INDRA en el consorcio militar español - Pere Ortega
Pere Ortega - Revista PAPELES de Relaciones Ecosociales, Nº136 - 02/2017
Indra nació de la fusión en 1989 entre dos empresas, la pública INISEL y la privada CESELSA. INISEL había nacido en 1985 por iniciativa del INI (Instituto Nacional de Industria, organismo que agrupaba a todas las empresas de titularidad pública) para potenciar al sector electrónico e informático de la industria pública. En su corta historia INISEL siempre obtuvo pérdidas y tras su fusión con CESELSA, por cierto sin ninguna compensación, aunque conservando en manos del SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y sucesor del INI) el control del 66,09% de las acciones de la nueva Indra y el resto repartido en manos privadas. En 1998/1999, en la etapa de privatizaciones del gobierno de José María Aznar, cuándo ya Indra estaba saneada y obtenía beneficios, la SEPI vendió la participación estatal a diversos accionistas por el importe de 92.526 millones de pesetas mientras el Ministerio de Defensa le encargaba el desarrollo de la electrónica de la mayoría de armamentos entonces en fabricación: blindados, aviones, buques de guerra y múltiples proyectos de guerra electrónica.
Indra, desde su nacimiento ha sido una de las empresas más protegidas del Estado, gracias a ello ha crecido de forma ininterrumpida, con una tasa de crecimiento en ventas del 455% entre 1996 a 2015 alcanzando una facturación de 2.850 M€. Esta protección se ejemplariza en que Indra tiene su mayor concentración de negocio en el sector público, dónde además de gozar de la mayoría de los contratos que desarrollan tecnologías para armamentos, también contrata la seguridad de la información de la mayoría de ministerios, como también del recuento de las elecciones, tanto generales como municipales y autonómicas, además de otros múltiples servicios, controles en autopistas, aeropuertos, aéreos y fronterizos.
En la dirección de Indra ha figurado durante 22 años, desde 1992, Javier Monzón. Monzón era amigo personal del rey Juan Carlos I y era propietario de un jet que prestaba a menudo a Juan Carlos I, para que éste llevara a cabo sus “escapadas” de la Zarzuela en sus múltiples correrías privadas por esos mundos. Pero tras tantos años, Javier Monzón dejó la dirección en 2014, pasando a presidir la empresa de la que dimitió un año después, en 2015, siendo sustituido por un hombre de mayor proximidad política al gobierno del Partido Popular, Fernando Abril-Martorell junior, hijo del que fuera procurador en las Cortes de la dictadura franquista y después ministro de economía con la UCD.
La mayor expansión de Indra se produjo con la adquisición en 2006 y 2007, de Azertia y Soluziona, ambas del ámbito de servicios tecnológicos y comunicaciones, doblando los recursos humanos de la empresa que pasaron de ser 6.360 en el año 2000 a más de 20.000 en el 2009. Hoy, en 2015, Indra agrupa a un total de 37.060 empleados con presencia en 33 países, 20.251 en España, 13.453 en América Latina, 1.720 en Europa y América del Norte, y 1.558 entre Asia, África y Oriente Medio. Su accionista principal fue durante muchos años Caja Madrid, después transformada en Bankia, que poseía el 20,14% de sus acciones.
La crisis de las entidades financieras de 2008, hundió a Bankia, destapando la fraudulenta gestión de sus directivos; entre otros, el exministro de Hacienda Rodrigo Rato, que había sustituido a Miguel Blesa, que había alcanzado la dirección de Bankia por mediación de su amigo José María Aznar. Con Bankia hundida, el Gobierno del PP decidió rescatar Bankia inyectando de las arcas públicas 22.424 millones. Pero no hubo suficiente, el Gobierno del PP, para ayudar al saneamiento e inyectar liquidez a Bankia, a través de SEPI, en agosto de 2013, adquirió el total de las acciones de Indra por 337,1 millones. El Gobierno del PP conseguía dos objetivos, primero, volver a ayudar a Bankia. El segundo no era tan conocido, el ministro de Defensa Pedro Morenés, había manifestado el deseo de crear un gran polo industrial militar para ayudar a las empresas del sector a superar la crisis económica, ayudando a crear sinergias entre ellas y abaratar costes de producción. Una propuesta en la que Indra jugaba un papel fundamental pues proporciona la mayor parte de nuevas tecnologías en electrónica a las empresas del sector militar. Esta propuesta y compromiso de Morenés está relacionada con los recortes presupuestarios aplicados al Ministerio de Defensa que afectaban a las compras de armas a las empresas militares. Industrias con las que Morenés se había comprometido a ayudar impulsando ese polo industrial militar. Un ejemplo de ello son las 33 agregadurías militares creadas por el Ministerio de Defensa en embajadas y consulados para ayudar a la exportación armas de las industrias de defensa españolas. Esto último ha está dando sus efectos, en 2014, España alcanzó el 7º lugar en el ranquin mundial de exportadores de armas (SIPRI 2015). Ayudas a unas industrias militares, qué no deben extrañar, pues es bien conocido que Morenés mantuvo fuertes vínculos con estas empresas ya que en el pasado ocupó diversos cargos directivos o de consejero en Instalaza, MBDA España y en la de seguridad Segur Ibérica.
