provocando una presión por parte del complejo militar industrial hacia los gobiernos para que estos externalicen actividades militares hacia el sector militar privado.
Los gobiernos más influenciados por la corriente neoliberal privatizadora, Estados Unidos y Reino Unido, llevaran a cabo esta apuesta privatizadora y propiciaran la aparición de un nuevo sector económico al que le han traspasado algunas tareas y funciones propias de los ejércitos.
Así ha sido como a lo largo de la década de los 90 aparecieron empresas, muchas de ellas ligadas a la industria productora de armamento que ofrecerían servicios de mantenimiento, de suministro, de modernización de equipos y armas, de apoyo logístico, de formación y entrenamiento militar y policial, construcción de bases militares y su mantenimiento en cualquier parte del mundo, servicios de inteligencia, contrainteligencia, de operaciones especiales, asesoramiento estratégico y técnico a gobiernos y militares, servicios de traducción, protección de personas, instalaciones o infraestructuras, ayuda humanitaria, de respuesta rápida ante desastres, apoyo en operaciones de paz, en destrucción de armas, gestión de conflictos, negociaciones de paz, transiciones políticas, etc. Estas empresas están dotadas de personal especializado, generalmente ex-militares y están dotadas con armamento pesado. En definitiva, empresas dotadas de capacidad suficiente para actuar en el “campo de batalla” o en situaciones posbélicas, podemos decir son ejércitos privados preparados para actuar en donde se les requiera.
Una de las consecuencias de privatizar el uso legítimo de la fuerza o de la violencia ha estado la aparición de infinidad de denuncias de violaciones de los derechos humanos perpetrados por dichas empresas sobre la población civil en los ámbitos geográficos en donde se las ha contratado para llevar a cabo trabajos desconocidos, secretos y no públicos.
Privatizar el uso legítimo de la fuerza es un factor que contribuye directamente a la debilitación del Estado. Uno de los pilares fundamentales de la construcción del Estado moderno se basó justamente en ello, en someter el poder de coerción, militar y policial, que tiene el poder ejecutivo a los poderes legislativo y judicial. De manera que centralizar en manos del ejecutivo el uso de la fuerza y su sometimiento al derecho conforma un elemento definitorio del Estado de Derecho. Desde esta perspectiva, privatizar o delegar en entes privados tiene que interpretarse como un atentado o desmoronamiento de los fundamentos del Estado moderno, del Estado de Derecho y del respeto a los derechos humanos.
Bosnia 1999, un trabajador de DynCorp denuncia y declara ante la Corte de Texas que compañeros y superiores suyos compraron y traficaron con niñas para ser utilizadas como esclavas sexuales, las mujeres eran compradas, junto con la compra de su pasaporte, para su disfrute personal y cuando se cansaban las revendían por 600 u 800$, o la alquilaban por horas o por noches a un club nocturno, también explicó que estas niñas no eran de Bosnia, sino que procedían de Rusia, Rumania u otros lugares, las adquirían a la mafia Serbia. También declaró que sus compañeros traficaban con armas ilegales y pasaportes. Ante estas revelaciones, DynCorp despidió al trabajador por desvelar los hechos, abrió una investigación interna que condujo al despido de dos trabajadores y su devolución a EEUU . Ni la empresa ni los trabajadores han sido procesados, ni encausados por estos hechos; expertos en Derechos Humanos piden que las empresas se hagan responsables legales de los actos de sus empleados y que los gobiernos que han contratado a dichas empresas manden un mensaje claro, la violación y vulneración de los derechos humanos es un delito en cualquier jurisdicción y que despedir a un trabajador por esclavitud sexual no es suficiente castigo.
Abu Ghraib, Irak 2003. Un militar norteamericano difunde imágenes de malos tratos, torturas y vejaciones en dicha prisión. Tres de los prisiones interponen demanda contra las empresas Titan y CACI que en principio estaban contratadas para facilitar traductores, aunque todo parece indicar que 31 empleados de las mismas tomaron parte en las torturas. El abogado de CACI afirmó que estas denuncias eran falsas y que la empresa sirvió a su país de forma honorable mientras trabajo en Irak. El resultado del proceso judicial fue que tres militares fueron acusados, juzgados y sentenciados por cometer abusos durante los interrogatorios. Ahora bien, ningún trabajador de estas empresas ha sido juzgado por los mismos hechos .
