Reducir el gasto militar
Ante la enorme crisis en que está sumida la economía española una de les posibilidades para reducir el endeudamiento y el déficit público es recortar diferentes partidas del gasto militar. Articulo de Pere Ortega aparecido en el periodico ARA el 14 de junio de 2012
Según el Ministro de Defensa, los compromisos de pago de los grandes proyectos de armas para este año eran de 2.370 millones de euros, de los cuales Defensa dejará sin pagar por falta de presupuesto 1.862 millones. La mayoría de estos incumplimientos corresponden a los Proyectos Especiales de Armamentos (PEAS). Programas de larga duración, iniciados a mediados de los años 1990 y que se proyectaba acabarlos entre el 2015 y 2025, y que hoy acumulan una deuda de 32.000 millones.
Ante esta situación Defensa contempla la opción de alargar la vida de producción de las armas entre diez o quince años más. Pero aplazar la producción de estos contratos no es ningún ahorro, sino al contrario, quiere decir retrasar la fabricación de las armas y su pago, y por lo tanto, refinanciar los proyectos y encarecer su precio final. El cual, puede llegar a cifras inverosímiles que pueden superar los 40.000 millones. Cifras difícilmente soportables por la maltrecha economía de la hacienda pública española. Entonces, ¿No sería más fácil abordar medidas de reducción de estas armas que serían menos costosas que fabricarlas?
Algunos países de la UE han iniciado la reducción de algunos de los grandes contratos en armas. Alemania ha reducido a 40 unidades del avión A400M de los 60 comprometidos inicialmente y no adquirirá una nueva versión del Eurofighter, Italia también ha anulado 25 unidades del Eurofighter, 45 aviones F-35 y cuatro fragatas de las diez que pensaba adquirir; Francia no adquirirá un segundo portaaviones; Reino Unido ha acordado llevar a cabo recortes en su gasto militar de un 8% anual en los próximos cuatro años, lo que ha obligado a dar de baja tres portaaviones, aviones Harrier y F -35. Igualmente Holanda ha decidido reducir la adquisición de 42 aviones F-35.
El Estado español podría seguir el mismo camino y anular algunos de estos grandes proyectos de armas anularlos, especialmente aquellos que no tienen otra función que la disuasión de ataques provenientes de hipotéticos enemigos y por tanto, no entrarán nunca en combate. Estos son los aviones Eurofighter, los helicópteros Tigre, los blindados Leopardo y Pizarro y la mayoría de los barcos de guerra. Entonces se podrían anular, especialmente esos que no tienen ninguna utilidad práctica dadas las limitaciones de proyección estratégica que España tiene en los escenarios internacionales. No olvidemos que estas armas no se han desplazado nunca donde han actuado las fuerzas armadas españolas (Bosnia, Afganistán, Líbano o Libia), y en el mejor de los casos, acabarán su vida útil sin ser utilizadas nunca (más allá de maniobras) . Este es el caso del portaaviones de la armada española, el Príncipe de Asturias, que después de veinte y cinco años de vida útil ahora será apartado, porque modernizarlo cuesta 400 millones de euros. (Su coste fue de 630 millones).
Además, si se emprendieran la supresión de los PEAS, permitiría acabar con las ayudas en I + D militar y ahorrar mil millones de euros que durante muchos años se han ido entregando a las empresas militares para desarrollar estas armas.
También habría que reducir los contingentes actuales de las fuerzas armadas. Si algunos países como Alemania e Italia han anunciado una reducción, ¿Por qué el Estado español no sigue ese mismo camino? Así debería iniciar un estudio de reducción de los efectivos pensando en el conjunto de la UE, y comenzar un plan de ajuste de las plantillas. ¿Para qué necesita España un ejército de 130.000 soldados? ¿Es qué con la mitad o una tercera parte no tendría suficientes?
Un último ámbito para reducir el gasto militar sería retirar nuestras tropas del exterior para ahorrarnos los 860 millones que en 2011 costó su desplazamiento. Por mucho que se repita, es falso que proporcionen seguridad a la población española, si acaso obedecen al interés de la política exterior del gobierno central que actúa de acuerdo con los designios de EEUU o de la OTAN.
Estas diversas combinaciones permitirían ahorrar entre 7.000 y 8.000 millones de euros anuales. Claro, que para impedir engrosar el número de parados y lanzar al desempleo a miles de profesionales del ejército o trabajadores de las industrias militares. Deberían ponerse en marcha estudios. Para las fuerzas armadas, aplicar planes para pasar oficiales a la reserva y recolocar soldados en la función pública. Respecto de las empresas, igualmente iniciar estudios de conversión industrial militar hacia el ámbito de producción de bienes civiles. Unos planes de conversión que deberían implicar el máximo de agentes sociales y políticos posibles: gobierno local, autonómico y estatal, colegios profesionales y sindicatos. Este amplio consenso podría buscar salidas a estas industrias, y por supuesto, resultaría menos costoso que fabricar unas armas que no tienen ninguna utilidad social.
Pere Ortega
