Clientes de armas españolas
Nora Miralles - Noticias de Navarra - 26/08/2017
El doloroso proceso de intentar asumir, procesar y entender lo que ha sucedido en Catalunya la última semana ha dado lugar a multitud de debates. Afortunadamente, la postura social mayoritaria ha dejado el racismo fuera de ellos, por lo que se han centrado sobretodo en cómo prevenir nuevos ataques como los que dejaron 15 víctimas en Barcelona y en Cambrils. Si parte de esta discusión la han copado temas técnicos como qué tipo de obstáculos se pueden colocar en las calles transitadas para evitar atropellos, otros hemos querido abordar una de las raíces del problema: los conflictos armados, las guerras, la violencia local y global.
La negativa de un partido catalán a asistir a la manifestación contra el terrorismo prevista para hoy sábado si estaba encabezada por el rey Felipe VI y por el presidente Mariano Rajoy, ha hecho aflorar la cuestión del comercio y venta de armas españolas a países que contribuyen decisivamente a la inestabilidad y a la inseguridad de sus regiones y, especialmente, con Arabia Saudí. La dictadura árabe, que el año pasado ejecutaba a 157 personas, batiendo su récord de los últimos veinte años, es uno de los principales países importadores de armamento del Estado español, a su vez el séptimo país exportador de material militar en el mundo. Arabia Saudí adquirió, en el periodo que va de 2010 a 2014, armamento español -a través de empresas de titularidad pública como Navantia- por valor de 744 millones de euros. En el primer semestre de 2015, el volumen de la venta de material español al régimen saudí se disparó hasta los 447 millones de euros, mientras que en 2016 el volumen de las exportaciones de empresas estatales a ese país fue de 116,19 millones de euros. Rastrear el destino de ese material militar adquirido por Arabia Saudí, a su vez país exportador de armamento a otros países de Oriente Medio, es difícil. No lo es, sin embargo, imaginar el papel que este armamento ha podido tener en los conflictos que libra Arabia Saudí, autoerigido en árbitro y guardián de su región. En este sentido, el Centro Delàs d’Estudis per la Pau ha denunciado en repetidas ocasiones, por ejemplo en el informe Arabia Saudí y los bombardeos en el Yemen: La responsabilidad del Estado Español, el riesgo de que material español esté siendo utilizado en la ofensiva contra Yemen, que una coalición liderada por el régimen saudí inició hace dos años, y que ha generado ya 12.000 víctimas mortales -según datos de Amnistía Internacional-, el desplazamiento de más de 3 millones de yemeníes y otras consecuencias catastróficas, como la peor epidemia de cólera de las últimas décadas, que afecta a 250.000 personas. Mientras la población yemení sufría las consecuencias de la guerra, España exportaba a Arabia Saudí más de 900 millones de euros en dos años. Un hecho que supone, por parte del Estado español, una clara violación del derecho humanitario y de la legislación nacional sobre exportaciones de material de defensa y doble uso, además de la vulneración de la normativa europea y del Tratado internacional sobre el Comercio de Armas. A su vez, la probabilidad de que las armas exportadas estos últimos años hayan sido utilizadas en los bombardeos a ciudades kurdas, sirias o iraquís, que han generado el desplazamiento masivo de la población de esos territorios, es muy alta. En su rol de exportador de armas y pretendido guardián de Oriente Medio, Arabia Saudí ha sido acusada de financiar y armar a grupos de la oposición siria como el Ejército Libre de Siria i Jeish el Islam, en su carrera contra Irán y Qatar por mantener y expandir su influencia política en la región. Una filtración de Wikileaks especulaba, además, sobre la posible contribución de esta dictadura árabe a la financiación del Estado Islámico, a pesar de que el grupo integrista ha amenazado a Arabia Saudí en varias ocasiones. Si no existen, en este momento, evidencias suficientes para sostener esta afirmación, sí es cierto sin embargo que la monarquía que gobierna el país y sus familias ricas han contribuido de forma sustancial a la promoción y expansión del wahabismo, una corriente tradicionalista, radical y puritana del Islam, con la financiación de escuelas coránicas afines y la “exportación” de imanes formados en el país, como defiende Jaume Flaquer, jesuita responsable del Área Teológica de Cristianisme i Justícia.
El caso de Arabia Saudí, si bien es el más flagrante en lo que se refiere a las relaciones comerciales con países que promueven violaciones de Derechos Humanos e intervienen en conflictos, no es el único. España, cuyo valor de exportaciones de material militar alcanzó el récord en 2016 con 4.052 millones de euros, mantiene relaciones comerciales con Marruecos, Egipto Pakistán, Turquía, Ucrania, Colombia, Venezuela, México, Afganistán o Irak, todos ellos en conflicto abierto o tensión interna o con otros países en los últimos años. Más allá del hecho concreto que ha puesto de nuevo en el centro del debate a quién exporta sus armas el Estado Español, en este caso la figura de Felipe VI como facilitador y representante de contratos militares con este tipo de países, consideramos que de ningún modo es aceptable que el armamento español sea utilizado como herramienta de intervención militar y de política exterior y, aún más, si ello supone provocar violencia y daños irreversibles sobre las vidas y cuerpos de millones de personas. La autora es investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
