Decretos que impulsan el tráfico de armas
El Gobierno español aprobó el 25 de mayo un Real Decreto con el objetivo de ampliar el marco legislativo español para impulsar y apoyar las exportaciones de armamento de las empresas españolas.
El Decreto genera mecanismos que permitirán al Ministerio de Defensa participar en la gestión de contratos de compras de armas por parte de gobiernos extranjeros con industrias españolas. En concreto, el mecanismo propuesto será el establecimiento de un contrato entre el Gobierno Español y el Gobierno comprador extranjero; mediante este contrato el Gobierno Español, a través del Ministerio de Defensa, actuará en nombre y representación del Gobierno extranjero ante al empresa suministradora; es decir, que el gobierno Español será el que realice la compra, contrate los seguros correspondientes, supervise el calendario y la logística de entregas. Además, el decreto contempla que el Ministerio de Defensa pueda prestar servicios como el adiestramiento de las armas adquiridas por los compradores u otros servicios de carácter operativo o de mantenimiento.
Este Decreto que tiene por título liberalización del comercio y determinados servicios, representa un cambio cualitativo en la política de fomento de las exportaciones de armas. Hasta ahora, el comprador (un gobierno o una empresa) contrataba directamente la compra a la empresa adjudicataria y ésta requería la autorización para la exportación del Gobierno, que se realiza a través de una Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU). El papel del Gobierno se “limitaba”, que no era poco, a ofrecer cobertura institucional a las empresas de armamento a través de la Oficina de Apoyo Exterior del Ministerio de Defensa, facilitando la promoción y exportación a través de dos empresas públicas, la consultora ISDEFE y la exportadora DEFEX que facilitaban la obtención de financiación a las exportaciones.
Con este decreto el Gobierno se transforma en un actor más activo y establecerá dos contratos, uno con el Gobierno comprador extranjero y otro con la empresa fabricante de armas. En el primero de los contratos, el Gobierno comprador cede al Gobierno español el poder de actuar en su nombre ante la empresa fabricante, por tanto es el Gobierno español el que se compromete a “garantizar y verificar” la operación y la prestación del servicio posterior a la compra.
Las autorizaciones de exportación de armamento español están sometidas a la Ley de secretos oficiales, las actas en donde se decide autorizar las exportaciones de armas son secretas, ni siquiera el Parlamento tiene acceso a dichas decisiones. Cabe suponer que los contratos que firme el Gobierno español con un Gobierno extranjero, también serán secretos, no serán aprobados por el Parlamento y no requerirán de autorización a la exportación por parte de la Junta interministerial (JIMDDU) que los aprueba.
Todo este cambio legislativo parece que viene inducido por el interés de Arabia Saudí en la compra de unos 250 carros de combate Leopard 2E. Estos carros están fabricados por Santa Bárbara (General Dynamics) bajo licencia Alemana. Arabia Saudí puede haber puesto como condición para la compra que se le garantice que dichos tanques no llevan componentes fabricados por Israel, las torretas de estos si que están dotados de componentes tecnológicos israelíes así como los misiles Spike antitanque de la empresa Rafael. Tengamos presente que la industria española de armamento tiene programas de colaboración y fabricación de ciertos componentes con la industria militar israelí. Ante esta situación Arabia Saudí puede pedir, mediante contrato, al Gobierno español, y por tanto el Ministerio de Defensa que verifique i garantice que los blindados Leopard no llevaran tecnología Israelí o cualquier otra especificación al uso. Para ello será el Gobierno español el que compre los carros de combate en nombre el Gobierno de Arabia Saudí, verifique y garantice las especificaciones, ofrezca el servicio de formación, mantenimiento, etc. y finalmente suministre los carros de combate a Arabia Saudita.
Este decreto de liberalización del comercio de armas representa un retroceso en cuestiones de transparencia y control sobre las exportaciones de armas por parte de España. ¿Si el Gobierno español firma un contrato para gestionar la fabricación y exportación de armas españolas, puede a posteriori negarse a si mismo la autorización a exportar? Este Real Decreto deja en papel mojado el papel de la JIMDDU y cualquier mecanismo de control de las exportaciones de armas.