En cuanto a su producción, Indra es un holding que agrupa diversas empresas, organizada en seis grandes áreas de actividad: energía e industria, tecnologías de la información, administraciones públicas, transporte y tráfico, servicios financieros y seguridad defensa. El grupo Indra los forman Indra Sofware, Indra Busines, Indra EMAC, Indra Comunicaciones, Indra Teknatrans Consultores e Indra Sistemas de Seguridad. Es esta última, Indra Sistemas, es la empresa del grupo dedicada a la producción militar con mayor número de trabajadores en plantilla de 12.865 y una facturación de 2.850 millones en 2015. En sus balances figura que el sector de la seguridad y defensa ocupa alrededor de un 20% de su facturación, según los años. Pero las cifras de ventas que ofrece por divisiones no hacen distinción entre civil o militar por lo que no se puede determinar con exactitud el volumen total de su producción militar. A esto cabe añadir que parte de su facturación en el área de seguridad sin duda está relacionada con la defensa y en cambio no está incluida en esos porcentajes.
La participación de Indra Sistemas en proyectos militares es espectacular. Su principal cliente es el Ministerio de Defensa y participa en casi todos los grandes programas de armas de las fuerzas armadas españolas: los sistemas de vuelo de los aviones de combate F-2000, el avión de transporte militar A400M, los Helicópteros Tigre y NH-90 que fabrica Airbus Defence and Space; toda la electrónica y sistemas de comunicación de toda clase de buques de guerra que construye la estatal Navantia; los blindados Pizarro y Leopardo que fabrica Santa Bárbara Sistemas; el guiado de misiles que disparan todos estos armamentos; así como también desarrolla sistemas de guerra electrónica, para lo cual dispone de una factoría/bunquer en Madrid con 500 empleados. También tiene contratos militares y de seguridad en múltiples países, Indra es una transnacional con presencia en 33 estados. La facturación en el ámbito militar, según los años fluctúa, fueron 542 M€ en 2015 (Para ver la magnitud del negocio en el sector de la defensa ver la tabla adjunta).
Indra, a su vez, controla el 80% de la Sociedad Española de Misiles (Inmize Sistemas), que diseña y desarrolla diversos tipos de misiles, como el Meteor, que constituye el sistema de armamento de los aviones europeos EF-2000, Rafale y Gripen.
Indra, como el resto de grandes empresas del oligopolio de industrias militares de España, a saber, Airbus Defence and Space y Navantia, recibe múltiples ayudas y subvenciones del Ministerio de Industria e ICO, también de administraciones autonómicas donde están ubicadas sus factorías. Entre otras, ayudas en forma de créditos en concepto de I+D a cero interés. Estas ayudas evidencian el trato de favor que conceden las administraciones a una empresa que aparentemente no las necesita pues, como se ha señalado, todos los años arroja importantes beneficios en su cuenta de resultados.
Una crisis dudosa
Según el balance de 2014, la cuenta de resultados de Indra arrojó pérdidas de 91,2 millones. Inmediatamente la nueva dirección bajo el mandato de Abril-Martorell, anunció un plan estratégico de reestructuración de la compañía para 2014-2018, e inmediatamente el ERE no se hizo esperar, en el verano de 2015, se anunciaba que 1.750 personas en todo el Estado se verían afectadas por un expediente de regulación de empleo. El sindicato mayoritario Co.Bas, denunció que este ERE era una maniobra de ingeniería contable de la nueva dirección que había manipulado los balances introduciendo como gastos no recurrentes una partida 196 millones, así se conseguía que el resultado final de la compañía arrojara pérdidas.
Este sindicato, indicaba que detrás del ERE se encontraba una maniobra política del Gobierno del PP, la pretensión de crear un polo militar industrial (ya indicado) impulsado por el titular del Ministerio de Defensa, Pedro Morenés. En ese sentido, hay que observar que el ERE no afecta a la producción militar, sino que se extiende a otras unidades de la compañía. Esta propuesta, entronca con la política seguida por el actual Gobierno del PP, quien a través del Ministerio de Defensa y la SEPI que pretenden impulsar la industria militar, un sector que consideran estratégico para la Defensa y la Seguridad Nacional, y de paso ayudar al sector a superar la crisis.