Croacia 1994, el gobierno croata pidió al gobierno norteamericano ayuda para formar sus incipientes fuerzas armadas, pero como Croacia estaba embargada por Naciones Unidas, el trabajo de formación de nuevos militares se trasladó a la empresa MPRI, durante algunos meses el ejército croata recibió formación y entrenamiento por parte del personal de la empresa. Un tiempo después, el 4 de agosto de 1995 el ejército croata llevó a cabo a acabo una ofensiva militar, llamada “operación tormenta” con el objetivo de recuperar la Krajina, una extensa zona ocupada por serbocroatas. La operación duró 5 días, en ella se cometieron ejecuciones sumarias, asesinatos indiscriminados, desapariciones forzadas, incendios y saqueos de aldeas y la deportación de 250.000 serbocroatas. Los mandos militares croatas que dirigieron la operación han sido procesados por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y condenados por crímenes contra la humanidad. Portavoces de la empresa MPRI han negado reiteradamente su participación directa en los hechos y han sostenido que su trabajo consistió únicamente en preparar técnicamente al ejército croata. Todo ello merece una reflexión sobre la diferencia de responsabilidad que hay entre formar y entrenar para disparar y apretar el gatillo.
Privatizar servicios públicos siempre conlleva polémica y controversia, pero en este caso estamos abordando la situación en que una empresa privada es contratada para actuar directamente en el campo de batalla, ejerciendo o pudiendo ejercer el uso de la violencia y que con ello va a tener un papel muy directo en el devenir de los combates y del conflicto armado. La contratación y el despliegue de las EMSP tiene un profundo impacto en cómo se ejerce el monopolio del uso de la violencia y su control. Tengamos presente que estas empresas no rinden cuentas al parlamento o a la ciudadanía, solo rinden cuentas ante su accionariado y que por tanto se agranda la distancia entre la toma de decisiones, su implementación y la rendición de cuentas.
Diversos estudios han recogido singularidades contractuales. Los contratos que se han llevado a cabo con el Departamento de Estado o el Departamento de Defensa de EEUU son secretos, pero por comentarios aparecidos en la prensa de directivos de las EMSP y del propio Congreso norteamericano, se sabe que dichos contratos de servicios contienen artículos que conceden inmunidad e impunidad a la empresa y a sus trabajadores frente a enjuiciamientos en tribunales locales o norteamericanos ya sean civiles o militares.
Generación de nuevas armas altamente tecnológicas. Robótica
La nueva administración de Barack Obama suavizó el impulso unilateralista inicial de la etapa de George Bush jr., eliminando las “guerras preventivas” que llevaron a EEUU a invadir Afganistán e Irak. Pero sigue manteniendo una “guerra quirúrgica” o una “microguerra” , una guerra no convencional que no se circunscribe a un territorio o estado concreto, sino que se libra dentro de una lucha política y militar multifacética contra el terrorismo de Al Qaeda y sus partidarios en cualquier lugar del mundo. Una guerra secreta, invisible, de baja intensidad llevada a cabo con una nueva generación de armas muy sofisticadas como los drones. Los drones son aviones no tripulados, teledirigidos, armados con misiles y con los que se han realizado ataques en Afganistán, Pakistán, Yemen y Somalia.
Los aviones no tripulados (drones) o sistemas no tripulados (UAV en inglés) son aparatos equipados con sofisticados sensores, pueden ser invisibles a los radares, tienen visión nocturna, pueden ver de día y de noche, con lluvia, sol o nubes y no se cansan ni se aburren trabajando. Estos aviones van dotados con cámaras de alta tecnología, pueden visualizar mapas de extensas regiones en 3D, en tiempo real, procesar grandes cantidades de información visual, electrónica o interceptar conversaciones de teléfono móvil sin conocimiento o con la ayuda de los proveedores tecnológicos. Toda esta información la transmiten vía satélite para ser procesada en grandes ordenadores, Big Data. La rapidez en procesar toda la información disponible es un aspecto esencial ya que de ello va a depender la decisión que tome la persona que aprieta el botón de disparar.
