Respuesta a "Las vergüenzas del Gobierno español"
Carta abierta a Gervasio Sánchez como respuesta a su artículo titulado "Las vergüenzas del Gobierno español".
Estimado Gervasio:
Me voy a permitir hacer unos comentarios a tu artículo:
1. Permíteme que dude que la legislación española y la comunitaria «establecen serias restricciones» a las exportaciones de armamento españolas. Si se lee con detalle la legislación enseguida aparecen los problemas. Más aún si tenemos en cuenta cómo se está aplicando.
Por poner un par de ejemplos recogidos en la Posición Común 2008/944/PESC, que sustituye al Código de Conducta de la Unión Europea en materia de venta de armas aunque su contenido es prácticamente idéntico:
1.1. No se prohíbe expresamente la exportación a países donde se han constatado graves violaciones de los derechos humanos.
Lo que establece la Posición Común es: «ponderarán con especial detenimiento y vigilancia la concesión de licencias, caso por caso y según la naturaleza de la tecnología o equipo militar, a países en los que los organismos competentes de las Naciones Unidas, la Unión Europea o el Consejo de Europa hayan constatado graves violaciones de los derechos humanos» (artículo 2.2.b).
1.2. La Posición Común deja abierta la posibilidad de que los Estados tengan en cuenta sus propios intereses económicos, sociales, comerciales e industriales a la hora de autorizar las exportaciones de armamento (artículo 10).
2. En cuanto a la aplicación de la normativa, dos cuestiones:
2.1. Las actas del órgano que decide si se autoriza la exportación, la JIMDDU, son secreto de Estado en virtud de un acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de marzo de 1987 (¡desde la época de Felipe González¡). Es imposible saber qué criterios está siguiendo la JIMDDU y de qué forma concreta está interpretando la legislación. Desde mi punto de vista, el secretismo tiene como única finalidad favorecer las exportaciones de armamento. Es una vergüenza más que sumar en esta materia.
En 2007 el Centro de Estudios para la Paz J.M. Delás de Justicia y Paz de Barcelona solicitó copia de las autorizaciones de exportación y de los informes de la JIMDDU en relación con las exportaciones realizadas en 2005 y 2006 a Marruecos, China y Ghana. EL Ministerio de Industria se negó a entregar dicha información basándose, entre otras razones, en el citado acuerdo del Consejo de Ministros. Esta negativa fue recurrida ante los tribunales contencioso-administrativos. De hechos esperamos que, en breve, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicte sentencia.
También hemos solicitado al Gobierno que nos envíe copia del Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de marzo de 1987 y no nos han contestado. Si hay que ir a los tribunales para que nos den la copia también iremos.
2.2. La Administración no sólo autoriza exportaciones de armamento de manera muy generosa, sino que incluso está llevando a cabo un apoyo activo al comercio de armamento.
Existen distintas dependencias administrativas que tienen como finalidad buscar nuevos mercados y favorecer las exportaciones de armamento: la Oficina de Apoyo Exterior dentro del Ministerio de Defensa; las casi 40 Agregadurías de Defensa existentes en las embajadas, que ejercen sus funciones en más de 80 países; las empresas públicas DEFEX. S.A. e ISDEFE. Incluso hay operaciones de exportación que han sido aseguradas con dinero público a través de la «Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, Sociedad Anónima, Cía. de Seguros y Reaseguros» (CESCE).
¿Cómo se va a aplicar estrictamente la legislación sobre exportaciones de armamento cuando existe una política clara de fomentarlas?
Eso es todo, perdona el rollo (y que me perdonen tus lectores). Sólo quiero agradecerte tu trabajo, que nos ayuda a coger más fuerzas para seguir intentando cambiar este mundo tan injusto.
Eduardo Melero Alonso, miembro del Centro de Estudios para la Paz, J.M. Delàs.
Me voy a permitir hacer unos comentarios a tu artículo:
1. Permíteme que dude que la legislación española y la comunitaria «establecen serias restricciones» a las exportaciones de armamento españolas. Si se lee con detalle la legislación enseguida aparecen los problemas. Más aún si tenemos en cuenta cómo se está aplicando.
Por poner un par de ejemplos recogidos en la Posición Común 2008/944/PESC, que sustituye al Código de Conducta de la Unión Europea en materia de venta de armas aunque su contenido es prácticamente idéntico:
1.1. No se prohíbe expresamente la exportación a países donde se han constatado graves violaciones de los derechos humanos.
Lo que establece la Posición Común es: «ponderarán con especial detenimiento y vigilancia la concesión de licencias, caso por caso y según la naturaleza de la tecnología o equipo militar, a países en los que los organismos competentes de las Naciones Unidas, la Unión Europea o el Consejo de Europa hayan constatado graves violaciones de los derechos humanos» (artículo 2.2.b).
1.2. La Posición Común deja abierta la posibilidad de que los Estados tengan en cuenta sus propios intereses económicos, sociales, comerciales e industriales a la hora de autorizar las exportaciones de armamento (artículo 10).
2. En cuanto a la aplicación de la normativa, dos cuestiones:
2.1. Las actas del órgano que decide si se autoriza la exportación, la JIMDDU, son secreto de Estado en virtud de un acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de marzo de 1987 (¡desde la época de Felipe González¡). Es imposible saber qué criterios está siguiendo la JIMDDU y de qué forma concreta está interpretando la legislación. Desde mi punto de vista, el secretismo tiene como única finalidad favorecer las exportaciones de armamento. Es una vergüenza más que sumar en esta materia.
En 2007 el Centro de Estudios para la Paz J.M. Delás de Justicia y Paz de Barcelona solicitó copia de las autorizaciones de exportación y de los informes de la JIMDDU en relación con las exportaciones realizadas en 2005 y 2006 a Marruecos, China y Ghana. EL Ministerio de Industria se negó a entregar dicha información basándose, entre otras razones, en el citado acuerdo del Consejo de Ministros. Esta negativa fue recurrida ante los tribunales contencioso-administrativos. De hechos esperamos que, en breve, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicte sentencia.
También hemos solicitado al Gobierno que nos envíe copia del Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de marzo de 1987 y no nos han contestado. Si hay que ir a los tribunales para que nos den la copia también iremos.
2.2. La Administración no sólo autoriza exportaciones de armamento de manera muy generosa, sino que incluso está llevando a cabo un apoyo activo al comercio de armamento.
Existen distintas dependencias administrativas que tienen como finalidad buscar nuevos mercados y favorecer las exportaciones de armamento: la Oficina de Apoyo Exterior dentro del Ministerio de Defensa; las casi 40 Agregadurías de Defensa existentes en las embajadas, que ejercen sus funciones en más de 80 países; las empresas públicas DEFEX. S.A. e ISDEFE. Incluso hay operaciones de exportación que han sido aseguradas con dinero público a través de la «Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, Sociedad Anónima, Cía. de Seguros y Reaseguros» (CESCE).
¿Cómo se va a aplicar estrictamente la legislación sobre exportaciones de armamento cuando existe una política clara de fomentarlas?
Eso es todo, perdona el rollo (y que me perdonen tus lectores). Sólo quiero agradecerte tu trabajo, que nos ayuda a coger más fuerzas para seguir intentando cambiar este mundo tan injusto.
Eduardo Melero Alonso, miembro del Centro de Estudios para la Paz, J.M. Delàs.