Otra sospecha fundada de las maniobras que llevaba a cabo la nueva dirección de Indra es que, tras el anuncio del nuevo plan estratégico y el ERE, las acciones en el mercado de valores subirían considerablemente, lo cual se produjo. Así, una vez conseguido el plan de vincular Indra al polo industrial militar, se podría justificar la venta de nuevo de Indra al sector privado y obtener importantes plusvalías.
Una de las cuestiones más controvertidas de Indra es el relacionado con empresas subcontratadas, algo muy generalizado en las grandes empresas, especialmente las de servicios, espacio donde Indra juega un gran papel. Según el balance anual de la empresa de 2015, la subcontratación de Indra alcanzó a 1.483 personas en todo el estado. Pero según el sindicato Co.Bas, estos podrían alcanzar los 6.500, como así lo indica la cuenta de correo electrónico en la base de datos de la compañía acabada en @eservicios.indra.es, cabe pensar que solo en Barcelona, según éste sindicato figuran unos 800 subcontratados.
Esta cuestión de la externalización de trabajo a través de subcontrataciones tiene un gran impacto en la economía del país. En primer lugar porque a través de ella se permite la fragmentación de un ámbito muy importante del proceso productivo, el laboral, pues esto permite que el control del conjunto del producto quede exclusivamente en manos de la dirección de la empresa, y fuera del control de los trabajadores y de su comité de empresa. Esta fragmentación permite a la dirección de la empresa reducir el tamaño de la plantilla, a pesar de que mucho del empleo subcontratado presta sus servicios en la misma factoría (así ocurre en Indra), con lo cual fracciona y debilita la acción sindical de los trabajadores, porque esos subempleados están acogidos a convenios sindicales diferentes, además tienen una jerarquía de mandos superpuesta, el de la empresa matriz y el de la subcontratada. En segundo lugar, se produce una competencia muy agresiva entre las empresas subcontratadas para conseguir los servicios de la empresa matriz, lo cual se traduce en trabajo a tiempo parcial, precario, bajos salarios y menos derechos laborales para los trabajadores. Es decir, unas prácticas abusivas sobre los trabajadores que debilita mucho actuar en defensa de sus derechos. En Indra ocurre todo esto, el empleo subcontratado tiene la misma o incluso mejor calidad que la del empleo fijo, pero en cambio tienen menos derechos laborales, peores salarios y contratos con horarios parciales y muy fragmentados.
INDRA en Barcelona
Detrás del impresionante edificio que Indra posee en la zona 22@, en la Diagonal del barrio de Pueblo Nuevo de Barcelona, destinado a ubicar empresas en nuevas tecnologías, se encuentran las diversas empresas del grupo, pero es Indra Sistemas, la especializada en electrónica i tecnologías para la seguridad y defensa la de mayor relevancia. En este edificio Indra Sistemas da ocupación a 1.035 personas, 910 en el resto de empresas del grupo y unas 800 personas más en otras empresas subcontratadas.
En Cataluña, el Director de Indra es Manuel Brufau, hermano de Antoni Brufau, presidente actual de Repsol, antes de Gas Natural hombre fuertemente vinculado a La Caixa. Las relaciones de Brufau con los diferentes gobiernos de la Generalitat de Cataluña han facilitado que Indra fuera una empresa con quien se han contratado servicios múltiples, los más destacados las elecciones autonómicas y muchas de municipales, aparte de ejercer el control aéreo de los aeropuertos y las autopistas catalanas. Otra persona ocupando puestos de dirección en Indra de Barcelona ha sido Josep Pujol Ferrusola, con emolumentos que rondaban los 400.000 euros al año. Tras los escándalos que rodearon a la familia Pujol, Indra decidió prescindir de Josep Pujol con una indemnización de 2 millones de euros. Los posibles tratos de favor por parte de la Generalitat a esta empresa, sin duda tienen relación con la presencia de Josep Pujol y Manuel Brufau, y se ejemplifican en las ayudas recibidas a través de la Secretaria de Industria y Energía (SIE) y del Centro de Innovación y Desarrollo (CIDEM), ambas bajo control de la Generalitat de Catalunya. Entre 2004 y 2011 (no hemos conseguido datos actuales), recibió ayudas por un importe de 1,45 millones de euros.
Los paseantes de la zona de Diagonal en 22@ de Barcelona, cuando se encuentren frente al imponente edificio acristalado de Indra Sistemas y admiren su bella arquitectura, deben saber que Indra no es ninguna empresa modélica en RSC (responsabilidad social corporativa), tanto por las prácticas abusivas de sus subcontrataciones, como por su implicación en la producción militar de armamentos. Unas armas que España hoy está exportando a países como Turquía, Arabia Saudí, Egipto o Catar entre otros muchos, países que directa o indirectamente están implicados en las guerras actuales de Siria, Yemen Afganistán e Irak, y en consecuencia con la grave crisis de refugiados que huyen de la guerra y a los que Europa hoy les niega acogida.