El modelo Predator está dirigido desde tierra, el soldado está sentado a miles de kilómetros, detrás de una pantalla como las PlayStation, estos modelos no son rápidos ni ágiles, pero su poder está en la habilidad de ver y procesar información. Modelos posteriores como el Reaper (fabricado por General Atomics), es más inteligente y más autónomo, tienen más alcance que sus antecesores, pueden despegar, aterrizar y sobre volar por sí mismo un destino especificado, por tanto ya disponen de un buen grado de autonomía y además van equipados con misiles. El Reaper es inteligente y más autónomo; el soldado programa un destino o un área a patrullar, el avión hace lo que le han dicho, mientras el militar puede concentrarse en otros aspectos de la misión. El Reaper está concebido para operaciones de gran altitud y larga duración, están capacitado tanto para la vigilancia como para el ataque, está preparado para volar durante 27 horas seguidas a una velocidad de 450 km/h a una altitud de 15 km y puede ir armado con 6 misiles. La empresa Northrop Grumman ha diseñado un dron silencioso de combate X-47B , para la marina de EEUU, dicho dron ya ha realizado su primer vuelo con éxito desde un portaaviones, ha sido capaz de despegar, llevar a cabo su misión, aterrizar y reabastecerse en vuelo de manera autónoma. Lockheed Martin ha anunciado que está trabajando en un prototipo de UAV el SR-72 hipersónico, que podrá alcanzar velocidades de 6 Mach (6 veces la velocidad del sonido). De esta manera, ningún adversario será capaz de reaccionar lo suficientemente rápido para interceptarlo y podrá penetrar en cualquier espacio aéreo portando misiles hipersónicos.
La tecnología no debe ser utilizada para desviar la atención del problema, los drones son armas legales, el debate de legalidad no está en el arma sino en el uso ilegal que se haga del mismo. La cuestión de fondo estriba en que este tipo de aviones han sido utilizados, principalmente por EEUU, para identificar y localizar a presuntos terroristas o milicianos armados, que forman parte de una lista. Una vez han sido localizados se envían unos drones, se identifica al sospechoso y se disparan los misiles. Este uso del dron tiene mayor parecido a una operación policial que acaba en asesinato que no un acto de guerra. Estas actuaciones vulneran los principios de legalidad más elementales, en primer lugar, representan ejecuciones sumarias, extrajudiciales, se asesina a una persona sin mediación de tribunales, sin juicio y sin derecho a la defensa, alguien del gobierno o de la CIA decide quien ha de morir; en segundo lugar vulneran normas del derecho internacional como la soberanía, se sobrevuelan territorios de estados soberanos sin el consentimiento de los gobernantes del mismo, se lleva a cabo un ataque quirúrgico contra ciudadanos de un tercer país con o sin consentimiento del gobierno del país correspondiente.
El segundo elemento de debate sobre el uso de los drones con fines militares es de índole moral. Los drones son un paso más en la estrategia de cero bajas propias ya que ciertas funciones que llevaban a cabo soldados son sustituidas por maquinas, de esta manera no es necesario arriesgar la vida de un soldado en ciertas operaciones de combate; lo que ofrece un margen de maniobras más amplio a los gobernantes en la toma de decisiones de involucrarse en acciones de combate evitando el escándalo político o las críticas de la oposición y de la población, dado que no habrá victimas militares ni militares propios que caigan prisioneros. En términos militares el peor escenario es que derriben un dron, que caiga en manos de los enemigos o que sea interferido; por ello este tipo de armas será relevante en escenarios de participación en conflictos en los cuales los países occidentales intervengan en misiones de apoyo a otros gobiernos o a milicias locales, en estos escenarios de guerra los drones pueden ayudar al éxito de la misión con un coste político ínfimo ya que no hay bajas de soldados propios y dado que no hay bajas se produce un apagón informativo en nuestros países, todo ello conlleva que las encuestas de opinión no sean negativas a la intervención militar, hacen que la guerra sea aceptable socialmente y no acarreen coste político para el gobierno.
Los drones son el primer eslabón de una nueva generación de armas, los robots autónomos letales. Esta nueva generación de armas todavía no ha sido desarrollada, pero los nuevos prototipos cada vez disponen de mayor grado de autonomía, muchas de sus tareas las llevan a cabo de manera independiente de la acción humana, aunque bajo supervisión humana y bajo la intervención humana en la toma de decisión de disparar. La nueva generación de armas, los llamados robots autónomos letales una vez activados, podrán seleccionar y atacar el objetivo seleccionado sin la intervención humana, estarán programados para tomar sus propias decisiones.
