Se prohibe pagar los programas de armas con créditos extraordinarios

Leopard 2E del Ejército de Tierra de España en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas de España del 2008 en Zaragoza. -(https://es.wikipedia.org/wiki/Leopard_2E)

El Tribunal Constitucional (TC) acaba de rechazar que el Gobierno efectúe pagos a las industrias de armas mediante créditos extraordinarios aprobados por Decreto Ley, sino que debe hacerse por Ley con trámite parlamentario.

Esta sentencia del TC viene a dar la razón al Centre Delàs d’Estudis per la Pau, pues fue quién destapó la irregularidad de los créditos extraordinarios para pagar los Programas Especiales de Armamentos (PEA) en el año 2012, cuando se produjo el primer crédito, denunciando que éstos eran una forma de esconder el gasto real del Ministerio de Defensa, pues se utilizaba una fórmula engañosa, no consignar recursos para los PEA al aprobar los presupuestos del Estado (PGE), cuando en realidad  se debían abonar entre 1.000 y 1.800 millones de euros anuales y después a medio ejercicio aprobar un crédito extraordinario para efectuar los pagos.

Una parte del trabajo de nuestra entidad consiste en visitar a los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados, y en este caso lo hicimos para explicarles las trampas que se escondían detrás de los PEA: una deuda colosal del Ministerio de Defensa de alrededor de 30.000 M€; ayudas a las empresas militares de 16.000 M€ en concepto de I+D; y la fórmula engañosa de aprobar un presupuesto de Defensa sin consignación para los PEA, para después a medio ejercicio aprobar un crédito extraordinario. De ahí surge la iniciátiva de los partidos PSOE, Izquierda Unida y UPyD de presentar un recurso ante los tribunales administrativos.

Esos créditos representaban una trampa para engañar a la opinión pública y a los partidos políticos de la oposición de que el presupuesto inicial del Ministerio de Defensa se reducía respecto al año anterior, cuando en realidad era mentira, pues luego el Consejo de Ministros aprobaba un crédito para pagar los PEA. Después, al finalizar el año, en la liquidación del presupuesto de Defensa, éste se había incrementado, según los años, en un 30% respecto del inicial. Recordemos que en 2012 nos encontrábamos en plena política de grandes recortes por la crisis originada por el latrocinio de las entidades financieras. Los PGE se vieron afectados y el Ministerio de Defensa también, pero el crédito extraordinario permitía a este Ministerio paliar esta situación y hacer frente a los pagos de las armas.

Para quién no sepa que son los PEA, se trata de los grandes programas de armas que tuvieron su gran expansión con el Gobierno de José María Aznar en 1996, aunque algunos provenían del gobierno anterior de Felipe González. Eran las fragatas F-100, los aviones de combate EF-2000, los blindados Leopardo y Pizarro, los helicópteros Tigre, un buque proyección estratégica de 27Tm, así hasta catorce, que entonces se valoraron en 20.000 millones de euros y que se tenían que construir en los próximos 25 años (después ampliados a 35). Unos programas que con el paso del tiempo incrementaron su coste y se ampliaron con otros nuevos (aviones de transporte A400M, submarinos S-80, más buques BAM y BAC y helicópteros NH-90)  hasta llegar a 19 programas y con un coste que hoy ronda los 37.000 M€. Una cifra que sumió al Ministerio de Defensa en un endeudamiento fabuloso a la vez que impagable si no se incrementaba considerablemente el presupuesto militar. Pero la crisis lo impedía. De ahí surgió la idea trampa de los créditos extraordinarios que ahora el Tribunal Constitucional ha rechazado y que en los últimos cuatro años han superado los 4.300 M€.

Este año, Pedro Argüelles, Secretario de Defensa, había anunciado (cuando presentó los Presupuestos en la Comisión de Defensa del Congreso de Diputados) que se recurriría de nuevo a un crédito de unos 1.100 M€ para abonar a las industrias militares contratistas de los PEA. Esto de por sí ya era muy problemático, pues para financiar ese crédito se recurre a la deuda pública y cuándo se efectúa el pago se engrosa el déficit público, lo cual a su vez hace que España incumpla con el déficit impuesto por la Comisión Europea. Quien ha denunciado a España por falsear sus PGE en 2015 y 2016 y gastar muy por encima de los ingresos presupuestados. Una Europa que amenaza a España con sanciones y recortes por 10.000 M€.  Dificultad a la que se suma la sentencia del TC que impide nuevos créditos extraordinarios. Este año las empresas militares no cobraran, pero, ¿y el año que viene?

Sin duda el problema persistirá. Según las cuentas del actual Gobierno por los PEA se adeudan unos 23.000 M€, según cálculos del Centre Delàs es mucho más y ronda los 30.000 M€, pero el Ministerio de Defensa, espera vender algunos aviones EF-2000 o el A400M, también parte de los blindados Leopardo (se está en tratos con la República Checa) y así aligerar esa enorme deuda con las principales empresas Navantia, Airbus Defence and Space, Indra y General Dynamics/Santa Bárbara. Unos PEA que se han reprogramado y retrasado su producción, según los casos, a 2025 y 2030 y que irán incrementando esa enorme deuda.

Estos PEA son un tipo de armas que en su mayor parte no se justifican para la defensa y la seguridad de España ni siquiera desde un punto de vista militar. ¿Cuántos EF-2000 han entrado en servicio?, tres en las repúblicas bálticas, ¿Cuántos helicópteros Tigre?, dos en Afganistán. ¿Cuántos blindados Leopardo o Pizarro?, ninguno… Se afirma que tienen un efecto de disuasión sobre nuestros enemigos. ¿Pero dónde están esos enemigos? Si se lee la estrategia de defensa nacional que enumera los peligros que se ciernen sobre este país, se mencionan: terrorismo internacional, crimen organizado, ataques cibernéticos, países en conflicto interno que desestabilizan la paz mundial, seguridad energética, migraciones masivas, cambio climático, desastres naturales. ¿Cuántos de esos problemas se pueden resolver mediante el uso de la fuerza militar, disparando bombas y proyectiles desde aviones, helicópteros y tanques? Los próximos gobiernos deberán afrontar un enfoque más sensato de la estrategia de seguridad nacional y asumir la reducción y anulación de los Programas Especiales de Armamentos.