Esta nueva generación de armas abre un debate jurídico alrededor de tres principios. El principio de responsabilidad un robot es evidente que no tiene capacidad legal, por tanto no puede ser responsable de sus acciones. Si comete un error o un acto clasificable como crimen de guerra, ¿Quién será el responsable? ¿El programador informático? ¿El fabricante? ¿El militar? ¿El político que autoriza su uso? ¿Y si es usado por un actor privado? Identificar en quien recae la responsabilidad de los actos acometidos por un robot autónomo, es fundamental para garantizar la rendición de cuentas y para asumir las consecuencias penales que pudieran derivarse.
El principio de proporcionalidad exige que, antes de atacar, se debe evaluar el daño que pueda causarse a la población civil con respecto a la ventaja militar obtenida con la acción. La proporcionalidad es propia del discernimiento humano y se basa en conceptos como el sentido común, actuar de buena fe o que la orden sea razonable. Para determinar si una ataque ha sido proporcional es necesario examinar si la persona que ha tomado la decisión de atacar estaba razonablemente bien informada de la situación, de las circunstancias o si ha hecho un uso razonable de la información disponible. La cuestión estriba en determinar si los robots pueden ser programados para replicar procesos psicológicos en los juicios de valor humanos necesarios para evaluar la proporcionalidad de una decisión.
El principio de distinción entre combatientes y otros actores como insurgentes, civiles, niños, mujeres ancianos, etc. El robot no solamente tiene que ser capaz de distinguir si el objetivo es combatiente o no, sino que también tiene que hacer un balance de intenciones. En los conflictos actuales no es fácil identificar a los combatientes, ya que a menudo no llevan uniforme o insignias distintivas y suelen mezclarse con la población civil.
Estos tres principios son el fundamento de Derecho Internacional, del Derecho Internacional Humanitario y de la Convención de Ginebra. La cuestión a debate estriba en es si posible que los algoritmos de programación de los robots cumplan estos tres principios. Algunos confían en la ciencia y aseguran que será posible, los que no confían tanto apuestan por la prudencia y piden que se paren las investigaciones en armas robóticas letales y los más radicales piden que se prohíba la investigación y producción de dichas armas.
En el terreno moral, estas armas autónomas representan una deshumanización de la guerra. Es cierto que los humanos bajo ciertas condiciones: calor, rabia, miedo, ira, rencor, deseo de venganza, etc. actuamos de la peor manera y que los robots al no tener esos sentimientos evitarían muertes innecesarias. También es cierto que los humanos en situación de conflicto cometen vilezas, violar a mujeres, torturar, etc. los robots sino están programados para ello no causarían daños intencionadamente a la población. Algunos dan un paso más y afirman que los robots pueden cumplir con el Derecho Internacional Humanitario mejor que los humanos al no estar inhibidos por preservarse a sí mismos.
Este razonamiento elevado a la enésima potencia conduce a que los robots actuando en contexto de guerra pueden reducir las muertes ilegitimas o accidentales, producir menor destrucción y por tanto actuar mejor que los humanos. En definitiva presentan a los robots como una fuerza civilizadora.
Por otra parte hay que considerar que las emociones son una salvaguardia, sin ellas se puede matar más fácilmente. Los robots no pueden tener sentido común, no pueden sentir compasión, lástima, empatía, no pueden tener intuición. Al igual que no puede usar trucos psicológicos como ganarse la confianza del adversario.
Decidir sobre la vida o la muerte de las personas puede requerir visión de conjunto, de comprensión de intenciones, de previsión de acontecimientos, de intuición; los robots no pueden prever las consecuencias de sus actos, los humanos sí. Los robots pueden abordar y evaluar situaciones de forma cuantitativa difícilmente cualitativa. Esta es una habilidad necesaria cuando se trata de evaluar sobre la vida o la muerte de las personas. Lo mismo podemos decir sobre la capacidad de distinguir y evaluar ordenes licitas o ilícitas, o evaluar e interpretar un contexto en cálculo de valores.
El desarrollo de esta nueva generación de armas, los robots autónomos letales, ayuda a eliminar el obstáculo político de hacer la guerra. Eliminan la distancia física y emocional del campo de batalla, representan la cultura del low-cost, para Obama usar drones evita muertes de soldados, disminuye el coste político de hacer la guerra y disminuye la carga moral y ética de la guerra.
Conclusiones
Riesgos como la ciberguerra, la ciberdelincuencia o el terrorismo, son utilizados por los gobernantes y la industria de seguridad para justificar las ingentes partidas presupuestarias para desarrollar tecnologías de vigilancia y tratamiento de grandes cantidades de información, Big Data que supuestamente nos han de proteger de “los otros”.
Pero las imágenes y datos grabados con los nuevos sistemas de vigilancia no muestran las intenciones, los motivos personales o las elecciones personales que hay en ellas, lo cual puede llegar a conducir que se “categoricen como sospechosos” a muchas personas. Lo que no podemos saber es cuando las categorías de riesgo pueden incluimos “accidentalmente” o excluirnos de la entrada a un lugar o de privarnos de un derecho.
La creencia que las tecnologías de la vigilancia más grandes, más rápidas, y mejor conectadas al servicio de la seguridad pueden garantizar la paz, constituye un claro error que impide elegir otras opciones.
En aras que la vigilancia que se está implantando no genere más inseguridad, no genere más miedo, no aumente la exclusión, es necesario que libremente, que voluntariamente no cooperemos i no cedamos información a las grandes redes de vigilancia, al mismo tiempo que exijamos a los gobiernos mayor control en la protección de la información que disponen sobre todos nosotros los operadores.
Privatizar el uso de la violencia afecta a uno de los pilares fundamentales del Estado moderno, el sometimiento del poder ejecutivo y del de coerción al poder legislativo y judicial. El ejecutivo es el que impulsa el marco jurídico que define y regula cualquier actividad empresarial, de manera que según la legislación vigente las EMSP son empresas legalmente constituidas; pero es el propio poder ejecutivo el que ha renunciado a regular el marco de actuación concreto en el que operan específicamente las EMSP, siendo al mismo tiempo, el ejecutivo el principal cliente de las mismas. Que el Estado delegue en un ente privado un elemento definitorio de su poder y uno de los fundamentos del Estado moderno, representa una transformación en el modelo de Estado de enorme calado que requiere un amplio debate.
Ante este escenario cabe abrir el debate sobre aquellas tareas que son esenciales para la seguridad y que el Estado no puede delegarlas, externalizarlas, ni privatizarlas. La participación de las EMSP en un conflicto armado, ya sea utilizando la violencia, o bien dando apoyo a la capacidad de llevarla a cabo, dada la íntima relación que existe entre estas empresas, la industria de armas y el estamento político y militar, pueden acabar favoreciendo que los intereses económicos de las EMSP impulsen o perpetúen los conflictos o acaben generando nuevas necesidades tecnológicas armamentistas que requieran de los servicios del “complejo militar industrial”.
Es por ello necesario llenar el vacío legal que ha producido la aparición de las EMSP, tanto estas empresas como sus trabajadores están libres de cualquier control jurídico y democrático en sus actuaciones, al mismo tiempo que están quedando impunes sus actuaciones por violación de los derechos humanos y el derecho humanitario. Es responsabilidad de los gobiernos controlar el impacto de esta industria en las sociedades, para ello es necesario que se desarrolle un marco regulador claro, riguroso y contundente; un marco que confiera transparencia en el proceso de contratación y en el establecimiento de procesos de seguimiento en el desarrollo operacional y financiero del contrato. Pero hay que tener presente que una industria globalizada requiere de una respuesta reguladora globalizada y por tanto dentro del marco de Naciones Unidas.
La robótica nos abre un escenario de futuro en donde las guerras se llevaran a cabo mediante las máquinas. Las armas totalmente autónomas o los llamados robots autónomos letales no se cree que puedan llegar a alcanzar las cualidades humanas necesarias para respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario en referencia a la responsabilidad, la distinción y la proporcionalidad. Tampoco se cree que los robots letales puedan llegar a tener cualidades humanas, que puedan llegar a tener la capacidad de relacionarse con los humanos como si fueran humanos, no se cree que lleguen a entender las intuiciones humanas ni a procesar situaciones complejas y cambiantes, al igual que no se cree que lleguen a poder utilizar y aplicar el juicio humano y a afrontar situaciones subjetivas. Si los algoritmos de programación de los robots autónomos no pueden asegurar los principios del Derecho Internacional Humanitario ni la Convención de Ginebra, dichas armas han de ser declaradas ilegales.
Un robot nunca se identificará con sus víctimas, nunca sentirá emociones, por ello usar robots autónomos letales en el ejercicio del uso de la fuerza, es hacer la guerra más inhumana. Finalmente decir que tomar decisiones sobre la vida o la muerte de las personas, tiene que quedar en manos de humanos, no de máquinas. La característica más humana que tenemos es la libertad de decidir nuestro destino, aunque tómenos la decisión incorrecta.
